Caos en una escuela de Mendoza: destrozos y 140 alumnos libres

El Colegio Universitario Santa María, uno de los secundarios privados más conocidos de Mendoza, vive uno de los conflictos más grandes de su historia reciente después de que 140 alumnos de quinto año quedaran libres por protagonizar graves destrozos dentro del edificio escolar. Lo que debía ser un cierre festivo del ciclo lectivo terminó convertido en una jornada de caos, tensión institucional y una fractura evidente entre estudiantes, familias y autoridades.

El episodio se desencadenó durante la previa del tradicional “Último Último Día” (UUD), la celebración nocturna con la que los egresados suelen despedirse del colegio. Las autoridades, anticipándose a posibles excesos y al hecho de que muchos alumnos podrían presentarse al día siguiente sin condiciones para cursar, decidieron suspender las clases del viernes 28 y establecer que el jueves sería el último día oficial. La medida desató una fuerte reacción entre los casi 150 estudiantes del último año, que habían organizado y pagado su fiesta con antelación.

A partir de esa comunicación, la situación dentro del edificio, ubicado en calle Belgrano de Godoy Cruz, se desbordó. Varios grupos comenzaron a circular por pasillos y aulas volcando bancos, pateando mobiliario, golpeando puertas y arrojando papeles por todo el patio. La conducta fue escalando hasta llegar a hechos de vandalismo concreto: rompieron un matafuego, destruyeron afiches institucionales, arrojaron un parlante al techo de un aula, desplazaron muebles y generaron desorden en distintos sectores. También se denunciaron daños en gabinetes y elementos de seguridad del edificio. Para el colegio, el conjunto de acciones representó una alteración grave del orden escolar y un atentado directo contra los bienes institucionales.

Aunque no todos los alumnos participaron activamente, las autoridades consideraron que la presencia colectiva, el aval pasivo o la participación indirecta comprometieron al total de los cursos. Por ese motivo aplicaron una sanción histórica: 20 amonestaciones para 140 estudiantes, acompañadas de la exclusión inmediata de los exámenes integradores de fin de año. La consecuencia práctica es que la mayoría de los alumnos deberá rendir como libre todo el ciclo lectivo, una carga académica que implica rehacer las instancias finales, reordenar su calendario de estudios y postergar la tranquilidad con la que esperaban iniciar el ciclo universitario.

La decisión encendió un conflicto mayor. Desde el primer momento, decenas de padres se presentaron en la puerta del colegio mendocino para exigir explicaciones y pedir revisión de las sanciones. El malestar creció cuando advirtieron que solo 10 alumnos no figuraban entre los castigados, pese a que muchos consideran que formaron parte activa del episodio o incluso habrían protagonizado momentos clave de los destrozos. Entre las familias afectadas surgieron sospechas de “acomodos”, favoritismos y criterios arbitrarios en la confección de la lista oficial.

A esto se sumó otro frente de conflicto: varios padres afirmaron que ciertas roturas que aparecen en las fotos difundidas por la institución no fueron ocasionadas ese día, sino que estaban deterioradas desde antes. El reclamo apunta a que se estarían adjudicando a los estudiantes desperfectos preexistentes para justificar una sanción masiva.

La escuela, dependiente de la Universidad Champagnat, emitió una resolución formal detallando los daños materiales, el incumplimiento de normas, las conductas disruptivas y los fundamentos de las medidas adoptadas. También anunció un plan obligatorio de reparación que incluye limpieza del edificio, tareas comunitarias, producción de materiales pedagógicos y asistencia a talleres de convivencia y responsabilidad. Además, los estudiantes deberán presentar y aprobar un coloquio individual dirigido a reflexionar sobre la importancia de respetar las normas institucionales.

Pero pese a esta instancia de reparación prevista, la tensión no disminuyó. Muchos padres sostienen que no recibieron notificaciones claras en la plataforma escolar, que la suspensión de los integradores se informó de manera tardía y que la decisión final fue comunicada primero por rumores y no por canales oficiales. Algunos grupos incluso evalúan la posibilidad de iniciar acciones legales.

Para los estudiantes, el impacto académico y emocional es fuerte: varios ven interrumpido el preuniversitario que cursaban desde octubre, otros temen perder la continuidad de sus estudios y muchos expresan que el viaje de egresados ahora estará atravesado por tensiones internas debido a la disparidad de sanciones.

El episodio reveló un grave caso de vandalismo estudiantil, una fuerte falta de control durante un momento crítico del ciclo escolar y un clima interno que hoy divide a padres, alumnos y autoridades en este colegio mendocino que suele destacarse por su disciplina y rendimiento académico.