Megaminería: Mendoza se cansó del miedo y eligió el progreso

Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino y, con ella, abrió la primera puerta real a una industria pesada moderna. La provincia dio un paso que se negó durante dos décadas, atrapada en una discusión improductiva donde todo era imposible: minería no, petróleo tampoco, represas no, fracking no, glaciares intocables, agricultura en peligro, turismo amenazado, agua privatizada, cielo envenenado, cordillera perforada. El anti-todo como identidad política.

Esta vez, la política se animó a mirar más allá de un slogan eficaz, pero falso: “el agua no se negocia”. Nadie negocia el agua. Lo que se discute es si un proyecto técnico, con normas, monitoreo y planificación, puede coexistir con el agua. Y la respuesta de los órganos técnicos —que sí estudiaron el proyecto— fue unánime: sí, puede. La DIA no fue aprobada por impulso partidario: fue avalada por equipos técnicos, por Irrigación, por informes complementarios, por universidades, y finalmente por una votación amplia.

Mientras tanto, quienes se oponen repiten el mismo repertorio de hace veinte años: imágenes de catástrofe minera en contextos que no tienen nada que ver con Mendoza, audios alarmistas, consignas emocionales. No hubo una sola proyección económica seria, ni un modelo alternativo de desarrollo provincial. El activismo necesitó apenas siete palabras para vaciar cualquier argumento: “el agua no se negocia”.

El problema no es la preocupación ambiental; el problema es convertir el miedo en política pública. Mendoza no puede seguir gobernada por la paranoia técnica del “ojalá no pase nada”, mientras el resto del mundo ocupa posiciones estratégicas en la transición energética. Chile, Perú, Australia y Canadá construyeron riqueza con minería, con controles y con Estado. Mendoza eligió no competir.

Hoy, por primera vez, elige lo contrario.

La realidad que el ambientalismo militante no discute

Conviene contrastar consignas con datos. Mendoza no pierde, gana. Y gana en dimensiones que los sectores anti-mineros evitan mencionar porque desmontan el relato de “extractivismo salvaje”:

• 6.300 empleos formales por dos décadas, con prioridad de contratación local.
• 65% a 70% de la inversión queda en Mendoza: proveedores, logística, metalmecánica, servicios técnicos.
• Exportaciones anuales entre 360 y 630 millones de dólares, un tercio de todo lo que exporta hoy la provincia.
• Entre 400 y 500 millones de dólares en regalías, sin contar impuestos nacionales y provinciales.
• Infraestructura permanente: caminos, redes eléctricas, instalaciones, monitoreo ambiental abierto.
• Educación técnica localizada: formación en UNCuyo e institutos mendocinos.

Ese es el “extractivismo” que denuncia el activismo: miles de empleos, dólares duros, proveedores locales y obras públicas. Si eso es “entregar el territorio”, entonces la palabra entrega perdió sentido.

Mientras tanto, las caravanas recorren cien kilómetros sin poder explicar qué modelo económico reemplaza a PSJ. Las consignas se sostienen en un lenguaje moralista —“el agua es vida”— como si quienes trabajan en minería bebieran ácido. No es debate, es dogma.

La contradicción progresista

Hay un dato que el ambientalismo mendocino evita: el cobre es el mineral clave de la transición energética que ellos mismos exigen. Sin cobre, no hay autos eléctricos, no hay baterías, no hay paneles solares, no hay infraestructura renovable, no hay reducción de carbono ni desfosilización industrial.

Es decir: quienes marchan contra PSJ exigen en simultáneo una transición sin el insumo que la viabiliza. Es una contradicción cultural: el futuro energético limpio se financia con minería, no con consignas.

El salto que no toma prisioneros

Hay un momento en que una provincia debe preguntarse si prefiere ser museo o protagonista. Chile empezó con un proyecto así. Nevada también. Queensland fue peor tratada por su opinión pública que Mendoza. Hoy son polos mineros globales, con universidades fuertes, proveedores sofisticados, tecnología, clase media industrial y presencia geopolítica.

Mendoza tiene recursos para duplicar e incluso triplicar producción futura. Lo que hoy parece un paso experimental puede convertirse en distrito. Pero para que eso pase, había que dar el primer salto. Y se dio.

Mendoza no discute una mina

Mendoza discute algo más profundo:
si se anima a jugar en la liga del cobre global o si sigue viviendo de tres sectores y un pronóstico meteorológico.

El anti-todo tenía éxito porque no necesitaba plan: sólo miedo, sospecha y un discurso que convierte cualquier duda técnica en épica moral. Pero un proyecto serio no se evalúa en carteles: se evalúa en informes.

PSJ no es “sacan el recurso y chau”. Es empleo, técnica, competitividad, industria, infraestructura y dólares previsibles. Es inversión privada sin pedir subsidios públicos. Es un Estado que controla en lugar de bloquear. Y es, sobre todo, la ruptura del prejuicio antiminería como identidad provincial.

A veces, el verdadero riesgo no está en lo que se hace. Está en lo que no se hace nunca.