Trata: buscan endurecer penas por abuso

La trata de personas es uno de los delitos más complejos y mutantes del siglo XXI. Con nuevas formas de captación, redes cada vez más difusas y modalidades de explotación que exceden los marcos clásicos, el derecho penal enfrenta el desafío urgente de adaptarse a una realidad cambiante. En este contexto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley que busca actualizar el artículo 145 bis del Código Penal argentino, ampliando el alcance de la figura penal y subsanando vacíos normativos que hoy dejan desprotegidas a miles de víctimas.

El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 145 bis, que sanciona con penas de entre 4 y 8 años de prisión a quien “ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque medie el consentimiento de la víctima”.

Este cambio no es menor. Hasta ahora, la legislación penal argentina se enfocaba principalmente en los fines de explotación –sexual, laboral o de tráfico de órganos– como condición para configurar el delito de trata. Sin embargo, según el texto del proyecto y los fundamentos presentados, existen situaciones que no encuadran en esos fines tradicionales y que, por lo tanto, quedan en una zona gris: entrega de menores para adopciones ilegales, captación con fines reproductivos en el marco de maternidades subrogadas no reguladas, o incluso traslado de personas en situación de vulnerabilidad sin violencia directa, pero con daño psicológico o físico.

Brügge argumenta que estos casos son cada vez más frecuentes, y que el uso de figuras penales alternativas (como falsedad ideológica o asociación ilícita) no logra abarcar integralmente la dimensión del daño ni la necesidad de proteger a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. En sus fundamentos, el legislador señala que el delito de trata, tal como está tipificado hoy, no alcanza a cubrir las nuevas formas de sometimiento de personas, en especial de niños y adolescentes, en contextos de pobreza y falta de control institucional.

La reforma propuesta también se alinea con tendencias internacionales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, aprobó recientemente una revisión de sus normas para incluir como formas de trata el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la explotación reproductiva. La Argentina, sostiene Brügge, no puede quedarse atrás en este debate global. Más aún, teniendo en cuenta que, en el país, la mayoría de los casos detectados son de trata interna y muchas veces involucran estructuras familiares, no profesionales, que escapan al radar de las grandes investigaciones internacionales.

Otro aspecto relevante del proyecto es que consolida una perspectiva centrada en la integridad psicofísica de la persona. Deja de lado la discusión sobre el consentimiento –frecuentemente esgrimido como justificación en contextos de vulnerabilidad extrema– y pone el foco en el daño producido. Así, se avanza en una visión más moderna y protectora de los derechos humanos.

La ley 26.364 y sus reformas posteriores (como la 26.842) representaron un avance decisivo en la penalización de la trata en Argentina. Pero, como advierte Brügge, las estadísticas de condenas siguen siendo bajas y los procesos judiciales, prolongados e ineficaces. Esta nueva propuesta apunta a dar herramientas más precisas al sistema judicial, cerrar zonas grises, y ofrecer mayor cobertura legal a las víctimas de una de las formas más aberrantes de sometimiento humano.

Con este proyecto, la Cámara de Diputados se enfrenta a una oportunidad clave para fortalecer la lucha contra la trata y proteger la dignidad de los más vulnerables. La ampliación del tipo penal no solo es una actualización técnica, sino un compromiso con los derechos humanos en su sentido más profundo.