Paula Garona Dupuis: la justicia que juega a ser dios y arruina vidas

Ana Paula Garona Dupuis juega a ser Dios. Decide parcialmente desde su feminismo autoritario, quién es feliz y quién sufre. Falla, erráticamente como casi toda feminista, sobre lo que tiene que vivir, es decir, padecer, un hombre a pesar de las mentiras. Una mujer violenta, psiquiátrica quiso apuñalar su marido y está comprobado. Denunció falsamente a su ex marido y está comprobado, ilegalmente dejó de mandar los chicos al colegio, y está comprobado. Pero Garona Dupuis es dios, no es una jueza. En un mundo justo, estaría presa, en argentina, decide quién es inocente. Es parte de la metástasis judicial que ordena parte de la sociedad. 

Un periodista querible, tranquilo, un tipo común, tuvo que explicarle a un fiscal que el sábado había cenado a ochenta kilómetros de la Capital con su novia. Tuvo entonces que llevar los videos de las cámaras de seguridad donde estaba compartiendo una parrillada con su pareja, bien lejos de su ex. La ex, que no lo deja ver a sus hijos hace años, lo denunció por haber ido ese sábado a la noche a tirarle piedras e insultarla a los gritos. Todo era mentira, se comprobó que era mentira con videos. Sigue sin ver a sus hijos. Eso es Argentina gracias a la existencia de personas como Garona Dupuis, quien evidentemente no cree en la justicia divina ni el karma, que es lo que probablemente la enferme joven.

La grieta en Argentina es esencialmente moral, están los que buscan ensuciar, enriquecerse, arruinar, saquear, violentar; y estamos los que creemos que se puede hacer algo por colaborar con la mejora de un país devastado en todas sus aristas. . “Está todo podrido, señores”, le gritó René Favaloro a dos colegas, casi como el triste preludio de su final. Nadie entendía que se mataba en vivo. Las falsas denuncias generan muertes, violaciones, robos, depresiones, suicidios. Es un flagelo que crece y hoy se expone con mayor brutalidad por el avance tecnológico.  

La Justicia tiene una grieta legal que empeora hace años: la pena por denunciar falsamente una violación es nodalmente menor que las consecuencias que sufre quien es acusado sin pruebas.  En argentina, la jueza Garona Dupuis debería estar presa, explicar el desastre que hizo y terminar cumpliendo la pena que no impulsó. El artículo 245 del Código Penal establece penas de dos meses a un año de prisión, o una multa de 750 a 12 500 pesos para quien denuncia falsamente un delito, pero el delito que se imputa, el que se inventa, se trata de violencia sexual,  hasta 25 años de cárcel.

Esa asimetría empuja a pensar: hay un sistema legal frágil, la presunción de inocencia queda de lado, y a los acusados falsamente se los lleva puestos el triste “algo habrán hecho” que sigue más vigente que nunca. Muchos periodistas, abogados o políticos vieron cómo una acusación sin fundamento destruyó reputaciones, carreras y afectos, aún después de ser absueltos. Tengo amigos colegas que no ven a sus hijos por una feminista que inventó que manoseaba a sus propios hijos. Tengo amigos que están con medicación psiquiátrica y ataques de pánico porque una feminista le dice que le va a inventar una denuncia por abuso sexual de sus propios hijos para que le dé más plata. Eso son.

Diputados y senadores  presentaron proyectos para terminar con esta injusticia. Lilia Lemoine de la Libertad Avanza propuso reformar el Código Penal y endurecer las penas, además de obligar a los medios difusores de falsas denuncias a publicar en iguales condiciones la absolución. En el Senado avanza una iniciativa similar: penalizar con hasta seis años de prisión cuando la acusación falsa implique violencia de género, abuso sexual o victimizaciones infantiles. Todo esto queda subordinado a mujeres como Ana Paula Garona Dupuis.

Lo justo es la proporcionalidad plena: una violación puede tener hasta 25 años de sentencia máxima, por tanto —yo sostengo— la falsa acusadora debería recibir la misma pena. No es venganza barata, es justicia real. Porque acusar con mala fe un delito tan repudiable no es menos grave que cometerlo. Si alguien te acusa y te quita libertad, reputación, vínculos, esa persona construyó una persecución que nada tiene de inocente.

No se trata de desalentar denuncias legítimas: todo el mundo sabe lo que cuesta que un caso verdadero se reconozca. Se trata de proteger la credibilidad y reconocer que el sistema penal es un instrumento frágil que depende de la seriedad de sus actores. Si hay denuncias falsas, toda su base se desploma. Por eso, la sanción debe ser ejemplar pero para los denunciantes y jueces. La jueza Dupuis, cuando este infierno se ordene, tiene que ser destituida y la justicia debe juzgarla por arruinarle la vida a determinadas personas. Ojalá así sea. 

El Congreso necesita dejar de jugar a medias. Si alguien denuncia algo tan aberrante como una violación sin sustento, debe ser consciente: está promoviendo que alguien se mate o se deprima y arruine su vida. No alcanza con decir “culposa”, “imprudente” o “desproporcional”. Es mala fe. Son las feministas que agitan un pañuelo verde en búsqueda de impunidad, no de justicia. Después de la pesadilla que fue el Frente de Todos con Elizabeth Gómez Alcorta y la militante provida devenida en abortista Ayelen Mezzina como Gestapo de los hombres, Argentina tiene que volver a ser un país coherente, serio, donde las mujeres que inventan asesinatos, violaciones, abusos y delitos variados, vayan presas.