&nbsp;La siguiente crónica alarmante rompe con todos los estándares de seguridad y el buena vida que permanentemente ostenta o quiere intentar ostentar la Ciudad de Buenos Aires. Newstad escuchó de primera mano el infierno de un menor abusado y maltratado en instituciones porteñas. También escuchamos la súplica de su madre, que vivió esta pesadilla mientras su hijo, además, también estuvo desaparecido.&nbsp;Todo acá, ni en la frontera, ni en Formosa, ni en ningún país vecinos. Acá, en la Ciudad de todos los argentinos, B. de sólo 11 años, sufrió todos los maltratos posibles.&nbsp;Al menor lo llamaremos a partir de ahora “B” para preservar su identidad. Pero los datos bien duros y ciertos son que B tiene apenas 11 años y fue abusado en el Centro de Atención Transitoria III y el Hogar La Casa de Coca , un centro dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.Según se describe en documentos públicos de la Ciudad, La Casa de Coca “garantiza la adecuada cobertura de necesidades de protección de los niños y adolescentes que allí se alojan”. Pero esta no pareció ser la experiencia que vivió B.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/12/casa_de_coca.jpeg" alt="Casa de Coca"><figcaption>Boletín Oficial del Gobierno de CABA con las características y objetivos de La Casa de Coca</figcaption></figure>Según su madre, Giselle, su hijo, con Trastorno Oposicionista Desafiante, sufrió en ambos establecimientos un notorio descuido de su salud integral. “En el CAT III sufrió abusos físicos y psicológicos. Lo mismo pasó en La Casa de Coca. Ahí fue evidente el maltrato, el descuído. Se le hacía infección en los pies. Le robaban y le rompían sus cosas. También estuvo muy golpeado. Él nunca se animó a decirme si fueron sus compañeritos o quienes debían cuidarlo, que desde ya no lo hicieron”.&nbsp;Todo esto ocurrió debido a que en su momento Giselle quedó en la calle. La mujer afirma que fueron insistentes sus pedidos para recibir algún tipo de subsidio habitacional, teniendo en cuenta la urgencia de tener a B. y otra hija con ella. La respuesta fue tajante y carente de empatía: “Cuando te quedes en la calle llamá al 108”, dice Giselle que escuchó del otro lado del teléfono por parte de la Defensoría Zonal Nro 12. Por lo tanto a la madre no le quedó otra opción que entregarlo a estos centros de cuidado de la Ciudad.&nbsp;Luego de estas vivencias traumáticas años atrás, el calvario para B fue hasta hace horas todavía peor. El menor que hoy tiene 11 años, salió de su casa y se perdió….. y termina internado en el Hospital Ramos Mejía bajo condiciones de supervisión por demás irregulares.&nbsp;“El 30 de septiembre ingresó al Ramos Mejía. Estuvo sin colegio 10 semanas. Solicité la orden de retención del menor y no me la daban”, denuncia la mamá de B. Los audios del menor, a los que tuvo acceso Newstad, son escalofriantes: "“No quiero estar mas en el hospital, ya van 7 semanas y no aguanto más. No quiero estar más acá, quiero ir con mi mamá, estoy harto, no aguanto más. Por favor hagan algo, no aguanto más”.Y hubo un hecho inaceptable, otro más, relatado por el menor: “Un oficial amenazó con fracturarle un dedo. Dijo que están autorizados a esposarlos y golpearlos. Pero tiene 11 años, no es un delincuente", relata la madre, como puede, a este periodista.&nbsp;B no soportó más y escapó, por lo que estuvo desaparecido durante casi un día hasta que fue encontrado este lunes por la tarde. B estuvo, siendo menor y con un trastorno, expuesto durante horas a cualquier otro desastre, <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/trata">a la trata, el peor escenario para una infancia</a>. Pero el miedo no termina: “Mi terror más grande es que la fiscalía dictamine que yo tenga que llevar a mi hijo a estos centros donde ya fue abusado o de nuevo al hospital donde fue amenazado y escapó”.&nbsp;Giselle hizo estas denuncias en la Fiscalía 22 y continuará en contacto con Newstad en horas en las que todo es incertidumbre para ella y su hijo B.&nbsp;

Denuncian abuso y maltrato infantil en institutos de menores porteños

“Si hubiese sido yo el que le hizo esto a mi hija, ya estaría preso”. Las palabras de Agustín a Newstad ratifican que no se cumple el principio de inocencia que rige en la Argentina. O mejor dicho, no rige para todos y todas por igual.Este caso de extrema violencia que vive Agustín conmociona a la ciudad de 9 de Julio. Una mujer intentó degollar a su hija de tan solo 11 años y, pese a la gravedad del ataque, la Justicia la declaró inimputable, lo que generó un profundo reclamo por parte del padre de la víctima, quien teme por la integridad de la niña y denuncia una situación de absoluta impunidad.El hecho quedó registrado con fotografías que forman parte del expediente judicial y confirman la brutalidad de la agresión. La nena sobrevivió gracias a que logró escapar y pedir auxilio.Tras el ataque, la mujer fue sometida a pericias psiquiátricas. Los especialistas determinaron que no comprendía la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, la Justicia resolvió declararla inimputable. Por esa razón, no recibirá una condena penal y quedó sujeta únicamente a medidas terapéuticas.<h2>El reclamo del padre</h2>Agustín denuncia que la resolución no garantiza la seguridad de su hija. Asegura que la agresora continúa representando un riesgo real y exige que se adopten medidas estrictas de contención y control.“No quiero que mi hija sea otro Lucio”, expresó aludiendo al caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja, un crimen que expuso fallas severas en los sistemas de protección infantil. Para él, la similitud es evidente: la violencia, el desamparo y un aparato judicial que —según afirma— vuelve a fallarle a un menor. “Si me daban la tenencia, esto no pasaba”, lamentó.&nbsp;El caso reabre el debate sobre el tratamiento judicial de personas declaradas inimputables en episodios de violencia familiar. El principal cuestionamiento es la falta de mecanismos eficaces de seguimiento: la inimputabilidad evita la pena, pero no asegura que las víctimas queden protegidas.Este tipo de resoluciones evidencian vacíos estructurales: falta de controles, ausencia de dispositivos de protección sostenida y escasa coordinación entre el fuero penal y los organismos de niñez.Mientras la investigación continúa bajo la figura de tentativa de homicidio, el padre insiste en que su hija necesita “respuestas concretas del Estado”. Afirma que no se trata solo de reclamar justicia, sino de evitar una tragedia anunciada.“Ya vimos lo que pasa cuando nadie escucha. Mi hija tuvo suerte esta vez. La próxima no sé”, advirtió.<h2>El reclamo de un pueblo&nbsp;</h2>Esta semana los ciudadanos de 9 de julio reaccionaron y acompañaron a Agustín y su pareja en el pedido de que el sistrma de Salud y de Justicia reaccione a tiempo. La marcha es por sentido común: 9 de julio no puede convivir con esta mujer suelta por sus veredas: debe ser encerrada en un centro de salud mental urgente.A pesar de esta terrible historia, la reacción de un pueblo es otro síntoma positivo del cambio de época contra la <a href="https://www.newstad.com.ar/otro-dia-del-padre-lleno-de-dolor-una-mujer-nazi-lo-separo-de-sus-hijos">Justicia sesgada</a>. La sociedad ya despertó. Los responsables también deben hacerlo a tiempo, antes de que el final sea el que no queremos relatar, una vez más.&nbsp;<figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=Izhn33oRBSA"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Izhn33oRBSA" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>

Otro caso Lucio Dupuy se está gestando: ¿vamos a permitirlo?

El municipio de Pinamar oficializó, mediante un decreto firmado en la madrugada, la desvinculación de Norma Beatriz Watson, histórica jefa del área de Tesorería y empleada de planta permanente desde hace más de tres décadas. La funcionaria carga hoy con una imputación penal por un presunto desfalco millonario que sacude a la administración local.La causa judicial ya reúne pruebas significativas. Según consta en el expediente, se incorporaron 11 videos registrados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se ve a Watson tomando fajos de dinero de la caja municipal y guardándolos en su cartera durante su horario laboral. Las imágenes —que circularon con rapidez entre empleados y vecinos— precipitaron la decisión de apartarla de manera definitiva.<h2>El descontrol contable</h2>Los investigadores detectaron, además, un conjunto de irregularidades que excede lo captado por las cámaras: maniobras adulteradas, diferencias sistemáticas de caja, doble registración de ingresos y movimientos irregulares en la cuenta “Ingresos Pendientes”, un espacio contable que, en la práctica, habría funcionado como un limbo administrativo.La fiscalía trabaja para determinar el monto total del presunto desfalco y desde cuándo se habría extendido. Lo único confirmado hasta ahora es que se trata de sumas millonarias, una cifra que en Pinamar se volvió inquietantemente familiar en los últimos años.<h2>La defensa y un argumento insólito</h2>Con 59 años y más de 30 de antigüedad municipal, Watson estaba —según versiones internas— a meses de iniciar su jubilación. Su defensa ensayó una versión tan inesperada como polémica: sostuvo que el dinero visto en las filmaciones era suyo, y que debido a la inseguridad en Pinamar prefería transportar diariamente una suma equivalente a una fortuna.<h2>Ibarguren: “Actuamos desde el primer momento”</h2>El intendente Juan Ibarguren brindó su versión oficial y detalló los pasos administrativos que siguió la comuna desde que se descubrieron los movimientos sospechosos. En declaraciones textuales afirmó:“En enero de este año detectamos irregularidades cometidas por una empleada municipal de planta permanente hace 30 años, que se desempeñaba como jefa de Departamento en Tesorería, es decir, el cargo más alto dentro de la carrera administrativa municipal. Apenas se verificaron los movimientos sospechosos dimos aviso a la Justicia e iniciamos de inmediato el sumario correspondiente y las presentaciones judiciales pertinentes.”Ibarguren explicó además que la vía interna requirió un proceso extenso:“La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde.”En paralelo, destacó la existencia de una causa penal en curso:“Hay una causa penal en manos de la Justicia, que está avanzando en la investigación para determinar las responsabilidades y los alcances del perjuicio. La ex empleada ya fue imputada y el proceso continúa.”Finalmente, subrayó que el Ejecutivo actuó con celeridad y transparencia:“Lo importante es que el Municipio actuó desde el primer momento, con transparencia, siguiendo todos los pasos legales y colaborando con la Justicia en todo lo que corresponde.”<h2>El trasfondo político y las críticas cruzadas</h2>Mientras avanza la investigación, desde sectores internos del municipio apuntaron también contra la fiscalía y la Policía Federal por no detener a la funcionaria cuando abandonaba el edificio municipal. Esas críticas fueron transmitidas por el vocero del intendente Diego Andrés Uribe.&nbsp;

Pinamar echó a la jefa de Tesorería por un desfalco millonario

La investigación judicial por el presunto pago de coimas y sobornos en la provincia de Entre Ríos incorporó nuevos elementos que comprometen al exgobernador Gustavo Bordet. Los peritajes realizados sobre los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —acusados de encabezar una red de pagos ilegales— aportaron más de 25.000 páginas de chats, audios y fotos, donde aparecen 98 menciones directas al exmandatario provincial.De acuerdo con los documentos analizados, los hermanos Tórtul, vinculados a una empresa de seguridad privada, habrían utilizado contactos dentro del Estado para conseguir contratos con la firma provincial de energía Enersa, a cambio de beneficios económicos para funcionarios y dirigentes. Los mensajes detallan sumas de dinero, reuniones privadas y gestiones ante organismos públicos.<h3>Una cadena de mensajes reveladora</h3>Los chats comienzan en diciembre de 2016 y se extienden hasta abril de 2024, cuando los teléfonos fueron secuestrados. En ese lapso, los Tórtul describen pagos, favores políticos y contactos con funcionarios. Uno de los mensajes más llamativos data de 2019, cuando se menciona una supuesta entrega de 1,1 millones de pesos “para Bordet”, acompañada de referencias a facturaciones y movimientos financieros.En otro tramo, los empresarios hablan de una reunión con el entonces gobernador y de una visita a una quinta junto a su esposa, donde se habría planificado una inversión inmobiliaria. El tono de los mensajes sugiere una relación de confianza y una operatoria sostenida a lo largo de varios años.<h3>Negocios, favores y nombres propios</h3>Los investigadores sostienen que los hermanos Tórtul usaron una empresa interpuesta, Tornell SA, para canalizar los pagos. También aparecen mencionados exfuncionarios provinciales vinculados a Enersa y a otras áreas de planificación. En los intercambios se describen “adelantos de dinero”, “favores” y una posible participación en el proyecto de desarrollo del ex Hipódromo de Paraná, una operación que, según los chats, contaba con apoyo político.Las conversaciones además hacen referencia a la muerte de uno de los presuntos intermediarios y a los reemplazos dentro de la red de contactos. En 2020, los empresarios discuten si conviene “cambiar de interlocutor” y tratar directamente con Bordet, lo que para los investigadores confirma la centralidad de su figura en el esquema.<h3>La defensa del exgobernador</h3>Tras conocerse la existencia de los chats, Gustavo Bordet negó cualquier vínculo con maniobras irregulares y aseguró que las menciones a su nombre son indirectas o sacadas de contexto. Admitió haber conocido a Claudio Tórtul únicamente por su papel como presidente de un club social, pero calificó de falsas las acusaciones sobre pagos o gestiones vinculadas a contratos públicos.No obstante, los fiscales consideran que la coincidencia de fechas, montos y nombres da fuerza probatoria al material y permite reconstruir un circuito de sobornos que habría funcionado durante varios años en la administración entrerriana.<h3>Un caso que puede marcar precedente</h3>El análisis de los 25.557 registros digitales continúa y podría derivar en nuevas imputaciones. Las pruebas no solo exponen una presunta red de corrupción, sino también una estructura empresarial montada para lavar dinero a través de inversiones inmobiliarias.Si los investigadores logran probar la trazabilidad de los fondos, el caso se transformará en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de Entre Ríos en la última década, con derivaciones que alcanzarían a exfuncionarios, empresarios y dirigentes partidarios.Por ahora, el expediente sigue sumando pruebas y declaraciones que ponen a Gustavo Bordet en el centro de una trama de corrupción, poder y dinero que amenaza con sacudir la política provincial.

Nuevos chats complican al exgobernador Gustavo Bordet

La crisis en el Sindicato de Camioneros volvió a estallar. Empleados de los sanatorios del gremio denunciaron que no cobran sus salarios completos, responsabilizando a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y administradora de la obra social sindical. Las protestas se replicaron en distintos centros médicos, donde los trabajadores exigen la regularización inmediata de sus haberes.En el Sanatorio San Justo, propiedad del gremio, los empleados colgaron carteles con mensajes directos: “Zulet, no tenemos miedo: queremos nuestra plata”. Según los trabajadores, se abonó solo la mitad del sueldo y no hay fecha de pago para el resto.<h3>Un conflicto que expone divisiones internas</h3>El conflicto salarial se da en medio de una fuerte interna familiar y gremial entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano, quienes disputan el liderazgo del sindicato. Zulet, señalada como figura clave en la estructura administrativa, concentra el control del holding médico Iarai SA, que gestiona los sanatorios del gremio junto a sus hijos, Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet.La obra social de Camioneros, considerada durante años la base económica del poder moyanista, atraviesa ahora una crítica situación financiera, con deudas millonarias y servicios médicos reducidos. Los trabajadores denuncian falta de insumos, demoras en los pagos y suspensión de turnos médicos, lo que afecta a miles de afiliados en todo el país.<h3>Endeudamiento y aportes extraordinarios</h3>La obra social acumula una deuda cercana a los 26.000 millones de pesos en distintas seccionales del país. Para sostenerla, se estableció un aporte mensual extraordinario de $20.000 por trabajador, autorizado por la Secretaría de Trabajo, pese a las críticas del Ministerio de Desregulación.Este esquema financiero, lejos de resolver la crisis, generó malestar entre empresarios y empleados, que acusan a la conducción gremial de manejar los fondos sin transparencia.<h3>Clínicas en crisis y servicios interrumpidos</h3>Los sanatorios Antártida y San Justo, presentados en su momento como “clínicas modelo” del sindicato, redujeron su atención médica diaria. Los médicos reclaman actualizaciones salariales y advirtieron sobre la posibilidad de renuncias masivas si no se regularizan los pagos.Mientras tanto, Zulet intenta retener al personal y contener el deterioro de la estructura sanitaria del gremio. Sin embargo, las denuncias por falta de sueldos y la creciente presión sindical han dejado expuesta una crisis que trasciende lo económico y golpea la imagen del clan Moyano.<h3>Un emblema en decadencia</h3>La obra social de los camioneros, durante años símbolo del poder sindical de Moyano, se enfrenta hoy a una de sus peores crisis financieras y de conducción. La falta de pago a los empleados, los reclamos por mala gestión y las divisiones internas marcan un punto de inflexión en la historia del gremio más poderoso del país.

Denuncian a la esposa de Hugo Moyano por no pagar sueldos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al rechazar los recursos presentados por su defensa y por la fiscalía. El exfuncionario fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.A poco de conocerse la decisión, el Tribunal Oral Federal N°4 —que dictó la condena y debe ejecutarla— convocó a De Vido para este jueves 13 de noviembre a las 10:00 con el objetivo de hacer efectiva su detención. La resolución lleva la firma del juez Ricardo Basílico y aclara que se garantizará su conexión remota al juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, donde también está imputado como miembro de una asociación ilícita.<h3>La resolución del máximo tribunal</h3>Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por “inadmisibles” los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa del exministro y el Ministerio Público Fiscal. Lo hicieron mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin mayor fundamento cuando no se advierten razones de gravedad institucional.Con esta decisión, la condena quedó firme y De Vido deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.<h3>Un largo camino judicial</h3>La causa se originó tras el choque del tren chapa 16 en la estación de Once, que dejó un saldo de 51 muertos y cientos de heridos. En 2015, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los propietarios y directivos de TBA, y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.Los jueces concluyeron que el accidente se produjo por falta de mantenimiento y negligencia operativa, a pesar de los fondos que el Estado había destinado para mejorar el servicio ferroviario. En esos fundamentos se ordenó avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas del entonces ministro de Planificación.En 2018, el TOF N°4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no controló el uso de los subsidios asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). No obstante, fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes del siniestro.<h3>Ajuste de pena y confirmación final</h3>La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema. En un fallo de agosto de 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal de De Vido, pero ordenó dictar un nuevo monto de pena, al considerar que no estaba debidamente fundamentado por qué debía recibir una sanción más alta que otros imputados condenados tanto por fraude como por las muertes.Tras esa orden, otra sala de Casación fijó la pena definitiva en cuatro años de prisión. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron nuevamente: el Ministerio Público por considerar la pena leve y la defensa por sostener que debía reducirse o prescribirse la causa.Finalmente, este martes, la Corte rechazó ambos planteos y cerró la discusión judicial, dejando firme la sentencia.<h3>Próximos pasos</h3>De Vido deberá presentarse este jueves 13 de noviembre, a las 8:30, en los tribunales federales para quedar detenido. El horario fue adelantado por coincidir con la audiencia del caso Cuadernos de las Coimas, en el que también es juzgado.El exministro ya acumula otras condenas por corrupción, entre ellas cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y otra por fraude en la compra de gas natural licuado (GNL).Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a una de las causas más emblemáticas de la última década, que marcó un punto de inflexión en el control de la gestión pública y en la búsqueda de justicia por una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia argentina.

Quedó firme la condena a Julio De Vido por la Tragedia de Once

La historia comenzó en 2018, cuando salieron a la luz los ocho cuadernos del chofer Óscar Centeno. En ellos, durante años registró con detalle la entrega de bolsos con dinero que circulaban entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Planificación. Newstad mostró en exclusiva los cuadernos que transportaron la corrupción kirchnerista proveniente de Venezuela y la obra pública por primera vez bajo la supervisación de Jorge Taiana como Canciller.Las anotaciones, con fechas, montos y destinatarios, dieron origen a una investigación judicial sin precedentes. Según la fiscalía, aquel circuito de recaudación funcionó entre 2003 y 2015 y benefició a contratistas de obra pública, energía, transporte y servicios. El sistema estaba coordinado desde la cúpula del poder político y Néstor y Cristina Kirchner encabezaban una estructura destinada a obtener sobornos.Con el avance de la causa, fueron procesadas 87 personas: 19 exfuncionarios, dos choferes y 64 empresarios. El expediente se dividió en seis tramos, luego unificados para este debate oral, que concentra los hechos más graves y emblemáticos de la investigación.Arranca el juicio: todos conectados y bajo la lupaEl 6 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N.º 7 dio inicio formal al juicio. En la sala de Comodoro Py estuvieron los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli; la mayoría de los imputados, incluida Cristina Kirchner, siguió la audiencia de manera remota.Durante la apertura se leyó el primer requerimiento de elevación a juicio, un documento de casi 700 páginas que detalla la ruta del dinero, las pruebas periciales y los testimonios inicialesCristina Kirchner apareció en pantalla desde su domicilio en Buenos Aires. El presidente del tribunal pidió que todos los acusados mostraran su rostro ante cámara, algo que debió recordarse varias veces ante quienes intentaban permanecer fuera de foco.Las audiencias se desarrollarán los jueves por la mañana y se transmitirán en vivo por <a href="https://youtube.com/@newstadok?si=zF3zfIq2EvqCci6a">YouTube</a>. A partir de marzo de 2026 se sumarán jornadas los martes. Solo la lectura de los autos de elevación demandará hasta mediados de diciembre; después llegarán las indagatorias y los testigos, más de 440 en total. Todo indica que el proceso se extenderá al menos hasta 2027.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/11/de_vido.jpeg" alt="DE VIDO"><figcaption>Vuelta carnero. El ex ministro Julio De Vido, de cabeza durante la transmisión.</figcaption></figure>Empresarios en el banquillo: entre la colaboración y la presiónAdemás de los exfuncionarios, el juicio tiene como protagonistas a 63 empresarios de los principales grupos económicos del país. Representan sectores como la construcción, energía, logística y transporte.Veinte de ellos se acogieron al régimen de arrepentidos y admitieron haber pagado sobornos. Otros 46 intentaron cerrar acuerdos económicos ofreciendo unos 13 millones de dólares como reparación, pero el tribunal rechazó la propuesta por considerar que el perjuicio al Estado no podía ser compensado con dinero.Entre los testimonios más relevantes, el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, reconoció aportes por casi un millón de pesos y describió una “exigencia dineraria” constante. Aldo Roggio relató entregas periódicas destinadas a campañas y subsidios. Benjamín Romero, de Hidrovía SA, declaró que debió pagar medio millón de dólares por año para conservar concesiones.Algunos ejecutivos admitieron presiones directas de funcionarios y financistas ligados al Ministerio de Planificación: quien no cumplía, veía paralizadas sus obras o suspendidos los pagos.Las condenas, si se confirman los cargos, podrían acumular más de 400 años de prisión entre todos los acusados.El rol de Cristina Kirchner y la controversia sobre las pruebasLa ex presidenta enfrenta el juicio desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por otra causa. La fiscalía la considera jefa de la asociación ilícita, señalando que los fondos recaudados terminaban en residencias vinculadas al matrimonio Kirchner.Testimonios de exfuncionarios y empresarios indican que el dinero habría circulado entre la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y un departamento en la calle Uruguay. Algunos de los imputados, como José López y Ernesto Clarens, describieron aportes regulares provenientes de empresas adjudicatarias de obra pública.La defensa, por su parte, niega los cargos y cuestiona la validez de las pruebas. Argumenta que los cuadernos contienen tachaduras y sobreescrituras, y que las declaraciones de los arrepentidos fueron tomadas bajo presión. Sin embargo, las pericias confirmaron que los manuscritos pertenecen a Centeno, y los tribunales superiores rechazaron los planteos de nulidad.Expectativas y próximos pasosEl juicio de los Cuadernos se perfiló como el proceso por corrupción más grande de la historia judicial argentina. Su relevancia institucional es enorme: reúne a una ex presidenta, ministros, secretarios y los principales contratistas del Estado en un mismo expediente.Por la cantidad de pruebas, testigos y acusados, se espera que el debate se prolongue durante varios años y que la sentencia llegue recién hacia 2027. De confirmarse las imputaciones, el fallo sentará un precedente para futuras investigaciones sobre transparencia y financiamiento político.Más allá de las posturas, el caso vuelve a poner en debate la relación entre el poder político y el empresariado en la Argentina. Para la fiscalía, probar la existencia del sistema recaudatorio significará cerrar una etapa de impunidad; para las defensas, en cambio, el proceso es un “espectáculo judicial” con fines políticos.El resultado final aún está lejos, pero el megajuicio de los Cuadernos ya marca un nuevo capítulo en la historia reciente del país.Para más información: <a href="https://www.newstad.com.ar/jorge-taiana-el-candidato-que-cuido-la-corrupcion-y-siempre-supo-todo">Jorge Taiana: el candidato que cuidó la corrupción y siempre supo todo</a>

Empezó el juicio por los "Cuadernos de Centeno" con CFK escondida

El Tribunal Oral Federal N.º 7 dio comienzo este jueves 6 de noviembre al juicio oral por la causa conocida como <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nc8fcGENrAQ&amp;t=9s">“Cuadernos de las Coimas”</a>, en la que están implicados 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proceso se desarrolla íntegramente de manera virtual y marca un hito en la historia judicial argentina por la envergadura del expediente.El debate, que se realiza a través de la plataforma Zoom, fue estructurado por el tribunal para garantizar no solo la transparencia, sino también la participación activa de todos los imputados. La apertura de la audiencia estuvo a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes comenzaron con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.La acusación, originalmente impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y expuesta por la secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, no deja lugar a ambigüedades. En su rol de presunta jefa de una asociación ilícita destinada a recolectar sobornos, Cristina Kirchner aparece como figura central del entramado delictivo que se habría extendido entre 2003 y 2015, durante los gobiernos que compartió con Néstor Kirchner y luego al frente de la presidencia.El expediente reúne cientos de presuntos hechos ilícitos documentados en los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno, donde se registraban con minucioso detalle las entregas de dinero, los involucrados, las fechas, los lugares y las causas de los pagos ilegales. La mayoría de esas entregas, según la fiscalía, tenían como destino final a la entonces presidenta.Entre los imputados se encuentran figuras clave del kirchnerismo, como el exministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López y una amplia nómina de empresarios que habrían pagado coimas para acceder a contratos de obra pública.Cristina Kirchner, quien escuchó los cargos desde su residencia de San José 1111 —donde cumple prisión en relación con el caso Vialidad— protagonizó un cruce tenso en la audiencia. Al intentar permanecer sin activar su cámara, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, intervino para exigir que todos los imputados se mostraran visibles en la pantalla. “El tribunal debe asegurar la presencia de las partes para resguardar el derecho de defensa”, subrayó. La exmandataria apareció entonces junto a su abogado, Carlos Beraldi.Se prevé que el juicio se extienda durante varios años, no solo por la magnitud del expediente, sino también porque se estima la declaración de más de 440 testigos. El proceso incluye además un diseño innovador para facilitar el acceso público a las etapas del debate.Este juicio representa uno de los mayores desafíos judiciales en la historia democrática del país, y vuelve a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena como acusada de una de las redes de corrupción más resonantes de las últimas décadas.Más allá del desarrollo judicial, el impacto del juicio en la vida política argentina ya se siente. Sectores afines al kirchnerismo sostienen que el proceso forma parte de una persecución política y judicial, mientras que los no partidarios lo presentan como una oportunidad histórica para depurar el sistema democrático. La tensión promete acompañar cada etapa del debate, que no solo juzgará presuntos delitos, sino también la credibilidad del poder judicial y el futuro de una líder que marcó dos décadas recientes de la Argentina.

Causa Cuadernos: CFK fue acusada de "jefa de la asociación ilícita"

Está previsto que este miércoles se concrete la extradición del empresario señalado por vínculos con el narcotráfico y aportes ilegales a campañas electorales en Argentina.<h3>El señalado por Estados Unidos será entregado en las próximas horas</h3><a href="https://www.newstad.com.ar/fred-machado-espert-me-nego-despues-de-viajar-juntos-en-avion">Federico “Fred” Machado</a>, empresario argentino del sector aeronáutico acusado de integrar una red delictiva transnacional vinculada al narcotráfico, será extraditado este miércoles 5 de noviembre a Estados Unidos. Así lo confirmaron fuentes oficiales.Machado enfrenta cargos ante el Tribunal del Distrito Este de Texas, donde se lo investiga por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. En Argentina también fue asociado a maniobras delictivas, incluyendo el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.<h3>Quién es Fred Machado</h3>Nacido el 2 de enero de 1968 en Viedma, Río Negro, Fred Machado se formó como piloto en Estados Unidos, donde vivió varios años y recibió el apodo con el que hoy es conocido. En ese país inició su carrera empresarial, con inversiones en el sector aeronáutico e inmobiliario. Sin embargo, la justicia norteamericana sostiene que detrás de estas operaciones se escondía una red de transporte internacional de drogas.Según la investigación, Machado habría utilizado aeronaves adquiridas mediante fraudes para facilitar el traslado de cocaína desde países como Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia los Estados Unidos. Paralelamente, también se lo acusa de haber montado un esquema Ponzi para captar inversionistas con la promesa de adquirir aeronaves que nunca existieron, todo con el objetivo de lavar dinero del narcotráfico.<h3>Un empresario bajo la lupa por sus vínculos políticos</h3>El nombre de Machado tomó notoriedad pública en Argentina cuando se revelaron distintos aportes económicos y logísticos a figuras políticas durante campañas electorales. Entre los señalamientos más importantes se encuentran presuntas donaciones para una candidatura presidencial en 2019, incluyendo el uso de aeronaves y vehículos.Durante la campaña de este año, se detectó además una transferencia de 200.000 dólares a la cuenta personal del diputado involucrado, supuestamente en concepto de “asesorías contables”. El escándalo provocó la baja de su postulación y su licencia temporal como legislador hasta el cierre de su mandato.Recordemos que hace pocas semanas el empresario detalló un acuerdo económico &nbsp;con Espert: “Yo tenía un proyecto minero en Guatemala y él me dijo que hacía consultorías. Le propuse una asesoría. Era más de 200 mil dólares, en cuotas. Firmamos un contrato apostillado y me mandó una copia. No me acuerdo la cifra final”, relató.Ese vínculo profesional —según él— fue posterior a los aportes de campaña. “En 2021, cuando vuelvo al país, lo voy a ver y le cuento lo de la causa judicial. Me dijo: ‘Te creo’. Esa fue la última vez que lo vi. Me dijo algo que nunca olvidé: ‘Con vos me inmolo o a mí me inmolan por vos’”, recordó.<h3>De Neuquén a Buenos Aires: el camino a la extradición</h3>Machado fue detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, a partir de un pedido de captura internacional emitido por la justicia estadounidense. Tras años de disputas legales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición este año. En los últimos meses, Machado fue trasladado a Buenos Aires, donde quedó bajo custodia a la espera de su entrega a autoridades norteamericanas.

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico y lavado

Ni José Luis Espert sabía quién era Fred Machado, ni Fred Machado es narco, ni en la justicia de Estados Unidos creen que Machado sea narco, por eso no se sostiene la extradición. Los contactos de lobby y grupo los generaban Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, dos abogados al mando de la campaña. Todo forma parte de un enorme escenario de malos entendidos y operaciones de prensa con un grifo judicial del kirchnerismo a 25 días de una elección dura para el Peronismo desunido y los intendentes sin ganas de militar una boleta que puede posicionar a Axel Kicillof, fuertemente resistido.&nbsp;Un empresario aeronáutico y uno de medios de comunicación ligado a un medio de los más leídos del mundo occidental le acercaron a Fred Machado a quien conocían por el mundo de la aviación, fletes aéreos, traslado de pasajeros vip, empresarios que fletan viajes para no hacer colas ni hacer públicos sus viajes, algo lógico y frecuente hoy en día. Así es también como se mueven políticos, empresarios de medios y hasta periodistas que están detrás de esta escenografía de falsa vinculación al narco.&nbsp;Fred Machado, quien compartía espacio de hangar con Tom Criuse, aceptó y su vinculación no fue transaccional con la campaña de Espert, no hubo un giro de dinero y acá la explicación donde aparece una mujer presa por una causa en Estados Unidos. Tal es así, que los dos empresarios le sugirieron a Machado que como Espert podía ser presidente y decidía presentar el libro en Viedma, de donde es oriundo Machado, era una oportunidad para conocer y estrechar vínculos con el candidato, algo también frecuente, casi diario en tiempos de campañas entre políticos y empresarios.Debra Lynn Mercer-Erwin tiene una un fondo de inversión denominado “trust”, un fideicomiso que tiene esa figura legal y en la industria de los aviones se utiliza para hacer de remisería. La empresa se dedica entonces a registrar aviones que no son de su propiedad, sino anotados bajo su firma. Eso lo hizo con Fred Machado y otras 1693 naves. Es decir, la firma de Mercer-Edwin tiene 1700 aviones que no son de ella, habilita sí su inscripción como extranjero para volar en Estados Unidos y el extranjero.Siguiendo la metáfora de la remisería, Mercer-Edwin tuvo de los 1700 &nbsp;remises, tres detenidos en un viaje con droga. Los tres no están vinculados ni a empresas, ni directa, ni indirectamente a Fred Machado y José Luis Espert o sus jefes de campaña, que ni sabían quién era Machado. Machado de hecho tenía inversiones con empresarios que ponen dinero para ganar intereses con la compra y alquiler de aviones, que no son ninguno de los tres que tuvieron detención con drogas. Es decir, ni los aviones de Machado tienen vinculación con el narco, mucho menos José Luis Espert que no sabía quién era.Cuando la justicia obligó a la dueña del registro, del “trust”, a explicar, dijo que se trataba de tres casos de droga de clientes que habían registrado los aviones en su empresa, pero que ella nada tenía que ver, ya que no tenía ni siquiera conocimiento del hecho. En Estados Unidos, para que exista delito de conspiración se exigen tres personas; al no haberlas, se cae la figura y se juzga por separado.Fred Machado está señalado por fraude, pero no por narcotráfico. Tal es así, que cuando fue detenido entregó su computadora y teléfono personal sin haber podido manipularlo porque fue un operativo sorpresa, y no había vinculación narco. Lo que sí consideró la justicia es que, al no haber invertido el dinero de los inversores como había acordado y comenzar operaciones en minas de oro en Guatemala, el delito de fraude sí le correspondía, y ahora la negociación corre contra reloj en tiempos electorales. En cuanto a la mujer, por las detenciones de aviones con drogas, la justicia entiende que, así como alquilaba vuelos a clientes y empresarios como Machado, también podrían existir conexiones con traslados de cocaína.Así entonces, la justicia tiene ahora que decidir sobre la extradición del empresario señalado como cómplice de una supuesta red de aviones usados <a href="https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/eight-individuals-indicted-transnational-drug-trafficking-money-laundering-and">para el tráfico de cocaina, que es la investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos</a> desde 2021. Espert se despegó del caso y políticamente se puso a disposición tras el escándalo que generó una denuncia encabezada por el dirigente social Juan Grabois.&nbsp;En el Gobierno el silencio era total hasta la declaración de Patricia Bullrich, quien planteó la importancia de que José Luis Espert dé las explicaciones necesarias para despejar dudas.&nbsp;

Dos empresarios, un "Trust" dudoso y el error de Espert en la "operación narco avión"

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena a Nélida Caballero, la mujer que durante años trabajó como empleada doméstica para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y que en apenas cinco años multiplicó su patrimonio de manera imposible de justificar.La sentencia ratificada es de tres años de prisión en suspenso y una multa calculada en el doble del monto de las operaciones de lavado, que tras su actualización ronda los 340 millones de pesos. Además, se ordenó el decomiso de un campo en Formosa, camionetas, autos deportivos y un cuatriciclo, todos puestos bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia<h3>Cómo fue el mecanismo delictivo</h3>El tribunal acreditó que entre 2011 y 2016, Caballero realizó operaciones financieras y comerciales por más de 2 millones de pesos de entonces, que incluyeron depósitos en efectivo, compra de vehículos y adquisición de un inmueble rural.Entre los bienes figuraban:<ul><li>Una Toyota Hilux SRV 3.0,</li><li>Un Peugeot RCZ Tiptronic,</li><li>Un Fiat Strada Working,</li><li>Un Toyota Etios XLS,</li><li>Un cuatriciclo Tibo Hunter 250,</li><li>Y un terreno en Colonia Ex Misión Laishí, Formosa, comprado en 2012.</li></ul>La investigación demostró que el dinero provenía de un flujo constante ligado al Grupo Plaza, empresa de transporte vinculada a Sergio Cirigliano. Caballero aparecía como dueña de la “Agencia España” en Clorinda y del “Lavadero Plaza”, creados para dar cobertura a esos ingresos, aunque su funcionamiento real nunca se probó.<h3>Negocios a distancia y patrimonio injustificado</h3>El fallo remarcó que Caballero abrió en Formosa tres carnicerías y una agencia de quiniela oficial, además de los emprendimientos ligados al transporte. Sin embargo, no existían registros de empleados ni documentación que respaldara las operaciones.Pese a trabajar como empleada doméstica sin retiro en la casa de De Vido y Alessandra Minnicelli, decía administrar todos esos negocios “a distancia”, lo que los jueces consideraron inverosímil.Incluso se resaltaron viajes llamativos a Paraguay en 2013 y 2015, realizados por Caballero y sus apoderados, en coincidencia con los momentos de mayor flujo de dinero.<h3>Argumentos rechazados</h3>Durante el juicio, Caballero ofreció tres versiones distintas sobre el origen de su patrimonio: primero habló de “esfuerzo personal”, luego de supuestas ganancias de sus comercios y, finalmente, declaró que provenía del ejercicio de la prostitución. Todas fueron desestimadas.Su defensa también cuestionó la actualización de la multa, alegando que era “confiscatoria”, y negó que existiera un vínculo laboral directo con De Vido. Casación consideró que los planteos carecían de sustento y convalidó la valoración probatoria del Tribunal Oral Federal 7<h3>El cierre del caso</h3>Con este fallo, la condena contra la ex cocinera de De Vido quedó firme en la órbita penal. Los jueces remarcaron que el patrimonio de Caballero se multiplicó de manera exponencial a partir de su relación laboral con el matrimonio De Vido-Minnicelli y que sus comercios en Formosa no eran más que fachadas para blanquear dinero ilícito.

Ratifican la condena a la ex cocinera de Julio De Vido por enriquecimiento ilícito

Ana Paula Garona Dupuis juega a ser Dios. Decide parcialmente desde su feminismo autoritario, quién es feliz y quién sufre. Falla, erráticamente como casi toda feminista, sobre lo que tiene que vivir, es decir, padecer, un hombre a pesar de las mentiras. Una mujer violenta, psiquiátrica quiso apuñalar su marido y está comprobado. Denunció falsamente a su ex marido y está comprobado, ilegalmente dejó de mandar los chicos al colegio, y está comprobado. Pero Garona Dupuis es dios, no es una jueza. En un mundo justo, estaría presa, en argentina, decide quién es inocente. Es parte de la metástasis judicial que ordena parte de la sociedad.&nbsp;Un periodista querible, tranquilo, un tipo común, tuvo que explicarle a un fiscal que el sábado había cenado a ochenta kilómetros de la Capital con su novia. Tuvo entonces que llevar los videos de las cámaras de seguridad donde estaba compartiendo una parrillada con su pareja, bien lejos de su ex. La ex, que no lo deja ver a sus hijos hace años, lo denunció por haber ido ese sábado a la noche a tirarle piedras e insultarla a los gritos. Todo era mentira, se comprobó que era mentira con videos. Sigue sin ver a sus hijos. Eso es Argentina gracias a la existencia de personas como Garona Dupuis, quien evidentemente no cree en la justicia divina ni el karma, que es lo que probablemente la enferme joven.La grieta en Argentina es esencialmente moral, están los que buscan ensuciar, enriquecerse, arruinar, saquear, violentar; y estamos los que creemos que se puede hacer algo por colaborar con la mejora de un país devastado en todas sus aristas. . “Está todo podrido, señores”, le gritó René Favaloro a dos colegas, casi como el triste preludio de su final. Nadie entendía que se mataba en vivo. Las falsas denuncias generan muertes, violaciones, robos, depresiones, suicidios. Es un flagelo que crece y hoy se expone con mayor brutalidad por el avance tecnológico. &nbsp;La Justicia tiene una grieta legal que empeora hace años: la pena por denunciar falsamente una violación es nodalmente menor que las consecuencias que sufre quien es acusado sin pruebas. &nbsp;En argentina, la jueza Garona Dupuis debería estar presa, explicar el desastre que hizo y terminar cumpliendo la pena que no impulsó. El artículo 245 del Código Penal establece penas de dos meses a un año de prisión, o una multa de 750 a 12 500 pesos para quien denuncia falsamente un delito, pero el delito que se imputa, el que se inventa, se trata de violencia sexual, &nbsp;hasta 25 años de cárcel.Esa asimetría empuja a pensar: hay un sistema legal frágil, la presunción de inocencia queda de lado, y a los acusados falsamente se los lleva puestos el triste “algo habrán hecho” que sigue más vigente que nunca. Muchos periodistas, abogados o políticos vieron cómo una acusación sin fundamento destruyó reputaciones, carreras y afectos, aún después de ser absueltos. Tengo amigos colegas que no ven a sus hijos por una feminista que inventó que manoseaba a sus propios hijos. Tengo amigos que están con medicación psiquiátrica y ataques de pánico porque una feminista le dice que le va a inventar una denuncia por abuso sexual de sus propios hijos para que le dé más plata. Eso son.Diputados y senadores &nbsp;presentaron proyectos para terminar con esta injusticia. Lilia Lemoine de la Libertad Avanza propuso reformar el Código Penal y endurecer las penas, además de obligar a los medios difusores de falsas denuncias a publicar en iguales condiciones la absolución. En el Senado avanza una iniciativa similar: penalizar con hasta seis años de prisión cuando la acusación falsa implique violencia de género, abuso sexual o victimizaciones infantiles. Todo esto queda subordinado a mujeres como Ana Paula Garona Dupuis.Lo justo es la proporcionalidad plena: una violación puede tener hasta 25 años de sentencia máxima, por tanto —yo sostengo— la falsa acusadora debería recibir la misma pena. No es venganza barata, es justicia real. Porque acusar con mala fe un delito tan repudiable no es menos grave que cometerlo. Si alguien te acusa y te quita libertad, reputación, vínculos, esa persona construyó una persecución que nada tiene de inocente.No se trata de desalentar denuncias legítimas: todo el mundo sabe lo que cuesta que un caso verdadero se reconozca. Se trata de proteger la credibilidad y reconocer que el sistema penal es un instrumento frágil que depende de la seriedad de sus actores. Si hay denuncias falsas, toda su base se desploma. Por eso, la sanción debe ser ejemplar pero para los denunciantes y jueces. La jueza Dupuis, cuando este infierno se ordene, tiene que ser destituida y la justicia debe juzgarla por arruinarle la vida a determinadas personas. Ojalá así sea.&nbsp;El Congreso necesita dejar de jugar a medias. Si alguien denuncia algo tan aberrante como una violación sin sustento, debe ser consciente: está promoviendo que alguien se mate o se deprima y arruine su vida. No alcanza con decir “culposa”, “imprudente” o “desproporcional”. Es mala fe. Son las feministas que agitan un pañuelo verde en búsqueda de impunidad, no de justicia. Después de la pesadilla que fue el Frente de Todos con Elizabeth Gómez Alcorta y la militante provida devenida en abortista Ayelen Mezzina como Gestapo de los hombres, Argentina tiene que volver a ser un país coherente, serio, donde las mujeres que inventan asesinatos, violaciones, abusos y delitos variados, vayan presas.

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