Prisión efectiva
El nuevo Código Penal agravará castigos por hacer falsas denuncias

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Patricia Bullrich detectó el cambio de época y tomó nota de los diversos proyectos de ley que se presentaron en el Congreso.
La presentación de los proyectos de ley contra las falsas denuncias de la senadora Carolina Losada y las diputadas Lilia Lemoine y Patricia Váquez indicaron a las claras que el tema ya es un drama nacional que ningún partido político puede ignorar, aunque algunos siguen mirando para otro lado.
Este nuevo contexto fue advertido por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, cuando al presentar el proyecto del nuevo Código Penal hizo un párrafo aparte para este flagelo: “El falso testimonio va a tener agravantes porque la mentira no puede ser utilizada como un instrumento de venganza”, comenzó tajante". Y anticipó: “Las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, lo vamos a incorporar por primera vez al Código Penal en la Argentina”.
Actualmente, el artículo 245 del Código Penal sanciona la falsa denuncia genérica con prisión de dos meses a un año o multa ridícula de 12 mil pesos.
El abogado penalista Augusto María Cassiau analizó para Newstad la problemática de las falsas denuncias y respaldó las modificaciones previstas por Bullrich.
Según explicó, su involucramiento en el tema surgió a partir de su experiencia profesional, donde comenzó a observar un patrón en disputas patrimoniales y familiares que derivaban, en momentos de tensión, en denuncias que luego se demostraban infundadas. “Veías claramente que eran falsas, pero aun así no las archivaban, y al denunciado lo destruían en lo emocional, lo económico y lo familiar”, afirmó.
Cassiau también vinculó el fenómeno con un clima social que, a su entender, se intensificó entre 2018 y 2019, cuando —según describe— surgió una hostilidad creciente hacia los varones en el marco de debates públicos sobre violencia de género: “Empecé a ver toda una onda de odio hacia el hombre que nos querían dividir entre el hombre y la mujer por el simple hecho de dividir y reinarás para que los poderosos tengan poder y para que puedan perseguir al hombre, a todo aquel hombre que tenga un mínimo de poder o quiera hablar o se quiera meter en política, ya saben que le pueden meter una falsa denuncia y esta va a tener consecuencias ya sean jurídicas y sociales”
En ese contexto, advirtió que una denuncia sin sustento puede convertirse en una herramienta de presión que afecta tanto la reputación como la posibilidad de participación social o política. “El escrache digital deja una sospecha para toda la vida. Por eso es fundamental defender el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, señaló.
Sobre el proyecto de reforma del Código Penal, Cassiau sostuvo que coincide con la necesidad de modificar el artículo 109 para agravar las penas por imputaciones falsas, en especial cuando se realicen en el marco de violencia de género o cuando la acusación se difunda a través de medios de comunicación o plataformas digitales. Subrayó que el impacto de los escraches en redes puede ser devastador incluso sin una denuncia formal: “Tuve tres casos en los que no había proceso judicial y, solo por publicaciones en Instagram, la vida de los chicos quedó arruinada. Uno intentó suicidarse y otros dos atravesaron depresiones severas”.
El abogado, sin embargo, expresó reparos sobre otros puntos de la reforma, en particular el posible endurecimiento de penas vinculadas a delitos de odio o discriminación. Alertó que en países europeos ese tipo de figuras ha derivado en excesos y en sanciones a usuarios de redes sociales por simples publicaciones. “Ahí hay que tener cuidado. No se puede abrir la puerta a que opiniones o expresiones discutibles terminen judicializadas”, advirtió.
Los proyectos de ley en el Congreso también seguirán su curso a pesar de la inclusión de estas penas en el nuevo Código Penal. Sus aportes también son importantes porque buscan castigar, además, a los profesionales (peritos, abogados, psicólogos) que se suman a la construcción de la mentira y hacen malgastar recursos públicos en la Justicia.
Quienes todavía se hacen los distraídos, aún pueden sumarse para frenar este flagelo que destruye familias y, lo más importante, las infancias. No hay marcha atrás.
