La eterna batalla por las retenciones
Rechazo del campo a los nuevos cambios en retenciones
Periodista.
Entidades rurales critican el aumento impositivo y advierten sobre sus efectos económicos y sociales.
En una decisión que encendió las alarmas en el campo argentino, el Gobierno Nacional anunció un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y maíz, argumentando la necesidad de reforzar las reservas fiscales en medio de un escenario económico complejo. Sin embargo, lejos de recibir comprensión o resignación, las reacciones de las principales entidades gremiales agropecuarias y fundaciones ligadas al sector fueron contundentes, unificadas y cargadas de indignación.
Una medida sin diálogo, con consecuencias previsibles
“Una vez más, el Gobierno adopta decisiones inconsultas que golpean directamente a los productores”, expresó en conferencia de prensa Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “El campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de una economía que no encuentra rumbo. Estas medidas desalientan la producción, generan incertidumbre y erosionan la competitividad del sector más dinámico del país.”
La SRA además denunció la “arbitrariedad” de aplicar subas impositivas en plena campaña comercial, señalando que la intervención distorsiona los mercados, genera perjuicios en los contratos a término y profundiza el clima de desconfianza.
En línea con la SRA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundió un duro comunicado en el que acusa al Estado de sostener un modelo extractivo que castiga a quienes trabajan y producen en el interior. “Aumentar las retenciones es exprimir una vaca que ya no tiene leche. Muchos productores ya están trabajando al límite de su rentabilidad, y esta decisión los empuja fuera del sistema”, advirtió su presidente, Carlos Castagnani.
CRA también apuntó al impacto social: “Cada punto adicional de retención es menos inversión, menos empleo rural, menos transporte, menos actividad en pueblos del interior profundo. No están aumentando impuestos: están desmontando las bases productivas de la Argentina”.
Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), que agrupa principalmente a pequeños y medianos productores, el rechazo fue igual de enfático pero con un tono más combativo. “No sólo es injusto: es directamente inviable”, dijo su presidente, Carlos Achetoni. “Los productores de escala chica ya estábamos fuera de la cancha con estos niveles de presión fiscal. Con esto, directamente nos liquidan.”
La FAA sostuvo que la medida no contempla segmentación, ni reintegros, ni ningún tipo de discriminación positiva hacia los más vulnerables del sector. “Esto es un tiro en el pecho a la producción familiar y al arraigo rural. Pedimos la urgente marcha atrás de la medida y no descartamos acciones gremiales si no hay rectificación”, concluyó Achetoni.
AACREA, FADA y AAPRESID también expresaron su descontento
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), en tanto, adoptó un tono más técnico pero no menos crítico. “La presión impositiva actual sobre el productor agrícola argentino es insostenible y contraproducente”, alertaron desde la entidad en un extenso informe técnico.
AACREA destacó que la suba de retenciones reduce la inversión en tecnología y eficiencia, y podría forzar el abandono de tierras de menor productividad. “No se puede esperar un salto de competitividad, mayor adopción de prácticas sustentables o inversión en investigación si el productor no tiene previsibilidad ni incentivos. Requiere planificación, y eso no se logra con volantazos impositivos.”
Desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el impacto fue traducido a números. “Según nuestros estudios, con este nuevo esquema el Estado se queda con cerca del 70% del resultado económico de una hectárea de soja”, explicó su economista jefe, David Miazzo. “Esto desalienta no sólo la siembra, sino también las inversiones a mediano plazo que generan empleo, divisas y crecimiento sostenido.”
FADA advirtió además que la medida no tendrá efectos positivos en la macroeconomía. “Es pan para hoy y hambre para mañana. El campo es parte de la solución, pero no si se lo exprime sin sentido.”
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) enfocó su reacción en los efectos sobre la sustentabilidad agrícola. “Este tipo de medidas impulsan prácticas de cortísimo plazo y reducen la adopción de tecnologías conservacionistas”, explicó su presidente, Marcelo Torres. “La siembra directa, la rotación de cultivos y el uso racional de insumos dependen de márgenes razonables y de políticas públicas que apuesten al largo plazo.”
Torres también se mostró preocupado por la pérdida de previsibilidad. “La agricultura moderna requiere reglas claras. Sin eso, la innovación se frena y la sustentabilidad queda relegada.”
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La decisión del Gobierno no solo reactivó el malestar del sector rural: también fortaleció la unidad del arco agropecuario. Por primera vez en mucho tiempo, todas las entidades —desde las más técnicas hasta las más gremiales— coincidieron en el diagnóstico: este no es el camino.
Se abre así un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el campo, con un escenario que recuerda conflictos anteriores pero en un contexto agravado por la fragilidad económica y la falta de consensos. Lo que está en juego, según los protagonistas, no es una tasa más o menos: es la viabilidad misma de un modelo productivo.