El nuevo modelo de la minería

La minería argentina vive una transformación que ya no tiene retorno. La sostenibilidad dejó de ser un accesorio para convertirse en una obligación, y en ese proceso el Estado, las comunidades locales y los organismos de control ocupan un rol central. Las reglas actuales ya no toleran proyectos que trabajen de espaldas al territorio y, mucho menos, iniciativas sin controles ambientales sólidos y sin un vínculo claro con sus zonas de influencia. El cambio no es discursivo: es estructural.

En este contexto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, planteó que el sector debe responder a cuatro grandes exigencias si quiere mantener su licencia social: rentabilidad, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y buena gobernanza. Para la funcionaria, ninguna de estas dimensiones puede operar por separado, porque “cuando una pata de la mesa falla, la actividad completa se tambalea”. La minería, sostuvo, es una de las actividades más regladas del mundo, y el desafío es convertir esa regulación en una ventaja competitiva real.

Uno de los pilares más determinantes es la gobernanza. La institucionalidad, la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria son los factores que garantizan confianza tanto a los inversores como a los ciudadanos. En Mendoza, la Provincia fortaleció los marcos de control, a la vez que construyó canales estables para que la ciudadanía pueda participar en la fiscalización ambiental. La consigna es clara: cada decisión debe poder explicarse, justificarse y auditarse.

El nuevo Código de Procedimiento Minero, aprobado recientemente, introduce un cambio decisivo. La coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio, Carla Ortega, explicó que la actualización otorgó mayor poder operativo a la policía ambiental minera, que ahora puede realizar auditorías más rigurosas y rápidas. La intención no es obstaculizar la actividad, sino garantizar que cada proyecto cumpla lo que declara y respete los compromisos asumidos con la comunidad y con el ambiente.

El código también creó una herramienta innovadora que redefine la relación entre proyectos y territorios: la declaración jurada de buenas prácticas y vinculación comunitaria. No se trata de un trámite más, sino de un instrumento de planificación que obliga a caracterizar el área de influencia, identificar actores clave, presentar un plan de comunicación y demostrar, etapa por etapa, que las acciones comprometidas se cumplieron. “Es una herramienta de gestión diaria, no una formalidad”, subrayó Ortega.

La participación de la ciudadanía se vuelve un elemento esencial, no solo en audiencias públicas, sino también en controles concretos. Una de las modificaciones recientes fue la incorporación de muestreos ambientales participativos, en los que los vecinos participan activamente del monitoreo de agua, aire, flora y fauna. Esta metodología, utilizada en países con tradición minera consolidada, busca transparentar el proceso y reducir la desconfianza histórica hacia la industria.

Ortega insistió en que la vinculación comunitaria debe comenzar en la etapa más temprana posible. “Desde que el geólogo pone un pie en el terreno, ahí empieza el vínculo”, afirmó. Es entonces cuando se define cómo se presentará el proyecto, quién será el interlocutor con la ciudadanía y cuáles serán los canales de comunicación disponibles. Ese primer contacto puede definir la suerte de un proyecto, porque establece confianza, evita rumores y genera previsibilidad en la población.

En términos ambientales, la exigencia actual obliga a contar con monitoreos permanentes, auditorías externas y mecanismos de trazabilidad. La ciudadanía ya no acepta respuestas genéricas: quiere datos, acceso a información pública, mapas, informes y actualizaciones constantes. Latorre remarcó que el Gobierno impulsa este enfoque porque entiende que sin transparencia no hay legitimidad y sin legitimidad no hay minería posible.

El mensaje que deja este proceso es contundente: la actividad solo puede avanzar si lo hace con controles fuertes, diálogo permanente y una gobernanza que garantice estabilidad y confianza. La minería argentina inicia así una etapa donde la legitimidad no se presume, sino que se construye día a día, con hechos verificables y un compromiso real con el ambiente y con las comunidades que conviven con los proyectos.