El Gobierno intenta congelar el fallo por la expropiación de YPF

El gobierno argentino le pidió a la jueza federal Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la suspensión del fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a dos fondos que litigan contra el país por la estatización de la petrolera en 2012. La solicitud, acompañada por la promesa de una apelación formal en los próximos días, forma parte de una estrategia más amplia que busca ganar tiempo y evitar una ejecución inmediata de la sentencia.

Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es extender los plazos legales al menos durante 90 días, período necesario para presentar los documentos de apelación, o incluso hasta la resolución definitiva en segunda instancia. En ese tiempo, la Casa Rosada espera revertir el fallo o al menos conseguir una reducción sustancial del monto a pagar.

La sentencia en cuestión fue dictada por Preska esta semana, y establece una compensación a favor de los fondos litigantes por la forma en que el Estado nacional, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, expropió YPF. La jueza consideró que Argentina debía haber ofrecido las mismas condiciones que otorgó a Repsol al resto de los accionistas, como el Grupo Petersen, lo que constituye –según el fallo– una violación al estatuto societario de la compañía.

Desde el entorno presidencial sostienen que la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional sería un “daño irreparable” y que el cumplimiento del fallo resulta inviable. La Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa del Estado, presentó un recurso cautelar (o "stay", en la jerga judicial estadounidense) con el que busca frenar la ejecución del fallo, y ya contempla acudir a la cámara de apelaciones si Preska lo rechaza.

“No hay posibilidad de acatar el fallo en tanto siga siendo una decisión de primera instancia”, subrayaron desde el Ejecutivo, que insiste en que la sentencia, tal como está planteada, no solo es jurídicamente cuestionable sino también operativamente inaplicable.

Otro punto clave de la defensa argentina será discutir el cálculo del monto de la condena, actualmente estimado en USD 16.000 millones. Los asesores legales del Gobierno consideran que esa cifra no está consolidada y podría reducirse drásticamente si se tiene en cuenta, por ejemplo, la fecha de referencia para calcular el valor de las acciones y la fórmula del estatuto de YPF, expresada originalmente en pesos. Además, la “dolarización” del fallo hecha por Preska sería jurídicamente litigable, ya que los tribunales estadounidenses no pueden fijar indemnizaciones en moneda extranjera según su propia normativa.

“En el mejor de los escenarios, el costo final podría reducirse a unos cientos de millones de dólares”, aseguraron fuentes oficiales. Esa perspectiva optimista sería clave para mejorar la posición argentina en el proceso judicial y, eventualmente, evitar una pérdida patrimonial masiva.

Mientras tanto, el fondo Burford Capital –principal beneficiario del fallo– ha dejado trascender su interés en llegar a un acuerdo extrajudicial, pero el Gobierno ya anticipó que no habrá negociaciones hasta que no se agoten todas las instancias judiciales posibles.

El proceso seguirá por dos carriles: la cuestión de fondo, que refiere a la legalidad de la expropiación, y el análisis del monto de la compensación. En ambos aspectos, Argentina confía en poder dar pelea.

Por último, se supo que Cristina Kirchner solicitó a legisladores del PJ que rechacen públicamente la orden de Preska, una señal política que apunta a blindar la soberanía sobre YPF y convertir el caso judicial en un nuevo eje de confrontación discursiva.