Nadie trata a la Trata en serio

Mientras escribo estas líneas una persona es capturada por alguna red de trata de personas. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Walk Free International, de 2022, hay más de 50 millones de personas que fueron víctimas de redes de trata. De estas, 3 de cada 10, son niños o adolescentes. Un negocio de USD 236.000 millones, según las estimaciones de ganancias globales de trata, realizados por OIT en 2022.

En Argentina, los números retratan una situación alarmante. De un total de 11.096 llamados a la línea 145, el 49,2% fue por explotación sexual y el 12,4% por posible captación con fines de explotación sexual, de acuerdo con los datos abiertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre 2017 y septiembre de 2022. 

Y las cifras van en creciente aumento. Solo en 2024, más de 1.500 personas fueron rescatadas y/o asistidas en la Argentina y, desde la sanción de la Ley N°26.364 en 2008, hasta diciembre de 2024, el total asciende a casi 22.000.

Newstad conversó con Marcela Cano, representante legal de la “Asociación Civil Madres Víctimas de Trata”, que fundó y preside Margarita Meira. Junto a la “Red Alto al Tráfico (RATT)”, que tiene al frente a Viviana Caminos, las dos organizaciones más importantes sobre trata en la Argentina. 

Para Cano, los casos de trata en el país, y en la Justicia, están en aumento. Además, que la Policía, tanto federal, como las fuerzas provinciales, no están preparadas para combatir este delito. Pero ese no es el único, ni principal problema. Como explicamos anteriormente, la política y/o la Justicia, coordina a la Policía para que retiren parte de la recaudación, que luego se reparte entre todos. También, de acuerdo con entrevistas y fuentes, son consumidores. En otras palabras, son parte del problema y no de la solución.

Esto sucede en el marco en el que Argentina es precursora y tiene normas de excelencia, contra la trata y el ciberdelito, como explicó Cano. “Al momento de aplicarlo, dejamos mucho que desear”, sentenció. Y la entrevistada no se equivoca. Muchos fiscales y jueces creen que leer la Ley es sinónimo de capacitación. Y no solo pasa con la trata de personas, también con la Ley de Acceso a la Información Pública, por mencionar otro ejemplo. 

Sin inteligencia no hay prevención. Y las fuerzas policiales no las hacen. No nos creen a nosotros, o a Cano, si no a los sumarios policiales. Son los propios documentos que generan los que los dejan en evidencia. Por ejemplo, van a visitar a una persona a una habitación, en la que supuestamente la explotan sexualmente. La Policía al no ver signos físicos de agresión o psicológicos, se van y dan por terminada la denuncia. Otro, ante la desaparición de una persona, muchas fuerzas de seguridad descartan la hipótesis de trata.

El delito de trata de personas es complejo. “La investigación, el rastreo, es muy complicado de seguir, pero lo más complicado es lograr el testimonio de las víctimas”, relató Cano. No es nada sencillo que una víctima de trata narre y reviva todo otra vez. Y la revictimización no es el único escollo. A esto hay que sumarle las amenazas y el miedo a la que fueron sometidas.

“Cada vez que me entrevisto con una víctima difiere de lo que cuenta en la Cámara Gesell. Y esta diferencia está marcada por la falta de confianza”, explicó la representante legal de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. Y se entiende cuando algunas víctimas relatan que donde las explotaban sexualmente iban policías, fiscales y/o jueces. La sola presencia de cualquiera de los involucrados es una amenaza per se.

En Argentina existe la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), como fiscalía especializada. “La PROTEX lo que puede hacer es en cada causa es solicitar diversas investigaciones, que se libren informes, pero no puede actuar directamente”, aclaró Cano. En resumen, es un órgano consultivo, pero no resolutivo. Los fiscales pueden tener en cuenta, o no, lo que expresa la PROTEX. 

Con respecto a la causa que tiene como imputados a Matías Barreiro, dirigente de River Plate, y al empresario Alejandro Roemmers, entre otros, la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata está al tanto. “Madres tiene conocimiento de la causa de Roemmers, porque se acercaron a la Asociación dos personas que manifestaron haber sido víctimas, relatan diferentes hechos y conocer y tener información precisa de esto”, aseguró Cano.

“Nosotros ingresamos a la causa con un escrito simple diciéndole al Dr. Lijo (el juez Ariel Lijo), y al fiscal Ramiro González, que teníamos a dos personas, que teníamos información y que queríamos aportarla. Cuando existe este tipo de testimonios siempre se dan en el contexto de identidad reservada, con el fin de preservar a la víctima. Literalmente, esa presentación fue rechazada por González y por Lijo, con el argumento de que la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata no tenía ningún tipo de legitimidad. Ambos desconocen las normas y la legitimidad de las organizaciones sin fines de lucro”, describió Cano.

Pero esto no terminó ahí. Uno de los querellantes apeló a la Cámara, que le ordenó al juzgado de Ariel Lijo escuchar la presentación de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. “No estaban dadas y siguen sin estar dadas las condiciones para tener una confianza en un juzgado que, sin escuchar, sin saber las pruebas que teníamos, donde se involucran a menores, captación, traslados y un delito continuado. Lo tenemos totalmente mapeado”, aseguró firmemente Cano.

En diálogo con Newstad, Cano afirmó que esta causa, como la que se abrió, producto de una exposición que realizó la periodista Viviana Canosa, hay personas muy conocidas, famosas, o de mucho poder político y/o empresarial. Y que esto, al momento de la investigación, es un obstáculo. Y hay que sumarle complicidad, inoperancia, falta de inteligencia, idoneidad, capacitación y que al frente están Ariel Lijo y Ramiro González, todo un combo para la impunidad.