Bernardino Rivadavia: el prócer maltratado

Bernardino Rivadavia ocupa en la historia argentina un lugar incómodo: el del hombre imprescindible al que, sin embargo, se le niega reconocimiento. Su figura suele aparecer rodeada de reproches, simplificaciones y lugares comunes que poco tienen que ver con la complejidad de su tiempo. Revisar su trayectoria, a dos siglos de uno de los momentos institucionales más decisivos del país, permite no solo comprender mejor su obra sino también interrogar los prejuicios con los que fue y es juzgado.

En el contexto internacional de comienzos del siglo XIX, la Revolución Industrial había transformado a Londres en el gran centro financiero del mundo, irradiando capitales hacia regiones que buscaban consolidar su independencia política. Entre 1821 y 1823 surgieron centenares de compañías destinadas a invertir en el exterior, y las jóvenes naciones americanas —como Colombia, Perú o México— comenzaron a recurrir a ese financiamiento para recomponer economías devastadas por la guerra. Buenos Aires no era una excepción, y allí un grupo de comerciantes criollos y británicos impulsó la obtención de un empréstito externo que permitiera encarar obras de infraestructura largamente postergadas.

El gobierno de Martín Rodríguez, con Rivadavia como ministro decisivo, imaginaba un programa de modernización concreto: la construcción de un puerto adecuado y la instalación de aguas corrientes en la ciudad. Que esos fondos terminaran desviándose hacia deudas internas heredadas desde 1810 o hacia el esfuerzo bélico contra el Brasil no puede atribuirse mecánicamente a una sola voluntad. La crítica posterior olvidó con frecuencia que las condiciones del empréstito eran habituales para la época y que otros dirigentes también tomaron decisiones condicionadas por el peso de la coyuntura internacional. Sin embargo, sobre Rivadavia recayeron calificativos como “cipayo” o “vendepatria”, etiquetas más cercanas a la disputa política que al análisis histórico.

La trayectoria del propio José de San Martín, que partió desde Londres rumbo a América, o la paz en la Guerra con Brasil firmada por Manuel Dorrego con mediación británica, muestran que la relación con Gran Bretaña era una constante de la política rioplatense. Convertir ese vínculo en un pecado exclusivo de Rivadavia implica desconocer la política real siglo XIX argentino.

El punto culminante de la carrera rivadaviana llegó cuando se convirtió en el primer Presidente argentino, experiencia breve pero cargada de significado institucional. Aquí aparece una fecha clave que invita a reconsiderar su legado: el 6 de febrero de 1826, hace 200 años, el Congreso creó el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Ley de Presidencia; al día siguiente, Bernardino Rivadavia sería designado presidente. Este hecho no fue menor. Supuso el intento más serio, hasta entonces, de organizar jurídicamente la autoridad nacional, en un territorio aún atravesado por guerras civiles, autonomías provinciales y liderazgos personales.

La Constitución impulsada durante su gobierno suele presentarse como la prueba definitiva de su supuesto “unitarismo autoritario”. Sin embargo, una lectura atenta revela otra dimensión. El texto consagraba garantías individuales avanzadas para su tiempo, estableciendo que todos los habitantes debían ser protegidos en su vida, libertad, seguridad, reputación y propiedad, y que nadie podía ser privado de esos derechos sin ley previa. En una sociedad dominada por caudillos que gobernaban de hecho, esa afirmación del Estado de derecho resultaba profundamente amenazante.

Más aún, la Constitución reconocía la esfera de las acciones privadas, ajenas a la intervención de los magistrados cuando no dañaran al orden público ni a terceros. Era una concepción moderna de la libertad individual, incompatible con prácticas políticas basadas en la coerción, la persecución o el control moral. No sorprende, entonces, que los caudillos provinciales la rechazaran: no se trataba solo de un debate entre unitarios y federales, sino de la tensión entre la ley y el poder personal.

Pensar que figuras como Juan Facundo Quiroga o Felipe Ibarra hubieran aceptado límites temporales estrictos a su autoridad resulta, cuanto menos, ingenuo. La resistencia a la Constitución rivadaviana expresó la defensa de autonomías políticas consolidadas, no simplemente una reacción doctrinaria. En ese sentido, Rivadavia representaba un proyecto republicano y liberal que amenazaba intereses concretos.

Dos siglos después, la pregunta inevitable es por qué su imagen quedó asociada casi exclusivamente al fracaso. La respuesta reside menos en sus errores reales que en la narrativa posterior construida por sus adversarios políticos. La historia argentina, marcada por guerras civiles y revisionismos sucesivos, tendió a exaltar liderazgos carismáticos antes que proyectos institucionales. Rivadavia, hombre de leyes, educación y reformas, encaja mal en el relato épico.

Sin embargo, su apuesta por la modernización, la educación pública, la organización estatal y las libertades civiles lo ubica entre los constructores fundamentales del país. Fue un reformista temprano en una sociedad que aún no estaba preparada para sostener esas transformaciones. Juzgarlo únicamente por el desenlace de su presidencia implica ignorar la magnitud de su programa.

Volver sobre su figura no es un ejercicio de nostalgia sino de comprensión histórica. Rivadavia encarnó la voluntad de sustituir la arbitrariedad por instituciones, la violencia por normas, el caudillismo por ciudadanía. Que ese proyecto haya encontrado resistencia no disminuye su valor; por el contrario, revela cuán adelantado estaba respecto de su tiempo.

Quizás haya llegado el momento de mirar a Bernardino Rivadavia sin prejuicios, reconocer sus límites pero también su condición de pionero en la construcción del Estado argentino. Porque, en definitiva, las naciones no se edifican solo con héroes de batalla, sino también con quienes imaginan leyes capaces de perdurar más allá de los hombres.