Las petroleras y su responsabilidad en el estado de las rutas
Periodista y locutor. Editor Energía 2050.
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Una inversión y un beneficio que sería un pequeño derrame del auge energético de Vaca Muerta.
El deterioro de la Ruta Nacional 5, entre muchas otras, asociado al intenso tránsito de camiones que transportan arena para la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, abrió un debate sobre quién debe asumir los costos de la infraestructura que demanda el desarrollo energético. Andrés Repar, especialista en gas natural y política energética, vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y exvicepresidente del Ente Nacional Regulador del Gas, planteó la necesidad de construir una nueva traza paralela a la actual y propuso que las empresas petroleras financien la obra.
En declaraciones para Newstad Energía 2050, Repar sostuvo que el incremento del transporte de arena contribuyó al deterioro de la ruta y cuestionó que el costo de las reparaciones recaiga sobre el Estado nacional y, en consecuencia, sobre el conjunto de los contribuyentes. Como alternativa, propuso crear un fideicomiso administrado por Vialidad Nacional, con aportes de las compañías en función de su participación en la actividad, para financiar la construcción de una vía destinada a responder a las necesidades logísticas de Vaca Muerta.
¿Qué provocó el deterioro de la Ruta Nacional 5 y qué relación tiene con el transporte de arena destinado a Vaca Muerta?
La Ruta Nacional 5 comenzó a deteriorarse y romperse hace algo más de un año, cuando se inició el suministro de arena importada, primero desde Chubut y luego desde Allen, en Río Negro. Estas arenas no resultaron adecuadas, a diferencia de las de Ibicuy, que YPF venía probando y que produjeron un incremento en el rendimiento de cada pozo, de 400 millones a 700 millones de barriles.
En el plazo de vida útil de un pozo, estimado en cuatro años, esta experiencia produjo un salto excepcional en las ganancias de las petroleras, a costa de romper la Ruta 5, entre otras. Se trata de una ruta nacional cuya construcción y vigilancia dependen de Vialidad Nacional, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional, que cortó las remesas destinadas a las obras públicas.
El 90% de los camiones pesados son areneros y son los que provocaron las roturas. El Estado está realizando tareas de reparación mediante bacheo, pero la traza actual está saturada. Esta saturación, que pasó de entre 600 a más de 1.000 camiones areneros por día, fue la que provocó el deterioro.
¿Quién debería hacerse cargo de la reparación y de la construcción de una nueva ruta para soportar ese tránsito?
La reparación de una ruta que soporta un tránsito variado y respetuoso de los niveles de carga es responsabilidad del Estado. Sin embargo, en este caso hubo y hay una responsabilidad concreta de las petroleras.
Este año han acopiado 160 millones de barriles, equivalentes a US$ 12.800 millones, y de acá a fin de año sumarán unos 120 millones de barriles. A US$ 80 por barril, esto representa cerca de US$ 23.000 millones.
El costo de construir dos carriles —una ruta estándar— paralelos a la traza actual es de unos US$ 2 millones por kilómetro, lo que representa aproximadamente US$ 3.000 millones. Si las petroleras pagan a medida que avanza la construcción, podrían aportar unos US$ 1.200 millones por año. Perfectamente podrían construir durante 2027 entre un 25% y un 30% de la nueva ruta, lo que permitiría generar un salto en la producción.
Se trata de una inversión para las propias petroleras, que les posibilitaría traer arenas de Ibicuy u otras canteras de Entre Ríos. En tres años, con un aporte de US$ 1.200 millones anuales —es decir, un 5% de los ingresos—, podrían financiar la obra. En los dos años siguientes, la proporción bajaría al 4% y al 3%, respectivamente.
La cantidad de arena que se utilizará en los próximos años será de unos 12 millones de toneladas en promedio, a un costo de US$ 150 por tonelada. Elevar ese valor a US$ 200 por tonelada representaría un incremento de US$ 600 millones en cinco años. Este costo adicional permitiría pagar la ruta.
Es una cantidad ínfima para las ocho empresas productoras. Los muertos que ha habido como consecuencia del incremento de los accidentes son situaciones que no resisten más análisis y que, si la Justicia actúa adecuadamente, pueden derivar en montos impagables.
¿Qué impacto tiene el deterioro de la ruta en las comunidades de la zona y qué solución propone para evitar nuevos conflictos?
La RN5 sostuvo durante décadas un tránsito intenso y resistió este año a duras penas. La comunidad vinculada a la ruta comprende a 700.000 habitantes, con sus producciones de granos y ganado, además del comercio y otros servicios.
Si los montos de reparación debe pagarlos el Estado nacional, es posible hacerlo, pero mediante un aumento de impuestos que terminarán pagando todos los habitantes del país. ¿Por qué con la nuestra? Decíamos que el que rompe paga. Es lo correcto.
Se trata de una inversión para las petroleras y de un costo de producción de las arenas, que también representa un beneficio para la zona. En efecto, sería un pequeño derrame de los muchos que deberían darse.
Creo que la Justicia debe dar su opinión sobre este reclamo de la comunidad por una ruta nueva, para evitar situaciones de conflicto mayores por el paso de los camiones a través de los distintos pueblos y ciudades. Es necesario garantizar un acuerdo entre el Estado y las petroleras, y que la Justicia asegure que los pagos se efectúen en tiempo y forma, para que no se produzcan nuevos incumplimientos.
La propuesta es crear un fideicomiso o fondo administrado por Vialidad Nacional para construir una ruta paralela a la actual RN5, con un aporte de US$ 1.200 millones por año destinado al Complejo de Transporte de Arena de Vaca Muerta.
El aporte debería ser proporcional al porcentaje que cada empresa represente sobre el total de la producción, tomando como referencia, por ejemplo, el trimestre o el semestre.