Sistema eléctrico, la eterna crisis
Edenor y Edesur prefieren pagar multas antes que invertir

Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Exdirector del ENRE.
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La planificación pública es necesaria para incentivar y orientar la inversión privada.
En materia eléctrica y de apagones, existe un problema acumulado de muchos años de desinversión y de malas políticas energéticas. Durante largo tiempo hubo escasas políticas de inversión en generación, distribución y transporte de electricidad, así como una falta de lineamientos generales que ordenaran el desarrollo del sector.
Si bien se realizaron inversiones puntuales en generación —en áreas como la nuclear, la hidroeléctrica o la térmica— estas respondieron a intereses específicos y estuvieron dispersas, sin una política energética integral. La desinversión no se observa tanto en la generación, sino principalmente en la distribución, donde faltó una política nacional coordinada y, en muchos casos, existieron políticas provinciales deficientes.
En el área metropolitana, para EDENOR y EDESUR no hubo política. Es uno de los mayores centros de consumo del país, pero prácticamente no hubo una estrategia sostenida: los contratos vigentes establecieron bases frágiles que no incentivaron nuevas inversiones. El único estímulo real para las empresas fue maximizar ganancias sin reinvertir en infraestructura.
En el transporte eléctrico también se evidenció una ausencia de planificación, reflejada en la falta de inversiones en líneas de alta tensión. Proyectos clave que hubieran mejorado el acceso de la generación eléctrica al Área Metropolitana de Buenos Aires, previstos con financiamiento chino, fueron finalmente cancelados a pesar de que hubieran resuelto gran parte de los problemas del AMBA.
En este contexto, las empresas privadas tienden a no invertir si no existe una renta garantizada, ya que muchas veces resulta más conveniente pagar multas que realizar obras de mantenimiento o expansión.
Por ello, la falta de un Estado que planifique y promueva inversiones genera un escenario de creciente fragilidad, que probablemente derive en mayores problemas eléctricos en los próximos años. La idea de que el Estado no debe programar inversiones en el sector eléctrico resulta, desde esta perspectiva, equivocada: la planificación pública es necesaria para incentivar y orientar la inversión privada.
