Roemmers denunciado por justificar la compra de niños

El empresario Alejandro Roemmers fue denunciado judicialmente por Roberto Mazzoni, quien lo acusó de reproducir un discurso que “banaliza y perpetúa la trata de personas” en una reciente entrevista concedida al diario La Nación. La denuncia se presenta en el marco de la causa 1052/2022, en la que Roemmers está siendo investigado por presuntos delitos vinculados a ese flagelo.

En la entrevista publicada el 11 de mayo, Roemmers relató su colaboración con el sacerdote español Ignacio Doñoro, a quien describió como alguien que “rescata chicos para que no sean comprados por mafias que luego venden sus órganos”, y afirmó: “Con 200 o 300 dólares podemos comprar nosotros al chico antes, rescatarlo y darle la posibilidad no solo de vivir, sino de desarrollarse como ser humano”.

Para Mazzoni, quien se presentó en el expediente con el patrocinio de los abogados Karina Bacci y Jorge Poblete, esas palabras configuran “una forma encubierta de normalización y reproducción del delito de trata de personas”. Según el denunciante, lejos de constituir una denuncia del crimen, las afirmaciones del empresario reproducen “la lógica mercantil de la trata” al naturalizar la idea de “comprar para salvar”.

“La figura penal no exige violencia o amenaza, ni consentimiento de la víctima. Basta con que una persona sea tratada como objeto de transacción, aunque sea con fines benéficos declarados”, sostiene el escrito judicial, que advierte sobre la gravedad de legitimar este tipo de conductas desde discursos públicos.

En su presentación, Mazzoni remarcó que “la lógica implícita es la de una ‘compra preventiva’, en la que se adquiere a un niño o niña para salvarlo”. En su visión, esto no hace más que reforzar “la idea colonialista del ‘salvador’, que paga por una vida humana y se legitima en ese acto”, lo cual —según advierte— es contrario a los principios más elementales de la dignidad humana.

La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En especial, el fallo “González, María Lucila y otros” (2013), que sostiene que la trata de personas no puede analizarse sin atender sus causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la explotación. En otra sentencia citada, el caso “Porteadoras” (2005) de Mendoza, la Corte dejó claro que incluso las acciones bienintencionadas pueden resultar violatorias de los derechos humanos si refuerzan “relaciones de dominación sobre sectores vulnerables”.

Aunque los hechos relatados por Roemmers refieren a acciones cometidas fuera del país, Mazzoni pidió que sus manifestaciones sean tenidas en cuenta por el tribunal como un agravante, ya que refuerzan la lógica que él mismo viene denunciando desde hace años.

Finalmente, el querellante solicitó al juez tres medidas: que se tome conocimiento formal de sus dichos, que se exhorte a los medios y autoridades a no legitimar discursos de compra de personas en ninguna circunstancia, y que se emita una advertencia o recomendación desde el organismo competente para prevenir este tipo de mensajes en el espacio público.

“Es lo que por derecho corresponde”, concluye el escrito, con el tono firme de quien ha decidido no callar ante lo que considera un nuevo intento de justificar lo injustificable.