Violencia en Formosa: Gildo Insfrán echó un camión con donaciones por las inundaciones

En medio de una de las inundaciones más graves registradas en los últimos años en la provincia de Formosa, cientos de familias quedaron atrapadas en sus casas anegadas. Barrios enteros fueron devorados por el agua. Las imágenes eran desgarradoras: colchones flotando, ropa empapada, muebles destruidos, bebés sin abrigo y animales  —como víboras y ratas— invadiendo los hogares. Pero mientras el drama crecía, la respuesta del gobierno provincial fue el silencio, la negación y la violencia institucional.

Lo que pudo haber sido una oportunidad para la solidaridad se transformó en una muestra del autoritarismo que impera en Formosa desde hace décadas. El episodio más alarmante fue la retención, con violencia e irregularidades, de un camión con ayuda humanitaria que había partido desde Buenos Aires, impulsado por la ciudadanía ante la total ausencia del Estado. La historia comenzó en redes sociales, donde los propios vecinos de Formosa empezaron a difundir imágenes del desastre: casas tapadas por el agua, electrodomésticos destruidos, niños durmiendo sobre maderas húmedas. Pronto, esos mensajes se convirtieron en pedidos desesperados de auxilio.

Ante la censura mediática local y el blindaje político que impide que estos hechos se conozcan por canales tradicionales, Daniel Adler, con apoyo de la diputada Lilia Lemoine, organizó una campaña de asistencia. En pocos días lograron reunir una enorme cantidad de donaciones: frazadas nuevas, ropa de abrigo, medicamentos, leche en polvo, pañales, productos de higiene personal y alimentos no perecederos. Todo fue cuidadosamente embalado y cargado en un camión de gran porte que emprendió un viaje de más de 1.200 kilómetros con destino a las zonas afectadas.

El operativo fue financiado por particulares, sin participación estatal. El camión llegó a las inmediaciones de la provincia el sábado por la tarde. Sin embargo, al intentar cruzar hacia Formosa, ocurrió lo impensado. En un control de acceso, el vehículo fue demorado durante más de seis horas. No se trató de una inspección formal ni de un procedimiento administrativo: fue una acción de intimidación organizada por personas sin identificación, sin actas oficiales y con una clara voluntad de impedir el paso.

El conductor del camión fue obligado a descender. Recibió un golpe en el estómago. Uno de los colaboradores fue forzado a entregar su celular, que fue revisado, intervenido y finalmente vaciado de toda evidencia: incluso le hicieron borrar los archivos de la carpeta de elementos eliminados. No hubo justificación ni orden judicial. Sólo hubo violencia y amenazas.

La conclusión del operativo fue clara: el camión no podía ingresar a Formosa. Le ofrecieron retroceder hacia el Chaco. La ayuda recolectada con esfuerzo y solidaridad quedó estancada. Las frazadas, los alimentos, los medicamentos, todo quedó a un costado de la ruta. Del otro lado, la necesidad seguía intacta. Lo más grave es que el mensaje fue inequívoco: en Formosa, ayudar sin permiso es un acto de rebeldía.

El trasfondo político no puede pasarse por alto. Formosa está gobernada desde hace casi 30 años por Gildo Insfrán, un dirigente del Partido Justicialista que ha construido una maquinaria de poder basada en la subordinación institucional y el control social. Insfrán fue electo gobernador por primera vez en 1995, pero su influencia se remonta a 1987, cuando su espacio político se hizo del control de la provincia. Desde entonces, se ha reelegido con porcentajes que superan el 70% y en algunos casos han rozado el 90%, al mejor estilo de las repúblicas de partido único.

El aparato que sostiene este poder es vasto: una Justicia alineada, una prensa domesticada, un sistema de asistencia social que condiciona el voto y una cultura del miedo que castiga la disidencia. En este contexto, lo sucedido con el camión no es una excepción. Es apenas un síntoma de una enfermedad política más profunda: la colonización del Estado por una facción que confunde gobierno con propiedad y crítica con traición.

La represión no distingue colores políticos. Alcanza a militantes, a ciudadanos comunes e incluso a quienes simplemente quieren ayudar. Se denuncian llamadas intimidatorias, seguimientos, presiones a empleados públicos y controles irregulares en rutas y caminos. Como si la provincia fuera un feudo cerrado, con sus propias reglas, sus propios guardianes y sus propios castigos.

Mientras tanto, las víctimas de la inundación siguen esperando. Lo que tienen es miedo. Porque en Formosa, la solidaridad parece haberse convertido en delito. Y el silencio, en política de Estado.