La falsa denuncia contra Pablo Ghisoni: "Mi hijo de 6 años está con una psicótica y perversa"

Quienes afirman que las falsas denuncias no existen siguen topándose con fantasmas de carne y hueso que copan calles y llenan auditorios en los que exponen sus dolorosos caos, bien reales, bien injustos. 

El escenario esta vez fue la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un conversatorio organizado por la Fundación Apolo y la agrupación Infancia Compartida, que Newstad cubrió de manera exclusiva. Este último punto no es destacado con alegría por este periodista, ya que los medios en general le dieron un breve aire a la problemática pero lo siguen ignorando. 

Fue justamente el joven Tomás Ghioni quien le abrió los ojos a muchos comunicadores y les hizo descubrir la pesadilla de las falsas denuncias de violencia y abuso. Con un video, el chico de 23 años conmovió a todos reconociendo que durante años su progenitora, Andrea Vázquez, lo manipuló para alejarlo de su padre, Pablo.

El médico Pablo Ghisoni fue denunciado por su ex por supuesto abuso hace 15 años, finalmente fue absuelto y hace pocos meses su hijo Tomás viralizó el caso. Pero el drama no termina: Andrea Vázquez sigue teniendo a su “cuidado” al hijo menor, de 16 años. 

“Mi hijo sigue viviendo desde los 6 años con una mujer diagnosticada psicópata con rasgos perversos. Es una mujer que le dice ‘si te vas, me mato’”, relató frente a un salón lleno de familiares de víctimas de falsas denuncias en la legislatura porteña. 

Juan, padre de Vazquez, había reconocido esta alarmante situación y que fue víctima de su propia hija: “Me acusó de haberme propasado con mi sobrina. Es de una locura que no tiene límites. Lamentablemente, mi hija está fuera de sus cabales y sufro por mi nieto más chico, que no puede salir de esa casa que es una trampa mortal de la que pudieron escapar los más grandes Francisco y, bastante más tarde, Tomás”.

Respecto a este duro camino con sus hijos, expresó: “Se llevan la vida de los hijos, su psicología. Tuve que ser un padre con hijos vivos, pero los vivía como muertos. Desde las cenizas tuve que rearmarme para ver qué está pasando con Tomás. Hoy me estoy reencontrando con un hombre, tiene 23 años y lo dejé con 13. No sé quién es”. 

Ghisoni le dejó una fuerte crítica a la Justicia sesgada y sus insólitos tiempos para resolver, si es que se resuelven, estas causas que destrozan familias: “Acá hay una complicidad e impericia por parte de los ejecutores en el Poder Judicial, con esto de los recursos y las apelaciones. Porque cuando la justicia es lenta no es justicia”.

El médico se valió de su profesión para hacer una comparación bien clara: “Es como tener un paciente en terapia y hemodinámica no se comunique con el cardiólogo. Todos somos necesarios, no puede ser que no pasen una unidad de sangre cuando es necesario y digan ‘la pasamos dentro de seis meses’. En seis meses no tenés paciente, y esto es lo que pasa con la vida de los chicos”. 

Registro de Obstructores de Vínculos Familiares

En este encuentro, el legislador porteño  Yamil Santoro presentó el proyecto de ley que propone crear el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares (ROVF) en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí deberán inscribirse, por orden judicial, las personas que impidan el contacto de niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida con sus progenitores u otros legitimados, pese a los requerimientos de la Justicia y con condena en los términos de la Ley 24.270.

El ROVF permitirá mantener un listado actualizado, emitir certificados e informar a organismos judiciales y estatales. Los inscriptos quedarán alcanzados por fuertes restricciones: no podrán ingresar a la administración pública (y quienes ya trabajen en ella quedarán con licencia sin goce de sueldo), tampoco podrán ser contratistas o proveedores del Estado, acceder a habilitaciones comerciales ni beneficios económicos, ni postularse a cargos en el Poder Judicial o el Ministerio Público.

La iniciativa invita a provincias, a la Nación y a entidades privadas a utilizar la información y a coordinar registros similares. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma en un plazo de 60 días. Santoro explicó que el objetivo es “proteger el derecho de los niños a mantener vínculos familiares, prevenir la violencia emocional derivada de la obstrucción y reforzar el cumplimiento de resoluciones judiciales mediante sanciones civiles y administrativas, sin recurrir a la punición penal”.

Proyectos de ley en el Congreso Nacional

Como ya anticipó Newstad, en el Congreso Nacional se presentaron proyectos de ley para castigar más duramente a los  falsos testimonios. Uno de ellos es el de la senadora Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal para tipificar la figura de falsa denuncia en el marco de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual.

El texto establece una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes incurran en esa conducta. Además, prevé un agravamiento de un tercio en las penas aplicables a testigos, peritos o intérpretes que incurran en falso testimonio —ya sea afirmando falsedades, negando o callando la verdad— en causas vinculadas a esos delitos, cuando ello resulte en perjuicio del acusado. En esos casos, la sanción podría llegar a reclusión o prisión.

Losada destacó en el panel que organizó la Fundación Apolo que este drama social no debe ser una cuestión partidaria, por lo que se mostró dispuesta a trabajar junto a las diputadas Patricia Vásquez del PRO y Lilia Lemoine de LLA que presentaron iniciativas similares. 

El objetivo es evitar burocracias legislativas innecesarias para avanzar cuanto antes frente a un feminismo corporativo que no busca la igualdad entre el hombre y la mujer, sino la venganza. 

Ambas propuestas se suman a un debate que crece en el Parlamento y en la opinión pública sobre los límites de las denuncias judiciales y la protección del derecho de los niños a mantener vínculos familiares.