Espionaje ilegal: el Gobierno denunció a un diputado (y agente) kirchnerista

Manuel Adorni está convencido de que la operación de prensa que mueve entre otros Juan Grabois, Rodolfo Tahilade y parte de la ex SIDE kirchnerista está por ver el final de su intentona. Desde el entorno de Adorni confirmaron a Newstad la inocencia del funcionario y confirmaron: “no lo van a correr con espionaje ni con carpetazos, sabemos que la inocencia es total y que la Justicia lo va a demostrar”. La novela sigue y el Gobierno cree que saldrá fortalecido del escenario de crisis. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido en los papeles por Diego Hernán Goldman y Mariana Gabriela Malvina Venesio, pateó el tablero judicial. Presentaron una denuncia penal contra el diputado kirchnerista Luis Rodolfo Tailhade por presuntos actos de espionaje ilegal. La presentación acusa al legislador de violar la Ley de Inteligencia Nacional al revelar públicamente detalles milimétricos sobre la vida privada y la custodia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia. Para el oficialismo, Tailhade no usó información de "pasillo"; desempolvó sus viejas mañas de cuando fue Director de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Tahilade siempre fue parte de los camisa negra de Kirchner, con gritos desencajados en la Cámara de Diputados. Siempre duro, Tahilade acusó a la familia Adorni y señaló con detalles íntimos los movimientos de la mujer del jefe de gabinete, lugares de frecuencia y otros detalles que no son públicos. 

La "Cacería" que encendió las alarmas

La denuncia se basa en la performance de Tailhade el pasado miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Adorni había ido a dar su informe de gestión, pero el diputado prefirió interpelarlo sobre la logística de seguridad de su esposa y sus hijos menores de edad. Tailhade no se anduvo con vueltas: detalló que la esposa de Adorni tiene custodia policial, un auto oficial (un Ford Focus) y tres equipos de custodia que rotan cada 24 por 48 horas. "Son seis personas de la Policía Federal que se ocupan de la custodia de su esposa", disparó.

Pero el diputado fue más lejos, como siempre. Acusó a la mujer de usar la custodia para "ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a 'La Fernetería', un bar de moda en Palermo". Incluso aseguró que "a las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevar a su casa". Cuando le pidieron explicaciones por semejante intromisión, Tailhade se limitó a decir que él se dedicaba a "cazar corruptos".

El Factor SIDE: ¿Viejas prácticas de apriete?

Lo que para Tailhade es una "investigación", para el Gobierno es llanamente espionaje ilegal. La denuncia subraya la "preocupante" precisión con la que el diputado maneja el desempeño y la logística de una custodia que, por definición, debe actuar con sigilo. Para los denunciantes, si los datos son ciertos, Tailhade habría usado medios ilegítimos para seguirle los pasos a la familia de Adorni, franqueando su seguridad. El Gobierno confirmó a este medio que irán hasta las últimas consecuencias. 

Y acá es donde entra el prontuario del diputado: fue nada menos que Director de Contrainteligencia de la ex SIDE durante el kirchnerismo. El Gobierno se pregunta si ese antecedente le permitió emplear "influencias, contactos, y/o eventualmente medios técnicos" para conocer la vida personal y la logística de seguridad del Jefe de Gabinete. Acusan a un ex jerarca del aparato de inteligencia de usar sus conocimientos para hacer inteligencia ilegal contra funcionarios públicos actuales, una práctica que remite a los peores años del populismo espía.

Amenaza a la institucionalidad

La denuncia sostiene que estas tareas de espionaje ilegal comprometen directamente la institucionalidad del Estado. Argumentan que Adorni maneja información estratégica y clasificada. La obtención clandestina de sus hábitos y situaciones privadas puede ser usada para presionar, extorsionar o condicionar sus decisiones, afectando la independencia funcional del Poder Ejecutivo.

Para el Ministerio de Seguridad, la manipulación de esta información obtenida ilícitamente genera inestabilidad política. Por eso, el pedido a la justicia federal es claro: una "exhaustiva investigación" para castigar a los responsables de este apriete populista disfrazado de control parlamentario.