El laberinto de la crisis del sistema eléctrico

El sistema energético argentino presenta un déficit crónico, sobre todo en el sector eléctrico. A través de la red nacional del país tenemos un sistema nacional de energía eléctrica que, en cada provincia, es operado por empresas eléctricas provinciales, pero que reciben la energía de un sistema nacional complejo, integrado por unos 43.000 megavatios instalados de potencia en diversas centrales y de distintos tipos.

Tenemos centrales hidroeléctricas: un gran parque hidroeléctrico en Argentina, en la zona del Comahue, con grandes centrales como El Chocón, Los Colorados, Alicurá, entre otras. Tenemos grandes centrales binacionales e hidroeléctricas internacionales como Salto Grande, que están entre las más grandes del mundo y de América. Contamos con un gran parque hidroeléctrico.

También tenemos un parque termoeléctrico muy importante, conformado por centrales térmicas. Gran parte de esas centrales están en el Gran Buenos Aires y en el resto de la provincia.

Finalmente, tenemos un creciente parque generador en base a energías renovables modernas. Es un fenómeno del siglo XXI, de los últimos 15 años, donde creció muy positivamente la instalación de centrales eólicas en zonas con vientos importantes y también la energía solar, que tiene un desarrollo muy significativo en aquellas partes del país con buen recurso solar.

Pero en la Ciudad de Buenos Aires y en parte del Gran Buenos Aires, la red de distribución en media y baja tensión tiene un grado de obsolescencia importante, sobre todo en las zonas abastecidas por instalaciones heredadas de la empresa Ítalo, que son muy viejas. Hay partes de la instalación de la Ciudad de Buenos Aires que no resisten la demanda actual. 

Es un problema múltiple que debe ser encarado con planificación, que debería estar a cargo del Estado. Esa planificación de obras debería ser ejecutada por las empresas privadas para contar con un sistema apto para funcionar en condiciones que puedan abastecer toda la demanda de los usuarios.

Este es el primer problema estructural que tiene Argentina: no puede abastecer toda la demanda. Es un problema que evidentemente está mal planteado y no vemos un discurso gubernamental claro ni un plan nacional que tenga en cuenta qué obras deberían hacerse para resolver definitivamente el problema y cuáles son las inversiones necesarias. 

Difícilmente esas decisiones del sector privado coincidan con las necesidades imperiosas de la población, que es no sufrir cortes de luz. El gobierno adopta una postura de delegar la responsabilidad en los inversores privados, y eso no resuelve el problema que la población necesita solucionar: contar con un sistema eléctrico que pueda abastecer toda la demanda en todas las épocas del año.

La salida es un plan nacional y provincial de obras impulsado por el gobierno, ejecutado por privados. Un plan nacional de inversiones. Hay obras que el sector privado no va a hacer: nadie va a invertir en centrales nucleares o grandes hidroeléctricas como El Chocón o Salto Grande. Esas son inversiones públicas que deben ser bien planificadas, financiadas y, en algunos casos, con acuerdos internacionales.

¿Qué salida hay para este laberinto? En primer lugar, el gobierno debe asumir que la responsabilidad última por la prestación de los servicios públicos es gubernamental. No puede desentenderse de los cortes. Tiene que tener una política energética, un discurso que explique el problema y una propuesta de cómo resolverlo.

El presidente es jefe de Estado, entonces debe organizarlo para resolver los problemas. Esto implica asignar funciones: hay obras que puede hacer el sector privado y otras que necesariamente debe hacer el Estado.

Es infantil pensar que un inversor privado argentino pueda construir una obra como Salto Grande. El gobierno tiene que asumir una realidad a la que todavía no llegó. No tuvo presupuesto nacional, lo que dificulta ver cuáles son las inversiones que impulsa el gobierno, cuáles hará el Estado y cuáles pueden hacer los privados.

Hay un desorden fundamental en el tema de la inversión pública: carreteras, puertos, ferrocarriles, energía eléctrica, grandes centrales eléctricas. De todo esto el presidente debe hablar.