Manual del inútil: el desastre de Kicillof con YPF

Lo que en abril de 2012 fue presentado como un acto de soberanía energética y defensa del interés nacional, hoy se ha transformado en un verdadero boomerang judicial y financiero para la Argentina. La expropiación del 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de la española Repsol, fue ejecutada por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof y Julio De Vido como principales operadores. El resultado, más de una década después, es un fallo en la justicia de Estados Unidos que ya supera los USD 17.000 millones, con intereses que aumentan a razón de USD 2,5 millones por día.

La sentencia fue dictada por la jueza Loretta Preska, heredera del sillón que ocupara Thomas Griesa. Pero a diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una orden de embargo ni de una simple garantía: Preska le ordenó directamente al Estado argentino entregar las acciones de YPF como parte de pago. Sin embargo, una cláusula incluida en la ley de expropiación impide al Poder Ejecutivo disponer de esas acciones sin la intervención del Congreso. La jueza no ignora esta restricción, y sugirió dos caminos: cambiar la ley o sentarse a negociar.

El problema, según afirman especialistas, no fue la decisión de recuperar el control estatal sobre la petrolera, sino la forma en que se ejecutó. A pesar de las advertencias de expertos legales, Kicillof desestimó el cumplimiento del estatuto de YPF, especialmente la cláusula que obligaba a realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios en caso de cambio de control, tratando de “tarados” a los que señalaban que debía cumplirse la Ley. Algo que, hoy, suena como toda una confesión.

Actualmente, el proceso se encuentra en varias instancias. Por un lado, la Argentina presentó una apelación ante el Segundo Circuito de la Corte de Nueva York, que debe decidir si Preska puede avanzar con la ejecución. Por otro, continúa el juicio de discovery, en el que Burford busca probar que YPF es un alter ego del Estado, lo que permitiría embargar activos de la empresa como si fueran estatales.

La ley argentina impide al Poder Ejecutivo entregar las acciones, pero Preska ya propuso que se transfieran a un banco estadounidense, donde se cambiaría la titularidad. El problema es que esa maniobra requiere una orden directa del Estado, algo legalmente imposible sin reforma legislativa. El dilema es jurídico, financiero y político.

Mientras tanto, quienes reclaman la acciones han intentado abrir canales de negociación. En las últimas semanas visitaron Buenos Aires, pero no lograron ni siquiera reunirse con autoridades. La estrategia oficial parece ser la confrontación. El presidente Javier Milei fue tajante en sus redes sociales: “Haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”. Y agregó: “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos pagando las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”.

Así, lo que fue anunciado como una fiesta patriótica kirchnerista, terminó siendo un litigio internacional que puede comprometer los activos estratégicos del país. YPF, que en 2012 volvió al control estatal con bombos y platillos, hoy es el epicentro de una tormenta perfecta, producto de una improvisación política y jurídica sin precedentes. La factura está sobre la mesa, y el tiempo corre en contra.

En definitiva, la expropiación de YPF no fue un acto de soberanía, fue una muestra de la profunda inutilidad técnica, legal y política del kirchnerismo. Gobernaron con épica de pancarta y desprecio por las normas más básicas del derecho internacional. Ignoraron advertencias, se burlaron de los procedimientos, y ahora todo un país paga las consecuencias de su soberbia. Nada simboliza mejor esa ineptitud que Axel Kicillof, el ideólogo de una jugada mal hecha que nos dejó una deuda monumental.