Zonas frías y la pérdida de la cultura del ahorro de energía

La amplición de las zonas frías fue un error del kirchnerismo. A través de Máximo Kirchner, ampliaron una zona que tenía una promoción determinada, con un precio entre un 30% y un 50% más bajo que el resto del país. Era la llamada zona fría, que abarcaba alrededor de 900.000 usuarios. 

De repente, se agregaron tres millones de usuarios de zonas que son templadas. Si uno observa el mapa mundial y distingue entre zonas frías y zonas templadas, verá que las que se incorporaron son zonas templadas, no zonas frías.

Yo creo que, si fuéramos un país rico, con superávit fiscal y un Estado generoso que pudiera hacerse cargo de esos beneficios, sería otra discusión. Pero no es nuestro caso. No me parece bien que, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe y en otras provincias, todo el país le esté pagando a la gente un subsidio porque hace un poco de frío en invierno.

Además, esto desvirtúa el uso racional de la energía. Nadie que tenga un subsidio de casi el 50% en una zona donde no hace tanto frío va a pensar, cuando construya su casa o haga alguna refacción, en incorporar sistemas de aislamiento, como doble vidrio, doble pared o sistemas de calefacción más eficientes. Entonces, se promueve el derroche.

Por otro lado, recién ahora estamos empezando a salir adelante y a poder utilizar plenamente el gas. Todavía falta un poco, pero hace tres o cuatro años, cuando incluso faltaba gas, se implementó este subsidio. Yo no lo comparto. Por supuesto, hay gente que piensa distinto.

Cuando se instaló este régimen fue una medida política, porque cuando alguien genera un gasto otorgando un beneficio que no era necesario, tiene un fin político.

En promedio, esas zonas no tienen temperaturas bajo cero. No son zonas frías. La temperatura media es de seis o siete grados. Bajo cero puede hacer en determinados momentos, durante la noche, pero al mediodía, por ejemplo, esa temperatura ya no existe.

Además, el subsidio original para la zona fría se financiaba con un fideicomiso que pagábamos entre todos y que, más o menos, alcanzaba para cubrir ese beneficio. De repente, le agregan tres millones de usuarios y ese fideicomiso ya no alcanza. Entonces, el financiamiento termina siendo con emisión e inflación, porque el Tesoro tiene que sacar recursos de algún lado para pagar ese subsidio. Las empresas no lo pagan. Si el Estado decide cobrar menos por el gas, alguien tiene que cubrir esa diferencia, y eso distorsionó todo.

La franja que se incorporó con esa reforma, y que ahora se pretende modificar, coincide con zonas templadas. Si uno compara con otras partes del mundo, como el sur de Europa, encuentra regiones de características similares. Desde el punto de vista ambiental o energético, no hay ningún criterio que justifique esa decisión. No creo que haya sido una medida racional. Y en términos fiscales, estos subsidios representan alrededor de 300 millones de dólares por año. 

Somos un país que, después de 25 años de energía barata, perdió la cultura del ahorro energético. Cualquiera que tenga la oportunidad de viajar al exterior se da cuenta de cómo se cuida la energía: cómo se apaga la luz, cómo se administra la calefacción, cómo se utiliza el gas y cómo los sistemas constructivos están pensados para conservar el calor. Acá esa cultura no existe.

La modificación es positiva, pero el Gobierno tiene que explicarla bien. De lo contrario, parece aquello de película: "a partir de ahora la gente va a pasar frío", y no es así. Incluso en estas zonas sigue habiendo subsidios, aunque ahora están focalizados. Si uno consume por encima de determinado nivel, paga la tarifa plena; pero por debajo de ese consumo sigue teniendo un subsidio. No se eliminaron por completo.

Siempre que se tratan este tipo de leyes hay un toma y daca político. En su momento, seguramente negociaron algún cambio para que un gobernador pudiera decir: "Ahora en mi provincia van a pagar menos el gas porque el Estado nacional cubre la diferencia". Y ahora ocurrirá algo parecido. Para eliminar ese beneficio, el Gobierno tendrá que ofrecer alguna compensación o contener a los gobernadores, que deberán explicar por qué sus provincias pierden un subsidio que ya tienen desde hace cinco años.