Sáenz Peña: el presidente que se animó a cambiar las reglas

En la historia política argentina existen momentos en los que una ley no solo modifica un procedimiento, sino que altera la respiración misma de la vida pública. La sanción de la Ley Sáenz Peña (N.º 8.871) el 13 de febrero de 1912 pertenece a esa rara categoría de acontecimientos que transforman silenciosamente el destino de un país. No fue apenas una reforma electoral: fue el intento consciente de desmontar un régimen de exclusiones, fraudes y simulacros para abrir, por primera vez, la posibilidad de una ciudadanía efectiva.

Hasta entonces, el sistema político argentino descansaba sobre una maquinaria cuidadosamente aceitada de elecciones manipuladas, padrones dudosos y votos cantados, donde la voluntad popular podía ser moldeada por el poder local, la presión social o directamente el engaño. El sufragio existía en los papeles, pero carecía de la sustancia moral que lo vuelve legítimo. La política era, en buena medida, un acuerdo entre élites antes que una conversación con la sociedad.

Fue en ese contexto donde emergió la figura de Roque Sáenz Peña, un presidente que comprendió que la estabilidad institucional no podía sostenerse indefinidamente sobre la ficción. Su proyecto de reforma electoral no nació de la ingenuidad, sino de una lectura lúcida del peligro: sin una ampliación real de la participación política, el sistema corría el riesgo de estallar por la presión social acumulada y por la creciente organización de fuerzas opositoras, en especial la Unión Cívica Radical. Se trató de una revolución desde arriba, muy al estilo inglés.

La ley que llevó su nombre estableció el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, apoyado en un padrón confiable construido a partir de los registros militares, idea en que insistió Hipolito Yrigoyen consultado continuamente por Sáenz Peña. Además, implementar el secreto del voto no era un detalle procedimental; era la condición indispensable para que la conciencia individual pudiera expresarse sin temor.

Junto a ello, la norma introdujo el sistema de lista incompleta, que garantizaba representación parlamentaria a la minoría. Este mecanismo implicaba reconocer algo revolucionario para la tradición política argentina: la legitimidad del adversario. Ya no se trataba de anular al opositor, sino de integrarlo al juego institucional. En esa concesión aparente se escondía, en realidad, una estrategia de pacificación duradera.

Pero el camino hacia la sanción de la ley estuvo lejos de ser sencillo. Sáenz Peña debió enfrentar resistencias profundas dentro del propio régimen que lo había llevado al poder. Muchos dirigentes conservadores temían —no sin razón— que la apertura electoral significara el fin de su predominio. Otros desconfiaban de la participación popular, asociándola con el desorden o la demagogia. Reformar el sistema equivalía, para ellos, a desarmar el andamiaje que garantizaba la continuidad de sus privilegios.

El presidente avanzó, entonces, en una delicada operación política que combinó persuasión, firmeza y sentido histórico. Sabía que la reforma debía surgir desde el poder para evitar que llegara desde la ruptura. Su liderazgo consistió precisamente en eso: en comprender que ceder a tiempo podía salvar a la República de una crisis mayor. Todo esto sucedió mientras cursaba una penosa enfermedad, festejada por muchos de sus antiguos compañeros políticos.

La promulgación de la ley no resolvió de inmediato todas las desigualdades. El llamado sufragio “universal” seguía excluyendo a las mujeres, recordándonos que la democracia es siempre una obra en construcción. Sin embargo, el cambio fue decisivo. Por primera vez, amplios sectores sociales pudieron intervenir en la vida política mediante un mecanismo relativamente limpio y protegido.

Cuatro años más tarde, la elección presidencial de 1916 confirmaría la magnitud de la transformación. El triunfo de una fuerza opositora marcó el fin de una época y el comienzo de otra. La ley había cumplido su promesa silenciosa: convertir el voto en un acto auténtico de soberanía. Roque Saénz Peña no llegó a verlo, falleció años antes.

Mirada a la distancia, la obra de este presidente revela una paradoja conmovedora. Fue un hombre surgido del orden conservador quien impulsó la herramienta que permitiría superarlo. En ese gesto reside su grandeza histórica. Comprendió que las instituciones solo perduran cuando aceptan transformarse, y que la verdadera autoridad no se aferra al poder, sino que prepara el terreno para que otros puedan ejercerlo legítimamente.

Así, la Ley Sáenz Peña permanece como uno de los hitos más luminosos de la tradición republicana argentina. Su llegada constituye una fecha clave. No porque haya inaugurado una democracia perfecta, sino porque abrió la puerta para que la sociedad comenzara, al fin, a buscarla por sí misma.