El precio de la delgadez en Argentina

En Argentina, la delgadez también se vende. Historias de Instagram, reels de menos de un minuto y videos de Tik Tok prometen resultados rápidos: abdomen plano, cambios visibles en pocas semanas. Influencers sin formación médica recomiendan pastillas para adelgazar, suplementos “quemagrasa” e incluso fármacos que requieren receta, presentados como atajos para modificar el cuerpo. Estos mensajes suelen apoyarse en inseguridades comunes y se acompañan de códigos de descuento, enlaces de compra y acuerdos comerciales. La escena se repite a diario frente a audiencias mayoritariamente jóvenes. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿Cuál es el precio de tu salud?

La presión estética y la idea de que el cuerpo ideal equivale a éxito y aceptación social influyen directamente en la construcción de expectativas sobre la apariencia física. Según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) y estudios internacionales, Japón registra el mayor índice de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en el mundo, y Argentina ocupa el segundo lugar, con entre el 10 % y el 15 % de su población afectada. Aproximadamente el 90 % de estos casos corresponde a mujeres jóvenes, una etapa especialmente vulnerable para la construcción de la identidad y la autoestima.

Los TCA —como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón— no son elecciones ni modas pasajeras. Son enfermedades complejas, con múltiples causas, que se alimentan de una cultura que glorifica la delgadez y normaliza conductas alimentarias peligrosas. Cuando alguien con llegada masiva recomienda productos para “bajar de peso rápido” sin contexto ni respaldo profesional, no sólo desinforma: también puede empujar a muchas personas a repetir hábitos dañinos o a ocultar síntomas por miedo a no encajar. Estudios muestran que una proporción importante de adolescentes argentinos está expuesta a la publicidad y recomendaciones de productos en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, y que esa exposición influye en sus decisiones de consumo y percepciones sobre el cuerpo y la salud.

Esta cultura de exigencia estética también tiene consecuencias visibles en figuras públicas. Uno de los casos más difundidos fue el de Silvina Luna, modelo, actriz y figura mediática argentina, quien falleció en agosto de 2023 a los 43 años. Su muerte se relaciona con complicaciones derivadas de una intervención estética realizada en 2010, en la que se le inyectó metacrilato en los glúteos sin las garantías de seguridad exigidas. El material provocó hipercalcemia —una elevación peligrosa del calcio en sangre— e insuficiencia renal, que se fue deteriorando a lo largo de más de una década hasta resultar fatal, según informes médicos y pericias forenses.

El caso de Luna evidencia los riesgos de priorizar la estética sobre la salud. La presión social por cumplir con un ideal corporal y la búsqueda de soluciones rápidas tienen un precio real: la salud física, la estabilidad emocional y la autoestima. En un contexto donde las redes sociales moldean la percepción del cuerpo y el éxito, resulta urgente promover información veraz, educación sobre hábitos saludables y cuidado médico profesional.

A diferencia de otras áreas de la publicidad tradicional, en Argentina no existe —por ahora— una ley específica que regule la actividad de los influencers en redes sociales, ni mecanismos claros que controlen cómo se promocionan productos de salud o adelgazantes a audiencias vulnerables. Aunque la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y ciertas normas de publicidad establecen principios generales de veracidad y transparencia, no hay un marco legal que obligue a señalizar claramente cuándo un contenido es publicidad ni que prohíba la promoción de productos que puedan afectar la salud, especialmente cuando las figuras públicas que recomiendan no tienen formación profesional en nutrición o medicina.

Diputados de distintos bloques han presentado proyectos de ley para crear un marco jurídico específico que regule lo que los influencers publican con fines comerciales. Algunas propuestas apuntan a que todo contenido publicitario sea claramente identificable (“#publicidad”, “#promoción”, etc.) y que quienes promocionen productos informen si reciben una remunera económica, además de evitar la promoción de productos farmacéuticos o servicios de salud sin respaldo profesional. Hasta ahora, ninguna de estas iniciativas fue sancionada.

Este vacío legal ocurre en un contexto donde los jóvenes están particularmente expuestos a mensajes sobre cuerpos ideales y soluciones rápidas vía redes sociales. La combinación de presión estética, desinformación y falta de regulación convierte a miles de adolescentes y jóvenes en audiencias con poca protección frente a recomendaciones que pueden influir en decisiones de salud sin ningún respaldo profesional.

Hablar de cuerpos no es inocente. Mucho menos cuando quien habla tiene el poder de llegar a millones. En un contexto donde la delgadez se sigue vendiendo como sinónimo de éxito, autocontrol o belleza, cada mensaje cuenta y cada omisión también. La responsabilidad de quienes comunican no debería medirse solo en clics o visualizaciones, sino en el impacto real que sus palabras tienen en la salud y el bienestar de sus audiencias. Porque lo que para algunos es solo un canje o una historia más, para otros puede ser la semilla de una obsesión, una recaída o una enfermedad.

Consumir de forma crítica es un acto de cuidado. Pero también lo es hablar con conciencia. Y en ese ida y vuelta constante que es la comunicación, no deberíamos olvidarnos de que del otro lado hay personas —no algoritmos— tratando de entender, de aceptarse y, sobre todo, de sobrevivir.