Reforma energética
El Gobierno impulsa una transformación estructural del sistema eléctrico
Con foco en la inversión privada y la libre competencia, avanza la modernización del mercado eléctrico argentino.
En el marco de la Ley de Bases, el Gobierno Nacional aprobó una reforma estructural del sistema eléctrico argentino con el objetivo de modernizar el sector, promover la competencia y atraer inversiones privadas. A través del Decreto 450/2025, se introdujeron cambios clave en las leyes 15.336 y 24.065, que regulan el régimen y el marco regulatorio de la energía eléctrica.
Según lo anunciado, el nuevo esquema busca dejar atrás un modelo cerrado, ineficiente y altamente subsidiado, que durante dos décadas representó un gasto estatal superior a los 105.000 millones de dólares. La propuesta oficial apunta a un mercado eléctrico más abierto, competitivo y transparente, donde el usuario final y el sector privado asuman un rol central.
Entre las principales medidas, se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, bajo un marco de reglas claras, en el que el Estado solo podrá intervenir por motivos técnicos o de seguridad del suministro.
Además, se restablece la posibilidad de celebrar contratos directos entre privados —una facultad limitada desde 2013—, con el fin de brindar mayor previsibilidad y estabilidad al abastecimiento. Los usuarios finales también podrán elegir libremente a su proveedor de energía, sin restricciones regulatorias ni trabas operativas.
Otra novedad relevante es la obligación de que las facturas reflejen únicamente los bienes y servicios efectivamente consumidos. Se elimina así la posibilidad de incluir cargos o tributos locales ajenos al servicio eléctrico.
En cuanto a la infraestructura, el decreto establece múltiples opciones para su desarrollo, alentando la inversión privada y la iniciativa de proyectos por cuenta propia.
La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, conducirá un proceso de transición de 24 meses durante el cual se adaptarán las normativas complementarias para garantizar una implementación ordenada y progresiva de esta transformación.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca devolver al sistema eléctrico su base original: un esquema autosustentable, abierto a la inversión, regulado por señales de mercado y enfocado en la libertad de elección del consumidor.