Triunfo oficial en Diputados
Lemoine: "Los zurdos odian la democracia, esta ley es un gran paso a una Argentina mejor"

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El oficialismo celebró la aprobación y apuntó contra la oposición por los incidentes en el recinto.
El oficialismo sigue haciendo gala de su esgrima parlamentaria de baja representación pero alta densidad. Lograron aprobar un reforma laboral que no logró ni el radicalismo de la Coordinadora, ni el macrismo en su apogeo, Martín Menem, Karina Milei y Manuel Adorni, grandes ganadores con alfiles que lograron defender una medida que entrará en el Senado para revisarse y sancionarse.
La Cámara de Diputados aprobó ayer la llamada “Ley de Modernización Laboral” con 135 votos a favor y 115 en contra, en una jornada marcada por la tensión política, incidentes en el recinto y fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El proyecto vuelve ahora al Senado para su revisión final y eventual sanción definitiva.
Marcela Pagano terminó con la postura ambigua y clasificó como “casta” a Javier Milei y su Gobierno, mirando a la cara a Martín Menem. Pagano está excluida de por vida según los propios funcionarios oficiales de cualquier reunión, tanto ella como su marido, el abogado Franco Bindi, quien logró construir un puente con Santiago Caputo.
La sesión estuvo atravesada por momentos de alta conflictividad, incluso antes de las votaciones de cierre, el bloque de Unión por la Patria intentó hacer caer el quórum. Hubo interrupciones, discusiones reglamentarias y acusaciones cruzadas que elevaron la temperatura del debate.
En diálogo exclusivo con Newstad, la diputada Lilia Lemoine describió el clima como previsible en ese contexto: “La sesión fue muy tensa, como es siempre que el kirchnerismo hace lío porque saben que pierden. Pero ellos se llevaron los discursos, nosotros nos llevamos la ley”.
La legisladora oficialista consideró que el resultado tiene un valor político singular: “Hay todavía muchas cosas que modificar, pero teniendo en cuenta que todos los últimos gobiernos que pretendieron una reforma laboral se terminaron yendo, esto es una victoria incomparable. Lo que se acaba de lograr es un paso más hacia que Argentina sea un país normal, donde la ley tenga sentido común, que acompañe las necesidades de los argentinos y no los ideales de un grupo de desvariados”.
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El oficialismo habla de “victoria” y de normalización
El núcleo de la discusión gira en torno a una pregunta estructural: ¿el régimen laboral vigente facilita la creación de empleo o la obstaculiza? El oficialismo sostiene que el sistema actual, con altos niveles de litigiosidad y costos imprevisibles, desalienta la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
La reforma aprobada introduce modificaciones en materia de indemnizaciones, modalidades de contratación, organización de la jornada laboral y registración del empleo. El argumento central del Gobierno es que reducir la incertidumbre jurídica puede incentivar la formalización y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Lemoine reforzó esa idea con una definición conceptual: “Mucha gente va a decir que esto es poco o que no cambia nada o que la ley laboral no va a producir trabajo. Y no, la verdad es que las leyes no deben producir trabajo; el trabajo lo produce el sector privado, pero al menos el Estado está quitándole un poco de trabas al sector privado para que genere empleo con esto”.
Desde esa perspectiva, la votación de ayer no sería un punto de llegada, sino el inicio de un proceso de transformación más amplio.
Acusaciones graves en el recinto
La diputada también denunció episodios que, según su relato, afectaron el normal desarrollo de la sesión. “En la sesión de hoy nos dejó muestras de lo desesperado que está el kirchnerismo y la izquierda por seguir arañando para mantenerse en el poder”, afirmó.
Y agregó: “Tuvimos demostraciones de cómo les molesta la democracia a los zurdos porque Cariñano fue capaz de meterse con los equipos de los taquígrafos, sin los cuales no se puede continuar con una sesión. O sea, ella intentó, vandalizó a los taquígrafos en el Congreso para tratar de evitar físicamente que ocurriera una sesión, violando varias leyes y el reglamento, por lo cual va a tener consecuencias”.
Además, sostuvo que “el diputado Pittrágala llevó una cadena que sacó del bolsillo y se la depositó arriba del escritorio del presidente. Los que lo veíamos por video nos asustamos porque se sintió como una amenaza. Si meten una cadena, un megáfono, ¿qué les impide la próxima vez traer un puñal o un revólver? Los que estamos sentados en primera línea tenemos miedo, pero hoy ganamos”.
Las acusaciones reflejan la magnitud del enfrentamiento político que rodeó la votación y anticipan que el debate continuará fuera del recinto.
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Un debate con historia
Argentina ha intentado en varias ocasiones modificar su legislación laboral. Desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974, el régimen fue objeto de reformas parciales, pero nunca de una reestructuración integral que alterara sus ejes centrales.
El oficialismo interpreta la aprobación de ayer como una ruptura con décadas de inmovilidad normativa. “Con el tiempo la gente va a notar que esto es un pequeño paso hacia una Argentina mejor, un pequeño gran paso hacia una Argentina mejor en el gobierno de Milei”, afirmó Lemoine.
Más allá de la valoración política, el dato objetivo es que la Cámara baja dio media sanción a un proyecto que introduce cambios profundos en la arquitectura del sistema laboral. La oposición lo considera un retroceso; el Gobierno, una modernización necesaria.
Lo que viene
Con las modificaciones introducidas en Diputados —incluida la eliminación de artículos vinculados a licencias médicas— el texto regresa al Senado, donde será tratado en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo busca convertir la reforma en ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias. Si lo logra, el Congreso habrá dado un giro que impactará en uno de los núcleos más sensibles del entramado económico y social argentino: el trabajo.
Lo ocurrido ayer no fue simplemente una votación más. Fue una señal política clara. El debate continúa, pero la Cámara de Diputados ya tomó una decisión.
INFORME: LUCIANA SABINA
