Tras la histórica ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, el Poder Judicial va por el patrimonio de la expresidente. Se trata del verdadero impacto de esta causa en las arcas del Estado.&nbsp;El objetivo es recuperar los cerca de 85.000 millones de pesos defraudados al Estado mediante un entramado de corrupción que tuvo como principales implicados a la exmandataria y al empresario Lázaro Báez.El fiscal Diego Luciani solicitará en los próximos días que los condenados restituyan los fondos malversados. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución forzada de sus bienes, con un plazo límite de 10 días hábiles para concretar la devolución.<h2>Subastas millonarias en la mira</h2>Como parte del proceso de ejecución, se espera la subasta de más de 20 inmuebles y activos vinculados a Cristina Kirchner, su entorno familiar y empresas allegadas. El paquete incluye:<ul><li>27 propiedades registradas a nombre de la familia Kirchner.</li><li>Cinco cocheras en el exclusivo complejo Madero Center.</li><li>Participación en dos empresas clave: Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que operaban hoteles y gestionaban múltiples propiedades.</li><li>4,6 millones de dólares secuestrados, atribuidos a Florencia Kirchner, retenidos en cuentas ligadas a Hotesur.</li><li>1 millón de dólares adicionales en una cuenta bancaria a nombre de Florencia Kirchner.</li></ul>Además, se contemplan acciones sobre propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, quienes podrían ver embargados sus bienes si no se concreta la restitución patrimonial.Por su parte, Lázaro Báez, también condenado en la causa, enfrentará la ejecución de al menos 60 propiedades distribuidas mayormente en la Patagonia argentina, producto de las adjudicaciones de obra vial que recibió durante los gobiernos kirchneristas.Uno de los ejes del caso Vialidad fue el estado de abandono de la mitad de las obras adjudicadas irregularmente. Según el fallo, estas registraban avances de apenas entre el 16% y el 36%, a pesar de que Báez cobró el 100% de los contratos.

El plazo de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para devolver lo robado

MADRID (Corresponsal) — Es una de esas historias que desnudan la lentitud de la Justicia y que revelan los perjuicios que provoca. En este caso, a un niño, cuya custodia es disputada desde casi una década por su madre y su padre, quienes viven en Argentina y España respectivamente. También habla de las dificultades de muchos migrantes para insertarse laboralmente aquí.Como muchos argentinos, la arquitecta <a href="https://www.instagram.com/arq.vickyfe/?hl=es">Victoria Farraiuelo</a> y su marido, médico, llegaron a España en 2013 para empezar una nueva vida. Aquí tuvieron a un niño. Como Victoria no pudo homologar su título y tampoco encontró trabajo, a pesar de una exitosa carrera en la Argentina, el matrimonio fue cuesta abajo y llegó la separación. Entonces, por mutuo acuerdo de los padres, la custodia del menor quedó a cargo de su madre.En 2016, como Victoria seguía sin encontrar trabajo de su profesión (tuvo que hacer otras tareas), decidió regresar a la Argentina llevándose a su hijo. Pero, cuando ya estaban del otro lado del Atlántico, el padre presentó ante la Justicia una solicitud de restitución que se aplica si un menor ha sido detenido o trasladado a otro país de manera ilegal. Victoria y su hijo regresaron a España, a fines de 2017, para esperar la resolución judicial.Un juzgado de Madrid le dio la razón a Victoria y autorizó su regreso a la Argentina, por supuesto, acompañada de su hijo. En el país rehizo su vida: volvió a casarse y tuvo más hijos.Según informa <a href="https://www.vozpopuli.com/sucesos/la-historia-de-nano-un-nino-argentino-que-no-quiere-volver-a-espana-con-su-padre.html">Voz Pópuli</a>, la Corte Suprema de Justicia, en Buenos Aires, ordenó la restitución del menor a su padre, que debería haberse concretado a fines de 2024. Es decir, el niño, que ahora tiene 12 años, debería vivir con su padre, en Madrid. Según la madre, “iría a vivir con un padre al que no conoce”. Y según un informe psiquiátrico difundido por ese medio digital español, el niño estaría en “peligro cierto de muerte&nbsp;debido al desarraigo que provocaría la restitución”.Victoria también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la denuncia contra el Estado argentino. En estos días, la abogada española Elena Fernández Bezanilla, que representa a la madre, agregó información ante el mismo juzgado que había permitido que el niño estuviera con su madre.El caso ha sido comparado con el de la granadina <a href="https://www.eldiario.es/andalucia/granada/fiscalia-italiana-ampara-juana-rivas-solicita-expareja-pierda-custodia-malos-tratos-hijo_1_12370658.html">Juana Rivas</a>. Justo hoy la Fiscalía de Cagliari elevó un escrito ante la Corte de Casación para que se anule la sentencia por la que Francesco Arcuri, expareja de Rivas y padre de sus hijos, tiene la custodia en exclusiva de Daniel, el menor de ellos.La solicitud se basa en que el padre habría incurrido en malos tratos. El menor vive en Granada junto con su madre, luego que la Justicia española impidiera su regreso a Italia. La Fiscalía pide revocar la sentencia de la Corte de Cagliari que, en febrero, volvió a otorgar la custodia a Francesco Arcuri, lo que implicaría su regreso a Italia. La Justicia italiana ya ha acusado a Arcuri por malos tratos, un delito que tiene una pena de siete años de prisión.

Una larga disputa judicial tiene de rehén al hijo de una argentina

A horas de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, un video adulterado con inteligencia artificial encendió las alarmas en el escenario político. La grabación, que circuló ampliamente en redes sociales, mostraba una versión falsa de Mauricio Macri anunciando la supuesta renuncia de Silvia Lospennato a su candidatura como legisladora porteña. La imagen y la voz del ex presidente fueron manipuladas para dar veracidad a un hecho inexistente.La maniobra fue rápidamente adjudicada a sectores afines al oficialismo nacional. Según denunció el PRO, el video fue republicado como verdadero por cuentas cercanas al entorno del presidente Javier Milei, entre ellas la del influencer conocido en redes como "El Gordo Dan".La reacción no se hizo esperar. <a href="https://x.com/slospennato/status/1923890834375684187?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet">Lospennato calificó el hecho como un “delito electoral”</a> y apuntó directamente contra La Libertad Avanza: “Volvieron a cruzar todos los límites de la mentira. Desde sus principales cuentas difundieron un video falso generado con inteligencia artificial para confundir a los electores”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “A los mentirosos y a los que no respetan las reglas se les gana con votos y con decencia”.Ante la denuncia presentada por los apoderados del PRO, el Tribunal Electoral porteño ordenó a la red social X eliminar en un plazo improrrogable de dos horas todas las publicaciones identificadas como engañosas. Los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici advirtieron que la difusión del material podría "afectar el ejercicio libre e informado del voto".Además, el tribunal recordó que tanto la lista “Buenos Aires Primero” como la candidatura de Lospennato continúan vigentes, y dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal. En ese marco, se mencionó el compromiso asumido por el Gobierno porteño de prevenir el uso indebido de datos biométricos, como voz y rostro, en contenidos generados por inteligencia artificial.El episodio no solo pone en cuestión la veracidad de la información que circula en campaña, sino también la capacidad de las herramientas tecnológicas para incidir en la opinión pública en tiempo real. La política argentina entra así en una nueva era de disputas: la del voto digital, donde lo que está en juego no es solo una banca, sino la confianza misma en lo que se ve y escucha.

El Tribunal Electoral ordenó eliminar el video fake sobre la renuncia de Lospennato

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa conocida como Vialidad, relacionada con la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Actualmente, la ex presidenta fue condenada en 2022 a 6 años por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo confirmado por la Cámara de Casación.Casal respaldó la postura de los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar, quienes sostienen que existió una estructura organizada para defraudar al Estado. En su dictamen, también pidió revocar la absolución de Julio De Vido, a quien considera uno de los organizadores del plan delictivo, así como de otros exfuncionarios como Abel Fatala y Héctor Garro. Solicitó además que se decomise a los condenados una suma de 5.321 millones de pesos, valor actualizado del perjuicio al Estado.La Corte deberá decidir si confirma las penas actuales o adopta la postura de la Fiscalía. La defensa de Cristina Kirchner, por su parte, reclama su absolución, denuncia violaciones a sus garantías constitucionales y anticipó que recurrirá a instancias internacionales si la condena se mantiene. También recusó al juez Ricardo Lorenzetti, lo que la Corte aún debe resolver.

Piden 12 años de cárcel para Cristina Kirchner

En un plenario realizado días atrás, que no trascendió del todo pero que es de gran importancia , se fijó jurisprudencia de cara a la resolución de diferentes planteos que lleguen a la Cámara Federal de Casación, a fin de evitar diversidad de soluciones jurídicas dependiendo de los jueces que intervengan a través del caso “Tobar”.Fue luego de que el fiscal Raúl Pleé apelara un fallo y solicitara un acuerdo frente a criterios disímiles, puesto que una sala de feria había declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos y, con ello, concedido beneficios a un condenado narco. Con ese telón de fondo, los magistrados del máximo tribunal penal analizaron la compatibilidad con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno, de los artículos 14 del Código Penal y 56bis de la Ley 24.660 (así como otras disposiciones concordantes en la materia) en cuanto estipulan que no corresponde conceder los beneficios allí referidos a quienes fueran condenados en orden a los delitos previstos en los arts. 5°, 6° y 7° de la Ley 23.737 o a la que en el futuro la reemplace. Esta ley se refiere a los delitos de narcotráfico.Antes de fijar jurisprudencia, los camaristas convocaron a una audiencia pública para que tanto los amigos del tribunal, encabezados por los representantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Pensamiento Penal (APP), como la fiscalía, expusieran sus posturas sobre por qué había que considerar dichos artículos constitucionales y por qué no. Luego de escucharlos, finalmente se convocó al acuerdo plenario con la participación de todos los camaristas.El fallo salió con la mayoría de los votos de los doctores Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, cuyo argumento fue que la imposibilidad de acceder a modalidades de libertad anticipada no implica un impedimento para la reinserción social de los condenados, dado que dicha finalidad puede ser concretada con un régimen preparatorio para la puesta en libertad organizado dentro del establecimiento penitenciario. Por ello, sostuvieron que la negativa no contradice los estándares propuestos por tratados internacionales de derechos humanos ni constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación.Además, la mayoría entendió, al declarar la constitucionalidad del articulado, que la diferencia en las modalidades de libertad anticipada no comporta, según el criterio mayoritario del Tribunal, una vulneración a dichos principios, dado que se encuentra fundamentada en la gravedad de los delitos atribuidos a los condenados, y no así en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social ni ninguna otra categoría que podría considerarse “sospechosa”.<a href="https://x.com/patobullrich/status/1909734455276679278?s=46">https://x.com/patobullrich/status/1909734455276679278?s=46</a>En disidencia votaron Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani. Los dos primeros recriminaron que el plenario les resultaba ajeno al modelo de control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro país, y por esta razón entendieron que los magistrados no pueden estar sometidos imperativamente a un pronunciamiento de las características formuladas, toda vez que un fallo plenario en el sentido establecido no puede suprimir la posibilidad de control constitucional de cualquier juez. En tanto, en su voto, el doctor Gemignani sostuvo la inconstitucionalidad del articulado traído a estudio.

La Justicia refuerza la lucha contra el narcotráfico: se prohíben salidas anticipadas para condenados

La justicia le pone un freno a las salidas anticipadas de narcos condenados

El juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada nacional Vanina Biasi (Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Partido Obrero) por violar la Ley Antidiscriminatoria 23.592. La causa se originó a raíz de ocho publicaciones en la red social X (ex Twitter), donde la legisladora comparó al Estado de Israel con el régimen nazi, lo acusó de genocida y asoció al sionismo con prácticas de apartheid y desinformación.Según la resolución, el magistrado consideró que los mensajes difundidos por Biasi exceden ampliamente los límites de la libertad de expresión. En su análisis, sostuvo que las publicaciones “alientan o incitan a la persecución o el odio contra la comunidad judía, lesionando los principios de igualdad y trato no discriminatorio”.Rafecas subrayó que no se trata de críticas políticas a un gobierno puntual, sino de mensajes de “marcado contenido antisemita” que califican al Estado de Israel —no solo a sus autoridades— como nazi, genocida y ocupante ilegítimo. Además, recordó que Argentina ha sido víctima de atentados impulsados por el odio antisemita, lo cual agrava el contexto.La diputada, quien actualmente es también candidata a legisladora porteña, fue embargada por 10 millones de pesos. De confirmarse esta decisión en instancias superiores, deberá enfrentar un juicio oral y público.Entre las frases publicadas por Biasi se encuentran expresiones como: “El Estado sionista es nazi por sus prácticas e ideología”; “Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid”; y “la narrativa sionista poco se interesa por la vida y el sufrimiento humano”. Las manifestaciones fueron consideradas por el juez como incompatibles con el derecho democrático a la libre expresión, por incitar a la discriminación y la violencia.“El derecho a la libertad de expresión no es absoluto”, afirmó Rafecas, “y puede ser legítimamente limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales”. También advirtió sobre la responsabilidad agravada de la diputada por su rol institucional, ya que sus palabras tienen gran alcance y repercusión pública.

Procesan a Biasi por mensajes antisemitas

La semana pasada y tal como se venía especulando, el gobierno sufrió un gran revés en el <a href="https://www.newstad.com.ar/la-corte-le-dijo-no-a-lijo-y-depende-del-senado">Senado</a> en su intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para legitimarlos en el cargo de ministros de la Corte Suprema. La derrota fue contundente en cuanto a los votos para rechazarlos. En el caso de Lijo, como nunca asumió porque los cortesanos no le aprobaron la licencia, es casi como hablar en abstracto porque no tiene ningún cambio de status. Continúa siendo juez federal en Comodoro Py, manejando dos juzgados, el suyo y el que subroga ante una vacante de las tantas que tiene el edificio. &nbsp;El problema se da en el caso de Garcia Mansilla, quien ya le había adelantado al juez Alejo Ramos Padilla previo al dictado de la medida cautelar, que un juez inferior no puede sacar a uno superior y que en todo caso como tiene mandato por el Decreto 137 hasta el término de las sesiones ordinarias, la única manera de correrlo es a través del juicio político para lo cual el Senado debería llegar a reunir la mayoría necesaria.&nbsp; &nbsp;Inmediatamente después que se diluyera la posibilidad de estar en el máximo tribunal hasta los 75 años con acuerdo legislativo, las miradas apuntaron directamente a García Mansilla. Un grupo de profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país solicitaron su cese inmediato en las funciones que desempeña en la Corte. En la misiva expresaron que su propuesta de designación fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo. En ese marco, manifestaron que “resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 9 inciso 4, de la Constitución Nacional”.&nbsp;Por su parte, el Poder Ejecutivo defiende el cargo para el cual fue nombrado en comisión y asegura que la Constitución es clara y este goza de estabilidad mientras dure el período legislativo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo en diferentes notas periodísticas que “la Corte le tomó juramento” y que así lo validó. Esos dichos tuvieron estrecha relación con declaraciones de Ricardo Lorenzetti, que afirmó que no hubiera asumido por decreto cuando participó de la jura.&nbsp; &nbsp;Recordemos que desde que juró García Mansilla ya ha firmado varios fallos y resoluciones administrativas, las cuales ahora parecen quedar en suspenso con la cautelar del juez federal de La Plata que el mismo 3 de abril dispuso una orden jurisdiccional para que “se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte mientras actúe como juez "en comisión" de dicho tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial; todo ello por el plazo de tres meses y previa caución juratoria”.Dicha cautelar ya fue notificada al presidente Javier Milei,&nbsp; a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, entre otros.&nbsp;¿García Mansilla dará un paso al costado o, por el contrario, defenderá su silla en el expediente que tiene Ramos Padilla ante la sociedad?Por lo pronto, la primera recusación la recibió de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, previo a que el Senado rechazara su pliego. Por lo bajo, sostienen que habría adelantado a sus colegas que les pedirá opinión; aunque si va en per saltum en la causa Cepis, los cortesanos no tendrán otra opción que dar su veredicto respecto a la disputa, algo de lo que aún nada dijeron cuando rechazaron la licencia de Lijo. Allí, en un breve párrafo, dejaron en claro que la decisión no implicaba dar opinión sobre la validez o no del Decreto 137, adelantándose tal vez a lo que finalmente ocurrió y que es el cuestionamiento al decreto presidencial. El final del catedrático sigue abierto y solo él podrá decidir qué hacer. Todo hace suponer que podría dar un paso al costado.&nbsp;

Con varios frentes en contra, el juez García Mansilla define su futuro

Este martes 2 primeras, como se dice en la jerga judicial, al horario que va desde las 7.30 cuando abren los tribunales hasta las 9.30, vence el plazo para que las defensas de todos los condenados en la Causa Vialidad puedan recurrir en queja ante la Corte Suprema por el recurso extraordinario denegado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 21 de marzo. La Cámara ratificó las condenas dictadas a Cristina Fernández de Kirchner, José López, Lázaro Báez y otros por fraude en la obra pública y el decomiso de $ 84.000 millones, como también la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.&nbsp;Por un lado, la exmandataria buscará que el máximo tribunal revierta su condena por defraudación y la absuelva del delito que la podría llevar a la cárcel (aunque por la edad podría corresponderle domiciliaria). La defensa de Cristina había planteado que el fallo, que fue confirmado por el máximo tribunal penal del país en noviembre del año pasado, implicada un caso de&nbsp; gravedad institucional.Al respecto, los camaristas&nbsp; resaltaron que si bien no desconocen la trascendencia del caso, lo cierto es que la gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que la Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. En definitiva, no toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional.Por otro lado, el fiscal Mario Villar insistirá en para que se le sume el delito de asociación ilícita que durante el juicio oral y público había solicitado Diego Luciani junto con Sergio Mola y que podría elevar las penas hasta 12 años. El pedido, hasta ahora, no tuvo acogida ni por parte del Tribunal Oral Federal 2 ni la Cámara de Casación que fue el órgano revisor.Para Villar, el rechazo fue arbitrario y no se fundamentó adecuadamente, algo que ya había planteado al presentar el recurso extraordinario. En este punto, más allá que, por mayoría, la Sala IV declaró inadmisible el recurso del fiscal contra las confirmaciones de las absoluciones por asociación ilícita,&nbsp; el juez Hornos en disidencia propuso que se conceda el recurso extraordinario únicamente al fiscal, no así a los imputados.La Causa Vialidad es una de las tantas que tiene Cristina en la justicia. Esta es una de las más viejas porque nació en noviembre de 2008 tras la denuncia presentada por Elisa Carrió, Adrián Pérez y Patricia Bullrich, entre otros, que apuntaba a los Kirchner y los negociados que hacían con el empresario amigo, Lázaro Báez, quien se había beneficiado con la obra pública con la asunción de Néstor Kirchner en 2003. Tras un laberíntico camino y planteos, en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri hizo el relevamiento conocido como "el estado del Estado”, Javier Iguacel, que entonces estaba a cargo de Vialidad Nacional, se presentó en Comodoro Py y le dio vida a una causa que parecía dormida.&nbsp;Así, el 21 de mayo de 2019, la expresidenta estuvo por primera vez sentada en el banquillo de los acusados en la sala AMIA escuchando las imputaciones en su contra, en un proceso que ella misma catalogaba como lawfare. En diciembre de ese año, ya como vicepresidenta electa, en su indagatoria, le dijo, al Tribunal, en tono desafiante: “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”.El 6 de diciembre de 2022, finalmente, Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación, pese a que la fiscalía había reclamado en sus alegatos que duraron varias jornadas, 12 años.&nbsp;Desde ese momento y hasta hoy buscó revertir la situación procesal. Ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema, que, una vez que ingresen los planteos, estará en condiciones de resolver si abre la queja o la rechaza, dejando firmes las condenas y absoluciones, para lo cual no tiene un plazo.Lo cierto es que Cristina se juega su última carta, aunque muchos avizoran que si no se trata ficha limpia y el fallo no sale antes de agosto, la expresidenta podrá&nbsp; presentarse a elecciones y así lograr tener fueros.&nbsp;&nbsp; &nbsp;

Cristina juega su última carta en la Causa Vialidad: ¿podrá evitar la prisión?

El Poder Ejecutivo no resignó, ni está dispuesto de momento a resignar a ninguno de sus candidatos para ocupar una silla en el Máximo Tribunal a quienes designó en comisión por decreto 137 el pasado 26 de febrero. Mientras Manuel García Mansilla juró y ocupó la silla que dejó vacante Juan Carlos Maqueda, Ariel Lijo- a quien no le aceptaron la <a href="https://www.newstad.com.ar/la-corte-le-dijo-no-a-lijo-y-depende-del-senado">licencia</a> los cortesanos- decidió no renunciar a la espera de la aprobación de su pliego.&nbsp;La situación es por demás compleja porque Lijo había obtenido a fines de 2024 el dictamen en comisión de acuerdos para la aprobación en el recinto que se esperara tuviera los votos necesarios para llegar a los dos tercios. En extraordinarias se volvió sobre el tema pero otras cuestiones domésticas y el hecho de que García Mansilla no obtuviera las adhesiones&nbsp; pusieron en jaque dichas postulaciones.&nbsp;En medio de todo, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, abrió un expediente para analizar si el decreto que los puso en comisión es inconstitucional. Se trata de la causa “Cepis”, un proceso colectivo donde Elisa Carrio se presentó como amicus curiae y fue aceptada por el magistrado. En ese contexto y luego de que el gobierno intentara sin suerte apartar al magistrado o llevar el expediente al fuero contencioso con sede en Capital Federal, Lijo se presentó con un escrito, y señaló&nbsp; que carece de interés acerca de la decisión que pudiera recaer en las actuaciones. “Ello en tanto no asumí como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del art 99 inc 4 y 19 de la CN”, sostuvo. En la misiva dejó en claro que no renunciará a su cargo de juez federal y su interés está centrado en que el Senado le otorgue el acuerdo correspondiente. Es decir que no está dispuesto a asumir por decreto.&nbsp;La semana pasada Unión por la Patria intentó llevar el tema al recinto para rechazar ambos pliegos pero la ruptura del bloque permitió que la presidenta del Senado hiciera la convocatoria para el próximo 3 de abril dándole un poco de aire al gobierno y con ello abrir un abanico de posibilidades para evitar el fracaso. Es que con juntar 25 votos podrían rechazarse ambos a diferencia de la aprobación que precisa de un número superior, es decir una mayoría agravada.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/convoca_sesion.png" alt="Convoca sesión"></figure>Hay quienes especulan con la idea de llevar a discusión los cargos vacantes en la justicia que son muchos, entre ellos pliegos de jueces tal como anunció el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones. Tampoco se descarta que se ponga sobre la mesa una posible ampliación de la Corte para poder negociar con aliados y la oposición siempre y cuando firmen el acuerdo de Lijo y García Mansilla. Entre otras opciones que se esbozan, está el de tratar el cargo de&nbsp; Procurador General (jefe de los fiscales)- para lo cual deben nominan a alguien- vacante desde 2017 cuando renunció Gils Carbó y que se torna imprescindible teniendo en cuenta que el gobierno está implementando el sistema acusatorio en todo el país y llegará a los Tribunales de Comodoro Py el próximo 11 de&nbsp; Agosto. Recordemos que ni Macri, ni Fernández lograron que se vote por sus candidatos.Estas dos semanas serán cruciales para el gobierno de Javier Milei que viene de lograr un triunfo en Diputados con la aprobación- aunque ajustada- del DNU que le permite la negociación con el FMI. Esto fue criticado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien participó ayer del Congreso Educativo Nacional que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA donde también arremetió contra la justicia luego de la confirmación de su condena en la causa Vialidad tras rechazarle el recurso extraordinario y contra los jueces de la Corte al sostener que “tres de los cuadro integrantes aceptaron ser designados por decreto, dos de los cuales el Senado después les dio el acuerdo pero habían aceptado ser designados por decreto y este otro impresentable“ (en alusión a García Mansilla). También disparó contra Lijo al referirse: “Del otro, no haber jurado tampoco te convierte en garantía de democracia, transparencia, legalidad” y criticó que se haya fotografiado en su momento con el fallecido&nbsp; juez Bonadio y su par de Brasil Moro.&nbsp;Hasta hoy la <a href="https://www.newstad.com.ar/el-dificil-escenario-judicial-que-le-espera-a-cristina-kirchner-en-2025">exmandataria</a> no se había expresado sobre los pliegos, pero en su discurso dejó en claro que buscará que su espacio los rechace. No es para menos, sabe que quienes lleguen al Máximo Tribunal serán los que definan si su condena a 6 años adquiere firmeza, lo que la llevará a tener que cumplir una pena de prisión que por su edad podrá ser en domiciliaria.&nbsp; ¿Logrará entonces el Ejecutivo&nbsp; acordar con los bloques para poder imponer a sus candidatos o quien se quiere posicionar como la enemiga del presidente ganará la pulseada? Hasta hoy las fichas se siguen moviendo.

Una sesión clave que decidirá el futuro de Lijo y García Mansilla

En la segunda semana del juicio por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, declararon los primeros tres testigos en la causa caratulada como “homicidio simple con dolo eventual“. Se trata de los policías que encontraron el cuerpo del ex futbolista y realizaron el acta de fallecimiento.Declararon también Mendoza y Borge. Mendoza llegó primero al domicilio, tras confirmarse la muerte del futbolista. Poco después arribó Borge, jefe de la Estación de Policía Departamental de TigreEl acta de procedimiento de la muerte de Diego Armando Maradona, indica que aquel 25 de noviembre de 2020 dentro de la casa ubicada en Tigre, se encontraban presentes el oficial principal Lucas Farías, el subcomisario Leonardo Mendoza y el comisario inspector Lucas Borge, como así también algunos de los acusados.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/los_primeros_tres_testigos_en_la_causa_por_la_muerte_de_diego_maradona.webp" alt="Los primeros tres testigos en la causa por la muerte de Diego Maradona"><figcaption>Los efectivos policiales fueron los primeros testigos en declarar durante la tercera jornada del juicio por la muerte del ex futbolista.</figcaption></figure>Farías fue quien tomó conocimiento a las 13.20 de aquel día del estado de salud de Maradona. De acuerdo al testimonio, al ingresar a la vivienda se encontró con Julio Coria, integrante del staff de seguridad del futbolista, quien le advirtió que Maradona “estaba mal”.Allí también se encontraba &nbsp;presente la psiquiatra&nbsp;Agustina Cosachov&nbsp;y la enfermera&nbsp;Dahiana Madrid, ambas acusadas en la causa. Madrid no se encuentra entre los siete imputados en este proceso, sino que ella optó por un juicio por jurados, que se desarrollara en unos meses.&nbsp;Ante la gravedad de la escena, se solicitó ayuda a un vecino que es médico, quien dio aviso al servicio de emergencias, que constató el fallecimiento de Maradona.“En la fecha dejo constancia del fallecimiento del señor Diego Armando Maradona”, dice el acta médica.También declararon Mendoza y Borge. Mendoza fue el primero en llegar al domicilio tras confirmarse la muerte del futbolista, seguido por Borge, jefe de la Estación de Policía Departamental de Tigre.Borge es comisario mayor y titular de la Superintendencia de Seguridad de la Región AMBA Norte 1. Al momento del hecho, era comisario inspector y estaba a cargo de la Estación Departamental de Policía de Tigre. Mendoza se desempeña como comisario y Farías, como subcomisario, y cuando ocurrió la muerte de Maradona cumplía funciones como principal.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los primeros testigos

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los dos imputados más complicados en el proceso judicial, decidieron no asistir más a las audiencias a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus letrados, quienes adelantaron que sólo se presentarán el día de los alegatos de cierre o en caso de que alguno de ellos decidiera declarar.&nbsp;El motivo principal por el que se ausentarán Luque y Cosachov, será para “retomar la rutina”. Según explicaron sus abogados, el proceso judicial será largo y los imputados no pueden desatender sus responsabilidades diarias: ambos siguen atendiendo pacientes y “no van a pausar sus agendas hasta mitad de año”, cuando se estima que finalizará el juicio.La decisión se enmarca dentro de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después de la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas el jueves. Sin embargo, están obligados a &nbsp;estar presentes para los lineamientos finales y la lectura del veredicto, que definirá si son o no culpables de la muerte de Maradona.&nbsp;Al imputado Luque se lo vio &nbsp;incómodo &nbsp;desde el comienzo del proceso y no esperó &nbsp;ni a que terminara la segunda audiencia para irse: este jueves aprovechó un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y decidió irse. Así también se comportó la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/leopoldo_luque.jpeg" alt="Leopoldo Luque"><figcaption>Luque se retiró durante un cuarto intermedio de los tribunales de San Isidro. Su abogado señaló que no volverá a presentarse hasta el final del proceso.</figcaption></figure>No ocurrió lo mismo con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se quedó hasta el final. Igualmente, su abogado Vadim Mischanchuk afirmó que su defendida no volverá a presentarse en los tribunales de San Isidro, excepto que él considere necesaria su presencia ante algún testigo o que decida declarar.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/agustina_cosachov.webp" alt="Agustina Cosachov"><figcaption>La psiquiatra Agustina Cosachov tampoco seguirá yendo a las audiencias. El motivo que alegaron los defensores es que no pueden desatender a sus pacientes.</figcaption></figure>Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y sólo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.Solamente &nbsp;dos imputados &nbsp;confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.El otro es el médico clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.A propósito del Dr. Di Spagna, declaró que “le cagaron la vida”. En el debate, Di Spagna se distingue de los demás por dos cuestiones. La primera es que se mantiene cabizbajo y se muestra desinteresado durante los cruces entre la querella y la defensa. La segunda, es que es el único que no cuenta con un abogado particular: tiene una defensora oficial, María Julia Marcelli, quien remarca que su defendido solo “cayó en la volteada”. El médico clínico explicó cómo tuvo que reacomodar su vida a partir de que su nombre comenzara a sonar entre los presuntos culpables del fallecimiento del ex jugador de fútbol.Por suerte, agradece, el Club Atlético Huracán confía en él y lo mantiene como parte del cuerpo médico del plantel profesional.Di Spagna lamenta que todos los imputados estén “en la misma bolsa”, y que su intervención en el caso de Maradona no se separe de la que tuvo el resto. Según su versión, él solo vio a Maradona una vez, el 11 de noviembre de 2020, cuando lo llamaron para una interconsulta durante la internación domiciliaria en Tigre.<figure class="image image_resized" style="width:74.04%;"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/pedro_di_spagna.png" alt="Pedro Di Spagna"><figcaption>El médico clínico Pedro Di Spagna, preocupado durante una de las audiencias. "Me cagaron la vida", afirmó.</figcaption></figure>Según indicaron fuentes con acceso a la causa, en esa oportunidad el médico revisó a Maradona porque estaba con vómitos. Había comido camarones con brócoli a la provenzal, por lo que el consejo fue que cambiara su dieta. El acto de vomitar le podía hacer aumentar la presión intercraneal, señaló.A la semana -el día 18- Di Spagna volvió a la casa del barrio San Andrés junto a un nutricionista, pero no llegó a ver a Diego porque Maradona no quiso. A pesar de que lo intentó no se pudo imponer ante la resistencia del paciente. Incluso, una de hijas de Maradona presente ese día trató de convencer a su padre de atenderse y, tras no lograrlo, finalmente le pidió al médico que se retirara del lugar.

Juicio por la muerte de Maradona: Luque y Cosachov no asistirán más a las audiencias

El Gobierno anunció por medio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se analizará el accionar de a la jueza Karina Andrade y será denunciada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que la medida se basa en un “posible incumplimiento de sus funciones”. La magistrada argumentó que la policía suministró información imprecisa sobre las detenciones.Esta mañana el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, anunció mediante un posteo en la red social X que la Jueza Karina Andrade será denunciada ante el Consejo de la Magistratura de CABA, quien este miércoles ordenó la liberación de los detenidos por los incidentes ocurridos ayer en la marcha de los barras bravas en el Congreso. “Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”, escribió el ministro en un posteo en su cuenta oficial. Y agregó: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”.&nbsp;La controvertida medida permitió la liberación de 114 detenidos en la marcha de los barras bravas. De ellos, 94 habían sido arrestados, en su mayoría, por la Policía porteña bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad.La decisión generó el enojo del gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró esta mañana: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada” ya que, de hecho, abundan imágenes en donde se puede ver a manifestantes quemar patrulleros, romper contenedores de basura y arrojar piedras contra la Policía.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/03/vandalismo_en_la_marcha_de_los_barras_bravas.jpg" alt="Vandalismo en la marcha de los barras bravas."><figcaption>Vandalismo en la marcha de los barras bravas.</figcaption></figure>&nbsp;<h3>Los argumentos para la liberación de los detenidos</h3>“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a los hechos del Congreso de la Nación. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en flagrancia, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle", sostuvo la magistrada a cargo &nbsp;del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.En su fallo de este jueves, la magistrada expresó que, a medida que recibía información sobre las detenciones, la misma “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, sostuvo.La resolución señala que el delito que más informó la policía fue el de atentado y resistencia a la autoridad. Y que no hubo detenidos por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.Andrade detalló en su resolución la situación de los detenidos y presuntas irregularidades en los sumarios que entregaron las fuerzas de seguridad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como las federales que intervinieron en el Congreso.Andrade recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 en el que hizo referencia a las libertades de las personas. “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente", explicó la jueza.Asimismo, señaló que no solo fue deficiente la información que aportó la Policía sino que también fue tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, expresó.La resolución también destaca que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”. “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”, agregó.

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