Otro caso Lucio Dupuy se está gestando: ¿vamos a permitirlo?

“Si hubiese sido yo el que le hizo esto a mi hija, ya estaría preso”. Las palabras de Agustín a Newstad ratifican que en la Argentina no se cumple el principio de inocencia que rige en la Argentina. O mejor dicho, no rige para todos y todas por igual.

Este caso de extrema violencia que vive Agustín conmociona a la ciudad de 9 de Julio. Una mujer intentó degollar a su hija de tan solo 11 años y, pese a la gravedad del ataque, la Justicia la declaró inimputable, lo que generó un profundo reclamo por parte del padre de la víctima, quien teme por la integridad de la niña y denuncia una situación de absoluta impunidad.

El hecho quedó registrado con fotografías que forman parte del expediente judicial y confirman la brutalidad de la agresión. La nena sobrevivió gracias a que logró escapar y pedir auxilio.

Tras el ataque, la mujer fue sometida a pericias psiquiátricas. Los especialistas determinaron que no comprendía la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, la Justicia resolvió declararla inimputable. Por esa razón, no recibirá una condena penal y quedó sujeta únicamente a medidas terapéuticas.

El reclamo del padre

Agustín denuncia que la resolución no garantiza la seguridad de su hija. Asegura que la agresora continúa representando un riesgo real y exige que se adopten medidas estrictas de contención y control.

“No quiero que mi hija sea otro Lucio”, expresó aludiendo al caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja, un crimen que expuso fallas severas en los sistemas de protección infantil. Para él, la similitud es evidente: la violencia, el desamparo y un aparato judicial que —según afirma— vuelve a fallarle a un menor. “Si me daban la tenencia, esto no pasaba”, lamentó. 

El caso reabre el debate sobre el tratamiento judicial de personas declaradas inimputables en episodios de violencia familiar. El principal cuestionamiento es la falta de mecanismos eficaces de seguimiento: la inimputabilidad evita la pena, pero no asegura que las víctimas queden protegidas.

Este tipo de resoluciones evidencian vacíos estructurales: falta de controles, ausencia de dispositivos de protección sostenida y escasa coordinación entre el fuero penal y los organismos de niñez.

Mientras la investigación continúa bajo la figura de tentativa de homicidio, el padre insiste en que su hija necesita “respuestas concretas del Estado”. Afirma que no se trata solo de reclamar justicia, sino de evitar una tragedia anunciada.

“Ya vimos lo que pasa cuando nadie escucha. Mi hija tuvo suerte esta vez. La próxima no sé”, advirtió.

El reclamo de un pueblo 

Esta semana los ciudadanos de 9 de julio reaccionaron y acompañaron a Agustín y su pareja en el pedido de que el sistrma de Salud y de Justicia reaccione a tiempo. La marcha es por sentido común: 9 de julio no puede convivir con esta mujer suelta por sus veredas: debe ser encerrada en un centro de salud mental urgente.

A pesar de esta terrible historia, la reacción de un pueblo es otro síntoma positivo del cambio de época contra la Justicia sesgada. La sociedad ya despertó. Los responsables también deben hacerlo a tiempo, antes de que el final sea el que no queremos relatar, una vez más.