Gremios versus desarrollo
Cuando el desarrollo económico queda rehén del conflicto gremial
Especialista en políticas públicas, turismo y desarrollo local.
El impacto de las medidas de fuerza en el sistema aerocomercial sobre el turismo, la economía y la imagen del país.
Una amenaza en el peor momento
El día previo al inicio de las vacaciones de invierno de buena parte de las provincias del país, el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos nucleados en Atepsa. De no haberse intervenido, comenzaba una serie de paros escalonados a lo largo de todo julio, una medida que coincidía, no casualmente, con la temporada alta del turismo nacional.
El conflicto involucraba a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y aunque por el momento las medidas se suspendieron, la tensión persiste. De hecho, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) mantiene vigente un paro anunciado para el 19 de julio.
¿Qué estaba en juego?
Un paro de controladores puede afectar unos 250 vuelos diarios, dejando a más de 30.000 pasajeros sin servicio por día, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). En conflictos anteriores, se registraron más de 300 cancelaciones en un solo día, con pérdidas de hasta USD 2,5 millones, por ejemplo, para Aerolíneas Argentinas. Pero el daño no es sólo para las aerolíneas: el turismo, la logística y la confianza del visitante también quedan comprometidos.
Además, el impacto de las medidas gremiales en la economía general no es menor. Tomemos como ejemplo el último paro nacional del 10 de abril pasado, según estimaciones del Instituto de Economía de la UADE, generó un costo de $208.497 millones, lo que equivale al 0,3 % del PBI mensual.
Un freno a una industria clave
La amenaza de paro golpeó de lleno al sector turístico, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde hoteleros y gastronómicos reportaron cancelaciones anticipadas de reservas. Las vacaciones de invierno son un momento clave para la recuperación del sector: permiten compensar la estacionalidad de meses más flojos y generan ingresos que dinamizan no sólo a la Ciudad, sino a toda la cadena de valor.
Hay que entender que el turismo es una industria. Y su derrame económico es significativo. Afectar la conectividad aérea implica poner en riesgo a las aerolíneas, a transportistas terrestres, hoteleros, agencias de viaje, guías turísticos, espectáculos, museos, comerciantes, centros comerciales y más.
La imprevisibilidad como enemigo del crecimiento
La incertidumbre es enemiga del turismo. Cuando no hay garantías básicas de operación aérea, miles de familias reconsideran sus viajes. Cancelan vuelos, reservas, actividades. Cada vez que se interrumpe la conectividad aérea, la actividad turística recibe un impacto directo que luego cuesta semanas revertir.
Pero el impacto no termina ahí. Las aerolíneas no sólo transportan pasajeros: también movilizan carga estratégica, documentación sensible, insumos médicos y productos con logística urgente. Y quienes viajan en avión no lo hacen únicamente por turismo. Muchas personas se trasladan por trabajo, para asistir a reuniones impostergables, resolver trámites judiciales o administrativos, acceder a tratamientos de salud o acompañar a familiares. Cuando se paraliza el sistema aerocomercial, no se afecta únicamente a la industria del ocio: se interrumpe la vida cotidiana de miles de personas y actividades clave para el funcionamiento del país.
Más allá de las pérdidas económicas inmediatas, hay un daño menos visible pero igual de preocupante. El perjuicio no se limita a lo económico: el daño reputacional también pesa. La experiencia del visitante se ve alterada, y la percepción internacional se deteriora. Argentina empieza a verse como un destino inestable, incluso hasta riesgoso, y eso aleja turistas, inversiones y operadores internacionales.
La previsibilidad es condición indispensable para el desarrollo turístico, especialmente en destinos remotos como el nuestro, que requieren planificación con tiempo. Cada episodio de conflicto desarma la imagen de país confiable.
La Ciudad de Buenos Aires es la puerta de entrada al país, y su funcionamiento aerocomercial tiene un efecto multiplicador en todos los destinos. El turismo depende del trabajo articulado entre el sector público, que garantiza reglas y estabilidad, y el privado, que construye experiencias.
La salida de aerolíneas durante la pandemia (y la dificultad para re-establecer rutas) reflejó la fragilidad del ecosistema aeronáutico nacional. La previsibilidad es, por tanto, una herramienta estratégica no sólo para atraer visitantes, sino para recomponer la confianza de las compañías aéreas y recuperar la conectividad.
La experiencia reciente demuestra que, con reglas claras, inversión y apertura, es posible ampliar la oferta: lo fue durante la expansión de aerolíneas low cost y la operación de aeropuertos alternativos como El Palomar. Hoy, el objetivo debe ser reconstruir sobre ese antecedente.
El turismo no es un adorno de la economía: es una industria estratégica, transversal, que genera divisas, empleo y arraigo territorial. Pero para que cumpla ese rol, necesita previsibilidad, coordinación institucional y madurez gremial.
Cuando un conflicto gremial pone en jaque la conectividad del país en plena temporada alta, se compromete una industria y se compromete el rumbo económico y la proyección internacional de la Argentina.
Cuando la conectividad aérea se convierte en rehén de disputas gremiales, no sólo se interrumpe el tránsito de personas: se bloquea el flujo de oportunidades, de inversión, de crecimiento. Se debilita la imagen de un país que quiere (y necesita) ser parte de un mundo interconectado.
La Argentina no puede permitirse seguir perdiendo competitividad por conflictos mal gestionados. Recuperar la confianza de los turistas y de las aerolíneas no es un lujo, es una urgencia. Y eso requiere algo más que conciliaciones obligatorias: requiere una agenda común, profesionalismo en la gestión pública, y responsabilidad del lado gremial.