Tras la confirmación del juez federal Ernesto Kreplak de que las muertes por fentanilo adulterado ascienden a 76, hasta ahora, el PRO renovó este lunes su reclamo para que el Congreso cree una comisión investigadora que esclarezca el caso y determine responsabilidades.&nbsp;Decimos hasta ahora, porque se aplicaron 45 mil dosis de uno de los lotes del fentanilo contaminado. Se trata de una tragedia sanitaria con consecuencias finales impredecibles.La diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, advirtió que el caso tiene “tres aristas: las muertes, la vinculación con el narcotráfico y el lavado de dinero”. Por eso acusó al oficialismo de “complicidad” por impedir que el tema se tratara durante tres sesiones consecutivas.La iniciativa fue frenada el pasado jueves en la Cámara de Diputados por el bloque kirchnerista por motivos por ahora inconfesables, aunque algo empieza a salir a la luz."Este laboratorio nunca pudo haber accedido a las autorizaciones. Encontramos en la causa cruces de domicilios legales, testaferros, funcionarios del kirchnerismo" señaló Giudici, al referirse a HLB Pharma Group y su laboratorio Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro, exdueño del canal de noticias opositor IP Noticias.La legisladora también denunció que “cinco kilos de fentanilo en polvo desaparecieron” antes del primer allanamiento ordenado por Kreplak. “Supuestamente habían sido incinerados, pero sin ningún testigo o perito de ANMAT presente”, cuestionó.Giudici sostuvo que “hay un tema muy oscuro de encubrimiento” y que la investigación “no ha sido exhaustiva” ni se retiró de forma efectiva el total del lote adulterado de hospitales públicos y privados. Además, apuntó contra el juez Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak: “Ya nos parece un poco lenta la investigación, tendrían que actuar más rápido para eliminar sospechas”.El último jueves, el PRO denunció que tras 12 horas de sesión en Diputados, cuando debía votarse la creación de la comisión, “los bloques de la oposición y el kirchnerismo decidieron levantarse”. Para Giudici, esta actitud “deja en evidencia las conexiones entre el kirchnerismo y los responsables de las muertes”.La bancada opositora busca que la comisión investigue toda la cadena de producción y distribución del fentanilo y otros productos farmacéuticos de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, así como el rol de droguerías y establecimientos sanitarios involucrados.<h2>Ariel García Furfaro: evasor y empresario de medios frustrado</h2>Ya hace años que Ariel García Furfaro suma todas las condiciones de un empresario flojo de papeles. La Justicia lo procesó sin prisión preventiva por la compra fraudulenta del laboratorio HLB Pharma Group en 2017. Según la investigación, el empresario se comprometió a pagar un millón de dólares pero solo abonó US$ 400.000, con cheques sin fondos y bienes que nunca entregó.&nbsp;Furfaro no solo enfrenta cargos por la tragedia sanitaria, sino también por evasión impositiva, amenazas y falsificación de documentos para importar sustancias químicas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con la Dirección General Impositiva, presentó una denuncia penal contra HLB Pharma Group por evasión tributaria agravada.Según el organismo, durante 2019 y 2020 la firma computó créditos fiscales con facturas emitidas por proveedores apócrifos, es decir, empresas sin capacidad operativa ni financiera real. Estas maniobras, detectadas en tareas de fiscalización, habrían tenido como objetivo disminuir fraudulentamente la carga impositiva.La presentación judicial detalla que la maniobra permitió evadir el pago del IVA por un total de $7.222.659,86, discriminados en $3.183.096,12 correspondientes al ejercicio 2019 y $4.039.563,74 al de 2020.A pesar de todos estos “problemitas”, García Furfaro siguió apostando por la Argentina y asumió a principios de este año la dirección del canal de noticias opositor IP Noticias. Por supuesto, cuando este escándalo salió a la luz y el número de muertos comenzaba a crecer, abandonó rápidamente la emisora, lo que generó que más de 30 personas se quedaran sin trabajo y el canal apagara su señal hasta que lo retomó su fundador, el sindicalista kirchnerista Víctor Santa María.&nbsp;¿Algo más? Sí. La semana pasada, el ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra HLB Pharma Group, por la presunta presentación de un certificado apócrifo para importar precursores químicos. La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N° 6 a cargo de Sebastián Casanello, fue presentada por Walter Klix, director nacional de Precursores Químicos del ministerio.&nbsp;Según la presentación, la empresa habría utilizado documentación falsificada para obtener la autorización de ingreso de sustancias químicas controladas, indispensables para la fabricación de medicamentos y también reguladas por su potencial uso en la producción de drogas ilegales.&nbsp;&nbsp;

Fentanilo contaminado: más muertes, un empresario evasor y el kirchnerismo cómplice

-Jose, ¿sos vos? Andrés pensó que su hija Josefina, caminaba de madrugada al baño.La puerta del cuarto explotó, seis hombres entraron al cuarto a matarlo sin mediar palabra. Todo es ensordecedor y Andrés se convirtió en un nudo enroscado en el piso soportando minutos de tortura. Nilda había cambiado la cama de lugar al costado de la puerta, la aburria el orden previo y Andrés coincidió con la mujer que colabora con el orden del lugar. Fue eso lo que le permitió ser un espectador privilegiado de su cacería. Empezó la tortura. Piñas, patadas, rodillazos sin pausa. Nadie habla, Andrés no sabe qué pasa, pero sabe que lo necesitan muerto.Les ofreció plata, una mac, un iphone pro max 16 y hasta el alias para depositarles toda la plata: nunca les interesó robarle. Las ropas negras lo intimidaron, nadie le hablaba, el cuarto era el infierno y lo único que podia pensar era en su hija, que ya era presa del pelotón de fusilamiento en el otro cuarto. Pensaba en Josefina, en volver a verla. En verla y ver que está viva. No sabe nada y el final no llega.-No te preocupes que no va a pasar más que esto. La frase era de uno de los encapuchados quiso tranquilizarlo, para que no se alarme. Era el ex novio de la hija, conocía perfectamente el movimiento de la casa en un barrio seguro de clase media como lo es la hermosa Villa Pueyrredón.&nbsp;Lo arrodillaron, lo ataron, lo embolsaron y le hicieron bajar la cabeza apretando su cara contra el plástico para que la asfixia facilite el trabajo de ultimarlo. Ya mareado, en una situación límite esperó el balazo final que no llegó. Una mancuerna lo desmayó de un golpe y rebalsó de sangre su cabeza herida y posteriormente la bolsa, generando una escena de crimen que encontró su hija unos diez minutos después del silencio que dejaron los asesinos al dejar el lugar.&nbsp;Andrés Mego es un liberal que lidera Hojas del Sur, una editorial alineada con las ideas liberales. Organiza la Derecha Fest, milita la causa y no duda que fueron profesionales los que lo quisieron matar. No hay huellas digitales, borraron todo, usaron guantes y desaparecieron. Una imagen de otra década, en 2025.Fue Operación Masacre. “Un fusilado vive”, escribió Rodolfo Walsh en el primer libro de non fiction que se conoció, antes que A Sangre Fría de Capote. Andrés fue fusilado, pero vive, los verdugos se fugaron pensando que un cadáver yacía en el piso de la habitación. Andrés estaba inconciente, tenía abierta la cabeza en once lugares que le generaron después más de cuarenta puntos de sutura. Su mandíbula no resistió y se la partieron al recibir patadas y la voladura de piezas dentales. Esencialmente sicarios.&nbsp;Cinco días después, Andrés se hizo maquillar. La cabeza hinchada, el cuerpo repleto de analgesia para evitar mostrar el dolor en el evento que tuvo a Javier Milei como principal orador. Hojas del Sur es la editorial que edita y da publicación libros liberales. Operación Masacre fracasó. Acá, una charla con la diputada<a href="https://www.newstad.com.ar/escrache-y-agresion-a-lilia-lemoine-la-diputada-grabo-al-violento"> Lilia Lemoine </a>y Andrés Mego para entender una noche inolvidable.&nbsp;<figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=SwHAsy3VTo4"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/SwHAsy3VTo4" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>&nbsp;&nbsp;

Andres Mego: "me torturaron sin hablar y bolsa de plástico en la cabeza, pensaron que me habían matado"

Una reciente intervención judicial logró frenar la cremación de <a href="https://www.newstad.com.ar/de-que-murio-alejandra-oliveras-el-parte-medico-del-hospital-cullen">Alejandra “La Locomotora” Oliveras</a>, emblemática exboxeadora argentina, tras la presentación realizada por el fisicoculturista mendocino Aldo Parodi junto a su representante legal, la abogada Patricia Apesteguy.La solicitud fue elevada ante la Justicia Federal bajo el encuadre de “muerte dudosa”, con el propósito de que se practique una autopsia detallada, que incluya análisis toxicológicos orientados a detectar sustancias anabólicas o ilegales en su organismo.En declaraciones a una emisora radial, Apesteguy explicó que la decisión se fundamenta en el conocimiento de su cliente sobre el funcionamiento de determinados circuitos clandestinos relacionados con el suministro de productos prohibidos en gimnasios del país.“Parodi, como atleta y campeón de fisicoculturismo, está al tanto de prácticas que podrían haber afectado a Oliveras. Existen indicios de que terceros le habrían proporcionado sustancias sin controles adecuados ni prescripción médica, con consecuencias potencialmente fatales”, señaló la letrada.La cremación de Oliveras, prevista para la mañana del miércoles 30 de julio en el cementerio municipal de Santa Fe, fue suspendida luego de que el juez interviniente diera curso a una medida cautelar solicitada por la parte denunciante, con el fin de preservar el cuerpo y habilitar los estudios forenses pertinentes.Según Apesteguy, hay preocupación creciente por el acceso irrestricto a esteroides en el mundo deportivo, tanto amateur como profesional. “Alejandra tenía un físico notablemente desarrollado en comparación con sus primeras etapas como boxeadora. En mujeres, ese tipo de transformación no ocurre de forma natural. Los anabólicos pueden alterar severamente la presión arterial y el sistema cardiovascular, lo cual podría haber incidido en el accidente cerebrovascular que sufrió”, argumentó.La abogada explicó que las autopsias tradicionales no suelen incluir este tipo de exámenes, por lo que se pidieron peritajes específicos, en el marco de posibles violaciones a la ley de estupefacientes (N.º 23.737).Apesteguy recalcó que no se trata de señalar a Oliveras, sino de analizar la posible responsabilidad de terceros que podrían haber actuado de forma negligente o dolosa. “La admiración por su figura sigue intacta. Pero si hubo personas que la expusieron a riesgos sin su conocimiento, eso debe salir a la luz”, expresó.La letrada también remarcó la dimensión pública que tenía Oliveras como referente del deporte argentino y sostuvo que la sociedad merece conocer las verdaderas causas de su deceso. “Fue una mujer luchadora, querida por todos, que atravesó situaciones muy difíciles. Su fallecimiento repentino requiere una investigación profunda”, dijo.Recordó además que la propia deportista había hablado en el pasado sobre los abusos y la desprotección sufridos durante su carrera. “Ella misma denunció que, a pesar de ser seis veces campeona mundial, terminó en la pobreza. Esas declaraciones hoy toman una relevancia diferente”, apuntó.Respecto a los familiares de Oliveras, Apesteguy aclaró que su accionar no busca vulnerar su dolor: “Este pedido no es una afrenta a su memoria ni a su círculo íntimo. Es un acto de responsabilidad para que se esclarezca lo sucedido. Con el tiempo, incluso la familia puede valorar que se busque la verdad”.La denuncia también incluye un llamado a legislar con mayor firmeza sobre el uso de sustancias en entornos deportivos. “No podemos permitir que sigan circulando productos peligrosos sin ningún control. Muchos jóvenes están expuestos a un sistema que naturaliza el uso de sustancias que pueden poner en riesgo su vida”, concluyó.La justicia ya notificó oficialmente la suspensión de la cremación, y en los próximos días se espera que comiencen los análisis forenses que podrían arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de una de las figuras más destacadas del boxeo argentino.

Locomotora Oliveras: frenan su cremación por sospechas de sustancias prohibidas

En el contexto actual, la proliferación de denuncias sin sustento real afecta tanto a víctimas verdaderas como al debido proceso legal. Hablar de falsas denuncias no es negar la violencia, es exigir que la Justicia no se contamine con el uso espurio del dolor ajeno. La credibilidad también es un derecho.Resulta pertinente aclarar la diferencia entre el delito de falsa denuncia (Art. 245 CP) y el de calumnia o falsa imputación (Art. 109 CP). Si el hecho denunciado se le atribuye falsamente a una persona determinada será calumnia, pero si el hecho falso es atribuido a una persona indeterminada se trata de una falsa denuncia. El primero refiere a denunciar falsamente un delito ante la autoridad pública competente, ya sea ante un Juez, Fiscal o las fuerzas policiales. La persona denunciada puede ser determinada o indeterminada. Es decir, se puede sindicar a una persona concreta como autor material de un hecho o denunciar que un celular fue robado, cuando la persona realmente lo había perdido. Lo relevante a destacar es que se denuncia de forma maliciosa, utilizando el aparato judicial penal de forma operativa, disponiendo de los recursos de la Justicia para actuar contrario al derecho.Por el contrario, el segundo debe ser un delito determinado, concreto, que dé lugar a la acción pública. Fuera del ámbito judicial, la falsedad deviene sobre el hecho delictivo y no sobre adjetivos calificativos de un sujeto. Es decir, no se considera calumnia a quien subjetivamente realiza un juicio de valor respecto a otro. Si yo expreso públicamente que el Sr. Pérez obtuvo su dinero producto de estafas, se le atribuye un delito penal (estafas y otras defraudaciones) a un sujeto determinado, por fuera de la esfera judicial.En el marco legal, el bien jurídico afectado del tipo penal calumnias será lesionar el honor de una persona, mientras que en las falsas denuncias será activar de mala fe el funcionamiento del sistema penal. Sin mencionar que en ambos casos se busca dañar la reputación de una persona.Hablemos de la punibilidad de las falsas denuncias, que son el principal problema a erradicar. En nuestro ordenamiento jurídico, el tipo penal se encuentra en el art. 245 del Código Penal Argentino. El delito se configura a quien denunciare falsamente un delito ante la autoridad. ¿Por qué deben ser tratadas de inmediato? El delito de realizar falsas denuncias debe ser igual de proporcional al delito que se denunció. En la actualidad, esto no sucede. Su pena va de dos meses a un año.El caso que circuló este último tiempo fue la causa Ghisoni. Un médico obstetra fue denunciado por su ex pareja dentro del marco de una batalla legal por la custodia de los hijos. La disputa culminó ante una denuncia por abuso sexual.El Sr. Ghisoni había denunciado reiteradas veces a su ex pareja ante el incumplimiento de la manda judicial por impedimento de contacto y alienación parental. En principio, el Sr. Pablo mantuvo la custodia, y la otra progenitora mantuvo un régimen de visitas. Luego, ante una pericia por la declaración de uno de los hijos, se decidió judicialmente que la Sra. Andrea Karina Vázquez ejerciera la custodia y compartiera con su otro progenitor el régimen de comunicación y visitas. Ante incumplimientos, el Sr. Ghisoni la denunció. La disputa legal desembocó en una falsa denuncia por abuso sexual infantil. Por su parte, su hijo, quien hoy tiene veinte años de edad, Tomás Ghisoni, confesó haber acusado falsamente de abuso a su padre, influenciado por su madre.La pregunta ante este interrogante es: ¿Por qué no se desestimó este caso a prima facie y se siguió con el debido proceso? En casos públicos dependientes de instancia privada, como lo son los abusos sexuales, se suele solicitar la prisión preventiva por peligro de fuga y/o entorpecimiento de la causa. Hasta que la etapa de investigación penal preparatoria (etapa de instrucción) no esté concluida, la persona sigue privada de su libertad. La LEY 24.390 dispone en su art. 1: “La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse un año más por resolución fundada (...)”.La prisión preventiva es de carácter excepcional, una medida que se debe aplicar cuando otras medidas cautelares no son suficientes. Ahora, en casos de abuso sexual, la carga probatoria recae sobre la víctima hasta que se eleve al TOC. Por tanto, en la práctica el acusado espera la elevación a juicio privado de su libertad. Si bien se respetan sus garantías procesales de ser oído en todo el proceso, cuando se cierra la etapa de instrucción y se eleva al Tribunal Oral, es cuando se invierte la carga de la prueba al imputado. El debido proceso y ejercer su derecho a la defensa siempre están, pero se terminan de ejecutar cuando la carga de la prueba se invierte para el acusado.Con lo cual, hasta la absolución o sentencia condenatoria, si la persona fue injustamente y falsamente acusada, no sólo perdió tiempo utilizando el aparato estatal judicial para una causa falsa respecto a hechos inexistentes que nunca acontecieron, sino que, dada su naturaleza jurídica de un delito de abuso sexual —sobre todo infantil—, no puede declararse inexistente hasta que no se investigue en profundidad. Hay delitos públicos dependientes de instancia privada, como las calumnias, que el propio lesionado, si quisiera, podría solicitar el archivo y/o desestimar su investigación. Pero en otros casos, como los abusos sexuales, cuando interviene el MPF, cosifica el delito, poniéndose en el lugar de la víctima. En otras palabras, la víctima para seguir impulsando la causa puede presentarse como parte querellante, pero la persecución penal queda resguardada y en manos del Estado.Para concluir, cuando una persona denuncia falsamente y luego eso se replica en medios, no hay una reparación que sea conmensurable al daño proporcionado. Es dable recordar que el delito de falsas denuncias es un delito excarcelable. No supera los tres años. Por todo ello, debe necesariamente reformarse la Ley de Falsas Denuncias que sigue en el Senado y se ponga un baremo a quienes utilizan a la justicia para manipular y denunciar falsamente.

La otra cara de la justicia: cuando mentir no tiene consecuencias

Nadie dice nada. Está confirmando que la abusaron sexualmente. Un ministro de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que se esfumó de la política y volvió al sector privado. Andy Freire es la persona a la que señala la comunicadora y artista Lala Bruzoni, fundadora del colectivo artístico The Gelatina. Explotó otro caso de me too y la política enmudeció. Ella acusa notas pagas, extorisón, abuso sexual, censura y persecución. Nadie dice nada. Newstad comprobó con dos fuentes distintas que el acusado es Andy Freire y que el tema preocupa en el PRO.Lala publicó en las últimas horas una serie de historias en distintas plataformas donde denuncia que fue víctima de abuso sexual por parte del entonces ministro Freire. Dice que ocurrió hace ocho años, en su espacio de trabajo, cuando todavía formaba parte de un equipo político en funciones. El acusado pasó tras el ministerio a la Legislatura y después dejó la política para fundar una consultora y hoy ser miembro de 100 Coaches Agency.La denuncia no se hizo desde el anonimato, fue pública, textual, con fragmentos de los mensajes que recibió durante años y que ella misma transcribió en las publicaciones de IG y X. Contó cómo era presionada desde WhatsApp y Telegram, invitada a encuentros sexuales bajo amenaza velada de perder su espacio. También relató cómo fue aislada, despedida y ninguneada. Dijo que el hostigamiento era diario o intermitente, pero constante. Habló de abuso de poder. De silencio institucional. De destrucción personal.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/07/freire.png" alt="Freire."><figcaption>Acusado. Andy Freire, ministro en el momento del abuso, señalado por Lala Bruzoni.</figcaption></figure>En uno de los textos que compartió, la artista escribió: “esto me mandaba al rato de acosarme sexualmente, de abusar de su poder en persona, de invitarme a coger al baño ahí en su oficina… cuando todo mi equipo se iba de la reunión”. En otro, explicó cómo el funcionario le enseñó a usar Telegram delante de él para “mandarme lo más prohibido”. Y agregó: “cuando me veía en persona, me decía ‘estás marcada hoy, dale, cogé conmigo. Es un rato nomás, no nos tenemos que enamorar’”.Bruzoni también relató la dimensión institucional de lo vivido: “ganarle el juicio a los delincuentes que abusaron de su poder, que me violaron… y me dejaron sola y sin trabajo”. En otro fragmento dijo: “Casi 150 mil personas o más vieron lo que estoy contando. Ni uno se filtró a la radio ni a la TV. Qué interesante. Lo seguiremos de cerca”.&nbsp;Y eso es lo que está pasando ahora: silencio. Ningún medio tradicional lo tomó. Ningún canal. Ningún portal. En redes se comparte el testimonio de Lala, pero los grandes nombres de la prensa, las usinas de agenda y los programas que abren micrófonos a influencers todos los días no levantaron la voz. Tampoco lo hicieron los espacios políticos, los ministerios, las organizaciones que deberían al menos escuchar y verificar. No hubo hasta ahora “sororidad” en las grandes formadoras de opinión de los medios de comunicación masiva.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/07/ministro.png" alt="ministro."><figcaption>En la mira. Andy Freire y una explicación que no llega.</figcaption></figure>La artista no habló desde el anonimato. No pidió cautela. No dijo que quería que se mantuviera en reserva. Dijo “no me voy a callar”. Dijo que lo contaba ahora porque el silencio la mató durante ocho años. Y porque se quedó sin trabajo. Porque la desarmaron desde adentro del sistema. Porque fue desplazada por denunciar. La política miró para otro lado y &nbsp;la condenó al ostracismo en vez de poner preso al abusador. Otra vez.&nbsp;En una de las últimas publicaciones que hizo, escribió: “Se olvidaron que han abusado de una experta en comunicaciones. Pero antes que eso, de una persona de buena fe y buen corazón. No me voy a callar. Y no porque sea PRO hablar. Sino porque esta es mi vida, y no tengo otra”. No es la primera vez que surgen denuncias sobre este tema en distintos espacios políticos. Le costó la carrera a Ramiro Mosca, pero distintos funcionarios están en la mira, incluso la diputada Lilia Lemoine denunció un ex funcionario por acoso días atrás.&nbsp;También hay otros funcionarios y legisladores, incluso un vocero histórico del PRO en la mira por maltratos y violencia de género cercano a Mauricio Macri. Son maltratos, silencios que aturden. En el PRO el tema ya es parte de la conversación, esencialmente porque la premisa básica de Macri y su entorno primario siempre fue condenar y expulsar cualquier caso que pudiera estar ligado al abuso o el maltrato o violencia de género.&nbsp;No dio el nombre del funcionario. No por miedo. No por protegerlo. Dijo que tiene pruebas. Que hay mensajes. Que sabe que el poder se protege a sí mismo y que la justicia muchas veces carga las armas del lado que le conviene. Dijo que está viva, que sigue trabajando, que no va a dejar de hablar.

De eso no se habla: Lala Bruzoni denunció abuso sexual de un ministro porteño

La madrugada de este lunes en Constitución marcó un punto de inflexión en el manejo del espacio público dentro de la gestión de <a href="https://buenosaires.gob.ar/inicio/">Jorge Macri</a>. En un operativo contundente, rápido y sin negociaciones, el Gobierno porteño puso fin a la toma irregular de la vía pública en inmediaciones de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se espera una marcha contundente el miércoles y la tensión crece.El despliegue comenzó a las 2:30 AM y concluyó media hora después, a las 3:00 AM, con más de 160 efectivos de las áreas de Comisarías y Orden Urbano de la Policía de la Ciudad, acompañados por personal de limpieza de Espacio Público. El foco: la esquina de San José y Humberto I, convertida en las últimas semanas en un improvisado acampe militante con gazebos, pasacalles, parrillas, banderas y carteles políticos. El búnker de la militancia cristinista no puso demasiada oposición a pesar de las corridas y las lógicas situaciones de tensión en el desalojo.De los choris a la toma barrialLo que comenzó con una parrilla de “choripanes militantes”, pronto se transformó en una ocupación organizada del barrio. Según testigos y registros periodísticos, los manifestantes instalaron carpas, puestos de comida y estructuras metálicas que ocupaban veredas completas. La situación derivó en quejas de vecinos, cuyas casas fueron incluso tomadas simbólicamente: los balcones y frentes de propiedades privadas fueron intervenidos con carteles partidarios, banderas y consignas políticas, muchas de ellas agresivas.<blockquote>“Ya no era un pasacalle, una bandera o un cartel en la pared de la casa de Cristina. Habían tomado el frente del edificio que está del otro lado de la calle. Un lugar donde vive gente”, relató un cronista al aire de Todo Noticias.</blockquote>Resultados del operativoDurante la intervención se secuestraron todos los elementos emplazados sin autorización, incluyendo:8 gazebos6 parrillasMesas y sillasBanquetasGran cantidad de alimentosCarteles, pasacalles, banderas y pancartasAdemás, se limpiaron paredes de casas vecinas que habían sido vandalizadas o utilizadas como soporte propagandístico. El operativo se desarrolló sin mayores incidentes, a pesar de algunos gritos, empujones y corridasprotagonizadas por manifestantes al momento del desalojo.Jorge Macri y el mensaje de ordenDesde el gobierno porteño aseguran que estas acciones no son aisladas, sino parte de una política sostenida para evitar que el delito, la informalidad o la militancia radicalizada tomen por rehén el espacio público de los vecinos.En ese sentido, la gestión de Jorge Macri marca una diferencia respecto de los achaques que viene recibiendo por la falta de gestión en otras áreas: no hay doble vara, es tolerancia cero, según se plantea en Uspallata, la sede de gobierno porteño. No importa quién sea el ocupante, ni a qué partido pertenezca. El espacio público es de todos, y se respeta la ley.Conclusión: el orden no se negociaMientras Cristina Kirchner enfrenta una posible prisión domiciliaria, sus militantes intentaron convertir una esquina porteña en un santuario político callejero. Pero esta vez, el Estado actuó con decisión, sin romanticismo militante ni tolerancia a medias tintas.

Tolerancia Cero: desalojaron el rancherío frente a la casa de Cristina

Tras la histórica ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, el Poder Judicial va por el patrimonio de la expresidente. Se trata del verdadero impacto de esta causa en las arcas del Estado.&nbsp;El objetivo es recuperar los cerca de 85.000 millones de pesos defraudados al Estado mediante un entramado de corrupción que tuvo como principales implicados a la exmandataria y al empresario Lázaro Báez.El fiscal Diego Luciani solicitará en los próximos días que los condenados restituyan los fondos malversados. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución forzada de sus bienes, con un plazo límite de 10 días hábiles para concretar la devolución.<h2>Subastas millonarias en la mira</h2>Como parte del proceso de ejecución, se espera la subasta de más de 20 inmuebles y activos vinculados a Cristina Kirchner, su entorno familiar y empresas allegadas. El paquete incluye:<ul><li>27 propiedades registradas a nombre de la familia Kirchner.</li><li>Cinco cocheras en el exclusivo complejo Madero Center.</li><li>Participación en dos empresas clave: Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que operaban hoteles y gestionaban múltiples propiedades.</li><li>4,6 millones de dólares secuestrados, atribuidos a Florencia Kirchner, retenidos en cuentas ligadas a Hotesur.</li><li>1 millón de dólares adicionales en una cuenta bancaria a nombre de Florencia Kirchner.</li></ul>Además, se contemplan acciones sobre propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, quienes podrían ver embargados sus bienes si no se concreta la restitución patrimonial.Por su parte, Lázaro Báez, también condenado en la causa, enfrentará la ejecución de al menos 60 propiedades distribuidas mayormente en la Patagonia argentina, producto de las adjudicaciones de obra vial que recibió durante los gobiernos kirchneristas.Uno de los ejes del caso Vialidad fue el estado de abandono de la mitad de las obras adjudicadas irregularmente. Según el fallo, estas registraban avances de apenas entre el 16% y el 36%, a pesar de que Báez cobró el 100% de los contratos.

El plazo de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para devolver lo robado

MADRID (Corresponsal) — Es una de esas historias que desnudan la lentitud de la Justicia y que revelan los perjuicios que provoca. En este caso, a un niño, cuya custodia es disputada desde casi una década por su madre y su padre, quienes viven en Argentina y España respectivamente. También habla de las dificultades de muchos migrantes para insertarse laboralmente aquí.Como muchos argentinos, la arquitecta <a href="https://www.instagram.com/arq.vickyfe/?hl=es">Victoria Farraiuelo</a> y su marido, médico, llegaron a España en 2013 para empezar una nueva vida. Aquí tuvieron a un niño. Como Victoria no pudo homologar su título y tampoco encontró trabajo, a pesar de una exitosa carrera en la Argentina, el matrimonio fue cuesta abajo y llegó la separación. Entonces, por mutuo acuerdo de los padres, la custodia del menor quedó a cargo de su madre.En 2016, como Victoria seguía sin encontrar trabajo de su profesión (tuvo que hacer otras tareas), decidió regresar a la Argentina llevándose a su hijo. Pero, cuando ya estaban del otro lado del Atlántico, el padre presentó ante la Justicia una solicitud de restitución que se aplica si un menor ha sido detenido o trasladado a otro país de manera ilegal. Victoria y su hijo regresaron a España, a fines de 2017, para esperar la resolución judicial.Un juzgado de Madrid le dio la razón a Victoria y autorizó su regreso a la Argentina, por supuesto, acompañada de su hijo. En el país rehizo su vida: volvió a casarse y tuvo más hijos.Según informa <a href="https://www.vozpopuli.com/sucesos/la-historia-de-nano-un-nino-argentino-que-no-quiere-volver-a-espana-con-su-padre.html">Voz Pópuli</a>, la Corte Suprema de Justicia, en Buenos Aires, ordenó la restitución del menor a su padre, que debería haberse concretado a fines de 2024. Es decir, el niño, que ahora tiene 12 años, debería vivir con su padre, en Madrid. Según la madre, “iría a vivir con un padre al que no conoce”. Y según un informe psiquiátrico difundido por ese medio digital español, el niño estaría en “peligro cierto de muerte&nbsp;debido al desarraigo que provocaría la restitución”.Victoria también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la denuncia contra el Estado argentino. En estos días, la abogada española Elena Fernández Bezanilla, que representa a la madre, agregó información ante el mismo juzgado que había permitido que el niño estuviera con su madre.El caso ha sido comparado con el de la granadina <a href="https://www.eldiario.es/andalucia/granada/fiscalia-italiana-ampara-juana-rivas-solicita-expareja-pierda-custodia-malos-tratos-hijo_1_12370658.html">Juana Rivas</a>. Justo hoy la Fiscalía de Cagliari elevó un escrito ante la Corte de Casación para que se anule la sentencia por la que Francesco Arcuri, expareja de Rivas y padre de sus hijos, tiene la custodia en exclusiva de Daniel, el menor de ellos.La solicitud se basa en que el padre habría incurrido en malos tratos. El menor vive en Granada junto con su madre, luego que la Justicia española impidiera su regreso a Italia. La Fiscalía pide revocar la sentencia de la Corte de Cagliari que, en febrero, volvió a otorgar la custodia a Francesco Arcuri, lo que implicaría su regreso a Italia. La Justicia italiana ya ha acusado a Arcuri por malos tratos, un delito que tiene una pena de siete años de prisión.

Una larga disputa judicial tiene de rehén al hijo de una argentina

A horas de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, un video adulterado con inteligencia artificial encendió las alarmas en el escenario político. La grabación, que circuló ampliamente en redes sociales, mostraba una versión falsa de Mauricio Macri anunciando la supuesta renuncia de Silvia Lospennato a su candidatura como legisladora porteña. La imagen y la voz del ex presidente fueron manipuladas para dar veracidad a un hecho inexistente.La maniobra fue rápidamente adjudicada a sectores afines al oficialismo nacional. Según denunció el PRO, el video fue republicado como verdadero por cuentas cercanas al entorno del presidente Javier Milei, entre ellas la del influencer conocido en redes como "El Gordo Dan".La reacción no se hizo esperar. <a href="https://x.com/slospennato/status/1923890834375684187?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet">Lospennato calificó el hecho como un “delito electoral”</a> y apuntó directamente contra La Libertad Avanza: “Volvieron a cruzar todos los límites de la mentira. Desde sus principales cuentas difundieron un video falso generado con inteligencia artificial para confundir a los electores”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “A los mentirosos y a los que no respetan las reglas se les gana con votos y con decencia”.Ante la denuncia presentada por los apoderados del PRO, el Tribunal Electoral porteño ordenó a la red social X eliminar en un plazo improrrogable de dos horas todas las publicaciones identificadas como engañosas. Los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici advirtieron que la difusión del material podría "afectar el ejercicio libre e informado del voto".Además, el tribunal recordó que tanto la lista “Buenos Aires Primero” como la candidatura de Lospennato continúan vigentes, y dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal. En ese marco, se mencionó el compromiso asumido por el Gobierno porteño de prevenir el uso indebido de datos biométricos, como voz y rostro, en contenidos generados por inteligencia artificial.El episodio no solo pone en cuestión la veracidad de la información que circula en campaña, sino también la capacidad de las herramientas tecnológicas para incidir en la opinión pública en tiempo real. La política argentina entra así en una nueva era de disputas: la del voto digital, donde lo que está en juego no es solo una banca, sino la confianza misma en lo que se ve y escucha.

El Tribunal Electoral ordenó eliminar el video fake sobre la renuncia de Lospennato

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa conocida como Vialidad, relacionada con la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Actualmente, la ex presidenta fue condenada en 2022 a 6 años por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo confirmado por la Cámara de Casación.Casal respaldó la postura de los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y Mario Villar, quienes sostienen que existió una estructura organizada para defraudar al Estado. En su dictamen, también pidió revocar la absolución de Julio De Vido, a quien considera uno de los organizadores del plan delictivo, así como de otros exfuncionarios como Abel Fatala y Héctor Garro. Solicitó además que se decomise a los condenados una suma de 5.321 millones de pesos, valor actualizado del perjuicio al Estado.La Corte deberá decidir si confirma las penas actuales o adopta la postura de la Fiscalía. La defensa de Cristina Kirchner, por su parte, reclama su absolución, denuncia violaciones a sus garantías constitucionales y anticipó que recurrirá a instancias internacionales si la condena se mantiene. También recusó al juez Ricardo Lorenzetti, lo que la Corte aún debe resolver.

Piden 12 años de cárcel para Cristina Kirchner

En un plenario realizado días atrás, que no trascendió del todo pero que es de gran importancia , se fijó jurisprudencia de cara a la resolución de diferentes planteos que lleguen a la Cámara Federal de Casación, a fin de evitar diversidad de soluciones jurídicas dependiendo de los jueces que intervengan a través del caso “Tobar”.Fue luego de que el fiscal Raúl Pleé apelara un fallo y solicitara un acuerdo frente a criterios disímiles, puesto que una sala de feria había declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos y, con ello, concedido beneficios a un condenado narco. Con ese telón de fondo, los magistrados del máximo tribunal penal analizaron la compatibilidad con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno, de los artículos 14 del Código Penal y 56bis de la Ley 24.660 (así como otras disposiciones concordantes en la materia) en cuanto estipulan que no corresponde conceder los beneficios allí referidos a quienes fueran condenados en orden a los delitos previstos en los arts. 5°, 6° y 7° de la Ley 23.737 o a la que en el futuro la reemplace. Esta ley se refiere a los delitos de narcotráfico.Antes de fijar jurisprudencia, los camaristas convocaron a una audiencia pública para que tanto los amigos del tribunal, encabezados por los representantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Pensamiento Penal (APP), como la fiscalía, expusieran sus posturas sobre por qué había que considerar dichos artículos constitucionales y por qué no. Luego de escucharlos, finalmente se convocó al acuerdo plenario con la participación de todos los camaristas.El fallo salió con la mayoría de los votos de los doctores Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, cuyo argumento fue que la imposibilidad de acceder a modalidades de libertad anticipada no implica un impedimento para la reinserción social de los condenados, dado que dicha finalidad puede ser concretada con un régimen preparatorio para la puesta en libertad organizado dentro del establecimiento penitenciario. Por ello, sostuvieron que la negativa no contradice los estándares propuestos por tratados internacionales de derechos humanos ni constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación.Además, la mayoría entendió, al declarar la constitucionalidad del articulado, que la diferencia en las modalidades de libertad anticipada no comporta, según el criterio mayoritario del Tribunal, una vulneración a dichos principios, dado que se encuentra fundamentada en la gravedad de los delitos atribuidos a los condenados, y no así en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social ni ninguna otra categoría que podría considerarse “sospechosa”.<a href="https://x.com/patobullrich/status/1909734455276679278?s=46">https://x.com/patobullrich/status/1909734455276679278?s=46</a>En disidencia votaron Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani. Los dos primeros recriminaron que el plenario les resultaba ajeno al modelo de control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro país, y por esta razón entendieron que los magistrados no pueden estar sometidos imperativamente a un pronunciamiento de las características formuladas, toda vez que un fallo plenario en el sentido establecido no puede suprimir la posibilidad de control constitucional de cualquier juez. En tanto, en su voto, el doctor Gemignani sostuvo la inconstitucionalidad del articulado traído a estudio.

La Justicia refuerza la lucha contra el narcotráfico: se prohíben salidas anticipadas para condenados

La justicia le pone un freno a las salidas anticipadas de narcos condenados

El juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada nacional Vanina Biasi (Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Partido Obrero) por violar la Ley Antidiscriminatoria 23.592. La causa se originó a raíz de ocho publicaciones en la red social X (ex Twitter), donde la legisladora comparó al Estado de Israel con el régimen nazi, lo acusó de genocida y asoció al sionismo con prácticas de apartheid y desinformación.Según la resolución, el magistrado consideró que los mensajes difundidos por Biasi exceden ampliamente los límites de la libertad de expresión. En su análisis, sostuvo que las publicaciones “alientan o incitan a la persecución o el odio contra la comunidad judía, lesionando los principios de igualdad y trato no discriminatorio”.Rafecas subrayó que no se trata de críticas políticas a un gobierno puntual, sino de mensajes de “marcado contenido antisemita” que califican al Estado de Israel —no solo a sus autoridades— como nazi, genocida y ocupante ilegítimo. Además, recordó que Argentina ha sido víctima de atentados impulsados por el odio antisemita, lo cual agrava el contexto.La diputada, quien actualmente es también candidata a legisladora porteña, fue embargada por 10 millones de pesos. De confirmarse esta decisión en instancias superiores, deberá enfrentar un juicio oral y público.Entre las frases publicadas por Biasi se encuentran expresiones como: “El Estado sionista es nazi por sus prácticas e ideología”; “Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid”; y “la narrativa sionista poco se interesa por la vida y el sufrimiento humano”. Las manifestaciones fueron consideradas por el juez como incompatibles con el derecho democrático a la libre expresión, por incitar a la discriminación y la violencia.“El derecho a la libertad de expresión no es absoluto”, afirmó Rafecas, “y puede ser legítimamente limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales”. También advirtió sobre la responsabilidad agravada de la diputada por su rol institucional, ya que sus palabras tienen gran alcance y repercusión pública.

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