Como lo planteara el mensaje de la Oficina del Presidente (OPRA) en su envío al Honorable Congreso de la Nación el día 15 de diciembre de 2025: “a más de 15 años de su sanción, esta ley ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica”, paralizando no solamente inversiones productivas y de explotación minera sino también las actividades de prospección y exploración. Justamente, la ley vigente viola los dos artículos de la Constitución Nacional (CN) que se pretende defender y que usan para atacar la reforma, afectando el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.Art. 41 de la CN (párrafo 1): todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.Art. 124 de la CN: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.La reforma de la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639 tiene dos ejes centrales. Por un lado, aclarar el objeto de protección de la ley que, por la confusa redacción de la norma, se presta a ciertas dudas interpretativas que dan cabida a que se asigne a sus disposiciones un alcance que choca contra el mandato constitucional de someter a los recursos naturales a una utilización racional; y, por el otro, fortalece el federalismo, mediante la atribución a las provincias de facultades más amplias en la materia, lo cual les permitirá desarrollar los recursos de su dominio originario de un modo compatible con la protección del ambiente.1.El fin “aclaratorio”. El proyecto propone, fundamentalmente, adecuar el modo en que se encuentra enunciado el objeto de protección de la ley, a fin de dejar en claro que los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que se protegen son las que cumplen con funciones hídricas, es decir, las que “actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y/o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Hoy la norma ya lo prevé así, pero de un modo no suficientemente claro, lo que llevó a muchas personas a entender que el “objeto protegido” es todo ambiente periglacial, cumpla o no funciones hídricas relevantes, limitando así la explotación de los recursos naturales de un modo que no es acorde al artículo 41 de la Constitución Nacional, cláusula ésta que consagra el derecho a un ambiente sano, pero promueve, al propio tiempo, la utilización racional de dichos recursos.En línea con lo anterior, se adecúa lo referido a las prohibiciones para que quede claro que las actividades estarán prohibidas únicamente en la medida en que ocasionen una alteración de los glaciares y del ambiente perigracial contraria a la protección que el legislador les otorga, lo cual deberá ser determinado en cada caso por la autoridad competente provincial (o nacional, si se tratara de un tema interjurisdiccional o área protegida nacional). Esto ya debería interpretarse así, pero, como se mencionó anteriormente, la redacción actual presta a confusión.2.El fin competencial. El proyecto reconoce a las provincias la competencia para identificar qué glaciares y qué porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante y, por lo tanto, se encuentran protegidos por la ley. Esto impacta en dos puntos principales: Aprobación de actividades: al momento de realizar evaluaciones de impacto ambiental, deberán las provincias estudiar los glaciares o el ambiente periglacial y determinar, frente a cada proyecto, si la actividad involucrada está permitida o prohibida en función de los criterios fijados por el legislador.Inventario Nacional de Glaciares: cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), quien tiene a cargo el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de que lo incluya en el mencionado inventario. Asimismo, cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial no cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al IANIGLA para que se elimine del Inventario.La trampa intelectual resulta clara: la oposición a tocar la actual ley se hace invocando la violación de dos principios básicos con estatura constitucional y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia: la regresividad y el respeto de los presupuestos mínimos acordados como estándar nacional por la CN (art. 41, párrafo 3). Lo cierto es que una limitación extrema (prohibición absoluta) torna regresiva cualquier acción por menor que sea. Lo hacen ignorando los avances tecnológicos y el aumento de responsabilidad por parte de la minería moderna. Resulta autocumplida la profecía de quienes se oponen a la minería. La peor forma de proteger es prohibir. La incertidumbre se cumple no solamente para la empresa inversora, sino también para las autoridades de aplicación de la ley. La imprecisión acerca de lo que es un “ambiente periglacial”, en lugar de especificar un área con dos dimensiones: espacial (territorial) y temporal (perennidad), da lugar a la discrecionalidad. Esta ambigüedad ha quedado subsanada con el Inventario Nacional de Glaciares realizado por el IANIGLA (organismo científico del CONICET) publicado en el año 2018, que cubrió los estudios de Fase 1 (relevamiento satelital) quedando por hacer en cada caso los estudios de Fase 2 y 3 en el terreno, para determinar el potencial hídrico relevante de cada glaciar.El Inventario Nacional de Glaciares contará con un rol “precautorio” a fin de que no se critique una regresividad de la norma. En este sentido, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el mencionado Inventario, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de glaciares, pero cuando una provincia determine que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y deberá ser eliminado del Inventario.No se debe entender que el IANIGLA será eliminado ni dejará de estar a cargo del Inventario. Por el contrario, sólo se incorpora que deberá, necesariamente, adecuar el Inventario Nacional de Glaciares en función de lo que informen las provincias, lo cual dará al Inventario una utilidad más eficiente de cara al alcance de la tutela ambiental que la ley persigue.El Acuerdo de Escazú exige la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones ambientales. Por ello, se asegurará en el Congreso Nacional y legislaturas provinciales que se oigan las voces de los actores que deseen intervenir.La plena vigencia de toda la legislación nacional y provincial a cargo de las autoridades competentes, exige un adecuado poder judicial que garantice el cumplimiento pleno del Código de Minería Argentino (CMA), sancionado como ley 24.585 en 1995, al año siguiente de modificarse la Constitución Nacional (1994), el cual incorpora en sus artículos 246 al 268 todo un capítulo sobre protección ambiental. Consagra “como fin supremo la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural frente a los impactos potenciales de la actividad minera” (CMA art. 246), estableciendo severas penas que van desde sanciones correctivas, operativas, reparatorias, cese de actividad y cierre definitivo (3 reincidencias o falta grave), además de las responsabilidades penales.Asimismo, toda actividad productiva debe presentar un informe de impacto ambiental (CMA art.251) para ser sometida a aprobación, dando lugar a la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) así como a la Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la provincia o provincias correspondientes. Cabe destacar que estos estudios deben actualizarse cada dos años.Cuando se trate de eventuales cuencas de recurso hídrico compartido entre provincias, entra en vigencia el régimen de la Ley 25.688, o Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (art. 3: las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles; (art.4), creándose comités de cuenca interjurisdiccionales; de carácter vinculante cuando el impacto sea relevante (art.6).La reforma propuesta no deja de proteger ni protege menos, protege mejor. Por el contrario, deja de hacer discurso y protección abstracta y mantiene el objetivo prioritario de preservar las fuentes de agua (vecinas y de cuenca hídrica), por encima de los beneficios económicos y sociales que se puedan invocar en cada caso. Ante las fotos catastróficas que usan los extremistas ambientalistas, de más está decir que las áreas protegidas no se tocan. (parques nacionales como Los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno, la Antártida Argentina, etc.).No se debe tratar la reforma como una “modificación” de fondo de la ley de glaciares. Lo que se hace es adecuar su redacción a fin de que quede clara la interpretación correcta y modificar, sí, algunas cuestiones de orden competencial para fortalecer las atribuciones que constitucionalmente les corresponden a las provincias en su condición de titulares del dominio originario de los recursos naturales. Entender esto como una reforma que habilita nuevas actividades podría llevar a que las actividades que actualmente se realizan en los glaciares o el ambiente periglacial deberían estar prohibidas. Por ello, para no generar efectos adversos, se debe siempre afirmar que esto es reformular (para decirlo más claramente) lo que actualmente prevé, de modo deficiente, la ley de glaciares actual.La reforma es necesaria porque la cancha está desnivelada en favor de no permitir nada, y solamente con ciencia aportada por el CONICET y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y adecuada prospección y exploración, podremos lograr que las provincias (anteriores a la Nación) a través de sus gobernadores y legisladores, y poder judicial, transformen sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, poniendo en valor actual y futuro sus riquezas naturales, dando trabajo digno y progreso a sus habitantes, aportando crecimiento, inversiones , tecnología y divisas al país.Estamos alineados con la protección del ambiente y la liberación de las fuerzas productivas que permita generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales en dos minerales básicos (cobre y litio) para la transición energética que el mundo reclama, pasando de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica. Son los gobernadores, las legislaturas y la justicia de las provincias que cuentan con dichos recursos quienes deben armonizar la producción con triple impacto económico, social y ambiental positivo.Libertad con legalidad y responsabilidad. Son los conceptos con los que llevamos adelante la gestión ambiental en Argentina.

Ley de Glaciares: libertad con legalidad y responsabilidad

Neuquén atraviesa uno de los momentos de mayor dinamismo comercial de su historia. El crecimiento demográfico, la expansión urbana y el impacto directo de Vaca Muerta están transformando la matriz económica de la ciudad. Las marcas quieren estar. El problema es que muchas veces no encuentran dónde instalarse. En los últimos años el desembarco de cadenas nacionales e internacionales se volvió constante. La capital neuquina dejó de ser una plaza secundaria para convertirse en un mercado estratégico dentro del mapa argentino. El consumo crece, el flujo de personas aumenta y el poder adquisitivo vinculado a la industria energética reconfigura la demanda. Cadenas como McDonald’s abrió el año pasado un nuevo local en el oeste de la ciudad, consolidando su presencia en la capital. Mostaza también profundizó su expansión y ya cuenta con 6 locales en funcionamiento, incluyendo su último desembarco sobre la Ruta 22, en un espacio de gran superficie pensado para alto tránsito vehicular. Las cadenas analizan ubicación, accesibilidad y estacionamiento con un criterio cada vez más profesionalizado.En el aeropuerto internacional de Neuquén, la llegada de Juan Valdez con dos locales —uno en el hall público y otro en el sector de embarque nacional— marca otro síntoma de consolidación. La inversión fue impulsada por socios locales en articulación con Aeropuertos Argentina y el representante de la marca en el país. La apuesta se explica en números: más de 1,2 millones de pasajeros durante 2025 y un crecimiento del 23%. El aeropuerto dejó de ser solo una terminal aérea y se convirtió en plataforma comercial.Pero no todas las marcas que miran a Neuquén han concretado su desembarco. Fuentes del sector inmobiliario aseguran que cadenas gastronómicas reconocidas continúan evaluando alternativas de ubicación y analizando el mercado local. El principal desafío es la disponibilidad: faltan grandes superficies en zonas estratégicas y los espacios que aparecen se ocupan rápidamente. Faltan metros comerciales. Y los que existen están caros. En el centro de la ciudad, según referentes del sector inmobiliario, ya se escuchan valores que oscilan entre 10, 20 o hasta 30 millones de pesos mensuales para locales bien ubicados. En contratos dolarizados, los números pueden ir de 7.000 a 20.000 dólares por mes según superficie y ubicación. Son cifras que comienzan a compararse con corredores comerciales tradicionales de grandes capitales, algo impensado para Neuquén hace apenas unos años. El impacto es evidente: comercios históricos no logran sostener renovaciones contractuales y deben cerrar, mientras cadenas con mayor respaldo financiero pueden absorber esos costos. El recambio comercial no es casual, es estructural. El crecimiento genera oportunidades, pero también desplaza. Ante la falta de oferta disponible, algunas empresas optaron por construir sus propios espacios. El sector automotor es un ejemplo. A fines del año pasado, la marca china BAIC abrió un concesionario sobre Avenida Mosconi, mientras que otras firmas amplían instalaciones o desarrollan edificios a medida cuando no encuentran superficies adecuadas en el mercado. El parque automotor crece al ritmo de la actividad económica y obliga a repensar también la infraestructura comercial asociada. La ciudad, sin embargo, sigue operando con una estructura de centros comerciales limitada. Hoy Neuquén cuenta con el Alto Comahue Shopping, perteneciente a IRSA; el complejo Portal Patagonia, que integra Jumbo y Easy bajo la órbita de Cencosud; y el Paseo de la Patagonia de La Anónima, de menor escala. Incluso fuera de horarios pico, estos espacios muestran señales de saturación, especialmente en materia de estacionamiento. Encontrar lugar no siempre es sencillo y los perímetros suelen estar colmados de vehículos.En paralelo, comienzan a desarrollarse proyectos que buscan aliviar esa presión. En el acceso norte de la ciudad, Ruta Provincial 7 hacia Diagonal 9 de Julio, avanza la construcción de un Polo Gastronómico que incluirá un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 800 vehículos y un complejo con 4000 metros cuadrados destinados a restaurantes y actividades culturales. Es una respuesta concreta al déficit de infraestructura comercial de escala. Además, se confirmó en estos días la construcción de un nuevo estacionamiento en altura en el sector del Parque Central, detrás de los Arcos Romanos sobre Avenida Olascoaga, con capacidad para cerca de 500 vehículos. El proyecto no solo apunta a resolver la histórica falta de estacionamiento en el centro, sino también a incorporar espacios gastronómicos, una terraza verde con roof bar y una confitería, integrando movilidad y ocio en una superficie superior a los 16.000 metros cuadrados. La demanda gastronómica también expone el crecimiento. Hoy salir a comer en Neuquén, si uno no quiere esperar, implica reservar. Algo que años atrás no era habitual. Restaurantes llenos en días de semana ya no sorprenden. Sin embargo, la cantidad de parrillas tradicionales es limitada y la oferta de gastronomía de alto nivel continúa concentrada en pocos espacios, muchos de ellos vinculados a hoteles de categoría. La ciudad crece más rápido que su infraestructura comercial. Ese es el punto. Las marcas quieren aterrizar en Neuquén porque el mercado responde. La economía vinculada a Vaca Muerta genera consumo, movilidad y circulación de capital. Pero si no se desarrollan nuevos centros comerciales, corredores planificados y superficies de gran escala, el crecimiento comenzará a chocar contra su propio techo. El desafío ya no es atraer inversiones. El desafío es generar el espacio físico que permita sostenerlas. Porque en Neuquén las marcas están listas para aterrizar. Lo que falta es pista suficiente.

Vaca Muerta genera una expansión que demanda infraestructura

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por 380 millones de dólares en la provincia de San Juan. La iniciativa corresponde al consorcio Minera Andina, que fue adherido al régimen con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de la mina Veladero, uno de los principales yacimientos auríferos del país.El proyecto prevé la generación de más de 1.100 empleos directos e indirectos y un potencial exportador de 425 millones de dólares, consolidando el perfil minero-exportador de la región. En este marco, desde el oficialismo destacan que el RIGI ya acumula cerca de 100.000 millones de dólares en proyectos presentados, lo que anticipa un fuerte impacto en la creación de empleo formal y en el ingreso de divisas.<h2>YPF acelera su expansión en Vaca Muerta</h2>En paralelo, la petrolera estatal <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050">YPF </a>avanza con el desarrollo del área La Angostura Sur en Vaca Muerta, donde logró multiplicar por 20 su producción en tiempo récord. Este crecimiento se enmarca en la estrategia de la compañía de potenciar sus activos no convencionales y aumentar su capacidad exportadora.El avance en esta área refuerza el posicionamiento de Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos a nivel global, con impacto directo en la balanza energética argentina y en la atracción de inversiones internacionales.<h2>Cambio de estrategia: más liquidez y apertura al mercado</h2>A su vez, YPF impulsa un cambio de estrategia orientado a mejorar su liquidez y ampliar la base de inversores. La compañía busca “popularizar” sus acciones, facilitando el acceso al mercado de capitales y fortaleciendo su perfil financiero.Este giro responde a la necesidad de sostener el ambicioso plan de inversiones, especialmente en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, al tiempo que mejora su posicionamiento frente a eventuales escenarios de volatilidad económica.<h2>Nuevas reglas para ampliar el sistema eléctrico</h2>Por otra parte, el Gobierno reglamentó el esquema de concesiones de obra pública para expandir el sistema de transporte eléctrico. La medida apunta a incentivar la participación privada en proyectos de infraestructura clave, necesarios para acompañar el crecimiento de la demanda energética y evitar cuellos de botella en la distribución.La norma estipuló, por ejemplo, que los pagos destinados a estas nuevas concesiones de transporte tendrán prioridad de cobro, buscando garantizar un flujo de fondos previsible para los inversores.La ampliación del sistema eléctrico resulta estratégica para sostener tanto el desarrollo industrial como el crecimiento de sectores intensivos en energía, en un contexto donde las inversiones impulsadas por el RIGI y el auge de Vaca Muerta demandan mayor capacidad de transporte y distribución.

Nuevo proyecto minero al RIGI y otro récord de YPF en Vaca Muerta

La demanda total de<a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050"> energía</a> eléctrica de nuestro país tuvo en el mes de febrero una disminución del 8,9 % respecto al mismo mes del año 2025 con temperaturas en este mes algo inferiores (0,8° Centígrados) respecto a las del mismo mes del año pasado.Pero, la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios (sobre la que tiene muy poca influencia la temperatura), tuvo una disminución del 7 % (sin incluir a Aluar), respecto de febrero del año pasado.La demanda de energía eléctrica del sector industrial tuvo también una fuerte caída del 6,9 %. Esto último es un indicador confiable de que no ha comenzado la recuperación de la actividad industrial ni del empleo en nuestro país.Hay una relación directa entre la demanda de Grandes Usuarios del MEM (GU) registrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero). Este último incluye el relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.El IPI mide la evolución del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción, ventas, utilización de insumos, consumo aparente (todo en unidades físicas), cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadasPor lo tanto, el comportamiento de la demanda de grandes usuarios nos indica la situación real de la industria en nuestro país.Debemos tener en cuenta que la disminución de la producción industrial no necesariamente refleja una crisis estructural de las empresas sino la perdida sostenida de la capacidad de consumo de la población que, a su vez, arrastra a la industria.Es en la gente, no en las empresas, donde comienza la crisis, aunque a veces suceda a la inversa.Este mes las industrias han tenido una fuerte disminución de su demanda de electricidad y también, disminuyo aun en mayor magnitud la demanda de la rama de Alimentación, Comercio y Servicios lo que indica que la crisis ya llego a la calle.Es importante aclarar que en el caso de la demanda de electricidad de los GU y de la industria se suele excluir a la demanda de la industria Aluar porque el valor de demanda de esta Empresa que registra CAMMESA es solo lo que adquieren en el Mercado Eléctrico Mayorista y este valor, aunque es muy importante, no depende solo de su actividad, sino de su generación propia.A continuación, se puede apreciar la evolución de la demanda de energía eléctrica del conjunto de los grandes usuarios de febrero de este año respecto del mismo mes del año anterior.<figure class="image"><img src="https://newstadcdn.eleco.com.ar/media/2026/04/demanda_energia_mar_26.jpeg" alt="DEMANDA ENERGIA MAR 26"></figure>Fuente de los datos: Informes de Demanda de grandes Usuarios del MEM de CAMMESA de febrero del 2026<h2 style="text-align:justify;">Conclusiones</h2>Se observa que, en el mes de febrero del año 2026, la demanda de electricidad de los GU (sin incluir a Aluar), presentó una disminución del 7 % respecto al mismo mes del año 2025.&nbsp;Si bien se ve una caída en la mayoría de las actividades, se destacan principalmente la caída de la demanda eléctrica en aquellas actividades relacionadas con la rama industrial especialmente en la producción de bienes como las relacionadas a la, “industria textil” (-29,3 %), la gran siderurgia (-18,2 %), “de la construcción” (-10,9 %) y la automotriz (-10%).Esta disminución de la demanda eléctrica en los distintos sectores de nuestra actividad industrial es un reflejo de una mayor caída en el nivel de actividad de estos sectores y que, aunque con algún retraso, también en el nivel de empleo y en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país.Especialmente en aquellos sectores más vulnerables, dado que este deterioro profundiza su vulnerabilidad, por lo que requieren de políticas sectoriales que apuntalen su desarrollo.Debemos destacar que la disminución de la producción no necesariamente refleja una crisis estructural en las empresas, aunque esta crisis exista, sino que indica: la perdida sostenida de la capacidad de consumo de la población y que esta a su vez arrastra a la industria.&nbsp;*Francisco Carlos Rey es Investigador consulto y ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica&nbsp;

Qué indica la demanda de energía sobre la situación de la industria

La Ley Nacional 26.639, sancionada originalmente en el año 2010, estableció un paradigma de vanguardia a nivel mundial en materia de derecho ambiental. Su objetivo central fue preservar las masas de hielo y sus entornos como reservas estratégicas inalienables de recursos hídricos, garantizando el consumo humano, sosteniendo la agricultura de los oasis cordilleranos, permitiendo la recarga de las cuencas hidrográficas y asegurando la protección de la biodiversidad de alta montaña.La Ley ordenó la creación del Inventario Nacional de Glaciares. Esta tarea, quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que, con financiamiento estatal, debía cartografiar el hielo del país. Publicado oficialmente de manera completa en 2018, este inventario logró identificar y caracterizar científicamente un total de 16.968 cuerpos de hielo, abarcando una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados a lo largo de toda la extensión de la Cordillera de los Andes.Sin embargo, desde el mismo instante de su promulgación, la ley fue cuestionada por los sectores corporativo, extractivo y financiero. Luego de una larga batalla judicial, en la cual el Juzgado Federal N.º 1 de San Juan llegó a conceder medidas cautelares que suspendían artículos clave de la Ley 26.639 para proyectos mineros, la Corte Suprema dictó un fallo histórico ratificando su plena constitucionalidad, validando así el "bloqueo" a la actividad extractiva en las áreas protegidas por la ley.Clausurada la vía judicial, el sector corporativo y sus aliados políticos redirigieron sus esfuerzos hacia la modificación de la ley. El nuevo capítulo de esta pugna se inauguró a principios de 2026.El 26 de febrero de 2026, en un trámite exprés, el Senado de la Nación aprobó, con 69 votos afirmativos y 3 negativos, un proyecto de reforma que transfiere a las jurisdicciones provinciales una mayor laxitud institucional para autorizar actividades extractivas si logran demostrar —mediante estudios que las propias empresas suelen financiar— que no se ve afectado el recurso hídrico, invirtiendo de manera alarmante el principio precautorio que rige de forma supranacional el derecho ambiental. También queda a cargo de las provincias determinar qué glaciares o ambientes periglaciales merecen protección.<h2 style="margin-left:0cm;text-align:justify;">Audiencia Pública Histórica</h2>La inminencia de un dictamen exprés en las comisiones de la Cámara de Diputados, que el oficialismo pretendía firmar el 11 de marzo para llevar al recinto a mediados de mes, encendió las alarmas de la sociedad civil organizada. Diferentes organizaciones, junto con legisladores de bloques opositores, exigieron a las autoridades de la Cámara Baja la apertura de una instancia participativa, pública y de información transparente, de alcance federal.Ante esta presión social, el oficialismo cedió parcialmente. En la reunión plenaria del 4 de marzo de 2026, las autoridades de las comisiones competentes —la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado José Peluc (La Libertad Avanza), y la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)— acordaron formalmente convocar a una audiencia pública para debatir el proyecto en revisión.El registro de participantes se habilitó el 5 de marzo a través de un formulario disponible en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, con fecha límite para la inscripción el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas. Lo ocurrido en las dos semanas siguientes fue un hecho político sin precedentes. En un fenómeno de participación masiva sin antecedentes en la historia legislativa de la República Argentina y probablemente del mundo, el padrón oficial cerró con un asombroso récord histórico: más de 100.000 habitantes de todas las latitudes del país completaron el formulario con sus datos personales, exigiendo ser escuchados en el recinto.<h2 style="margin-left:0cm;text-align:justify;">La degradación de la democracia participativa ambiental</h2>Lejos de celebrar este compromiso ciudadano y adaptar el cronograma del Congreso de la Nación para dar cauce institucional a este fenómeno democrático, las autoridades de las comisiones optaron por una estrategia de restricción y censura. Al constatar que el aluvión de inscripciones haría matemáticamente imposible despachar la ley en los tiempos políticos, se desató una cascada de irregularidades procedimentales sin precedentes.La primera maniobra de clausura institucional se llevó a cabo el martes 10 de marzo de 2026. En pleno período legal de inscripción, la página web oficial de la Cámara de Diputados sufrió una modificación informática subrepticia y unilateral. Las personas que estaban siendo registradas y que habían recibido su confirmación dejaron de ser denominadas "participantes inscriptos" para pasar a ser catalogadas, bajo un nuevo y sugerente rótulo, como "solicitantes de inscripción". Esta grave alteración semántica transformó de un plumazo lo que era un derecho constitucional adquirido de participación en una mera expectativa de derecho, sujeta ahora a la total discrecionalidad y al poder de veto de las autoridades de las comisionesApenas 48 horas después, el jueves 12 de marzo, los presidentes de las comisiones (los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz) decidieron, de forma unilateral, que solo se concedería el uso de la palabra oral a un grupo minúsculo. Para eso, inventaron un criterio de selección basado exclusivamente en el orden cronológico estricto de inscripción, determinando que solo hablarían "los primeros inscriptos de cada jurisdicción" provincial. Este mecanismo implicaba, en los hechos, la exclusión absoluta del 99,8% de la población registrada.La consumación final del cercenamiento masivo del ejercicio de hacer uso de la palabra en la audiencia pública se materializó el mismo viernes 20 de marzo cuando decenas de miles de ciudadanos inscriptos recibieron un mensaje, firmado conjuntamente por los diputados Peluc y Mayoraz, informando que, "atento al número de inscriptos”, la intervención directa quedaba suprimida y que la participación de los destinatarios se concretaría obligatoriamente en dos modalidades alternativas impuestas. Por escrito, mediante el envío de un documento de texto al correo electrónico de la comisión. Y por audiovisual a través de un video grabado por sus propios medios.Esta decisión administrativa vació por completo de contenido la figura jurídica y política de la "Audiencia Pública", sustituyendo la esencia de la deliberación sincrónica, el debate oral cara a cara, el derecho a réplica y la inmediatez —elementos constitutivos insustituibles de esta instancia participativa— por un mero buzón de sugerencias digital, asincrónico y unidireccional.Estas decisiones altamente discrecionales desencadenaron respuestas jurídicas e institucionales inmediatas. Un bloque transversal, integrado por once diputados nacionales, presentó un contundente documento formal de 16 páginas que impugnó la totalidad de la audiencia.&nbsp;Paralelamente y en una carrera contra el reloj, se presentaron varios amparos colectivos cuyas cautelares fueron rechazadas. Aún queda pendiente de resolución un amparo colectivo presentado en defensa de los inscriptos domiciliados en la Provincia de Buenos Aires, que se tramita en el Juzgado Federal de La Plata N° 2, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.La Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, representada por Roberto Daniel Rodríguez y el ingeniero Néstor Pedro Lastiri, obtuvo una sentencia favorable para participar en la Audiencia Pública.De los más de 100.000 inscriptos originalmente registrados, sólo fueron habilitados para exponer 444 personas. De ese padrón hiperfiltrado, finalmente 207 personas lograron hacer uso efectivo de la palabra en tiempo y forma (lo que representa la irrisoria cifra de aproximadamente un 0,2% del padrón original total). A continuación, presentamos los resultados de las intervenciones duranta la audiencia:·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cantidad EN CONTRA de la reforma de la Ley de Glaciares: 183 (88.4% del total).<ul><li>Cantidad A FAVOR de la reforma de la Ley de Glaciares: 22 (10.6% del total).</li><li>Cantidad NEUTRAL / Técnico: 2 (1%).</li><li>Cantidad que CUESTIONÓ LA METODOLOGÍA de la Audiencia Pública: 163 (Aprox. 78.7% del total). La abrumadora mayoría de los participantes manifestó que la audiencia era un "simulacro", una "farsa", que incumplía con el Acuerdo de Escazú, con la Ley de Ambiente y con el Convenio 169 de la OIT, denunciando sistemáticamente que se había censurado a más de 100.000 ciudadanos inscriptos.</li></ul>La farsa de la audiencia no solo excluyó a más de 100.000 inscriptos de la posibilidad de hacer uso de la palabra, sino que además adulteró los listados de los supuestos “primeros inscriptos habilitados para hablar”. Y así fue como personas que estaban anotadas en la audiencia, pero que no habían sido seleccionadas para hablar, lograron hablar. Lo insólito es que les permitieron el uso de la palabra a personas que ni siquiera se habían inscripto en la audiencia, casualmente, la mayoría de ellos, representantes del lobby minero sanjuanino.&nbsp;La pretendida y publicitada "modalidad audiovisual" —que consistía en el mandato de subir videos personales al canal de YouTube de la Cámara— resultó ser un rotundo y humillante fracaso en la accesibilidad técnica, operativa y democrática. Según relevamientos posteriores, apenas un microscópico 0,07% de los ciudadanos marginados de la oralidad presencial logró cargar sus ponencias con éxito en la plataforma oficial.<h2 style="margin-left:0cm;text-align:justify;">El Acuerdo Regional de Escazú&nbsp;</h2>La República Argentina, en ejercicio pleno de su soberanía, ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo dictamina que los procesos participativos deben cumplir con estándares mínimos: deben ser indiscutiblemente abiertos (prohibiendo censuras previas o cierres de padrón arbitrarios), profundamente inclusivos, materiales y efectivamente incidentes en la formación de la decisión, y deben instrumentarse siempre en las etapas más tempranas de la discusión.La doctrina jurídica subraya que la "efectividad" real de la participación ciudadana exigida por Escazú no se satisface jamás con la recepción mecánica, pasiva y burocrática de un correo electrónico institucional, ni con la lectura aislada de un PDF estático de 10 carillas. La verdadera participación efectiva requiere la interacción dinámica, la inmediación física o telemática sincrónica, la oralidad y, sobre todo, la capacidad real del ciudadano de influir persuasivamente en los tomadores de decisiones (los legisladores) mediante el intercambio de argumentos en tiempo real.Al obligar compulsivamente a decenas de miles de inscriptos válidos a utilizar modalidades asincrónicas y escritas, y a depender de plataformas privadas de video (como YouTube), el Estado argentino cercenó de raíz la naturaleza deliberativa y democrática de la audiencia, convirtiéndola en un grotesco simulacro burocrático y receptor.<h2 style="text-align:justify;">Las consecuencias</h2>El mensaje es inequívoco: si el Congreso de la Nación Argentina decide avanzar y sancionar la reforma legislativa apoyándose de forma irresponsable sobre los cimientos de una audiencia pública ostensiblemente viciada de nulidad desde su concepción, la nueva ley de glaciares nacerá a la vida jurídica envuelta, desde el día uno, en un espeso manto de ilegitimidad procedimental y constitucional. Y como consecuencia lógica y previsible, la norma será impugnada en su aplicación concreta, artículo por artículo y proyecto por proyecto minero, en una interminable guerra de desgaste judicial.&nbsp;*La Ing. Eva Koutsovitis. es docente e investigadora de la FIUBA. Fundadora de El Movimiento La Ciudad de Buenos Aires.&nbsp; * El abogado Jonatan Baldiviezo es Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad&nbsp;

La ley de glaciares se encamina a la judicialización

En un contexto de volatilidad internacional del precio del petróleo, YPF decidió mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, una medida que fue acompañada por otras petroleras y que, en la práctica, configura un esquema de contención en el mercado local. La decisión apunta a evitar un traslado inmediato de las subas internacionales al surtidor y sostener el nivel de consumo interno.El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia busca amortiguar el impacto de la coyuntura externa: “Decidimos crear un buffer (amortiguador) para que el consumo no baje”. En la misma línea, afirmó que “YPF va a mantener los precios estables durante 45 días”, al tiempo que aclaró que no se trata de un congelamiento formal: “No hay ni precios fijos ni subsidios”.La iniciativa surge en un escenario de caída de la demanda tras los últimos aumentos y refleja un rol activo de la petrolera estatal: “Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, explicó Marín.<h2>Vista Energy acelera su expansión en Vaca Muerta</h2>Vista Energy colocó 500 millones de dólares en el mercado internacional mediante obligaciones negociables a largo plazo, en una operación que fortalece su plan de crecimiento en Vaca Muerta. La compañía busca consolidar su perfil exportador y aumentar su producción de petróleo no convencional en los próximos años.El acceso al crédito externo confirma el interés de los inversores por el potencial del shale argentino, en un contexto donde Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento del <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050">sector energético</a>. La estrategia de la empresa apunta a escalar producción y aprovechar la ventana de precios internacionales.<h2>Pampa Energía mejora su financiamento para inversiones</h2>Pampa Energía logró captar 200 millones de dólares en el mercado local a través de obligaciones negociables, con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial. Los fondos estarán destinados a financiar inversiones en proyectos vinculados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.El resultado refuerza la idea de que las compañías con activos en Vaca Muerta mantienen acceso al financiamiento y capacidad de expansión.Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".<h2>Anticipo: impulso a una ley de transición energética</h2>El sector de energías renovables avanza en la promoción de un proyecto de Ley de Transición Energética, con el objetivo de establecer reglas claras y de largo plazo que impulsen inversiones y aceleren la descarbonización de la matriz energética. La iniciativa es impulsada por actores de la industria que buscan mayor previsibilidad regulatoria.El proyecto plantea no solo beneficios ambientales, sino también económicos, al facilitar el ingreso de financiamiento internacional y permitir una mejor utilización de los recursos energéticos del país. En ese marco, la transición energética aparece como un complemento al desarrollo de Vaca Muerta, en un esquema que combina expansión hidrocarburífera con diversificación hacia fuentes limpias.

El "amortiguador" de YPF, expansiones en Vaca Muerta y proyecto para renovables

Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,<h2 style="text-align:justify;">La necesidad de un “barril criollo”</h2>Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina.&nbsp;Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

Fallo histórico por YPF: el negocio especulativo se tiró por la borda

La iniciativa oficial de adecuación de la Ley de Glaciares volvió esta semana a ser uno de los ejes de la semana. Todo en medio de una impracticable pretensión de darle espacio a 100 mil anotados para exponer en la audiencia en el anexo de Diputados, a la que finalmente acudieron 400 oradores.Las provincias mineras, y por lo tanto protagonistas en el proceso de transición<a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050"> energética </a>hacia tecnologías limpias, demandan tener la potestad de decidir sobre qué recursos naturales avanzar, siempre en base a criterios científicos objetivos y no mandatos prohibicionistas que traban posibilidades de desarrollo económico. &nbsp;&nbsp;En este marco, funcionarios del gobierno de San Juan expusieron una postura convergente: respaldaron el proyecto oficial de adecuación normativa, pidieron mayor precisión técnica y remarcaron que la protección de las reservas hídricas es un eje indiscutido.Durante la audiencia pública, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, dejó en claro el acompañamiento provincial al proyecto: “Apoyamos este proyecto de adecuación de los presupuestos mínimos de la Ley de Glaciares” . En ese sentido, planteó que el debate ambiental y productivo suele estar atravesado por una tensión equivocada: “Me gustaría hacer foco sobre una falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa” .El funcionario contextualizó su postura en las condiciones estructurales de la provincia: “San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a un oasis donde conviven población y agricultura” , y sostuvo que “la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades” . En ese marco, reafirmó: “Nadie mejor que nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua y la defensa de los glaciares” .Fernández también destacó la diversidad de la economía sanjuanina: “Somos también una provincia con diversidad manufacturera, metalmecánica, industria de medicamentos, textiles, todas actividades que contribuyen junto con el turismo” . Sin embargo, advirtió que existen limitaciones estructurales: “Muchas de estas actividades productivas manifiestan dificultades para mejorar su competitividad” vinculadas a infraestructura, energía y uso eficiente del agua .“La minería tiene la oportunidad de generar empleo local y tiene esa capacidad de desarrollar al resto de las actividades, porque la posibilidad de inversiones que realiza en infraestructura son una llave que abre la posibilidad de infraestructura vial, de infraestructura energética y de infraestructura en general para el desarrollo de las demás actividades productivas”, enfatizó el ministro.En relación al recurso hídrico, aportó datos para relativizar el impacto del sector minero: “El 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y solo el 3% a la minería” . A partir de esto, señaló que “nuestro problema tiene que ver con mejorar la eficiencia” y precisó que “más de la mitad de nuestros cultivos no cuentan todavía con riegos mecanizados” .Por su parte, el funcionario técnico de Minería de San Juan, Pablo Fernández, puso el foco en la necesidad de mejorar la calidad normativa sin modificar el objetivo central de protección ambiental. En ese sentido, afirmó que el inventario de glaciares “debe ser una herramienta central para la protección”, pero aplicada “de forma dinámica y con el respaldo de la ciencia” .Además, subrayó la importancia de actualizar la legislación en función del conocimiento: “La ciencia no es estática y la legislación pueda aprovechar los avances tecnológicos” en áreas como la teledetección, la geología y los modelos climáticos.En el cierre, sintetizó la postura oficial: “La protección de las reservas hídricas no está en discusión. Lo que estamos buscando es la protección eficaz, una ley que sea clara y que nos dé la certeza y seguridad jurídica necesaria” , y agregó que el objetivo es “desarrollar nuestras actividades productivas de manera responsable, conviviendo de manera armónica con el ambiente” .De este modo, San Juan defendió en el Congreso una posición madura sobre la modificación de la Ley de Glaciares con un mensaje político y técnico unificado: la protección del agua es un consenso, pero consideran necesario redefinir con mayor precisión científica el alcance de la norma para compatibilizar desarrollo productivo en pos del emple y cuidado ambiental.

Glaciares: San Juan rechazó la falsa dicotomía entre desarrollo y protección

La decisión de la justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina marcó un punto de inflexión para la petrolera estatal YPF. En ese contexto, su presidente y CEO, Horacio Marín, celebró el resultado con definiciones contundentes: “Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF”, afirmó, y remarcó que la resolución “evita el pago de 16.000 millones de dólares”.&nbsp;El directivo sostuvo además que el desenlace judicial permite “seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”. En esa línea, también destacó el trabajo técnico detrás de la defensa: “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”.<h2>Financiamiento récord para el GNL de Vaca Muerta</h2>En paralelo al frente judicial, Marín puso el foco en el crecimiento del negocio exportador, especialmente en el desarrollo del gas natural licuado. “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”, aseguró, en referencia al fuerte interés de bancos internacionales en el proyecto. El ejecutivo subrayó que este respaldo financiero no solo garantiza la viabilidad de la iniciativa, sino que posiciona al país en el mercado global <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050">energético</a>. Según explicó, el objetivo es transformar a la Argentina en un jugador relevante en la exportación de GNL, apalancado en los recursos de Vaca Muerta y en una estrategia de largo plazo orientada a la generación de divisas.“El diferencial hoy es el Gobierno. Si no tuviésemos el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), no hay LNG. Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios”, reforzó.<h2>Flexibilización para mayor uso de bioetanol</h2>El Gobierno avanzó en una medida para flexibilizar el mercado de combustibles al modificar las especificaciones técnicas de las naftas, con el objetivo de permitir que el corte de bioetanol pueda alcanzar efectivamente el 15%.&nbsp;La decisión, instrumentada a través de la Resolución 79/2026, elevó el límite máximo de oxígeno en los combustibles hasta 5,6%, un cambio clave que habilita a las refinadoras a incrementar la proporción de biocombustible en las mezclas, algo que hasta ahora en la práctica se mantenía cerca del 12% por restricciones técnicas.El esquema es de aplicación voluntaria, por lo que su impacto dependerá de la estrategia comercial de cada empresa del sector, que podrá optar por aumentar el uso de bioetanol en función de su conveniencia económica. En este contexto, el incentivo principal radica en el diferencial de costos: con los precios actuales del crudo, el bioetanol resulta más competitivo que la nafta fósil, lo que permitiría abaratar la producción de combustibles y, eventualmente, moderar la presión sobre los precios en surtidor.<h2>Las renovables alcanzan niveles históricos en la matriz energética</h2>El avance de los hidrocarburos convive con un crecimiento sostenido de las energías limpias. En los últimos registros, las fuentes renovables llegaron a cubrir hasta el 40% de la demanda eléctrica en determinados momentos, reflejando un cambio estructural en la matriz energética argentina. Este fenómeno responde tanto a nuevas inversiones como a políticas de diversificación que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la sustentabilidad del sistema energético nacional.<h2>La primera ruta solar del país</h2>Como parte de esta transformación, la Argentina dio un paso simbólico y tecnológico con la inauguración de su primera ruta 100% solar, una obra que combina innovación en infraestructura con generación de energía limpia. El proyecto se inscribe en una tendencia global que apunta a integrar soluciones sustentables en el desarrollo vial, y refuerza la idea de que la transición energética no solo se juega en la producción, sino también en la forma en que se consume y se distribuye la energía.

Nuevo escenario en YPF, financiamiento récord en Vaca Muerta y avance solar

Para las empresas que analizan sumarse al ecosistema <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050">energético </a>más dinámico de Argentina, el camino comienza construyendo alianzas inteligentes. Integrarse con firmas neuquinas activas permite comprender tiempos de decisión, estándares técnicos y dinámicas operativas, reduciendo riesgos y acelerando procesos en una industria que no admite improvisaciones. Un mercado exigente y técnicamente complejo Vaca Muerta opera bajo condiciones particulares, donde evaluar una propuesta requiere analizar el esquema completo de costos y requerimientos operativos. Mirar precios de manera aislada puede generar interpretaciones incompletas en una industria que combina complejidad técnica, logística y laboral en cada contrato. Un servicio puede parecer competitivo hasta que se incorporan variables como acuerdos gremiales específicos, horas viaje, traslados a locaciones remotas, adicionales por turnos y exigencias propias de la actividad. Comprender esa estructura integral es fundamental para dimensionar correctamente cualquier propuesta dentro del sector Oil &amp; Gas. Información y ventaja competitiva Según informó recientemente el Centro PyME-ADENEU, apenas alrededor del 27% de los bienes y servicios demandados por la industria petrolera en Neuquén se contratan hoy a proveedores neuquinos. Ese dato refleja el enorme potencial de crecimiento existente, tanto para empresas locales como para aquellas que busquen integrarse y ampliar la oferta disponible. Se cuenta con una base de datos oficial de empresas certificadas bajo la Ley 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, conocida como “Compre Neuquino”, que puede consultarse en <a href="https://cadenavalorneuquina.adeneu.com.ar/">cadenavalorneuquina.adeneu.com.ar</a>. Además, el entramado productivo puede explorarse en <a href="https://guiavacamuerta.com/">www.guiavacamuerta.com</a>, catálogo profesional de proveedores de la industria en la región. Ventajas concretas de trabajar con una firma neuquina &nbsp;<ul><li>Acceso a información anticipada sobre planes de inversión y certificación presentados por operadoras y grandes empresas de servicios.</li><li>Conocimiento profundo del territorio y de la dinámica operativa diaria.</li><li>Experiencia en normativas provinciales y requisitos regulatorios específicos.</li><li>Manejo de acuerdos gremiales y exigencias propias de la industria.</li><li>Red de vínculos locales ya consolidada con cámaras, proveedores y actores clave.</li><li>Capacidad de acelerar procesos administrativos y técnicos en la región.</li></ul> Las empresas neuquinas cuentan con experiencia operativa directa, acceso a información sectorial relevante y comprensión real del funcionamiento diario de la industria. Otras compañías pueden aportar tecnología, capital o servicios complementarios que aún no se desarrollan plenamente. Esa lógica de integración permite ampliar capacidades, generar nuevas unidades de negocio y fortalecer el entramado productivo. Confianza y profesionalismo como punto de partida En los negocios internacionales suele repetirse una idea simple: incluso en entornos complejos, las empresas avanzan cuando perciben compromiso y seriedad. La confianza se construye desde hechos tan simples como llegar a horario a una reunión hasta asumir compromisos más complejos y cumplirlos en el tiempo. En la industria energética, esas acciones son las que terminan concretando alianzas e inversiones reales. Un ecosistema abierto para quienes quieran sumar valor La Ley de Compre Neuquino no le pone una tranquera a Neuquén. Ordena el acceso, genera previsibilidad y crea mejores condiciones para que las empresas locales sean más competitivas, accedan a información relevante y pongan en valor su experiencia. En esa misma línea, también representa una puerta concreta para firmas de Argentina y del mundo que quieran integrarse de manera inteligente, de la mano de actores que conocen el funcionamiento real del ecosistema, sus tiempos, sus reglas y sus exigencias. Lo cierto es que Vaca Muerta requiere más proveedores, más inversión, más tecnología y más talento. La oportunidad está abierta para quienes entiendan que el desarrollo sostenible se construye con profesionalismo, cumplimiento y visión de largo plazo. Neuquén ha crecido históricamente con los brazos abiertos para todos los que quieran venir a sumar, aportar valor y construir confianza en un mercado con enorme proyección.

Vaca Muerta: por qué conviene hacer alianzas con firmas de Neuquén

La inauguración del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta en Neuquén fue el eje central de la semana <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050">energética</a>. El acto estuvo encabezado por el CEO de YPF, Horacio Marín.“No hay crecimiento de Vaca Muerta sin educación”, afirmó, marcando el tono de su discurso. Para el ejecutivo, el desarrollo del shale argentino no puede sostenerse únicamente en inversión y tecnología, sino que requiere una base sólida de trabajadores capacitados.Marín fue más allá al señalar que “la industria necesita gente preparada en todos los niveles”, desde operarios hasta perfiles técnicos especializados. En esa línea, destacó que el instituto busca cerrar la brecha entre la demanda laboral y la oferta educativa: “Estamos creando un sistema que forme a las personas que realmente necesita la industria”.El titular de YPF también planteó una visión estratégica de largo plazo: “Tenemos la responsabilidad de desarrollar Vaca Muerta de manera eficiente y segura, y eso empieza por la capacitación”. Además, subrayó que el desafío no es solo productivo sino estructural: “Si no formamos a nuestra gente, el crecimiento va a tener un límite”.El instituto apunta a formar miles de técnicos por año, con programas diseñados junto a empresas del sector, en lo que Marín definió como “un cambio de paradigma en la relación entre educación e industria”.<h2>Río Negro: avanza la exploración minera en Sierra Grande</h2>En paralelo, el proyecto Delta XXI continúa avanzando en la exploración de fluorita en Sierra Grande, con el objetivo de reactivar una mina que supo ser clave para la economía regional.La iniciativa busca posicionar a la provincia de Río Negro en la producción de minerales estratégicos, en un contexto donde crece la demanda global de insumos para la industria y la transición energética. La fluorita, en particular, tiene aplicaciones relevantes en procesos industriales y tecnológicos.El avance del proyecto refleja una tendencia hacia la diversificación de la matriz productiva, complementando el desarrollo hidrocarburífero con nuevas oportunidades en minería.<h2>Juicio por YPF: señales de alivio en un caso clave</h2>En el frente judicial, el juicio por la expropiación de YPF volvió a generar expectativas. El proceso en Estados Unidos atraviesa una etapa determinante, con definiciones que podrían impactar de lleno en las finanzas del país.En los últimos días, surgieron interpretaciones más optimistas en torno a la posición argentina. Analistas vinculan este escenario con un cambio en el contexto internacional y una relación más fluida entre Argentina y Estados Unidos, lo que podría influir indirectamente en el desarrollo del caso.Si bien aún no hay resoluciones definitivas, el mercado sigue de cerca cada novedad en un litigio que se mantiene como uno de los principales focos de atención para el sector energético.<h2>Europa: el debate por el regreso de la energía nuclear</h2>A nivel internacional, Europa reavivó el debate sobre la energía nuclear como alternativa para garantizar seguridad energética y reducir emisiones.Frente a los desafíos de abastecimiento, los altos costos de la energía y la necesidad de acelerar la transición ecológica, varios países evalúan retomar o ampliar sus programas nucleares.Francia cubre cerca del 65% de su demanda eléctrica con energía nuclear y ya impulsa la construcción de seis nuevos reactores EPR, mientras evalúa sumar otros ocho, en paralelo al crecimiento de las energías renovables. Otros países también muestran señales de cambio. Bélgica busca extender la vida útil de sus centrales, Italia avanza con iniciativas para revertir su histórica prohibición nuclear y Grecia abrió el debate sobre tecnologías más modernas, como los reactores avanzados y los pequeños reactores modulares (SMR).En contraste, naciones como Suecia y Finlandia, que nunca abandonaron esta fuente, mantienen a la energía nuclear como un pilar que convive con altos niveles de renovables. En conjunto, la energía nuclear representa alrededor del 23% de la electricidad de la Unión Europea y cerca del 50% de su generación baja en carbono. Además, experiencias como la finlandesa sugieren que esta fuente puede contribuir a precios más estables frente a países que optaron por retirarla, como Alemania.&nbsp;

Nuevo instituto, más exploración minera y Europa en un dilema

Las tensiones entre Irán y otros actores de Medio Oriente suelen analizarse desde la geopolítica <a href="https://www.newstad.com.ar/contenidos/energia-2050">energética</a> o la seguridad militar. Sin embargo, hay otra dimensión menos visible pero profundamente estratégica: el impacto que estos conflictos pueden tener sobre el agua.El primer punto clave es la relación entre agua y energía. Las operadoras de agua suelen ser uno de los mayores consumidores de energía de las ciudades, junto con industrias intensivas como la siderurgia o la química. Bombear agua desde ríos o acuíferos, potabilizarla, transportarla cientos de kilómetros o desalinizar agua de mar requiere enormes cantidades de electricidad y combustibles. Por eso, cuando un conflicto eleva el precio de la energía, también aumenta inmediatamente el costo del agua.Esta relación se vuelve aún más crítica en regiones áridas. En muchos países del Golfo, gran parte del agua potable proviene de plantas desalinizadoras gigantes, que dependen directamente del suministro energético. En un escenario de guerra, estas instalaciones pueden convertirse en objetivos estratégicos o quedar paralizadas por cortes de energía o problemas logísticos.A esto se suma la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales. Uno de los puntos más sensibles del planeta es el Estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por allí circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y más de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo.Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, se encarece el transporte marítimo global y se dispara el precio de la energía. Eso repercute directamente en el agua: desde el costo de operación de los sistemas urbanos hasta el transporte de equipos, productos químicos y membranas utilizadas en la potabilización y la desalinización.Pero el agua también puede ser un objetivo o incluso un arma en los conflictos. La contaminación deliberada de fuentes de agua —reservorios, ríos o redes de distribución— es una amenaza reconocida en escenarios de guerra y terrorismo. Atacar la calidad del agua puede generar crisis sanitarias masivas con relativamente pocos recursos, lo que convierte al agua en una infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad.Además, los conflictos suelen provocar movimientos masivos de población. Cuando millones de personas se desplazan por guerras o crisis humanitarias, los sistemas de agua de las regiones receptoras pueden verse rápidamente desbordados, especialmente en zonas con estrés hídrico.También hay un impacto menos visible pero muy importante en el comercio internacional: el llamado “agua virtual”, es decir, el agua utilizada para producir alimentos y bienes agrícolas. Si una guerra altera los mercados de energía o fertilizantes, los países pueden cambiar sus patrones de producción agrícola, modificando indirectamente los flujos globales de agua.Sin embargo, el agua no solo genera tensiones; también puede impulsar cooperación entre países. Existen casos en los que el abastecimiento compartido de agua obliga a mantener mecanismos de cooperación incluso en contextos políticos complejos.Uno de los ejemplos más conocidos es el acuerdo entre Malasia y Singapur, donde este último depende en parte del agua proveniente del estado malasio de Johor, lo que ha llevado a décadas de acuerdos bilaterales de suministro.Otro caso relevante es el tratado hídrico entre Israel y Jordania, firmado en el marco del acuerdo de paz de 1994, que regula el uso del río Jordán y otros recursos compartidos, y ha sido ampliado con intercambios de agua y energía en los últimos años.Estos ejemplos muestran que el agua puede ser tanto un factor de conflicto como una base para la cooperación. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos regionales pueden tener efectos sistémicos sobre la seguridad hídrica global.Por eso, entender la geopolítica del agua no es solo una cuestión ambiental o técnica. Es también una cuestión estratégica. En un planeta donde el acceso al agua es cada vez más crítico, proteger la infraestructura hídrica y fortalecer la cooperación internacional será tan importante como garantizar la seguridad energética o alimentaria.*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua&nbsp;

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