Valijas: El Gobierno se despega de Scaturicce y hablan de conflicto “entre privados"

El arribo de un jet privado al Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero encendió las alarmas judiciales y mediáticas. La aeronave, operada por la empresa Royal Class —vinculada al empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y figura cercana a Javier Milei— llegó con tres ocupantes y diez valijas, aunque solo cinco fueron oficialmente declaradas. Tras varios días en el país, el avión partió hacia París el 5 de marzo, con una escala previa en las Islas Canarias.

Desde entonces, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió un expediente preliminar y la Justicia solicitó informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana y la empresa Royal Class. También se analizaron las cámaras de seguridad del hangar, donde, según el dictamen fiscal, hubo “vacíos temporales” y “falta de monitoreo continuo”.

El caso ganó visibilidad luego de que el programa ¿Y mañana qué? de TN difundiera imágenes donde se ve a los pasajeros y tripulantes del vuelo N18RU siendo escoltados por personal aduanero sin atravesar escáneres. Según los fiscales, esa diferencia en el tratamiento “no obedeció a saturación operativa ni aglomeraciones”, sino que fue “una decisión directa del personal aduanero”.

La pasajera identificada es Laura Belén Arrieta, ejecutiva de OCP TECH, quien ya había trabajado en temas de ciberseguridad. Junto a ella viajaban dos tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. A la salida del país se sumó Víctor Germán Du Plooy, otro directivo de OCP, que había ingresado previamente por Ezeiza.

Pero mientras la causa avanza en la Justicia, el Gobierno nacional sostiene que no existió ninguna irregularidad. Según información a la que accedió Newstad de forma exclusiva, el procedimiento de escaneo de valijas en vuelos privados no es obligatorio. Se trata de un mecanismo aleatorio, cuya aplicación depende de la evaluación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“No hay ninguna norma que exija que todas las valijas de vuelos privados pasen por el escáner”, dicen desde el Gobierno. Esa aclaración deja sin sustento jurídico la acusación de que se omitieron controles intencionadamente, ya que la selección de bultos a escanear depende del protocolo de riesgo y disponibilidad operativa, no de la voluntad de los pasajeros ni de su estatus.

Además, destacaron que el vuelo partió de Estados Unidos, país que cuenta con algunos de los controles aeroportuarios más estrictos del mundo. Por lo tanto, el equipaje ya había sido inspeccionado exhaustivamente en origen. Esta circunstancia, remarcan en Casa Rosada, refuerza la presunción de que no existió ninguna maniobra ilegal ni ocultamiento de objetos o mercancías.

Por otra parte, la Dirección General de Aduanas abrió un sumario interno de rutina y no detectó ninguna infracción, aunque puso a disposición de la Justicia los registros y declaraciones para su evaluación. Mientras tanto, desde la empresa propietaria del avión —COC Global— ratificaron en un comunicado que los pilotos y la pasajera eran empleados de la compañía, que se cumplió con todos los controles en cada escala del trayecto, y que el avión fue sellado y vigilado durante su estadía en Buenos Aires.

Consultado al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló en conferencia de prensa que “no se encontró ninguna anomalía” y que “se cumplieron todos los procedimientos estipulados por la normativa vigente”.

“Es un vuelo privado, de un pasajero privado. Si alguien debe explicar el motivo del viaje, lo hará el propio interesado”, añadieron fuentes del Ejecutivo, que también recordaron que rige el principio de inocencia y que “no existen elementos que permitan suponer culpabilidad alguna por parte de los pasajeros o tripulantes”.

Mientras la Justicia continúa con las medidas solicitadas, desde el oficialismo insisten en que se trata de una operación mediática basada en una interpretación forzada de los protocolos. Newstad pudo saber que no se descarta ampliar la información oficial para desarticular la construcción de sospechas sin pruebas.

Muchos han querido comparar este episodio con el escándalo de Antonini Wilson, aquel caso emblemático de 2007 en el que un empresario venezolano fue sorprendido ingresando al país con una valija repleta de dólares no declarados, en un vuelo oficial con funcionarios del entonces gobierno kirchnerista. Pero lo cierto es que las diferencias son profundas.

En el caso actual, no hay dinero incautado, ni valijas con contenido sospechoso, ni funcionarios implicados. Se trata de un vuelo privado, de pasajeros privados, cuyo equipaje ya había sido inspeccionado en origen bajo las normas de seguridad más estrictas del mundo, y donde no se ha comprobado ninguna maniobra delictiva ni beneficio político. Además, tanto la PSA como la Aduana actuaron bajo los procedimientos vigentes, sin que hasta el momento la Justicia haya encontrado una sola prueba que indique delito alguno.

Pretender trazar un paralelismo con Antonini Wilson es forzar una narrativa que no se sostiene en los hechos. En lugar de proteger al involucrado, como ocurrió entonces, el actual Gobierno permitió que la Justicia actúe libremente, entregó toda la documentación y reafirmó su compromiso con la transparencia.

En tiempos donde la sospecha suele pesar más que la evidencia, este caso muestra cómo puede instalarse mediáticamente una acusación sin sustento legal, y al mismo tiempo, cómo un gobierno puede responder con datos, sumarios internos, colaboración judicial y apego al principio de inocencia. Si hay algo que este episodio revela, es que las instituciones funcionan, y que no hay impunidad ni ocultamiento, sino procedimientos claros y voluntad de esclarecer los hechos.

La Justicia continuará su tarea, como debe ser. Pero hasta ahora, los indicios no apuntan a una irregularidad estatal sino a un intento de construir escándalo donde, por el momento, no lo hay.