Paro aéreo: pasajeros rehenes y un turismo que vuelve a pagar el costo

No es nuevo. Tampoco es sorpresivo. Y, sin embargo, cada vez que ocurre vuelve a generar el mismo daño: pasajeros varados, vuelos cancelados, agendas rotas, vacaciones truncas, reuniones laborales perdidas y un país que da señales claras de imprevisibilidad. El paro de controladores aéreos que afecta nuevamente a los vuelos nacionales e internacionales confirma una dinámica que se repite con precisión quirúrgica: medidas de fuerza en fechas de alta movilidad, con impacto directo en la vida de las personas y en sectores estratégicos como el turismo.

Hace apenas unos meses escribí sobre este mismo tema. Cambiaron los días del calendario, pero no el problema de fondo. Otra vez en vísperas de fiestas, festividades y temporada alta, el sistema aerocomercial entra en zona de turbulencia no por razones climáticas ni técnicas, sino por decisiones gremiales que toman como rehenes a quienes simplemente necesitan trasladarse.

Viajar no es un lujo. Para muchos es trabajo, salud, trámites, estudios o el único descanso posible en todo el año. Cada cancelación implica costos que nadie devuelve: noches de hotel perdidas, alquileres que no se usan, excursiones canceladas, eventos reprogramados, turnos médicos que no se recuperan y oportunidades laborales que se esfuman. El impacto es real, concreto y cotidiano.

Desde una mirada de políticas públicas, el problema es aún más profundo. La aviación no es un sector aislado: es infraestructura crítica. Cuando se paraliza, se afecta una cadena completa de valor. El turismo —uno de los principales motores de empleo y generación de divisas— es uno de los más golpeados. Hoteles, agencias de viaje, guías, restaurantes, comercios y economías regionales sienten de inmediato el efecto dominó. Cada vuelo que no sale es menos consumo, menos ingresos y menos confianza.

La incertidumbre es, además, uno de los mayores enemigos del desarrollo. No se trata solo de los vuelos que efectivamente se cancelan, sino del clima general que se instala: pasajeros que no saben si podrán viajar, empresas que dudan en programar eventos, turistas que eligen otros destinos más previsibles. La reputación de un país también se construye —o se destruye— con estas señales.

Por supuesto, los derechos laborales existen y deben respetarse. Nadie discute eso. Pero una cosa es el legítimo reclamo y otra muy distinta es utilizar una posición estratégica para paralizar servicios esenciales en momentos críticos. Cuando el ejercicio de un derecho implica dañar de manera sistemática a millones de personas y a la economía en su conjunto, el debate deja de ser sectorial y pasa a ser social.

Lo más preocupante es la repetición del patrón. No es un hecho aislado ni una excepción. Es una lógica instalada: conflicto, paro, pasajeros rehenes. Y vuelta a empezar. Mientras tanto, el Estado llega tarde, la planificación brilla por su ausencia y las soluciones estructurales siguen sin aparecer. No hay previsibilidad, no hay protocolos claros de contingencia y no hay una estrategia de largo plazo que proteja a los usuarios.

En un país que necesita crecer, atraer inversiones, consolidar el turismo y recuperar confianza, este tipo de conflictos no son menores. Son señales claras de que algo no está funcionando. No se puede hablar de desarrollo, competitividad o inserción internacional si cada tanto el sistema se detiene por completo.

El transporte aéreo conecta personas, regiones y oportunidades. Convertirlo en rehén de disputas recurrentes es una forma silenciosa —pero muy efectiva— de frenar al país. Y lo más grave: ya no sorprende. Se naturaliza. Como si fuera parte del paisaje. No debería serlo.

La pregunta que queda flotando es simple y, a la vez, incómoda: ¿hasta cuándo millones de pasajeros van a seguir pagando el costo de un conflicto que nadie parece dispuesto a resolver en serio?