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La justicia investiga al marido de Marcela Pagano por lavado de dinero

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Medios, sindicalismo y operadores históricos. Un paquistaní y la pista que desemboca en la diputada de Coherencia.
Marcela Pagano está intranquila, por eso bloqueó comentarios en redes, empezó a moverse con mayor sigilo y le confirmaron desde su entorno que la justicia la mira de cerca, a ella y a Franco Bindi, su pareja. El cambio de vida, el conusmo de lujo, carteras de millones de pesos, viajes y una casa exclusiva en uno de los lugares más caros del país. Ahora la Justicia investiga si Franco Bindi no simuló una venta para hacerse de dinero.
La trama que une al demostrado corrupto sindicalista Marcelo Balcedo, la diputada Marcela Pagano y su pareja Franco Bindi se ve con una nitidez que hasta ahora se evitaba exponer en público. La justicia investiga si la cesión de la licencia de Extra TV, operada en los hechos por Bindi, fue una maniobra simulada vinculada a estructuras previamente señaladas por lavado de dinero y vaciamiento del gremio SOEME. El vínculo se hizo visible en junio de 2024, cuando desde la cuenta del periodista Pablo Montagna se anunció que la FM 107.5, ex Radio Gente y Extra, relanzaba programación. Allí se mencionó que la frecuencia era operada por Bindi, aunque la titularidad formal estaba en manos de María José Scottini, administradora de medios asociados históricamente a Balcedo.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por NEWSTAD, la relación comercial generó tensiones entre Bindi y parte de sus socios, lo que habría derivado en el uso de otra frecuencia, también vinculada a su operación efectiva pero sin titularidad clara. Hoy, la justicia revisa si esa estructura se utilizó para ocultar beneficiarios reales, una práctica habitual en causas de lavado de activos. Los indicios públicos también refuerzan las sospechas: publicaciones realizadas por la propia Pagano en redes sociales señalaron la continuidad operativa de su pareja sobre la emisora, aun después de la supuesta cesión. Para los investigadores, esa contradicción es central para determinar si Bindi conservó el control económico y editorial del medio.
El trasfondo pone de relieve el papel de Balcedo, exsecretario general del SOEME, detenido en Uruguay en 2018 y procesado por lavado, contrabando, tráfico de armas y administración fraudulenta. En su detención se secuestraron más de medio millón de dólares en efectivo, autos de lujo como una Ferrari California, armas de guerra y bienes que formaban parte de los cargos en su contra. En Argentina enfrenta acusaciones por asociación ilícita, desvío millonario de fondos del sindicato y utilización de una red de radios y empresas periodísticas para canalizar dinero de origen ilícito. La investigación sobre estas emisoras, incluida FM Gol, fue iniciada por la Justicia Federal de La Plata y se mantiene activa.
En esa estructura aparece nuevamente Scottini, administradora del multimedio atribuido a Balcedo, exfuncionaria municipal de La Plata y figura cercana al denominado “clan”. Su nombre fue noticia por un episodio en el club San Lorenzo, donde fue filmada entregando dinero al entonces presidente Marcelo Moretti. Más allá de ese hecho, para los investigadores es la pieza operativa que permitió formalizar el acuerdo mediante el cual Bindi comenzó a utilizar la frecuencia, al mismo tiempo que Balcedo cumplía prisión domiciliaria en Uruguay. La Justicia analiza si la supuesta cesión de Mariv Media SRL al empresario paquistaní Muhammad Nadir fue genuina o constituyó una maniobra para encubrir a los verdaderos operadores.
El foco actual del expediente es determinar si Franco Bindi participó en maniobras de simulación societaria, ocultamiento de activos o intervención en estructuras previamente investigadas por lavado. Según fuentes consultadas, los contratos, intercambios comerciales y publicaciones públicas colocan a Bindi como una pieza clave para reconstruir el circuito económico de la emisora. La justicia busca establecer si la continuidad operativa bajo su control vulneró el marco regulatorio y si existió un beneficio económico no declarado.
La relación con Pagano agrega un componente político que los investigadores evalúan como relevante, especialmente por la visibilidad pública de ambos y la exposición que generaron sus actividades en redes sociales. Marcela Pagano, de origen humilde de una familia del Conurbano, se muestra en redes con viajes de lujo, carteras millonarias y un estilo de vida imposible de abordar para quien tiene un sueldo de diputada y nunca tuvo un cargo jerárquico en un medio de comunicación, salvo cuando conduzco “Momento Pagano” en América mientras era pareja del gerente de programación de América.
Para Balcedo, la situación judicial sigue siendo grave. En Uruguay fue condenado por lavado, contrabando y tráfico de armas, y en Argentina enfrenta un proceso activo por asociación ilícita y administración fraudulenta. La Cámara de Casación confirmó en marzo de 2025 que si ingresa al país será detenido de inmediato. Varios miembros de su entorno ya fueron condenados por delitos similares, incluido Mauricio Yebra, su principal colaborador. La causa principal se tramita en los tribunales federales de La Plata y se encuentra en etapa de juicio oral, a la espera de la extradición.
En este escenario, la conexión entre las estructuras mediáticas atribuidas a Balcedo y las operaciones realizadas por Bindi aparece como una línea de investigación central. Para los jueces, la clave es determinar si la supuesta cesión fue auténtica o si se trató de una maniobra diseñada para disimular la titularidad real mientras se mantenía el control operativo y económico. Las fuentes consultadas destacan que las relaciones comerciales entre ambos no pasaron desapercibidas y forman parte de las pruebas analizadas.
La investigación avanza con discreción, pero con un punto firme: la justicia busca establecer si en esta trama de medios, sindicalismo y operadores hubo mecanismos que encajen en las figuras de lavado de dinero, simulación, administración fraudulenta y ocultamiento de activos, delitos que desde hace años rodean al universo Balcedo. Para Bindi, pareja de una diputada nacional en funciones, el expediente abre un interrogante institucional y político de alcance nacional.
