Un operativo judicial y policial dejó al descubierto una red de explotación sexual que funcionaba en pleno centro de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La investigación culminó el sábado por la tarde con un allanamiento al "Nuevo Cine Ciudadela", ubicado frente a la estación del tren Sarmiento, donde se rescataron a seis víctimas, todas mujeres trans, y se detuvo a los responsables del lugar.La causa, que lleva adelante la Fiscalía N°14, fue impulsada a partir de una denuncia de la Municipalidad de Tres de Febrero, que había recibido múltiples reclamos de vecinos sobre la actividad irregular del establecimiento. Durante el operativo, encabezado por la División de Trata de Personas de la Policía Federal y coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, las autoridades encontraron en el lugar a unos 50 hombres en calidad de clientes, quienes fueron identificados y prestaron declaración testimonial.Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, los encargados del cine eran una pareja domiciliada en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ambos gestionaban el ingreso de los consumidores, quienes pagaban por ver una película pornográfica para luego mantener encuentros sexuales pagos con las víctimas en el interior del local.Los detenidos fueron localizados horas después en su vivienda de la calle Adrogué al 600, donde se concretó su arresto. Quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín, a cargo del juez Alberto Brizuela, por violación a la Ley 26.842 sobre trata de personas. Además del arresto, se incautaron teléfonos celulares, preservativos, anotaciones, dinero en efectivo y documentación relevante para la investigación.Uno de los responsables del comercio también fue detenido en el lugar. A las seis víctimas se las resguardó de inmediato mediante el Programa Municipal de Rescate, que intervino para asistirlas y brindarles contención.El cine, clausurado de forma inmediata, había sido motivo de preocupación desde hace años por sus actividades irregulares, sus horarios llamativos y el constante ingreso de personas. La intervención fue celebrada por el intendente Diego Valenzuela, quien sostuvo: “Era una deuda pendiente con los vecinos. Este lugar no podía seguir funcionando bajo la fachada de una sala de cine cuando era en realidad un espacio de explotación humana”.La clausura fue ejecutada con apoyo del Ministerio de Seguridad nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, como parte de un plan más amplio para combatir la trata de personas y cerrar espacios donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.Con la causa ahora en manos de la Justicia, se abre una nueva etapa para determinar si hubo más implicados, redes de complicidad y si esta modalidad operaba en otros puntos del conurbano bajo apariencias similares.

Ciudadela: cinco mujeres trans eran explotadas en un cine

En el marco de la Ley Bases recientemente sancionada, el Gobierno oficializó una reforma integral de la Policía Federal, orientada a convertirla en una fuerza federal de investigación, especializada en delitos complejos y crimen organizado. Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron la medida este martes por la tarde.&nbsp;A través de un decreto presidencial, se aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal y se dispuso un proceso de reestructuración y modernización institucional que incluye cambios en su misión principal, su estructura organizativa, su sistema de formación y su presupuesto.<h2>De policía de calle a fuerza investigativa federal</h2>Los cambios ya fueron detallados en el Boletín Oficial. El texto argumenta que el traspaso de competencias locales a la Ciudad de Buenos Aires y los nuevos desafíos en materia de seguridad exigen una redefinición del rol de la Policía Federal (PFA). La institución dejará de cumplir funciones de seguridad urbana en la Capital Federal para concentrarse exclusivamente en la prevención, detección e investigación de delitos federales, como el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos y cibernéticos, entre otros.Asimismo, se subraya que la actual Ley Orgánica de la PFA, sancionada en 1958, quedó obsoleta frente a la evolución normativa, tecnológica y criminal de las últimas décadas.<h2>Reestructuración, control y profesionalización</h2>Entre los principales ejes del plan se destacan:Nueva estructura más eficiente: se apunta a una fuerza más reducida, con mejor rendimiento operativo y mayor capacidad investigativa.Control interno reforzado: la Dirección General de Asuntos Internos ampliará su autonomía y reportará funcionalmente al Ministerio de Seguridad Nacional.Revisión del personal: se redefinirá el perfil de los agentes y se reducirá progresivamente el número de nuevos ingresantes, priorizando calidad sobre cantidad.Ingreso de universitarios: se lanzará un programa para incorporar profesionales ya graduados, replicando modelos como el del FBI estadounidense.Modernización tecnológica y formativa: se invertirá en herramientas informáticas, tecnología forense y programas de capacitación adecuados a la nueva misión.Además, el decreto faculta al Ministerio de Seguridad a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores y, si fuera necesario, reincorporar efectivos retirados para colaborar con la transición.<h2>Financiamiento con ahorro y objetivos estratégicos</h2>La reforma estará acompañada por la creación de un Programa Presupuestario de Modernización, financiado mediante los ahorros que genere la reducción del ingreso de personal. Los recursos se destinarán a equipamiento, infraestructura y soluciones tecnológicas.La reasignación del personal y el despliegue territorial de la fuerza se definirá según criterios &nbsp;que establecerá el Ministerio de Seguridad, en función de las amenazas federales más relevantes. Los objetivos estratégios del nuevo estatuto de la PFA son:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión.</li><li style="text-align:justify;">Priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades.</li><li style="text-align:justify;">Fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado.</li><li style="text-align:justify;">Modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación.</li><li style="text-align:justify;">Adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense.</li><li style="text-align:justify;">Fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza.</li></ul><h2>Cuestionamientos de los nuevos alcances de la PFA</h2>El nuevo empoderamiento a la Policía Federal generó cuestionamientos desde la oposición, organismos de DDHH y sociales. Dos puntos en particular activaron la controversia: el patrullaje virtual sin orden judicial y la posibilidad de detenciones preventivas sin intervención de un juez.Uno de los cambios más significativos que se prevé implementar es la habilitación para que los efectivos policiales puedan monitorear redes sociales de manera autónoma, sin requerir autorización judicial, como método de prevención e identificación de presuntos delitos.&nbsp;Según cirucula en el documento que circula en la PFA, esta medida deberá “respetar la libertad de expresión, la intimidad y los datos personales”, pero no establece mecanismos concretos de control o supervisión externa.Otro de los puntos más cuestionados es la habilitación para que los agentes puedan detener a una persona sin intervención judicial previa, siempre que existan “elementos suficientes” que les permitan presumir que esa persona hubiera cometido o pudiera cometer un delito. No queda claro qué son elementos suficientes y quien lo determina.&nbsp;<h2>Un cambio de paradigma</h2>Con esta reforma, el Ejecutivo busca alinear la actuación de la Policía Federal con los desafíos actuales de la criminalidad transnacional, en línea con las prácticas de fuerzas investigativas internacionales. El nuevo Estatuto constituye —según el Gobierno— un paso clave hacia una fuerza más profesional, moderna y efectiva en la lucha contra el crimen organizado.&nbsp;&nbsp;

Javier Milei y Patricia Bullrich convierten a la Policía Federal en un FBI: sus nuevos objetivos

Milei y Bullrich convierten a la Policía Federal en un FBI: sus nuevos objetivos

Desde aquel 13 de junio de 2024 en el que desapareció Loan Danilo Peña, de 5 años, se inició una investigación plagada de giros, contradicciones, encubrimientos y pistas falsas. Sin embargo, el paradero del niño sigue siendo un misterio que exponen las falencias del sistema para estos casos y una política que niega la trata de personas en el norte argentino.La tarde de la desaparición, Loan se encontraba junto a su padre, su abuela Catalina y una decena de familiares y allegados. Fue un almuerzo transcurrió con normalidad hasta que un grupo salió al naranjal cercano: ese fue el último rastro del niño. Primero se pensó que se había perdido. Se inició una búsqueda desesperada que abarcó más de 12 mil hectáreas de monte, con participación de policías, bomberos, rescatistas y vecinos.Mientras se desplegaban las primeras tareas, el entonces comisario de la localidad, Walter Maciel, llegó a declarar falsamente que el niño había sido hallado, lo que retrasó las acciones iniciales. En ese primer tramo de la causa, tres personas fueron detenidas por supuesto abandono del menor: Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Antonio Benítez.<h2>Un ministro de Seguridad que niega la trata</h2>La política aportó contradicciones y metió la cola. Al show de rastrillajes para las cámaras de televisión se sumaron cambios en la cúpula policial correntina e inclusive el nombramiento de un nuevo ministro de Seguridad en Corrientes.Se trata de Alfredo Vallejos, quien apenas asumió su cargo se encargó rápidamente de desterrar la existencia de la trata de personas en Corrientes: "A nivel nacional tenemos un registro de niños y adolescentes desaparecidos y el anterior archivo en la provincia data de casi 30 años", afirmó en medios nacionales.“Se habla mucho de trata pero también los investigadores dicen que hay cuestiones que llevan a pensar que no es un caso de trata. Hay que poner las esperanzas en el trabajo que está haciendo la Justicia. Es la primera vez en 30 años que está la prensa nacional en Corrientes por un caso así. Esto llama la atención porque es algo que no pasa habitualmente en esta provincia", insistió Vallejos.<figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=9y0Fe0f_2tk"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/9y0Fe0f_2tk" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure><h2>Contradicción y giro en la causa</h2>El ministro de Seguridad de Corrientes quedó expuesto con estas declaraciones. El caso dio un vuelco el 21 de junio de 2024, cuando se ordenó la detención de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su pareja, el exmarino Carlos Pérez, por sospechas de secuestro con fines de trata de personas. Este rumbo en la investigación fue señalado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. También lo admitió el gobernador Gustavo Valdés, que también hizo publicaciones apresuradas: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”, lanzó livinamente en las redes el 29 de junio del año pasado.&nbsp;La clave para este giro fue el hallazgo de rastros odoríferos de Loan en dos vehículos del matrimonio. Ese mismo día fue detenido el comisario Maciel, acusado de encubrimiento agravado. La causa pasó al fuero federal, bajo la órbita de la jueza Cristina Pozzer Penzo y los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. La hipótesis principal dejó de ser la desaparición accidental para concentrarse en una presunta red de trata.Poco después, la tía de Loan, Laudelina Peña, prestó declaración en el fuero provincial afirmando que su sobrino había sido atropellado por Caillava y Pérez, quienes posteriormente descartaron su cuerpo. Según su testimonio, el comisario Maciel habría colaborado en la colocación de una zapatilla del niño para desviar la investigación. Debido a las contradicciones e inconsistencias de su relato, Laudelina también fue detenida.<h2>Rumores y pistas falsas</h2>Durante los meses posteriores se multiplicaron las denuncias, muchas de ellas falsas. Se llegó a especular que Loan había sido trasladado ilegalmente a Paraguay, o que había sido visto en un shopping en Barranquilla, Colombia. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada. Incluso se escanearon estómagos de animales salvajes de la zona, en una línea de investigación desesperada.Se realizaron operativos en Santa Cruz y Chubut tras denuncias sobre un niño que habría dicho "yo soy Loan". Todas las líneas de búsqueda dieron resultado negativo.&nbsp;<h2>A la espera del juicio oral</h2>A un año de la desaparición, siete personas están procesadas con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento del menor: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel y Laudelina Peña.Los fiscales solicitaron la elevación a juicio oral, que se espera sea uno de los procesos judiciales más importantes del año. La acusación plantea que en el naranjal se produjo un hecho desencadenante que derivó en la sustracción deliberada del niño, quien habría sido transportado en la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. También se señala la participación activa del comisario Maciel en el montaje de un escenario falso de búsqueda, con el objetivo de obstruir la investigación.El caso Loan expone con crudeza, otra vez, las fallas institucionales, la debilidad de los protocolos de búsqueda y la posible complicidad de funcionarios públicos.&nbsp;En consecuencia, un año después, no hay cuerpo, no hay certezas, y no hay paz.

Un año sin Loan: show, contradicciones y un ministro de Seguridad que niega la trata

América Latina, el continente más desigual del mundo y el más peligroso para las mujeres, ha dado el primer paso hacia la abolición de la explotación reproductiva: dimensionar el inminente peligro que acecha a la región. A tal fin se reunieron destacados expertos en derecho, bioética, salud, filosofía y comunicaciones así como legisladores y defensores de derechos humanos provenientes de Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Francia y España para celebrar en Lima la <a href="https://declaration-surrogacy-casablanca.org/es/the-3rd-casablanca-conference-in-lima-peru-on-june-4th-and-5th-2025/">III Conferencia de Casablanca</a>&nbsp;los días 4 y 5 de junio. Casablanca es la mayor organización internacional que trabaja para la prohibición internacional de la maternidad subrogada en todas sus formas. La agrupación nació en el año 2023 bajo la dirección ejecutiva del jurista Bernard García Larraín, cuando tuvo lugar su primera Conferencia&nbsp;en la ciudad homónima (Marruecos, 2023). Fruto de esa reunión es la<a href="https://declaration-surrogacy-casablanca.org/es/"> Declaración internacional por la abolición de la maternidad subrogada</a>, que contó con la firma de más de 100 expertos de 75 nacionalidades. La segunda Conferencia tuvo lugar en Roma (Italia, 2024), donde sus promotores fueron recibidos por el Papa Francisco.La elección de Lima como sede de la III Conferencia&nbsp;internacional responde al exponencial crecimiento de esta práctica en América Latina, nuevo epicentro del turismo reproductivo global. Varios factores geopolíticos han convertido a América Latina en un foco de explotación reproductiva. Entre ellos, ser el continente más desigual, violento y peligroso para las mujeres, la mitad de las cuales viven en condiciones de pobreza. La debilidad institucional, la inseguridad jurídica y la corrupción endémica contribuyen a hacer de la región un enorme yacimiento de materia prima reproductiva. A esto se suma el bajo costo comparativo de dicha práctica que en países como Estados Unidos o Canadá supera los 100.000 dólares, mientras que por ejemplo en Argentina oscila entre 20.000 y 50.000. Hablamos de un mercado global de mujeres y niños que según un <a href="https://www.gminsights.com/pressrelease/surrogacy-market?utm_source=globenewswire.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=Paid_globenewswire">estudio de Global Market Insights</a> alcanzará en 2032 los 129 mil millones de dólares. América Latina ofrece grandes posibilidades de expansión comercial.A diferencia de Europa, donde la mayoría de países han impuesto a la subrogación prohibiciones cada vez más estrictas, en América Latina esta práctica se mantiene en gran medida sin control. Si bien en la mayor parte de la región el alquiler materno es ilegal porque la filiación se establece por parto, sin embargo la presión del lobby internacional ha favorecido un enfoque tolerante y permisivo de la explotación de mujeres pobres, y la producción y venta de niños. Igualmente ilegal es el contrato sobre órganos o funciones reproductivas, la patrimonialización del cuerpo o la compra-venta de biomateriales. A fin de desmentir esta ostensible ilegalidad, las narrativas culturales pro-subrogación instalaron la falsa idea de una donación altruísta de materiales, órganos y funciones reproductivas, que en virtud de su generosidad harían posible el imperativo deseo de ser padres, como si los sentimientos privados de algunos justificaran violar derechos fundamentales.&nbsp;Reunidos por Casablanca, los expertos latinoamericanos coincidieron en que se trata de un mercado global de tráfico de personas que debe ser abolido. Desde las ciencias biológicas, explicaron la existencia de apego intrauterino y diálogo celular entre la madre y el hijo. Los vínculos de apego e intercambio generados durante el embarazo son una respuesta biológica y psicológica tendiente a la supervivencia y seguridad emocional de la cría, que ningún contrato oneroso puede borrar. La separación planificada de la madre los arranca e impone una traumática disociación y fragmentación biopsicosocial. Se entiende entonces que los contratos de subrogación adviertan a la madre sobre la necesidad de no generar vínculos afectivos, e incluyan terapias psicológicas de desapego y disociación.&nbsp;Verónica Toller, directora del <a href="https://www.argentina.gob.ar/comitecontralatrata">Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas de Argentina</a>, conectó la subrogación con la trata de mujeres y explicó el estado de situación en Argentina, donde a partir de diciembre de 2023 una serie de sucesos policiales revelaron numerosas redes de trata reproductiva activas en el país. Desde entonces hasta la fecha, la justicia argentina ha abierto 4 causas que involucran a unos 67 sujetos –reclutadores, abogados, escribanos, clínicas y demás gestores e intermediarios– actualmente bajo investigación por presunta reducción a la servidumbre de decenas de mujeres y producción de bebés para la venta. El gobierno argentino trabaja actualmente junto con la <a href="https://www.mpf.gob.ar/protex/">Protex</a> –la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas–, otras fiscalías, Migraciones y Cancillería para esclarecer estos casos y desalentar además la demanda transnacional de compra-venta en vientres argentinos.El jurista Jorge Cardona Llorens (España), ex-miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dejó en claro que no existe el derecho al hijo propio, que contenga la misma información genética o la de terceros seleccionados por catálogo. El interés superior del niño exige conocer su origen y ser criado por sus padres, no por quienes los han adquirido como objetos de contrato oneroso, selección eu-genética y fabricación comercial. <a href="https://www.newstad.com.ar/olivia-maurel-la-chica-que-descubrio-que-fue-comprada">Olivia Maurel </a>(Francia), portavoz de la Declaración de Casablanca, cerró la Conferencia con su testimonio como niña nacida por maternidad subrogada. Su primer libro “Where are you Mommy?” –que pronto estará disponible en español– reflexiona sobre su historia de desapego, arrancada de su madre y entregada a los comitentes.&nbsp;Los lobistas de la subrogación aseguran que es necesario legalizarla para evitar excesos y proteger a los más débiles. Los firmantes, expertos y partidarios de Casablanca sostienen que ninguna legalización haría aceptable una práctica de suyo indigna e inhumana. Ni las mujeres son recursos reproductivos de terceros, ni los hijos son objeto de contrato y cadena de producción. Casablanca dió el primer paso, el decisivo. Ahora es nuestro turno de exigirle al Estado el reconocimiento de la persona humana como fin per se e impedir que los más débiles sean dejados al arbitrio de los deseos e intereses privados de los más poderosos. Del nacimiento materno depende seguir siendo humanos.&nbsp;

América Latina da el primer paso hacia la abolición de la subrogación

Basta con leer algunos portales para comprobarlo: la industria de la subrogación de vientre se nos presenta cada vez más como una historia de amor que desafía obstáculos, y no como lo que verdaderamente es: un negocio multimillonario de compra y venta de personas que se esconde detrás del dolor legítimo de no poder tener hijos.En estos relatos mediáticos, el foco está puesto —casi exclusivamente— en quienes “lo intentaron todo” y finalmente “cumplieron el sueño de ser padres”. Se apela a la empatía del lector, se edulcora la crudeza de los hechos, se invisibiliza toda la cadena comercial que hay detrás y, sobre todo, se cosifica el cuerpo de las mujeres más vulnerables del mundo.Un caso reciente publicado por uno de los medios nacionales de mayor difusión es ilustrativo: una pareja de hombres con alto poder adquisitivo recurre a una gestante en el extranjero para “formar una familia”. Luego, cuando reciben a una niña con una condición de salud inesperada, comienzan los reproches contra la clínica que “falló”, como si se tratara de un producto defectuoso. No hay autocrítica. No hay conciencia del abuso. Hay quejas. Como si el problema fuera el control de calidad y no la lógica de producción de seres humanos.Detrás de estas narrativas se esconde una trampa comunicacional peligrosa. Los medios —y lo digo con dolor desde adentro— están naturalizando prácticas que atentan contra la dignidad humana. Se nos pide conmovernos con el deseo de los adultos y se omite deliberadamente la situación de las mujeres gestantes, a menudo empujadas por la pobreza a prestar su cuerpo a cambio de dinero. Mujeres que no tienen derecho ni siquiera a mirar al hijo que gestaron. Mujeres que —por contrato— renuncian a toda humanidad.Como comunicadora social, me siento obligada a decirlo: no todo lo que genera lágrimas es justo. No todo lo que toca una fibra íntima es bueno. Y no todo deseo, por legítimo que sea, se convierte en derecho. El periodismo tiene la responsabilidad de mostrar toda la escena, incluso —y especialmente— cuando lo que se muestra no encaja con la sensibilidad hegemónica de la época.Llamar “gestación por sustitución” a la subrogación no cambia su naturaleza. Las palabras suaves no blanquean lo inaceptable. No estamos hablando de un acto de amor, sino de contratos firmados ante escribanos, en clínicas que cotizan en dólares, con abogados que asesoran cómo “proteger al comitente” ante imprevistos. Esos comitentes son los adultos. Las madres gestantes, simples proveedoras del “servicio”. Los niños, mercancía.Muchos de estos artículos periodísticos terminan pidiendo más regulación. Que haya controles, que se prohíba la explotación, que se reconozcan derechos básicos de las gestantes. Pero ninguna regulación convierte un delito en algo aceptable. Si se regula la trata de personas, sigue siendo trata. Si se regula la compra de niños, sigue siendo compra. La única regulación ética posible frente a esta práctica es su prohibición.Hay voces lúcidas que acompañan esta convicción. La filósofa feminista Sylviane Agacinski denuncia sin rodeos esta práctica como una “nueva forma de esclavitud reproductiva” y alerta sobre la ilusión del consentimiento libre en contextos de desigualdad. La médica y activista Renate Klein llama a la subrogación “la explotación del siglo XXI”, donde las mujeres pobres son “colonizadas” por los deseos de los ricos. Y no es solo una cuestión religiosa o ideológica: países como Francia, Alemania, Suecia o Italia prohíben tajantemente esta práctica por considerar que vulnera derechos fundamentales.Desde Newstad, creemos en un periodismo comprometido con la verdad, la justicia y la dignidad de cada persona. No nos corresponde adoctrinar, pero sí nombrar con claridad lo que otros disfrazan con eufemismos. La subrogación no es un gesto de amor, es una industria. No es solidaridad, es negocio. No es familia, es mercado. Y en el centro de ese mercado hay mujeres sin derechos y niños producidos como objetos de deseo.Decimos no a la trata, sí a la vida. No al contrato que mercantiliza la maternidad. No al periodismo que silencia la injusticia en nombre de la emoción.Informar bien no es emocionar. Informar bien es distinguir. Distinguir el bien del mal.

La ternura no tapa el delito

En una medida clave para el combate al crimen organizado en la región, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó un nuevo Acuerdo Interministerial de Cooperación Policial junto a sus pares de Brasil, Enrique Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), y de Paraguay, Enrique Riera Escudero (Interior).El pacto que entra en vigencia de manera inmediata, actualiza y fortalece el Comando Tripartito de la Triple Frontera, un mecanismo de coordinación creado en 1996 entre las fuerzas de seguridad de los tres países.&nbsp;El foco estará puesto en delitos complejos como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero.“Firmamos varios documentos muy importantes. Hemos trabajado en materia de incendios y desastres. También hemos rubricado un protocolo para un control integrado de fuerzas de seguridad en frontera. Hemos armado una hoja de ruta para la implementación de un sistema de intercambio de información de seguridad que se llama SISME. Además, actualizamos la información en materia de eventos futbolísticos internacionales, ya que todos pertenecemos a la CONMEBOL y tenemos permanentes partidos en conjunto”, explicó Bullrich.Con el nuevo acuerdo, el Comando Tripartito contará con mayores atribuciones y capacidades operativas, lo que permitirá una respuesta más ágil y eficaz ante amenazas del crimen organizado que afectan a la región fronteriza que comparten las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).<h2>Las claves del acuerdo</h2><ul><li>Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME)</li></ul>Bullrich, junto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, el ministro del Interior de la República del Paraguay y la viceministra del Interior de la República Oriental del Uruguay, acordaron aprobar la “Hoja de Ruta del SISME” para fortalecer los mecanismos de monitoreo y funcionamiento del sistema, estableciendo que se deberán realizar testeos diarios de manera automática sobre los servicios y la disponibilidad de datos, lo cual también podrá ser realizado por cada país.<ul><li>Declaración sobre Unidad Operativa para Desastres Naturales</li></ul>Reconociendo la frecuencia, intensidad y complejidad de los desastres que afectan a nuestra región, así como sus graves consecuencias sobre las poblaciones, infraestructuras, economías y el ambiente, los ministros participantes declararon la creación de la Unidad de Cooperación Operativa Permanente de Gestión de Emergencias Complejas del Mercosur, como mecanismo técnico-operativo de respuesta ante desastres de gran magnitud que afecten a uno o más Estados Parte o Asociados.<ul><li>Protocolo para un Control Integrado de Fuerzas de Seguridad en Frontera</li></ul>Al considerar que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza creciente que trasciende fronteras, adoptando modalidades cada vez más complejas que afectan la seguridad de los países de la región, los funcionarios acordaron fortalecer los controles establecidos entre los países del Mercosur mediante una hoja de ruta que determine las autoridades nacionales competentes, quienes establecerán los puntos fronterizos específicos en dos o más países para coordinar tareas de seguridad y establecer estándares conjuntos y comunes para un control más eficiente.<ul><li>Seguridad en Eventos Futbolísticos Internacionales</li></ul>Respecto a la problemática de la violencia en eventos deportivos, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, el Ministerio del Interior de la República del Paraguay, el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay (Estados Parte del Mercado Común del Sur - MERCOSUR), junto a Estados Asociados y el Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, firmaron un acuerdo operativo.En el documento se subrayó la necesidad de promover una convivencia armoniosa en todos los aspectos sociales, incluyendo el deportivo, considerando que en algunos eventos futbolísticos llevados a cabo a nivel regional e internacional se han producido hechos de violencia. En ese sentido, a los efectos del intercambio de información en ocasión de partidos internacionales a nivel de selecciones o clubes, se considerarán las faltas administrativas generadas por cada uno de los Estados Parte y Asociados, conforme a sus respectivas regulaciones na

Frontera caliente: el nuevo pacto para combatir la trata, narcos y tráfico de armas

La causa por la desaparición de Loan Peña avanza hacia su etapa de juicio oral tras la firma de un requerimiento de elevación impulsado por el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, en conjunto con Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La Agencia Noticias Argentinas accedió al documento que formaliza este paso clave en el proceso judicial. A partir de ahora, los abogados defensores cuentan con un plazo de seis días para presentar su oposición.El caso principal, que investiga la desaparición del niño de cinco años ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de Nueve de Julio, involucra a siete personas ya procesadas. Entre ellas figuran Laudelina Peña, tía de Loan, imputada por falso testimonio y sustracción de menores; su esposo Antonio Bernardino Benítez, acusado de sustracción y ocultamiento de un menor; y la pareja compuesta por María Victoria Caillava, funcionaria pública amiga de la familia, y Carlos Pérez, marino retirado, ambos imputados por trata de personas. También están implicados Daniel "Fierrito" Ramírez y su esposa Mónica del Carmen Millapi, acusados de abandono de persona, y el ex comisario Walter Adrián Maciel, imputado por encubrimiento agravado.A la par de esta causa principal, se tramita un expediente conexo que involucra a otras diez personas. El Tribunal Oral Federal rechazó recientemente la posibilidad de realizar un debate separado para estos procesados, y determinó que el juicio debe desarrollarse en una única instancia. Los imputados en esta causa paralela son Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Leonardo Daniel Rubio, Pablo Javier Noguera y Delfina Taborda.Según fuentes judiciales, el Tribunal consideró que la elevación anterior de este expediente era de carácter "parcial", ya que no se había concluido completamente la investigación del hecho original. Ahora, con nuevas pruebas incorporadas, la causa adquiere un nuevo impulso en el fuero federal.Uno de los elementos clave en la investigación ha sido el análisis de comunicaciones telefónicas entre los acusados, registradas durante momentos críticos del día en que Loan fue visto por última vez en la casa de su abuela. Estas interacciones fueron incorporadas al expediente como pruebas relevantes para sostener las imputaciones.Mientras tanto, el paradero de Loan Peña continúa siendo un misterio. La magnitud del caso, la implicancia de funcionarios públicos y la gravedad de los delitos atribuidos —desde abandono de persona hasta trata y encubrimiento— hacen de este proceso uno de los más delicados y observados del sistema judicial argentino en los últimos tiempos. La fecha del juicio oral quedará definida una vez finalizado el plazo para las impugnaciones.

El caso Loan Peña va a juicio: siete acusados por sustracción, trata y encubrimiento

La Policía Federal Argentina (PFA) rescató a un hombre de 70 años que era sometido a condiciones de explotación laboral en un campo del partido bonaerense de Benito Juárez. La víctima, de nacionalidad chilena, fue hallada en un entorno insalubre y altamente precario.El operativo fue en coordinación con el ministerio de Seguridad Nacional realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Tandil en el marco de una investigación iniciada en marzo de 2022 por la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Marcos Silvagni.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/trata_tandil.jpeg" alt="trata tandil"><figcaption>Las condiciones insalubres en las que trabajaba la víctima (Foto Policía Federal)</figcaption></figure>Las tareas de inteligencia permitieron determinar que en el predio rural había un trabajador en condiciones de extrema vulnerabilidad.Con esa información, el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio y la Secretaría N.º 4 del Dr. López, ordenó el allanamiento del establecimiento. La intervención se realizó en conjunto con personal del Ministerio de Trabajo bonaerense y médicos del Hospital Eva Perón de Benito Juárez.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/trata_tandil_3.jpeg" alt="trata tandil 3"></figure>Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre vivía en condiciones de total precariedad y sin acceso a servicios básicos. Tras una primera evaluación médica en el lugar, fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y contención psicológica.Por el caso fue detenido un hombre argentino de 78 años, acusado de violar la ley N.º 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Quedó a disposición del juzgado interviniente.<h2>Mirá las pésimas condiciones de vida de la víctima</h2><figure class="media"><div data-oembed-url="https://youtu.be/1D2d0EXsoXk"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/1D2d0EXsoXk" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>&nbsp;

Exclusivo: así vivía una víctima de trata y explotación laboral

Los lectores de Newstad saben <a href="https://www.newstad.com.ar/roemmers-y-matias-barreiro-pagaban-comisiones-por-presentar-chicos">que este medio expone como nadie a Alejandro Roemmers </a>y la denuncia que lo involucra en una red de trata de personas. Los demás quizá se enteran por por estas horas mediante otros medios tradicionales que indican muy prolijamente que el farmacéutico fue beneficiado por la Justicia.&nbsp;El juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento del Alejandro Roemmers, del dirigente de River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales Juan Matías Barreiro, y de otros imputados en una causa que investigaba la existencia de una presunta red de trata de personas y tráfico de drogas.La denuncia original fue realizada en 2023 por Roberto Mazzoni durante una audiencia pública en el Congreso de la Nación, y generó fuerte repercusión en redes sociales. Sin embargo, Lijo concluyó que no existían elementos que permitieran sostener la hipótesis delictiva.En la resolución de 27 páginas firmada el viernes, Lijo también sobreseyó a Daniel Santiago Durán, Enzo Pérez Pallota y Pedro Quintana, todos señalados por Mazzoni como organizadores de fiestas privadas en las que supuestamente se cometían abusos y explotación sexual.<h3>Recibieron dinero, pero “nadie fue obligado”</h3>Según el fallo, los testimonios recolectados —en su mayoría aportados por el propio querellante— no solo no confirmaron la denuncia, sino que la contradijeron abiertamente. Lijo remarcó que los testigos “mostraron una robusta consistencia” y que “ninguno de ellos representa una contradicción con otro”.“Algunos testigos coincidieron en que las actividades realizadas en el marco de los eventos cuya organización se les atribuye a ciertas personas imputadas fueron voluntarias y ajenas a todo tipo de coacción”, expresó Ariel Lijo.En relación con una fiesta mencionada por el denunciante y celebrada en Costa Salguero, los testigos aseguraron que todos los asistentes eran mayores de edad y actuaban libremente. Uno de ellos, con identidad reservada, declaró que no fue forzado a realizar ninguna acción sexual, a pesar de que incluso había recibido dinero por su participación.En su declaración, el abogado de Alejandro Roemmers, Juan Pablo Vigliero, sostuvo que “los hechos nunca existieron y lo manifestado por el denunciante es absolutamente falso”. Añadió que &nbsp;la acusación fue una “ficción construida por Mazzoni”.También se indicó que Roemmers no conocía personalmente a Barreiro, uno de los señalados como organizador de las fiestas.<h3>La causa continúa parcialmente</h3>Aunque el “Hecho A” (la denuncia principal de Mazzoni) fue desestimado y cerrado, el juez aclaró que el “Hecho B” —una línea paralela de investigación con otra supuesta víctima— continúa en trámite en la fiscalía. Por ahora, su identidad se mantiene en reserva.Mazzoni, en tanto, puede apelar la decisión ante la Cámara Federal. Previamente ese mismo tribunal había considerado “prematuro” el archivo original de la causa, lo que en su momento motivó su reapertura.

Sin pruebas: Ariel Lijo sobreseyó Alejandro Roemmers y otros imputados

La <a href="https://www.newstad.com.ar/buscar?search=trata&amp;page=1">trata</a> de personas es uno de los delitos más complejos y mutantes del siglo XXI. Con nuevas formas de captación, redes cada vez más difusas y modalidades de explotación que exceden los marcos clásicos, el derecho penal enfrenta el desafío urgente de adaptarse a una realidad cambiante. En este contexto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley que busca actualizar el artículo 145 bis del Código Penal argentino, ampliando el alcance de la figura penal y subsanando vacíos normativos que hoy dejan desprotegidas a miles de víctimas.El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 145 bis, que sanciona con penas de entre 4 y 8 años de prisión a quien “ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque medie el consentimiento de la víctima”.Este cambio no es menor. Hasta ahora, la legislación penal argentina se enfocaba principalmente en los fines de explotación –sexual, laboral o de tráfico de órganos– como condición para configurar el delito de trata. Sin embargo, según el texto del proyecto y los fundamentos presentados, existen situaciones que no encuadran en esos fines tradicionales y que, por lo tanto, quedan en una zona gris: entrega de menores para adopciones ilegales, captación con fines reproductivos en el marco de maternidades subrogadas no reguladas, o incluso traslado de personas en situación de vulnerabilidad sin violencia directa, pero con daño psicológico o físico.Brügge argumenta que estos casos son cada vez más frecuentes, y que el uso de figuras penales alternativas (como falsedad ideológica o asociación ilícita) no logra abarcar integralmente la dimensión del daño ni la necesidad de proteger a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. En sus fundamentos, el legislador señala que el delito de trata, tal como está tipificado hoy, no alcanza a cubrir las nuevas formas de sometimiento de personas, en especial de niños y adolescentes, en contextos de pobreza y falta de control institucional.La reforma propuesta también se alinea con tendencias internacionales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, aprobó recientemente una revisión de sus normas para incluir como formas de trata el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la explotación reproductiva. La Argentina, sostiene Brügge, no puede quedarse atrás en este debate global. Más aún, teniendo en cuenta que, en el país, la mayoría de los casos detectados son de trata interna y muchas veces involucran estructuras familiares, no profesionales, que escapan al radar de las grandes investigaciones internacionales.Otro aspecto relevante del proyecto es que consolida una perspectiva centrada en la integridad psicofísica de la persona. Deja de lado la discusión sobre el consentimiento –frecuentemente esgrimido como justificación en contextos de vulnerabilidad extrema– y pone el foco en el daño producido. Así, se avanza en una visión más moderna y protectora de los derechos humanos.La ley 26.364 y sus reformas posteriores (como la 26.842) representaron un avance decisivo en la penalización de la trata en Argentina. Pero, como advierte Brügge, las estadísticas de condenas siguen siendo bajas y los procesos judiciales, prolongados e ineficaces. Esta nueva propuesta apunta a dar herramientas más precisas al sistema judicial, cerrar zonas grises, y ofrecer mayor cobertura legal a las víctimas de una de las formas más aberrantes de sometimiento humano.Con este proyecto, la Cámara de Diputados se enfrenta a una oportunidad clave para fortalecer la lucha contra la trata y proteger la dignidad de los más vulnerables. La ampliación del tipo penal no solo es una actualización técnica, sino un compromiso con los derechos humanos en su sentido más profundo.

Trata: buscan endurecer penas por abuso

Hoy los menores de edad tienen fácil acceso, a toda hora y momento, a Internet y las redes sociales como Tiktok, Instagram, Snapchat, Kwai y a juegos en línea, algo que parece inofensivo, pero puede ser de gran riesgo, ante la aparición de adultos que quieren contactarlos, y engañarlos. El grooming es cuando una persona adulta, denominada "groomer" se hace pasar por un menor edad, y se pone en contacto con un niño, niña, o adolescente a través de cualquier dispositivo tecnológico, con la finalidad de engañarlo.&nbsp; Primero establece una relación de confianza, ya que el adulto revisa los gustos y cosas que atraen al menor (se denomina "stalkear", que es ver sus redes sociales), y a partir de ahí, toma una actitud cómplice con el menor, quien confía, y cree que es un par. Luego de esto, el adulto empieza a manejar la situación, pidiendo fotos sensuales, eróticas, con ropa interior, poca ropa, o también desnudo, situación que aunque parezca increíble, el menor en muchos casos accede. Luego de eso, y al darse cuenta el adolescente de lo que está viviendo, suele arrepentirse, y no querer darle más fotos o videos a la otra persona, y ahí vienen las amenazas del groomer: "le voy a mostrar estas imágenes a tus padres"; o &nbsp;"las voy a difundir entre sus amigas y amigos"; o que las va a viralizar en las redes sociales, lo cual genera miedo, temor, vergüenza y confusión en el adolescente, que no sabe qué hacer, y/o a quién recurrir para pedir ayuda. Esto es un riesgo, porque esas fotos o videos pueden ser distribuidas a grupos de pedófilos o pederastas; pero en otras ocasiones puede forzar un encuentro, al que el menor puede acceder, con el riesgo de que puede sufrir un abuso sexual, o ser raptado para una red de trata de menores. El tema es complejo, y lamentablemente, muchas familias desconocen el peligro para sus hijas e hijos, no se habla con seriedad en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, y no se hacen campañas públicas de prevención y concientización. Y si bien es cierto que es uno de los temas que trata la Educación Sexual Integral en las Escuelas, en algunos casos no se da, se da mal, y sin las herramientas para que los alumnos sepan como cuidarse.Qué dice la Justicia Desde diciembre del 2013, el Código Penal estableció con la Ley 26.904 el delito de grooming, con una pena de 6 meses a 4 años, a quién engañe a un menor, para obtener material sexual, o generar un encuentro con intenciones de cometer un abuso físico/sexual. ¿Alcanza? La realidad es que no, ya que aún, con esa ley vigente, la adolescente Micaela Ortega, fue víctima de de Grooming, abuso y femicidio, ocurrido el 23 de abril del 2016, en las afueras de Bahía Blanca. Lamentablemente, Micaela Ortega, de solamente 12 años, se puso en contacto con quién ella creía una niña de su edad, una amiguita, a través de Facebook; y quién luego le dijo de encontrarse. En realidad fue engañanda, porque la persona era Jonathan Luna, de 26 años, (quién estaba prófugo, porque no volvió luego de una salida transitoria en el 2014, por una condena por "robo calificado"), y quiso abusar de Mica, y ante su resistencia le robó, abusó, y asesinó, realizando un femicidio, lo que fue un agravante en la pena que recibió. Luego del hecho, fue encontrado y condenado a cadena perpetua, todavía está en la cárcel. Esto sirve para tomar real dimensión y conciencia del peligro del grooming en adolescentes. Posterior a este episodio, fue sancionada la Ley 27.590, que fue llamada "Micaela Ortega" en el 2020 y el Decreto 407/2022 creando el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niños y adolescentes, que tiene los objetivos de proteger del Grooming a las infancias y adolescencias, enseñarles el uso de Internet y redes sociales de manera responsable, capacitar a las personas que trabajan en las escuelas, dar información acerca de este delito en los medios de comunicación, y explicar cómo y dónde denunciar estos casos.¿Qué debemos hacer? Si vemos que pasa, y nuestros hijos nos cuentan que están asustados porque entablaron comunicación con una persona extraña a quién les mandaron fotos o videos a través de las redes sociales o por WhatsApp, y ahora los amenaza, no debemos retarlos, sino acompañar con amor, comprensión y escucharlos atentamente; nunca ponerse en contacto con el groomer, ya que se va a dar cuenta, y va a desaparecer del perfil falso que tiene, y no se lo podrá localizar. Se debe sacar fotos y hacer capturas de pantalla de todo lo que este en los dispositivos tecnológicos empleados (celular y computadora), y denunciar desde todo el país a la línea 0800-222-1717, al 137 en CABA, por WhatsApp al 11 3133 1000, o por mail: brigadaninas@jus.gov.ar o ponerse en contacto con<a href="https://www.groomingarg.org"> Grooming Argentina</a>, el Instagram es: @groomingargentina Organismo especializado en realizar Campañas de educación, dirigido por Hernán Navarro.Como Médico Sexólogo UBA, y Docente de Educación Sexual Integral es clave articularles todos los mecanismos de concientización y prevención, incentivar el diálogo en la familia, dar Educación Sexual Integral de calidad por profesionales capacitados, y utilizar los medios de comunicación y redes sociales para prevenir.&nbsp; Para que no haya nunca más otro caso como el de Micaela Ortega, en su recuerdo y honor, debemos trabajar como sociedad para que ningún menor sea otra víctima de grooming.

Grooming: el engaño que acecha a nuestros hijos desde la pantalla

El empresario <a href="https://www.newstad.com.ar/roemmers-y-matias-barreiro-pagaban-comisiones-por-presentar-chicos">Alejandro Roemmers</a> fue denunciado judicialmente por Roberto Mazzoni, quien lo acusó de reproducir un discurso que “banaliza y perpetúa la trata de personas” en una reciente entrevista concedida al diario La Nación. La denuncia se presenta en el marco de la causa 1052/2022, en la que Roemmers está siendo investigado por presuntos delitos vinculados a ese flagelo.En la entrevista publicada el 11 de mayo, Roemmers relató su colaboración con el sacerdote español Ignacio Doñoro, a quien describió como alguien que “rescata chicos para que no sean comprados por mafias que luego venden sus órganos”, y afirmó: “Con 200 o 300 dólares podemos comprar nosotros al chico antes, rescatarlo y darle la posibilidad no solo de vivir, sino de desarrollarse como ser humano”.Para Mazzoni, quien se presentó en el expediente con el patrocinio de los abogados Karina Bacci y Jorge Poblete, esas palabras configuran “una forma encubierta de normalización y reproducción del delito de trata de personas”. Según el denunciante, lejos de constituir una denuncia del crimen, las afirmaciones del empresario reproducen “la lógica mercantil de la trata” al naturalizar la idea de “comprar para salvar”.“La figura penal no exige violencia o amenaza, ni consentimiento de la víctima. Basta con que una persona sea tratada como objeto de transacción, aunque sea con fines benéficos declarados”, sostiene el escrito judicial, que advierte sobre la gravedad de legitimar este tipo de conductas desde discursos públicos.En su presentación, Mazzoni remarcó que “la lógica implícita es la de una ‘compra preventiva’, en la que se adquiere a un niño o niña para salvarlo”. En su visión, esto no hace más que reforzar “la idea colonialista del ‘salvador’, que paga por una vida humana y se legitima en ese acto”, lo cual —según advierte— es contrario a los principios más elementales de la dignidad humana.La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En especial, el fallo “González, María Lucila y otros” (2013), que sostiene que la trata de personas no puede analizarse sin atender sus causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la explotación. En otra sentencia citada, el caso “Porteadoras” (2005) de Mendoza, la Corte dejó claro que incluso las acciones bienintencionadas pueden resultar violatorias de los derechos humanos si refuerzan “relaciones de dominación sobre sectores vulnerables”.Aunque los hechos relatados por Roemmers refieren a acciones cometidas fuera del país, Mazzoni pidió que sus manifestaciones sean tenidas en cuenta por el tribunal como un agravante, ya que refuerzan la lógica que él mismo viene denunciando desde hace años.Finalmente, el querellante solicitó al juez tres medidas: que se tome conocimiento formal de sus dichos, que se exhorte a los medios y autoridades a no legitimar discursos de compra de personas en ninguna circunstancia, y que se emita una advertencia o recomendación desde el organismo competente para prevenir este tipo de mensajes en el espacio público.“Es lo que por derecho corresponde”, concluye el escrito, con el tono firme de quien ha decidido no callar ante lo que considera un nuevo intento de justificar lo injustificable.

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