La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF fue interpretada por el Gobierno argentino como un avance clave en la estrategia judicial del país. La medida frena el acceso a información y posibles embargos sobre activos estatales, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo.Desde la Casa Rosada señalaron que el fallo constituye un hecho “histórico y sin precedentes”, ya que detiene todos los procedimientos en curso en la Corte de Distrito y deja en suspenso una instancia considerada sensible para los intereses nacionales. En particular, se evitó el avance sobre bienes y activos que podrían haber quedado expuestos en el marco del litigio.En esa línea, el exsecretario de Energía y exdirector de YPF, Emilio Apud, explicó a Newstad los riesgos que implicaba esa etapa del proceso judicial.“Corrían peligro muchos activos de la Argentina que no tenían nada que ver con las malas prácticas que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento a través de Axel Kicillof, cuando realizó la expropiación mal hecha de las acciones. En ese contexto, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y muchos otros activos podrían haber sido embargables si avanzaba el discovery, en caso de demostrarse una relación directa entre esos activos y el Estado nacional”, sostuvo.La resolución judicial también implica una pausa en un litigio que supera los 16 mil millones de dólares más intereses, cifra que ahora queda sujeta a la revisión de la apelación presentada por la Argentina.“La Justicia norteamericana decidió suspender eso y esperar el resultado de la apelación que hizo nuestro país respecto de los 16 mil millones de dólares más intereses”, explicó Apud.En cuanto a las perspectivas futuras, el especialista consideró que aún existe margen para discutir el monto final de la eventual condena.“Tal vez se pueda negociar la magnitud del monto, es decir, bajarlo. Está en juego el momento en que se toma el tipo de cambio: una cosa es considerarlo al momento de la expropiación, alrededor de 2013, y otra muy distinta es cuando llegó la sentencia. Son diez años de diferencia y, según cuál se tome para calcular el cambio, la cifra podría reducirse prácticamente a la mitad”, señaló.Por otra parte, Apud vinculó la decisión judicial con el contexto de relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, aunque con matices sobre el alcance de esa influencia.“Esto no es ajeno a la nueva relación que existe entre la Argentina y Estados Unidos. Podría tener algún tipo de influencia. De hecho, esto se logra precisamente por la influencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos”, afirmó.No obstante, aclaró los límites institucionales en el sistema norteamericano: “De todas maneras, hay que tener en cuenta la división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse directamente en decisiones judiciales. Pero, evidentemente, su opinión pesa”.Mientras tanto, el Gobierno ratifica que va a insistir con todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del país en una causa que lleva más de una década y que sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para las finanzas del país.

Alivio en el juicio por YPF: "Esto no es ajeno a la nueva relación entre Argentina y EE.UU."

Alivio en el juicio por YPF y el peso de la nueva relación con EE.UU.

En el tablero de Comodoro Py, donde las piezas se mueven con la lentitud del bronce, <a href="https://youtu.be/iIpWyZroReI?si=_B2uP2e7uWqPFdTe">Cristina Fernández de Kirchner </a>hizo ayer un movimiento de apertura que no estaba en los manuales de la ortodoxia jurídica. Al ingresar a la Sala AMIA para su declaración presencial en la causa Cuadernos, la expresidenta no eligió hablarle a los jueces del TOF 7 sobre las fotocopias de Oscar Centeno. Eligió hablarle al país —y especialmente a Juan Bautista Mahiques— sobre el presente. Como suele hacer, eligió olvidar su realidad para atacar al Gobierno y comparar los tiempos judiciales.La estrategia fue de una simetría letal. Mientras la Justicia le exige presencialidad por una causa de "cohecho" basada en registros quemados, ella revoleó sobre el estrado el "Caso Libra": la presunta estafa cripto de u$s 5 millones que acorrala al presidente Javier Milei. No fue un exabrupto; fue una operación de pinzas política y judicial.<h3>El blanco: Juan Bautista Mahiques</h3>Para los dirigentes que leen entre líneas, el destinatario del mensaje fue el flamante Ministro de Justicia. Mahiques, quien llegó con la misión de "pacificar" los frentes judiciales del oficialismo, se encontró con una Cristina que le marcó la cancha de entrada. Al denunciar el "cajoneo" del fiscal Eduardo Taiano sobre los peritajes del celular de Mauricio Novelli, Cristina ubicó a Mahiques en una posición incómoda: la de protector de una "casta cripto" que opera desde Balcarce 50.La mención elíptica a la "defensa de los imputados" que aporta pruebas mientras el fiscal mira hacia otro lado pone el foco en Franco Bindi. El abogado, que ha sabido tejer redes en los sótanos de la inteligencia y que hoy camina junto a Marcela Pagano en la espera de ¿su segundo hijo?, es el hombre que ostenta la llave del Caso Libra. Cristina sabe que Bindi tiene los chats donde Hayden Davis y Novelli habrían pactado el apoyo presidencial a cambio de tokens líquidos. Al citar el contenido de ese expediente, la expresidenta no solo se defendió; le avisó al Gobierno que conoce la profundidad del pozo.<h3>Escenario 1: La parálisis de la "Vialidad Libertaria"</h3>El primer impacto político es la neutralización del discurso de transparencia oficial. Si Mahiques no logra que la causa Libra avance con la misma celeridad que las causas K, el Gobierno pierde su activo más valioso: la superioridad moral. Políticamente, esto le da aire a la "resistencia" del peronismo, que ahora tiene un contraejemplo de "corrupción actual" para contrastar con la "corrupción histórica" que se le imputa con sobradas razones y una veintena de dirigentes presos. Para los abogados penalistas, esto prefigura un escenario de nulidades cruzadas donde el Caso Libra podría ser usado para cuestionar la imparcialidad de toda la familia judicial.<h3>Escenario 2: Mahiques como fusible</h3>El segundo escenario es el desgaste prematuro del Ministro, a quien algunos le ponen el traje de Procurador antes de diciembre. Si la presión de la Comisión Investigadora en Diputados —donde se filtraron los mensajes que vinculan a Milei minutos antes del lanzamiento de $LIBRA— se traslada a la calle, Mahiques podría quedar reducido a un abogado defensor de lujo. El "Jefe" Karina Milei no tolera las esquirlas que manchan al León. Si el Caso Libra escala, Juan Bautista podría verse obligado a una purga interna en Comodoro Py para "ofrecer una cabeza" y calmar las aguas, arriesgando su propia construcción de poder en el Consejo de la Magistratura.<h3>Escenario 3: La "pax judiciaria" o el pacto de no agresión</h3>El análisis más cínico que circula en los pasillos de Comodoro Py sugiere que este despliegue de fuerza busca, en realidad, un equilibrio de terror. Cristina exhibe su conocimiento sobre Libra para que el Gobierno entienda que "ir por todo" tiene un costo nuclear. La sombra de Bindi y la ferocidad de la expresidenta sugieren que, si Mahiques intenta acelerar la condena firme de Vialidad para proscribirla, el ventilador de la criptoestafa no dejará a nadie en pie.<h3>Conclusión técnica</h3>Desde el punto de vista del derecho penal, la declaración de ayer fue una "excepción de falta de acción" de facto. Cristina Kirchner transformó un juicio oral por su pasado en una interpelación sobre el presente del Poder Ejecutivo. Al apuntar contra Taiano y por elevación a Mahiques, la "Doctora" demostró que, aun bajo arresto domiciliario y con condenas a cuestas, sigue manejando la gramática del poder.&nbsp;

Abrazo de oso: CFK puso a Mahiques como el "ministro de la impunidad"

Corruptos prófugos transportados clandestinamente por tierra. Sobres con cien mil dólares en efectivo. Documentos de nacionalidad argentina truchos, estadías ocultas en Palermo y la connivencia de la Gendarmería y el ministerio de Seguridad durante y post Pandemia . Todo ese cóctel de delitos, irregularidades, sociedades y lavado es lo que le endilgan en esta entrevista exclusiva de Newstad a Alejandro Ciro Alvarez, amigo y socio del abogado <a href="https://www.newstad.com.ar/acusan-a-marcela-pagano-y-franco-bindi-de-financiarse-con-venezuela">Franco Bindi</a>.Lo hace la abogada Giselle Robles, quien detallo cómo trasladaron al menos cuatro personas desde Ecuador a Recoleta para cobrar alrededor de medio millón de dólares por las operaciones. Hoy Alvarez es el subsecretario de políticas universitarias, en ese entonces cobraba como docente de la UBA, de la Universidad de La Matanza y como asesor del Congreso.&nbsp;Eran tiempos de Pandemia, Alejandro Ciro Alvarez y su amigo y socio Franco Bindo, abogado vinculado a los servicios, buscaban negocios para hacer producto de los contactos con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Había hospedado a Evo Morales, a la embajadora de la dictadura Venezolana en Argentina, a residentes de dudosa legalidad, y fueron por más.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2026/03/juntos.jpeg" alt="JUNTOS"><figcaption>Juntos. Bindi encargado de contactos con Venezuela, Bolivia y Ecuador.</figcaption></figure>Alejandro Ciro Alvarez, siempre en palabras y documentación a la que accedió Newstad en base al trabajo de Giselle Robles, creó un sistema de reclutamiento de millonarios ecuatorianos que pagaban una tarifa básica de cien mil dólares por el traslado desde Ecuador a Argentina de forma ilegal, traspasando todas las fronteras.&nbsp;Robles detalla en la charla con Newstad el rol de Bindi, cómo la sociedad funcionó y funciona actualmente, el barco que compraron juntos, un proyecto de Real State en San Fernando y una serie de señalamientos hasta ahora desconocidos. Personas con pedido de captura internacional, trasladados en camionetas, alquiler de choferes con previo acuerdo en las fronteras. Una película de Netflix pero durante la Pandemia y con un acuerdo entre dos regímenes populistas para traspasar personas por la frontera.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2026/03/socios.jpeg" alt="SOCIOS"><figcaption>Socios. Franco Bindi y Alejandro Ciro Alvarez querían ser socios en un emprendimiento de Real State.</figcaption></figure>Los clientes se llamaban “huéspedes” en los correos exclusivos a los que tuvo acceso Newstad. Así entonces se lograba cobrar en cash o triangular a través de sistemas cripto para hacerse luego de los dólares. Lo explica en detalle Robles, quien asegura que Bindi pudo lograr todo ese andamiaje producto de los arreglos con el poder político durante el gobierno de Alberto Fernández.Franco Bindi recibía siempre según Robles el dinero en cash de los huéspedes que viajaban por tierra. Dos veces hicieron un trayecto en avión y luego por tierra. Las fuerzas de Seguridad permitían el paso fronterizo y es una incógnita cómo se sortearon todas las fronteras con personas con pedidos de captura.&nbsp;El sistema era perfecto para el negocio: los investigados por corrupción pagaban los cien mil dólares que incluían los traslados, la llegada a Argentina y el hospedaje con asistencia y la generación de documentos argentinos. Algo que dependía de Florencia Carignano, actual diputada de Unión por la Patria.Gendarmería, migraciónes, Seguridad, el gobierno de Ecuador y los servicios de inteligencia, un combo que funcionó perfecto durante el periodo que se llevó a cabo el negocio.&nbsp;ACA EL VIDEO ENTERO:<figure class="media"><div data-oembed-url="https://youtu.be/7BGd4XhDzdM"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/7BGd4XhDzdM" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>&nbsp;

Acusan a Alejandro Ciro Alvarez por tráfico de personas desde Ecuador

El juez federal Ariel Lijo mantuvo el pasado 4 de febrero un encuentro oficial con el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, en la Knéset, sede del Parlamento israelí. La reunión se inscribió en la visita institucional que el magistrado argentino realizó a ese país y tuvo como eje central el fortalecimiento de la cooperación judicial frente a amenazas de alcance global.El encuentro estuvo motivado por la preocupación compartida respecto del antisemitismo, los discursos de odio y el avance del terrorismo y sus vínculos con el crimen organizado. En ese marco, se analizó la necesidad de consolidar herramientas jurídicas e institucionales que permitan dar respuestas eficaces ante fenómenos de creciente complejidad.En relación con las políticas judiciales necesarias para combatir el antisemitismo, se destacó como fundamental la capacitación de los operadores del sistema judicial, de sus colaboradores y del personal de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, se subrayó la importancia de promover instancias de educación y concientización dirigidas a la sociedad civil.Los delitos cometidos en el ciberespacio ocuparon un lugar relevante en la agenda. Estas conductas demandan nuevas formas de análisis y recolección de evidencia, así como la colaboración activa de las empresas prestadoras de servicios digitales. La capacitación en nuevas tecnologías y la modernización de los métodos de investigación resultan indispensables para no quedar rezagados frente a organizaciones que operan desde entornos virtuales y se financian mediante activos digitales, lo que dificulta su rastreo e incautación. En esa línea, la legislación debe actualizarse para contemplar este nuevo marco de actuación. La normativa debe definir con mayor precisión conceptos que aún carecen de delimitación clara.Durante el diálogo, ambos funcionarios coincidieron en que los desafíos actuales exceden las fronteras nacionales. El terrorismo internacional, el financiamiento ilícito y las redes criminales transnacionales fueron identificados como fenómenos que requieren respuestas coordinadas entre los sistemas judiciales. También se abordó la necesidad de proteger instituciones comunitarias frente a riesgos que, en muchos casos, se originan o amplifican a través de entornos digitales.Uno de los puntos destacados fue la conveniencia de impulsar instancias de capacitación conjunta. Se propuso avanzar en programas destinados a fuerzas de seguridad, empleados judiciales y funcionarios públicos, así como en la elaboración de protocolos comunes de actuación que permitan respuestas más eficientes ante amenazas complejas. La cooperación técnica y el intercambio de experiencias fueron considerados herramientas clave para fortalecer las capacidades institucionales.La conversación incluyó además la preocupación por el crecimiento de la radicalización en línea y las campañas de desinformación que afectan la estabilidad democrática. Se coincidió en la necesidad de reforzar políticas orientadas a combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia que encuentran en internet un canal de rápida propagación.Otro de los temas abordados fue el rol del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y el Crimen Organizado Internacional (ISETCO), dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El instituto impulsa investigaciones interdisciplinarias destinadas a fortalecer la democracia frente a amenazas como el crimen organizado y el terrorismo, fenómenos que han adquirido mayor sofisticación en los últimos años.La agenda del ministro Levin aporta contexto al encuentro. En octubre de 2025 presentó ante la Knéset un proyecto legislativo para crear un tribunal penal especial destinado a juzgar a acusados de participar en los ataques y masacres del 7 de octubre de 2023. La iniciativa contempla la posibilidad de imponer penas de muerte en caso de condena.Según la propuesta, el tribunal estaría integrado por 15 jueces con aptitud para desempeñarse en la Corte Suprema de Israel o por juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores, considere idóneos. El proyecto generó un intenso debate político en un contexto marcado por tensiones internas y por la continuidad del conflicto en la región.El encuentro en la Knéset consolidó una agenda común en un escenario global donde las amenazas híbridas —desde el terrorismo hasta la manipulación digital— exigen respuestas articuladas entre Estados y sistemas judiciales.Cabe señalar que desde el entorno de Lijo se prevé la realización de reuniones similares con funcionarios de otros países en materia de cooperación judicial, en el marco de una estrategia orientada a profundizar los mecanismos de colaboración internacional.

Ariel Lijo fue a Israel para trabajar el combate al antisemitismo, el crimen organizado y los discursos de odio

A propósito del aberrante fallo recaído años atrás en la sede del Alto Tribunal, cabe señalar que la doctrina sentada por la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Tiscornia">Corte Suprema de Justicia de la Nación</a> en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”, según la cual los tratados y convenciones internacionales —en particular los referidos a los derechos humanos— tendrían una jerarquía superior a la de la Constitución, ha implicado un cambio profundo y radical que suscita una seria preocupación entre los ciudadanos partidarios de la vigencia plena de los principios que fundamentan un Estado de Derecho.Uno de esos principios, que ocupa el primer nivel de la denominada pirámide jurídica, es el de la supremacía constitucional, establecido en el artículo 31 de nuestra Ley Fundamental. Dicho principio, hasta el dictado de esos pronunciamientos, jamás había sido puesto en duda en los precedentes jurisprudenciales del más alto tribunal del país.Es probable que, al sentarse el principio opuesto, no se hayan evaluado debidamente todas las consecuencias negativas que, para la seguridad jurídica y para la propia vigencia de los derechos humanos, puede generar la proyección de una interpretación que se asemeja más a una invención literaria que a una auténtica construcción jurídica.De aplicarse una regla semejante, debería admitirse también la posibilidad de que cualquier tratado al que el Congreso le asigne jerarquía constitucional —según el procedimiento previsto en el artículo 75, inciso 22, in fine, de la Constitución Nacional— pueda modificar la Constitución misma. Ello implicaría transformar al Poder Legislativo en poder constituyente, alterando las bases esenciales del sistema rígido que caracteriza a nuestra Ley Fundamental y el procedimiento específico de reforma que la misma establece.Esta nueva corriente interpretativa echa por tierra principios básicos como el de legalidad, la irretroactividad de la ley penal, la aplicación de la ley penal más benigna para el imputado, el respeto por los derechos adquiridos y la cosa juzgada. Tales principios no pueden ser alterados —so pretexto de reglamentación— por imperio del artículo 27 de la Constitución Nacional.En efecto, el propio artículo 27 de la Ley Fundamental condiciona la vigencia y validez de los tratados a que sus cláusulas sean compatibles con los principios de derecho público establecidos en la parte dogmática de la Constitución. En buen romance, ello significa que cualquier tratado que los vulnere o contenga normas incompatibles no puede aplicarse en el territorio de la República Argentina.El pretendido reconocimiento de la retroactividad de la ley penal a partir de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad conculcaría los principios del sistema constitucional argentino, y además no surge de las leyes que aprobaron dicha Convención (leyes 24.584 y 25.778).Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apoya, para sostener lo contrario, en un más que discutible “ius cogens”, un ambiguo derecho imperativo del orden internacional, sin determinar con un mínimo grado de precisión cómo se originaría su aplicación universal y generalizada, y ello en abierta contradicción con los principios garantísticos del derecho penal clásico, vigentes de manera pacífica en las democracias desde hace siglos.Por otra parte, la citada Convención se limita a regular la imprescriptibilidad de las acciones penales relativas a los delitos definidos en el Estatuto Militar de Núremberg, sin establecer interdicción alguna respecto de los actos de amnistía o indulto, ni impedir la regulación interna de la obediencia debida. Tampoco consagra su aplicación retroactiva ni adopta el régimen jurídico excepcional que presidió el juicio a los criminales de guerra nazis.Finalmente, la propia Constitución Nacional establece de manera expresa que la jerarquía de los tratados no es superior a los postulados de la parte dogmática de la Carta Magna (artículos 27 y 31 de la Constitución Nacional).Lo expuesto se encuentra en línea con la doctrina jurisprudencial sentada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, mediante la sentencia n.° 20 del 22 de febrero de 2013, en la cual se declaró inaplicable la doctrina consagrada por la CIDH en el precedente “Gelman vs. Uruguay”, por vulnerar los artículos 10 y 70 de la Constitución uruguaya y, en consecuencia, el principio de soberanía popular.

Cuando los tratados pretenden estar por encima de la Constitución

&nbsp;La siguiente crónica alarmante rompe con todos los estándares de seguridad y el buena vida que permanentemente ostenta o quiere intentar ostentar la Ciudad de Buenos Aires. Newstad escuchó de primera mano el infierno de un menor abusado y maltratado en instituciones porteñas. También escuchamos la súplica de su madre, que vivió esta pesadilla mientras su hijo, además, también estuvo desaparecido.&nbsp;Todo acá, ni en la frontera, ni en Formosa, ni en ningún país vecinos. Acá, en la Ciudad de todos los argentinos, B. de sólo 11 años, sufrió todos los maltratos posibles.&nbsp;Al menor lo llamaremos a partir de ahora “B” para preservar su identidad. Pero los datos bien duros y ciertos son que B tiene apenas 11 años y fue abusado en el Centro de Atención Transitoria III y el Hogar La Casa de Coca , un centro dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.Según se describe en documentos públicos de la Ciudad, La Casa de Coca “garantiza la adecuada cobertura de necesidades de protección de los niños y adolescentes que allí se alojan”. Pero esta no pareció ser la experiencia que vivió B.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/12/casa_de_coca.jpeg" alt="Casa de Coca"><figcaption>Boletín Oficial del Gobierno de CABA con las características y objetivos de La Casa de Coca</figcaption></figure>Según su madre, Giselle, su hijo, con Trastorno Oposicionista Desafiante, sufrió en ambos establecimientos un notorio descuido de su salud integral. “En el CAT III sufrió abusos físicos y psicológicos. Lo mismo pasó en La Casa de Coca. Ahí fue evidente el maltrato, el descuído. Se le hacía infección en los pies. Le robaban y le rompían sus cosas. También estuvo muy golpeado. Él nunca se animó a decirme si fueron sus compañeritos o quienes debían cuidarlo, que desde ya no lo hicieron”.&nbsp;Todo esto ocurrió debido a que en su momento Giselle quedó en la calle. La mujer afirma que fueron insistentes sus pedidos para recibir algún tipo de subsidio habitacional, teniendo en cuenta la urgencia de tener a B. y otra hija con ella. La respuesta fue tajante y carente de empatía: “Cuando te quedes en la calle llamá al 108”, dice Giselle que escuchó del otro lado del teléfono por parte de la Defensoría Zonal Nro 12. Por lo tanto a la madre no le quedó otra opción que entregarlo a estos centros de cuidado de la Ciudad.&nbsp;Luego de estas vivencias traumáticas años atrás, el calvario para B fue hasta hace horas todavía peor. El menor que hoy tiene 11 años, salió de su casa y se perdió….. y termina internado en el Hospital Ramos Mejía bajo condiciones de supervisión por demás irregulares.&nbsp;“El 30 de septiembre ingresó al Ramos Mejía. Estuvo sin colegio 10 semanas. Solicité la orden de retención del menor y no me la daban”, denuncia la mamá de B. Los audios del menor, a los que tuvo acceso Newstad, son escalofriantes: "“No quiero estar mas en el hospital, ya van 7 semanas y no aguanto más. No quiero estar más acá, quiero ir con mi mamá, estoy harto, no aguanto más. Por favor hagan algo, no aguanto más”.Y hubo un hecho inaceptable, otro más, relatado por el menor: “Un oficial amenazó con fracturarle un dedo. Dijo que están autorizados a esposarlos y golpearlos. Pero tiene 11 años, no es un delincuente", relata la madre, como puede, a este periodista.&nbsp;B no soportó más y escapó, por lo que estuvo desaparecido durante casi un día hasta que fue encontrado este lunes por la tarde. B estuvo, siendo menor y con un trastorno, expuesto durante horas a cualquier otro desastre, <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/trata">a la trata, el peor escenario para una infancia</a>. Pero el miedo no termina: “Mi terror más grande es que la fiscalía dictamine que yo tenga que llevar a mi hijo a estos centros donde ya fue abusado o de nuevo al hospital donde fue amenazado y escapó”.&nbsp;Giselle hizo estas denuncias en la Fiscalía 22 y continuará en contacto con Newstad en horas en las que todo es incertidumbre para ella y su hijo B.&nbsp;

Denuncian abuso y maltrato infantil en institutos de menores porteños

“Si hubiese sido yo el que le hizo esto a mi hija, ya estaría preso”. Las palabras de Agustín a Newstad ratifican que no se cumple el principio de inocencia que rige en la Argentina. O mejor dicho, no rige para todos y todas por igual.Este caso de extrema violencia que vive Agustín conmociona a la ciudad de 9 de Julio. Una mujer intentó degollar a su hija de tan solo 11 años y, pese a la gravedad del ataque, la Justicia la declaró inimputable, lo que generó un profundo reclamo por parte del padre de la víctima, quien teme por la integridad de la niña y denuncia una situación de absoluta impunidad.El hecho quedó registrado con fotografías que forman parte del expediente judicial y confirman la brutalidad de la agresión. La nena sobrevivió gracias a que logró escapar y pedir auxilio.Tras el ataque, la mujer fue sometida a pericias psiquiátricas. Los especialistas determinaron que no comprendía la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, la Justicia resolvió declararla inimputable. Por esa razón, no recibirá una condena penal y quedó sujeta únicamente a medidas terapéuticas.<h2>El reclamo del padre</h2>Agustín denuncia que la resolución no garantiza la seguridad de su hija. Asegura que la agresora continúa representando un riesgo real y exige que se adopten medidas estrictas de contención y control.“No quiero que mi hija sea otro Lucio”, expresó aludiendo al caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja, un crimen que expuso fallas severas en los sistemas de protección infantil. Para él, la similitud es evidente: la violencia, el desamparo y un aparato judicial que —según afirma— vuelve a fallarle a un menor. “Si me daban la tenencia, esto no pasaba”, lamentó.&nbsp;El caso reabre el debate sobre el tratamiento judicial de personas declaradas inimputables en episodios de violencia familiar. El principal cuestionamiento es la falta de mecanismos eficaces de seguimiento: la inimputabilidad evita la pena, pero no asegura que las víctimas queden protegidas.Este tipo de resoluciones evidencian vacíos estructurales: falta de controles, ausencia de dispositivos de protección sostenida y escasa coordinación entre el fuero penal y los organismos de niñez.Mientras la investigación continúa bajo la figura de tentativa de homicidio, el padre insiste en que su hija necesita “respuestas concretas del Estado”. Afirma que no se trata solo de reclamar justicia, sino de evitar una tragedia anunciada.“Ya vimos lo que pasa cuando nadie escucha. Mi hija tuvo suerte esta vez. La próxima no sé”, advirtió.<h2>El reclamo de un pueblo&nbsp;</h2>Esta semana los ciudadanos de 9 de julio reaccionaron y acompañaron a Agustín y su pareja en el pedido de que el sistrma de Salud y de Justicia reaccione a tiempo. La marcha es por sentido común: 9 de julio no puede convivir con esta mujer suelta por sus veredas: debe ser encerrada en un centro de salud mental urgente.A pesar de esta terrible historia, la reacción de un pueblo es otro síntoma positivo del cambio de época contra la <a href="https://www.newstad.com.ar/otro-dia-del-padre-lleno-de-dolor-una-mujer-nazi-lo-separo-de-sus-hijos">Justicia sesgada</a>. La sociedad ya despertó. Los responsables también deben hacerlo a tiempo, antes de que el final sea el que no queremos relatar, una vez más.&nbsp;<figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=Izhn33oRBSA"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Izhn33oRBSA" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>

Otro caso Lucio Dupuy se está gestando: ¿vamos a permitirlo?

El municipio de Pinamar oficializó, mediante un decreto firmado en la madrugada, la desvinculación de Norma Beatriz Watson, histórica jefa del área de Tesorería y empleada de planta permanente desde hace más de tres décadas. La funcionaria carga hoy con una imputación penal por un presunto desfalco millonario que sacude a la administración local.La causa judicial ya reúne pruebas significativas. Según consta en el expediente, se incorporaron 11 videos registrados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se ve a Watson tomando fajos de dinero de la caja municipal y guardándolos en su cartera durante su horario laboral. Las imágenes —que circularon con rapidez entre empleados y vecinos— precipitaron la decisión de apartarla de manera definitiva.<h2>El descontrol contable</h2>Los investigadores detectaron, además, un conjunto de irregularidades que excede lo captado por las cámaras: maniobras adulteradas, diferencias sistemáticas de caja, doble registración de ingresos y movimientos irregulares en la cuenta “Ingresos Pendientes”, un espacio contable que, en la práctica, habría funcionado como un limbo administrativo.La fiscalía trabaja para determinar el monto total del presunto desfalco y desde cuándo se habría extendido. Lo único confirmado hasta ahora es que se trata de sumas millonarias, una cifra que en Pinamar se volvió inquietantemente familiar en los últimos años.<h2>La defensa y un argumento insólito</h2>Con 59 años y más de 30 de antigüedad municipal, Watson estaba —según versiones internas— a meses de iniciar su jubilación. Su defensa ensayó una versión tan inesperada como polémica: sostuvo que el dinero visto en las filmaciones era suyo, y que debido a la inseguridad en Pinamar prefería transportar diariamente una suma equivalente a una fortuna.<h2>Ibarguren: “Actuamos desde el primer momento”</h2>El intendente Juan Ibarguren brindó su versión oficial y detalló los pasos administrativos que siguió la comuna desde que se descubrieron los movimientos sospechosos. En declaraciones textuales afirmó:“En enero de este año detectamos irregularidades cometidas por una empleada municipal de planta permanente hace 30 años, que se desempeñaba como jefa de Departamento en Tesorería, es decir, el cargo más alto dentro de la carrera administrativa municipal. Apenas se verificaron los movimientos sospechosos dimos aviso a la Justicia e iniciamos de inmediato el sumario correspondiente y las presentaciones judiciales pertinentes.”Ibarguren explicó además que la vía interna requirió un proceso extenso:“La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde.”En paralelo, destacó la existencia de una causa penal en curso:“Hay una causa penal en manos de la Justicia, que está avanzando en la investigación para determinar las responsabilidades y los alcances del perjuicio. La ex empleada ya fue imputada y el proceso continúa.”Finalmente, subrayó que el Ejecutivo actuó con celeridad y transparencia:“Lo importante es que el Municipio actuó desde el primer momento, con transparencia, siguiendo todos los pasos legales y colaborando con la Justicia en todo lo que corresponde.”<h2>El trasfondo político y las críticas cruzadas</h2>Mientras avanza la investigación, desde sectores internos del municipio apuntaron también contra la fiscalía y la Policía Federal por no detener a la funcionaria cuando abandonaba el edificio municipal. Esas críticas fueron transmitidas por el vocero del intendente Diego Andrés Uribe.&nbsp;

Pinamar echó a la jefa de Tesorería por un desfalco millonario

La investigación judicial por el presunto pago de coimas y sobornos en la provincia de Entre Ríos incorporó nuevos elementos que comprometen al exgobernador Gustavo Bordet. Los peritajes realizados sobre los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —acusados de encabezar una red de pagos ilegales— aportaron más de 25.000 páginas de chats, audios y fotos, donde aparecen 98 menciones directas al exmandatario provincial.De acuerdo con los documentos analizados, los hermanos Tórtul, vinculados a una empresa de seguridad privada, habrían utilizado contactos dentro del Estado para conseguir contratos con la firma provincial de energía Enersa, a cambio de beneficios económicos para funcionarios y dirigentes. Los mensajes detallan sumas de dinero, reuniones privadas y gestiones ante organismos públicos.<h3>Una cadena de mensajes reveladora</h3>Los chats comienzan en diciembre de 2016 y se extienden hasta abril de 2024, cuando los teléfonos fueron secuestrados. En ese lapso, los Tórtul describen pagos, favores políticos y contactos con funcionarios. Uno de los mensajes más llamativos data de 2019, cuando se menciona una supuesta entrega de 1,1 millones de pesos “para Bordet”, acompañada de referencias a facturaciones y movimientos financieros.En otro tramo, los empresarios hablan de una reunión con el entonces gobernador y de una visita a una quinta junto a su esposa, donde se habría planificado una inversión inmobiliaria. El tono de los mensajes sugiere una relación de confianza y una operatoria sostenida a lo largo de varios años.<h3>Negocios, favores y nombres propios</h3>Los investigadores sostienen que los hermanos Tórtul usaron una empresa interpuesta, Tornell SA, para canalizar los pagos. También aparecen mencionados exfuncionarios provinciales vinculados a Enersa y a otras áreas de planificación. En los intercambios se describen “adelantos de dinero”, “favores” y una posible participación en el proyecto de desarrollo del ex Hipódromo de Paraná, una operación que, según los chats, contaba con apoyo político.Las conversaciones además hacen referencia a la muerte de uno de los presuntos intermediarios y a los reemplazos dentro de la red de contactos. En 2020, los empresarios discuten si conviene “cambiar de interlocutor” y tratar directamente con Bordet, lo que para los investigadores confirma la centralidad de su figura en el esquema.<h3>La defensa del exgobernador</h3>Tras conocerse la existencia de los chats, Gustavo Bordet negó cualquier vínculo con maniobras irregulares y aseguró que las menciones a su nombre son indirectas o sacadas de contexto. Admitió haber conocido a Claudio Tórtul únicamente por su papel como presidente de un club social, pero calificó de falsas las acusaciones sobre pagos o gestiones vinculadas a contratos públicos.No obstante, los fiscales consideran que la coincidencia de fechas, montos y nombres da fuerza probatoria al material y permite reconstruir un circuito de sobornos que habría funcionado durante varios años en la administración entrerriana.<h3>Un caso que puede marcar precedente</h3>El análisis de los 25.557 registros digitales continúa y podría derivar en nuevas imputaciones. Las pruebas no solo exponen una presunta red de corrupción, sino también una estructura empresarial montada para lavar dinero a través de inversiones inmobiliarias.Si los investigadores logran probar la trazabilidad de los fondos, el caso se transformará en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de Entre Ríos en la última década, con derivaciones que alcanzarían a exfuncionarios, empresarios y dirigentes partidarios.Por ahora, el expediente sigue sumando pruebas y declaraciones que ponen a Gustavo Bordet en el centro de una trama de corrupción, poder y dinero que amenaza con sacudir la política provincial.

Nuevos chats complican al exgobernador Gustavo Bordet

La crisis en el Sindicato de Camioneros volvió a estallar. Empleados de los sanatorios del gremio denunciaron que no cobran sus salarios completos, responsabilizando a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y administradora de la obra social sindical. Las protestas se replicaron en distintos centros médicos, donde los trabajadores exigen la regularización inmediata de sus haberes.En el Sanatorio San Justo, propiedad del gremio, los empleados colgaron carteles con mensajes directos: “Zulet, no tenemos miedo: queremos nuestra plata”. Según los trabajadores, se abonó solo la mitad del sueldo y no hay fecha de pago para el resto.<h3>Un conflicto que expone divisiones internas</h3>El conflicto salarial se da en medio de una fuerte interna familiar y gremial entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano, quienes disputan el liderazgo del sindicato. Zulet, señalada como figura clave en la estructura administrativa, concentra el control del holding médico Iarai SA, que gestiona los sanatorios del gremio junto a sus hijos, Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet.La obra social de Camioneros, considerada durante años la base económica del poder moyanista, atraviesa ahora una crítica situación financiera, con deudas millonarias y servicios médicos reducidos. Los trabajadores denuncian falta de insumos, demoras en los pagos y suspensión de turnos médicos, lo que afecta a miles de afiliados en todo el país.<h3>Endeudamiento y aportes extraordinarios</h3>La obra social acumula una deuda cercana a los 26.000 millones de pesos en distintas seccionales del país. Para sostenerla, se estableció un aporte mensual extraordinario de $20.000 por trabajador, autorizado por la Secretaría de Trabajo, pese a las críticas del Ministerio de Desregulación.Este esquema financiero, lejos de resolver la crisis, generó malestar entre empresarios y empleados, que acusan a la conducción gremial de manejar los fondos sin transparencia.<h3>Clínicas en crisis y servicios interrumpidos</h3>Los sanatorios Antártida y San Justo, presentados en su momento como “clínicas modelo” del sindicato, redujeron su atención médica diaria. Los médicos reclaman actualizaciones salariales y advirtieron sobre la posibilidad de renuncias masivas si no se regularizan los pagos.Mientras tanto, Zulet intenta retener al personal y contener el deterioro de la estructura sanitaria del gremio. Sin embargo, las denuncias por falta de sueldos y la creciente presión sindical han dejado expuesta una crisis que trasciende lo económico y golpea la imagen del clan Moyano.<h3>Un emblema en decadencia</h3>La obra social de los camioneros, durante años símbolo del poder sindical de Moyano, se enfrenta hoy a una de sus peores crisis financieras y de conducción. La falta de pago a los empleados, los reclamos por mala gestión y las divisiones internas marcan un punto de inflexión en la historia del gremio más poderoso del país.

Denuncian a la esposa de Hugo Moyano por no pagar sueldos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al rechazar los recursos presentados por su defensa y por la fiscalía. El exfuncionario fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.A poco de conocerse la decisión, el Tribunal Oral Federal N°4 —que dictó la condena y debe ejecutarla— convocó a De Vido para este jueves 13 de noviembre a las 10:00 con el objetivo de hacer efectiva su detención. La resolución lleva la firma del juez Ricardo Basílico y aclara que se garantizará su conexión remota al juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, donde también está imputado como miembro de una asociación ilícita.<h3>La resolución del máximo tribunal</h3>Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por “inadmisibles” los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa del exministro y el Ministerio Público Fiscal. Lo hicieron mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin mayor fundamento cuando no se advierten razones de gravedad institucional.Con esta decisión, la condena quedó firme y De Vido deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.<h3>Un largo camino judicial</h3>La causa se originó tras el choque del tren chapa 16 en la estación de Once, que dejó un saldo de 51 muertos y cientos de heridos. En 2015, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los propietarios y directivos de TBA, y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.Los jueces concluyeron que el accidente se produjo por falta de mantenimiento y negligencia operativa, a pesar de los fondos que el Estado había destinado para mejorar el servicio ferroviario. En esos fundamentos se ordenó avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas del entonces ministro de Planificación.En 2018, el TOF N°4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no controló el uso de los subsidios asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). No obstante, fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes del siniestro.<h3>Ajuste de pena y confirmación final</h3>La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema. En un fallo de agosto de 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal de De Vido, pero ordenó dictar un nuevo monto de pena, al considerar que no estaba debidamente fundamentado por qué debía recibir una sanción más alta que otros imputados condenados tanto por fraude como por las muertes.Tras esa orden, otra sala de Casación fijó la pena definitiva en cuatro años de prisión. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron nuevamente: el Ministerio Público por considerar la pena leve y la defensa por sostener que debía reducirse o prescribirse la causa.Finalmente, este martes, la Corte rechazó ambos planteos y cerró la discusión judicial, dejando firme la sentencia.<h3>Próximos pasos</h3>De Vido deberá presentarse este jueves 13 de noviembre, a las 8:30, en los tribunales federales para quedar detenido. El horario fue adelantado por coincidir con la audiencia del caso Cuadernos de las Coimas, en el que también es juzgado.El exministro ya acumula otras condenas por corrupción, entre ellas cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y otra por fraude en la compra de gas natural licuado (GNL).Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a una de las causas más emblemáticas de la última década, que marcó un punto de inflexión en el control de la gestión pública y en la búsqueda de justicia por una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia argentina.

Quedó firme la condena a Julio De Vido por la Tragedia de Once

La historia comenzó en 2018, cuando salieron a la luz los ocho cuadernos del chofer Óscar Centeno. En ellos, durante años registró con detalle la entrega de bolsos con dinero que circulaban entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Planificación. Newstad mostró en exclusiva los cuadernos que transportaron la corrupción kirchnerista proveniente de Venezuela y la obra pública por primera vez bajo la supervisación de Jorge Taiana como Canciller.Las anotaciones, con fechas, montos y destinatarios, dieron origen a una investigación judicial sin precedentes. Según la fiscalía, aquel circuito de recaudación funcionó entre 2003 y 2015 y benefició a contratistas de obra pública, energía, transporte y servicios. El sistema estaba coordinado desde la cúpula del poder político y Néstor y Cristina Kirchner encabezaban una estructura destinada a obtener sobornos.Con el avance de la causa, fueron procesadas 87 personas: 19 exfuncionarios, dos choferes y 64 empresarios. El expediente se dividió en seis tramos, luego unificados para este debate oral, que concentra los hechos más graves y emblemáticos de la investigación.Arranca el juicio: todos conectados y bajo la lupaEl 6 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N.º 7 dio inicio formal al juicio. En la sala de Comodoro Py estuvieron los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli; la mayoría de los imputados, incluida Cristina Kirchner, siguió la audiencia de manera remota.Durante la apertura se leyó el primer requerimiento de elevación a juicio, un documento de casi 700 páginas que detalla la ruta del dinero, las pruebas periciales y los testimonios inicialesCristina Kirchner apareció en pantalla desde su domicilio en Buenos Aires. El presidente del tribunal pidió que todos los acusados mostraran su rostro ante cámara, algo que debió recordarse varias veces ante quienes intentaban permanecer fuera de foco.Las audiencias se desarrollarán los jueves por la mañana y se transmitirán en vivo por <a href="https://youtube.com/@newstadok?si=zF3zfIq2EvqCci6a">YouTube</a>. A partir de marzo de 2026 se sumarán jornadas los martes. Solo la lectura de los autos de elevación demandará hasta mediados de diciembre; después llegarán las indagatorias y los testigos, más de 440 en total. Todo indica que el proceso se extenderá al menos hasta 2027.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/11/de_vido.jpeg" alt="DE VIDO"><figcaption>Vuelta carnero. El ex ministro Julio De Vido, de cabeza durante la transmisión.</figcaption></figure>Empresarios en el banquillo: entre la colaboración y la presiónAdemás de los exfuncionarios, el juicio tiene como protagonistas a 63 empresarios de los principales grupos económicos del país. Representan sectores como la construcción, energía, logística y transporte.Veinte de ellos se acogieron al régimen de arrepentidos y admitieron haber pagado sobornos. Otros 46 intentaron cerrar acuerdos económicos ofreciendo unos 13 millones de dólares como reparación, pero el tribunal rechazó la propuesta por considerar que el perjuicio al Estado no podía ser compensado con dinero.Entre los testimonios más relevantes, el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, reconoció aportes por casi un millón de pesos y describió una “exigencia dineraria” constante. Aldo Roggio relató entregas periódicas destinadas a campañas y subsidios. Benjamín Romero, de Hidrovía SA, declaró que debió pagar medio millón de dólares por año para conservar concesiones.Algunos ejecutivos admitieron presiones directas de funcionarios y financistas ligados al Ministerio de Planificación: quien no cumplía, veía paralizadas sus obras o suspendidos los pagos.Las condenas, si se confirman los cargos, podrían acumular más de 400 años de prisión entre todos los acusados.El rol de Cristina Kirchner y la controversia sobre las pruebasLa ex presidenta enfrenta el juicio desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por otra causa. La fiscalía la considera jefa de la asociación ilícita, señalando que los fondos recaudados terminaban en residencias vinculadas al matrimonio Kirchner.Testimonios de exfuncionarios y empresarios indican que el dinero habría circulado entre la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y un departamento en la calle Uruguay. Algunos de los imputados, como José López y Ernesto Clarens, describieron aportes regulares provenientes de empresas adjudicatarias de obra pública.La defensa, por su parte, niega los cargos y cuestiona la validez de las pruebas. Argumenta que los cuadernos contienen tachaduras y sobreescrituras, y que las declaraciones de los arrepentidos fueron tomadas bajo presión. Sin embargo, las pericias confirmaron que los manuscritos pertenecen a Centeno, y los tribunales superiores rechazaron los planteos de nulidad.Expectativas y próximos pasosEl juicio de los Cuadernos se perfiló como el proceso por corrupción más grande de la historia judicial argentina. Su relevancia institucional es enorme: reúne a una ex presidenta, ministros, secretarios y los principales contratistas del Estado en un mismo expediente.Por la cantidad de pruebas, testigos y acusados, se espera que el debate se prolongue durante varios años y que la sentencia llegue recién hacia 2027. De confirmarse las imputaciones, el fallo sentará un precedente para futuras investigaciones sobre transparencia y financiamiento político.Más allá de las posturas, el caso vuelve a poner en debate la relación entre el poder político y el empresariado en la Argentina. Para la fiscalía, probar la existencia del sistema recaudatorio significará cerrar una etapa de impunidad; para las defensas, en cambio, el proceso es un “espectáculo judicial” con fines políticos.El resultado final aún está lejos, pero el megajuicio de los Cuadernos ya marca un nuevo capítulo en la historia reciente del país.Para más información: <a href="https://www.newstad.com.ar/jorge-taiana-el-candidato-que-cuido-la-corrupcion-y-siempre-supo-todo">Jorge Taiana: el candidato que cuidó la corrupción y siempre supo todo</a>

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