Contrastes: bonanza energética e industricidio

En un contexto de bonanza energética –records de producción de Vaca Muerta, superávit comercial energético y ampliación de infraestructura para exportación, se está dilapidando el entramado productivo nacional.

Lejos de utilizar la renta energética como palanca para la industrialización, el rumbo adoptado profundiza una lógica de ajuste tarifario, desregulación y concentración.

Esta política responde explícitamente a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En su informe del 01 de agosto de 2025 se establece que, para preservar el ancla fiscal “las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico”, instrumentado bajo el decreto 943/2025. La consecuencia directa es la trasferencia de ingresos de los sectores industriales, comerciales y residenciales a las grandes empresas energéticas.

A ello se suman las declaraciones de la flamante secretaria de Energía y ex empleada de Gas Camuzzi, María Tettamanti, quien sostuvo que “el camino es la privatización del sector (…). Lo peor que podemos hacer es continuar con este régimen regulado y estatista”.  Declaración que se alinea con la estrategia de privatización integral exigida por el FMI.

Sin embargo, tras más de dos años de gestión, la iniciativa privada para infraestructura interna es prácticamente inexistente. Los anuncios se concentran en proyectos orientados a la exportación de gas y petróleo, no al fortalecimiento del mercado interno ni a la expansión del sistema para el desarrollo industrial.

De esta manera, se consolidan las bases para la entrega de un sector estratégico para la dinámica económica nacional a un puñado de grandes empresarios cuyo objetivo es la maximización de beneficios, por sobre el desarrollo productivo nacional. 

La “libertad”, en materia energética, es entendida como libertad tarifaria. El resultado inmediato es aumento sostenido de tarifas de gas y electricidad que vuelven privativo su uso en hogares, comercios e industrias, en particular a PyMES. El industricidio en curso, es muestra clara de ello, a la fecha más de 21.000 empresas bajaron su persiana bajo la actual gestión, con un promedio de 30 cierres diarios en 26 meses (CEPA, 2026), que equivale a 397 despidos por día y 16 por hora.

La extranjerización del sector energético agrava aún más la situación, consolidando un camino de transformar al país en una economía de enclave al servicio de intereses extranjeros.

En este marco, se torna necesario dar un debate profundo y programático a lo largo y ancho del territorio nacional para decidir soberanamente el uso y destino de la explotación de los recursos energéticos, que hoy, bajo el manto del RIGI, se encuentran a merced de depredadores internos y externos.

[*] Nicolás Malinovsky es autor de Crítica de la energía política (2025). Doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), Ingeniero Electricista (UNRC), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), analista de Nodal. Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky.