Represas del Comahue: historia de demoras, disputas y cuestionamientos

El complejo hidroeléctrico del Comahue es un sistema integrado por cinco represas ubicadas sobre el río Limay, en el límite entre Neuquén y Río Negro: tres centrales principales que concentran más de 1.000 megavatios de potencia instalada y dos represas de compensación destinadas a regular el caudal hidráulico del sistema.

Según explicó a Newstad la periodista especializada en Energía, Luciana Glezer, “las cinco centrales fueron concesionadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, antes de la reforma constitucional de 1994. Por ese motivo, al vencer las concesiones, en agosto de 2023, los activos debían regresar al Estado nacional, ya que no quedaron alcanzados por el régimen posterior que otorgó a las provincias la propiedad de los recursos naturales”.

La periodista recuerda que, sin embargo, “el proceso estuvo marcado por dilaciones políticas y administrativas durante la gestión de Alberto Fernández. En ese período se desarrollaron equipos técnicos dentro del área energética para avanzar en la recuperación estatal de las represas, con estudios y planes de acción que finalmente quedaron paralizados. Desde el oficialismo de entonces se argumentó que existían impedimentos jurídicos para resolver la situación en medio de la campaña electoral, ya que cualquier decisión podía derivar en litigios judiciales”.

A la par, los gobernadores patagónicos ejercieron fuerte presión política debido a que las centrales están ubicadas en sus territorios, aunque jurídicamente no les correspondía la titularidad por haber sido construidas antes de la Constitución del 94. Glezer remarca que “también hubo presiones empresarias. La compañía italiana Enel —controlante de la operadora de la central El Chocón— llegó a advertir sobre una eventual reducción de operaciones en el país hacia fines de 2022, en medio de la discusión por la continuidad de las concesiones”.

Finalmente, el gobierno nacional optó por sucesivas prórrogas de los contratos, esquema que continuó la administración siguiente mientras avanzaba el proceso licitatorio para una nueva concesión.

Licitación bajo cuestionamientos y solo tres oferentes

“La apertura de sobres para adjudicar nuevamente las represas estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre del año pasado, pero fue postergada en un contexto de fuerte opacidad” dice Glezer, según coinciden versiones del sector energético consultadas entonces. Las demoras respondieron, entre otros factores, a la escasa participación empresaria: solo tres grupos presentaron ofertas.

“Entre ellos se encuentra Central Puerto, vinculada al empresario Nicolás Caputo, actual operadora de Piedra del Águila, la segunda represa más importante del sistema. También se presentó un consorcio integrado por los hermanos Neuss junto al empresario Rubén Chernajovsky, un grupo que en los últimos años incrementó su presencia en el sector energético”.

“La tercera oferta corresponde a la empresa estadounidense AES Corporation, que actualmente opera Alicurá, una de las centrales de compensación del complejo. AES mantiene además un antecedente sensible: meses atrás obtuvo un fallo favorable contra el Estado argentino por aproximadamente US$750 millones en un litigio vinculado a incentivos para energías renovables otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa RenovAr”, enumera la comunicadora.

Glezer indica que “este antecedente abrió un debate jurídico dentro del sector: algunos especialistas sostienen que una empresa que mantiene litigios contra el Estado debería quedar limitada para participar en concesiones públicas del mismo país, aunque no existe consenso legal definitivo sobre esa interpretación”.

A su vez, en ámbitos políticos y empresariales circulan versiones sobre presiones internacionales para favorecer la continuidad de AES en el sistema hidroeléctrico argentino, en un contexto de negociaciones bilaterales con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, aunque estas hipótesis no fueron confirmadas oficialmente.

Canon bajo y denuncias de subvaluación

En esta historia complicada Glezer recuerda que “otro de los puntos más cuestionados del proceso es el valor económico de las concesiones. Según trascendió, el canon previsto sería de aproximadamente US$50 millones para las centrales de compensación y unos US$200 millones para cada una de las represas principales, cifras que diversos actores políticos consideran significativamente bajas para activos estratégicos de esta magnitud”

“Un grupo de legisladores patagónicos presentó una impugnación formal al proceso al señalar que no se habría seguido el protocolo de tasación correspondiente. Según el planteo, las represas debían ser valuadas por el Banco Nación, pero en cambio se contrató una consultoría privada cuyo estudio jurídico había participado previamente en la privatización original de 1993”.

Resumió la periodista que “para los denunciantes, la operación implicaría una subvaluación de infraestructura pública construida íntegramente con inversión estatal y considerada estratégica para el sistema eléctrico argentino”. 

Un negocio energético a 30 años

“Las nuevas concesiones otorgan a las empresas adjudicatarias un período de 30 años de operación y mantenimiento, con ingresos atados a tarifas dolarizadas. Este esquema, advierten especialistas, tendrá impacto directo en el costo de la energía eléctrica a futuro”, destaca Glezer. 

“El complejo hidroeléctrico del Comahue representa una de las mayores obras de infraestructura energética del país. Su construcción requirió inversiones que solo el Estado nacional pudo afrontar debido al enorme capital inicial necesario, mientras que la operación posterior constituye un negocio altamente rentable por sus bajos costos variables y generación constante. En ese contexto, son relevantes no solo para definir no solo el futuro de las represas del Limay, sino también el equilibrio entre control estatal, participación privada y precio de la energía en la Argentina de las próximas décadas”, concluye Glezer. 

El anuncio oficial 

Finalmente, a fines de 2025, el Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su política de reorganización del sector energético al firmar los contratos de transferencia de acciones y concesión vinculados a empresas estratégicas, en un proceso que busca redefinir la participación estatal y promover inversiones privadas para mejorar la eficiencia y la infraestructura del sistema. El beneficiario finalmente fue Edison Inversiones. 

Según informó el Gobierno, los acuerdos formalizan el traspaso accionario y establecen las condiciones de explotación y operación bajo un esquema de concesión de largo plazo, con el objetivo de garantizar continuidad operativa, previsibilidad jurídica y modernización del servicio. La medida se inscribe dentro del programa oficial orientado a reducir la intervención directa del Estado en la gestión empresarial, manteniendo funciones de regulación y control.

Desde el Ejecutivo destacaron que los contratos fijan obligaciones de inversión, estándares de calidad y compromisos de mantenimiento de infraestructura, considerados claves para asegurar la prestación del servicio y evitar deterioros en la capacidad operativa. Además, se establecieron mecanismos de supervisión estatal y cláusulas destinadas a resguardar el interés público durante la vigencia de las concesiones.

El Gobierno sostuvo que la iniciativa apunta a atraer capitales, mejorar la competitividad del sector y generar condiciones para ampliar la producción y el transporte energético, en línea con la estrategia económica general orientada a ordenar las cuentas públicas y estimular la actividad privada.