Malvinas: los isleños quieren un referéndum… sobre el salmón

MADRID (Corresponsal) — Parte de los 3.500 habitantes de las islas Malvinas quiere que el gobierno realice un referéndum. El problema no es la soberanía (a no ilusionarse), ni siquiera la posible inversión de la empresa israelí Navitas para extraer petróleo. No, el tema en discusión es la instalación de piscifactorías de salmón a cielo abierto.

Desde el pasado 7 de agosto, los isleños participan en charlas informativas para resolver sus dudas sobre el proyecto. Pero un grupo de ambientalistas, agrupados en Salmon Free Falklands (SFF), discrepa de los informes oficiales. Su vocera, Sally Poncet, dijo a The Guardian que, por eso, quieren un referéndum, para que “el pueblo decida qué sucede en su propio territorio”.

El proyecto para instalar las granjas de salmónidos tiene sus años. En 2022, el gobierno las había rechazado, pero luego la empresa a cargo, Unity Marine, formada por la malvinense Fortuna y la danesa F-Land ApS, logró que la justicia anulara esa decisión y estableciera el actual proceso de consultas. James Wallace, director general de Fortuna, dijo que “no solicitamos una licencia de operación, sino que concedimos al gobierno el tiempo necesario para investigar la viabilidad del cultivo de salmón a escala comercial”.

De concretarse, habrá 16 factorías, con una capacidad de producir 50.000 toneladas de salmón al año. El proyecto generaría 35 millones de libras esterlinas, alrededor del 11% del PBI, y daría trabajo a unas 133 personas.

Los ambientalistas aseguran que los residuos de salmón afectarán a las algas marinas y a la zona de desove del calamar loligo, un producto de gran importancia comercial para el archipiélago, y que aumentarán la mortandad de peces.

Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation, le dijo a The Guardian: “Resulta extraordinario que el gobierno presente informes que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente; están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”.

El proyecto de Unity Marine vuelve a poner sobre la mesa la explotación de los recursos económicos en Malvinas, un territorio bajo una “forma de colonialismo que debe ponerse fin mediante negociaciones bilaterales”, según determinó Naciones Unidas en su resolución 2065 (1965).

Luego de la guerra de Malvinas (1982), el Reino Unido y los isleños endurecieron sus posiciones. Los 3.500 habitantes están custodiados por unos 1.200 efectivos de las fuerzas armadas británicas, y recientemente hubo maniobras militares en la región.

En el aspecto económico, compañías españolas, asociadas con empresas locales, extraen miles de toneladas de calamar que llegan a los supermercados de la Península. A esto se suma el proyecto Sea Lion, de Navitas, para extraer petróleo.

El 25 de junio, ante el Comité de Descolonización de la ONU, el canciller argentino, Pablo Quirno, dijo que “el Reino Unido otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”

El 10 de junio, Día de las Malvinas, había dicho: “El Reino Unido se niega a reanudar las negociaciones de soberanía e impulsa actividades de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables que contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General, cuyo texto insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanece pendiente de solución”.

Ya en 2025, algunos medios argentinos habían señalado que la cría de salmón está prohibida en la provincia de Tierra del Fuego a la que, según las leyes argentinas, pertenecen las Malvinas. Un argumento que, como están las cosas, tiene escaso eco. Sin embargo, la acción de SFF podría frenar otro proyecto que va en contra de los intereses argentinos.