Transporte eléctrico: el plan que busca una nueva ola de inversiones en energía

Agustín Siboldi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables destacó en diálogo con Newstad la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector público y privado para impulsar las inversiones necesarias que permitan ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento de la generación eléctrica, particularmente de las energías renovables.

NEWSTAD: Sobre el plan de incorporar 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, con una inversión estimada superior a USD 6.600 millones, ¿qué plazos consideran realistas para que esas obras comiencen a ejecutarse y cuándo podrían empezar a aliviar los cuellos de botella del sistema?

AGUSTÍN SIBOLDI: Lo primero es distinguir entre el anuncio del plan, el llamado efectivo a licitación y el inicio real de ejecución de las obras. La información pública disponible —incluida la publicada por CAMMESA y por la Secretaría de Energía— confirma que el plan apunta a ampliar significativamente la red de transporte, pero el alivio de los cuellos de botella no será inmediato.

En particular, la Secretaría de Energía identificó tres primeras obras estratégicas a licitar bajo un esquema de concesión privada, con llamados nacionales e internacionales y participación de empresas con capacidad técnica y financiera. Por eso, si se habla de “las dos primeras licitaciones”, conviene aclarar si la referencia es a los dos primeros llamados efectivos que publique CAMMESA o a una selección parcial dentro de ese primer paquete de obras.

· AMBA I: busca reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra una porción muy relevante de la demanda eléctrica nacional. Su impacto esperado es mejorar la confiabilidad del SADI y reducir generación forzada o ineficiente.

· Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: apunta a ampliar la capacidad de transporte desde Cuyo, facilitando la evacuación de generación renovable y convencional y, según la información oficial, también parte de la generación vinculada al Comahue.

· Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: tendría por objetivo reforzar la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal, un punto clave para aprovechar mejor el recurso eólico patagónico.

En cuanto a plazos, aun si las licitaciones se lanzan en el corto plazo, el comienzo efectivo de obra dependerá de varios hitos previos: publicación de pliegos, consultas, presentación de ofertas, adjudicación, cierre contractual, estructuración de garantías, eventual encuadre bajo el RIGI, permisos ambientales, servidumbres, ingeniería de detalle, contratación de proveedores y disponibilidad de equipamiento crítico.

Por eso, el punto central no es solamente cuándo se publique el llamado, sino si el pliego logra resolver adecuadamente la asignación de riesgos, el mecanismo de remuneración, la identificación de los beneficiarios obligados al pago, las garantías de cobro y el tratamiento de contingencias no imputables al concesionario. Esos elementos determinarán la bancabilidad de los proyectos y la profundidad de la competencia en las ofertas.

En síntesis, las licitaciones pueden ser una señal muy relevante y una prueba de mercado del nuevo esquema. Pero el alivio efectivo de los cuellos de botella debe pensarse en un horizonte de mediano plazo, una vez que las obras estén adjudicadas, financiadas, construidas y puestas en servicio. Si las primeras convocatorias resultan exitosas, podrían acelerar la secuencia del plan; si muestran baja participación o primas de riesgo elevadas, probablemente será necesario ajustar pliegos, garantías o criterios de asignación de costos.

¿Cuántas inversiones están hoy demoradas o frenadas por la falta de capacidad de transporte eléctrico?

Es difícil cuantificarlo con precisión. El canal natural para medirlo sería el MATER y la información sobre puntos de interconexión disponible, pero el dato relevante es que la capacidad en muchos nodos informados por CAMMESA es prácticamente nula o muy limitada.

En términos prácticos, eso significa que hay proyectos renovables de magnitud que no pueden avanzar, o que solo podrían hacerlo si obtienen nueva capacidad de transporte, prioridad de despacho o soluciones complementarias. La saturación del SADI se convirtió, en los hechos, en una restricción estructural para el desarrollo de nueva generación.

Esa nueva capacidad puede provenir de dos fuentes. Por un lado, de las licitaciones públicas de expansión del transporte. Por otro, de proyectos de generación que asuman a su cargo las obras necesarias para conectarse o evacuar su energía. Este segundo camino tiene desafíos propios: la necesidad de agrupar demanda —por ejemplo, proyectos mineros—, la coordinación entre generadores y grandes usuarios, y la falta de reglas suficientemente claras sobre cómo identificar beneficiarios y distribuir los costos cuando una ampliación, aun impulsada por un proyecto específico, también beneficia a terceros mediante menores costos de suministro, mayor confiabilidad o mejor calidad de servicio.

El esquema prevé licitaciones nacionales e internacionales con fuerte participación privada. ¿Qué condiciones regulatorias y financieras deben consolidarse para que los inversores efectivamente decidan participar en estos proyectos de infraestructura?

La condición central es que el esquema sea bancable. Para eso, los inversores van a mirar especialmente la certeza del régimen de remuneración, la actualización de ingresos, las garantías de cobro, la asignación de riesgos durante construcción y operación, y la claridad sobre quiénes serán los beneficiarios obligados a pagar los cargos asociados a cada expansión.

También serán relevantes la estabilidad regulatoria, la coordinación con permisos provinciales y municipales, el tratamiento de servidumbres y la posibilidad de articular los proyectos con el RIGI cuando corresponda. Si esos elementos no están bien definidos, los oferentes probablemente incorporen primas de riesgo más altas o directamente reduzcan su participación.

Sobre el rol del almacenamiento de energía, la generación distribuida y herramientas como el RIGI. ¿Cómo pueden complementarse estos instrumentos con la expansión del transporte para acelerar el desarrollo del sector energético argentino?

Respuesta: Son instrumentos complementarios, no sustitutos perfectos. La expansión del transporte sigue siendo indispensable para integrar proyectos de gran escala y conectar recursos alejados de los centros de consumo. Pero el almacenamiento puede ayudar a administrar congestiones, aportar potencia y reservas, y mejorar la operación del sistema en horarios críticos.

La generación distribuida, por su parte, puede aliviar demanda en determinados puntos de la red y reducir presión sobre infraestructura existente, aunque su escala y perfil operativo no reemplazan las grandes obras de transmisión. El RIGI puede aportar un marco de estabilidad y previsibilidad para proyectos intensivos en capital, siempre que el diseño de la licitación permita articular adecuadamente ese régimen con los contratos de concesión, las garantías del proyecto y el mecanismo de repago.

¿Este plan de ampliación permitirá aprovechar plenamente recursos estratégicos como Vaca Muerta, la energía eólica de la Patagonia y la solar del NOA, o será necesario avanzar con nuevas etapas de expansión en los próximos años?

Respuesta: El plan es un paso muy relevante, pero no debería verse como una solución definitiva. Puede remover restricciones críticas y habilitar nueva capacidad de generación, especialmente en regiones con recursos renovables o energéticos de alto potencial. Sin embargo, la magnitud de los recursos disponibles en Vaca Muerta, Patagonia y el NOA probablemente exigirá nuevas etapas de planificación, expansión y coordinación regulatoria.

La clave será que las primeras licitaciones funcionen como precedente. Si logran atraer capital privado, asignar adecuadamente los riesgos y construir confianza regulatoria, pueden convertirse en la base de una política de expansión más amplia y sostenida. Si no, el país seguirá enfrentando una brecha entre su potencial energético y la infraestructura necesaria para convertirlo en energía disponible para la demanda.