El conflicto energético en Tucumán: tarifas y atraso estructural
Periodista y locutor. Editor Energía 2050.
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Hubo reclamos por los aumentos y mayor transparencia en el ente regulador.
La Unión de Usuarios y Consumidores de Tucumán, REDECU y FODECUS realizaron una movilización frente a los Tribunales de San Miguel de Tucumán para reclamar por el impacto de las subas de las tarifas eléctricas en los hogares, los jubilados y los pequeños comercios.
Según el esquema aprobado por el ERSEPT, los aumentos se aplican en tres tramos: 4% en septiembre, 3,5% en octubre y 2,1% en noviembre. De manera acumulativa, representan una suba cercana al 10%. Las organizaciones también señalaron que los incrementos se suman a las subas del precio de la energía registradas desde el inicio de la actual gestión nacional, que estimaron en aproximadamente un 600%.
Las entidades exigieron controles efectivos sobre la distribuidora EDET y mayor transparencia por parte del ente regulador.
En este contexto, Newstad Energía 2050 entrevistó a Miguel Francisco Paz, abogado especialista en regulación energética.
¿Cuál es hoy el impacto concreto de las tarifas eléctricas sobre los usuarios de Tucumán y qué nivel de incremento explica el reclamo que están llevando adelante?
El impacto es muy fuerte y ya no estamos hablando solamente de cuánto aumentó una factura, sino de la dificultad concreta de muchas familias, comerciantes y pequeños emprendimientos para sostener el pago del servicio.
Si miramos solamente el precio del kilovatio hora de energía, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con los sucesivos traslados autorizados también en la provincia durante la gestión de Osvaldo Jaldo, pasamos de valores cercanos a los $27 por kWh a valores que hoy rondan los $180. Estamos hablando de un incremento cercano al 600% solamente en el componente energía.
Pero la factura no se compone únicamente del precio de la energía. A eso hay que agregarle el Valor Agregado de Distribución —el VAD, que remunera a EDET—, transporte, impuestos, tasas y demás conceptos. Durante 2026, además, se autorizó a la distribuidora un incremento del VAD cercano al 40% y ya existe otro pedido de actualización en curso.
Por eso nuestro reclamo no puede reducirse a discutir un aumento puntual. Lo que estamos planteando es la sustentabilidad de todo el esquema tarifario.
Llegamos a un punto en el que, para muchos usuarios, la energía dejó de ser solamente un servicio público esencial y comenzó a competir directamente con alimentos, alquileres y medicamentos dentro del presupuesto familiar.
¿El proyecto de Zonas Cálidas, con un subsidio específico para el consumo de electricidad, podría reducir de manera significativa el costo que afrontan los hogares tucumanos o sería una solución parcial?
Hoy tenemos que ser muy claros: Zonas Cálidas puede significar un alivio importante, pero no constituye por sí sola una solución al problema tarifario de Tucumán.
Además, hasta que la Secretaría de Energía de la Nación no instrumente efectivamente para los meses de mayor temperatura la ampliación del bloque de consumo subsidiado, tenemos una expectativa y un anuncio, pero no el beneficio concreto reflejado en las facturas.
Y acá tenemos que evitar que la solución termine funcionando como un búmeran o un salvavidas de plomo.
Si no explicamos correctamente cómo funciona, podemos generar en los usuarios la expectativa de que la factura va a bajar sustancialmente o incluso a la mitad, cuando eso no necesariamente va a ocurrir.
El subsidio alcanza al componente energético subsidiable y hasta determinado nivel de consumo. La factura seguirá teniendo VAD, transporte, impuestos, tasas y demás cargos.
Hay otra limitación fundamental: estamos hablando de un beneficio destinado a usuarios residenciales comprendidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados . Los comercios, las pymes y otros usuarios que también están sufriendo fuertemente el costo de la energía quedan afuera.
Por eso, además del subsidio, necesitamos información y educación energética. Hay que explicarle al usuario qué se subsidia, cuánto se subsidia y qué componentes de su factura continuarán pagando.
Zonas Cálidas puede ser una herramienta necesaria para una provincia donde durante el verano atravesamos temperaturas superiores a los 40 °C y donde refrigerar una vivienda deja de ser una cuestión de confort para convertirse prácticamente en una necesidad.
Pero no debemos confundir una política de protección estacional con una política energética integral.
¿Qué cantidad de usuarios de Tucumán quedarían alcanzados por ese esquema y cuánto podría representar el beneficio en las facturas durante los meses de mayor consumo?
Tenemos que ser prudentes con la cantidad exacta porque el padrón del nuevo ReSEF está sujeto a altas, bajas y revisiones.
Como referencia, bajo el esquema anterior Tucumán tenía alrededor de 384.500 suministros residenciales subsidiados, considerando conjuntamente los anteriores segmentos N2 y N3. Ese universo fue posteriormente alcanzado por la migración hacia el nuevo régimen, aunque eso no significa que podamos afirmar que actualmente existan exactamente 384.500 beneficiarios.
Respecto del consumo, el esquema que reclamamos para una provincia con las características climáticas de Tucumán debería permitir durante los meses críticos ampliar considerablemente el bloque subsidiado, pudiendo alcanzar hasta 550 kWh mensuales.
Eso puede significar un alivio importante para una familia que durante diciembre, enero, febrero o marzo necesita utilizar ventiladores o aire acondicionado durante muchas horas.
Pero hay algo que debemos repetir: 550 kWh subsidiados no significan 550 kWh gratis ni significan automáticamente una factura 50% más barata.
El beneficio opera sobre el componente energético alcanzado por la bonificación. Los restantes conceptos de la factura continúan existiendo.
Por eso necesitamos una política de comunicación muy seria. Si prometemos que Zonas Cálidas va a resolver el problema tarifario y después el usuario recibe una factura que continúa siendo elevada, la medida termina generando frustración.
El subsidio debe ser una herramienta de protección para atravesar los meses de mayor demanda, no una excusa para dejar de discutir el costo estructural de la energía.
Más allá de Zonas Cálidas, ¿qué otras medidas deberían implementarse para resolver el conflicto tarifario en Tucumán y evitar que el reclamo vuelva a plantearse con cada aumento estacional de los costos energéticos?
Tenemos que dejar de administrar solamente la emergencia y empezar a discutir una verdadera política energética para Tucumán.
Argentina tiene un problema serio de infraestructura de transporte eléctrico. Durante el período 2003-2015 se construyeron aproximadamente 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión, además de grandes interconexiones que permitieron ampliar el Sistema Argentino de Interconexión.
Después ese ritmo de expansión se redujo considerablemente.
Durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó reactivar el Plan Federal de Transporte
Eléctrico. En 2022, durante la gestión de Flavia Royón en la Secretaría de Energía, se proyectaron seis nuevas líneas con una inversión estimada de USD 1.140 millones y Tucumán estaba expresamente comprendida entre las provincias beneficiarias.
Con el gobierno de Javier Milei cambió el modelo. El Estado nacional decidió trasladar estas grandes inversiones hacia un régimen de concesión de obra pública con participación y financiamiento privado.
El Gobierno nacional proyectó 16 obras prioritarias, más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas y aproximadamente USD 6.600 millones de inversión. Sin embargo, una cosa es tener una cartera de proyectos y otra es tener las líneas efectivamente construidas.
La primera gran licitación que avanzó bajo este nuevo esquema fue AMBA I, destinada a reforzar prioritariamente el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Mientras tanto, Tucumán continúa esperando obras estructurales.
Tenemos un ejemplo muy concreto: la Estación Transformadora El Espinillo.
Es una obra estratégica para la provincia. Está proyectada para vincularse con el sistema de 500 kV, descargar El Bracho y contribuir al cierre del anillo de 132 kV de Tucumán.
La Provincia había avanzado incluso con la expropiación del terreno necesario para construirla. Sin embargo, frente a la falta de concreción de la obra y de los recursos necesarios, el Gobierno provincial desistió de continuar con la adquisición del inmueble.
Entonces tenemos una situación difícil de explicar: necesitamos la obra, sabemos que es estratégica, tenemos identificado dónde debería construirse, pero si mañana apareciera finalmente el financiamiento o se licitara el proyecto, ni siquiera tendríamos consolidada la disponibilidad del terreno.
Ese caso demuestra por qué las grandes obras de transporte eléctrico no pueden quedar libradas exclusivamente a la rentabilidad inmediata.
El privado naturalmente analiza inversión, riesgo, rentabilidad y recupero. El Estado tiene que mirar además desarrollo territorial, crecimiento productivo, seguridad energética y federalismo.
A eso debemos sumar otro problema que tiene Tucumán: todavía existen sistemas de
generación aislada mediante combustibles, cuyo funcionamiento implica costos elevados. Tenemos que avanzar progresivamente hacia soluciones más eficientes y sustentables.
Pero incluso todo esto resulta insuficiente si seguimos pensando solamente en infraestructura y “fierros”.
Tucumán necesita una política energética provincial de largo plazo. Necesitamos un Plan Energético Provincial a 20 años que trascienda a los gobiernos y establezca objetivos concretos, etapas, inversiones y mecanismos de financiamiento.
Ese plan debe contemplar la expansión y modernización de nuestra red eléctrica troncal, nuevas estaciones transformadoras y las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda.
Pero también tenemos que revisar y modernizar nuestro parque de generación.
Y tenemos una deuda enorme con las energías renovables. Tucumán dispone de recursos
naturales que pueden ser mucho mejor aprovechados, particularmente en materia fotovoltaica, donde estamos muy atrasados respecto de nuestro potencial.
Tenemos que desarrollar generación distribuida, facilitar que hogares, comercios, industrias y edificios públicos puedan producir parte de su energía, impulsar proyectos solares de mayor escala y comenzar a discutir seriamente almacenamiento y generación descentralizada.
La política energética también tiene que estar vinculada directamente con el desarrollo
productivo. Sin energía suficiente, confiable y a precios razonables no hay industria, no hay inversión y no hay crecimiento posible.
Por eso nuestra discusión no termina en cuánto aumentó la factura este mes.
El verdadero debate es qué matriz energética queremos para Tucumán dentro de diez o veinte años.
Podemos continuar reaccionando cada verano frente al aumento del consumo, reclamando subsidios y discutiendo tarifas, o podemos construir una política de Estado que determine cuánta energía vamos a necesitar, de dónde la vamos a obtener, cómo la vamos a transportar y quién va a financiar las inversiones necesarias.
Los subsidios sirven para aliviar una factura. Las obras sirven para cambiar durante décadas la estructura energética de una provincia.
Y esas obras tienen que formar parte de una planificación mucho más amplia.
Tucumán necesita un Plan Energético Provincial a 20 años, construido con participación del Estado, universidades, sector productivo, especialistas, trabajadores y asociaciones de usuarios.
Porque la energía no puede planificarse mirando la próxima factura ni la próxima elección. Las decisiones que no tomemos hoy en materia energética las vamos a pagar durante las próximas dos décadas.