Infancias sin exclusiones
Una nueva Defensoría: todos los chicos cuentan, también los que no nacieron
Abogado
Tras la salida de Marisa Graham, el Congreso abre una nueva etapa para proteger a toda la infancia en Argentina.
La Comisión Bicameral que monitorea la Ley 26.061 anuló esta semana la polémica decisión de Marisa Graham de autoprorrogarse su mandato, y declaró vacante la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Con apoyo transversal de diferentes bancadas, el Congreso cerró un capítulo polémico e inició una tarea fundamental: seleccionar, a través de un proceso público, a un nuevo líder responsable de proteger integralmente los derechos de la infancia.
Esta decisión no es un mero trámite administrativo: reivindica la idea matriz de nuestra reforma constitucional de 1994 y de la reserva interpretativa que la Argentina hizo al ratificar la Convención de los Derechos del Niño (CDN), según la cual todo niño es persona desde la concepción. Una Defensoría coherente no puede invisibilizar a los más pequeños de los pequeños: los chicos por nacer.
Por supuesto, hubo avances necesarios después de tantos años con el cargo vacante. Sin ir más lejos, en la Provincia de Salta, durante los últimos años, la intervención de la Defensoría fortaleció la consulta intercultural y la participación comunitaria para los niños de pueblos originarios, garantizando su lengua y cosmovisión en las políticas públicas. Pero esa admirable inclusión resulta incompleta si, al mismo tiempo, se niega la pertenencia al círculo de la infancia a quienes aún se están gestando.
El caso del embarazo adolescente muestra con crudeza esa incoherencia. La evidencia sobre maternidad vulnerable evidencia que el aborto no remueve ninguno de los factores de riesgo que empujan a muchas chicas –pobreza, violencia, abandono– a esa decisión. Al contrario, esos mismos factores reaparecen con mayor fuerza entre quienes repiten abortos .
Cuando las adolescentes reciben acompañamiento integral –apoyo emocional, red de contención familiar, ayuda económica y alternativas como la adopción– más de la mitad revierte la intención de abortar. Los estudios que existen en esta materia muestran, además, que la mayoría de las mujeres que abortan expresan que habrían continuado su embarazo si hubieran sentido respaldo cercano o que lo hubieran continuado de estar en mejores circunstancias. Frente a esos datos, insistir en el aborto como única salida no es una política social: es resignarse al fracaso.
De cara al concurso que se lanzará próximamente, el Congreso tiene la oportunidad y el deber de nombrar a una Defensora o Defensor que defienda la universalidad del Artículo 1 de la CDN y aborde las causas profundas del embarazo adolescente: educación, oportunidades, seguridad y acompañamiento. Sólo así la Defensoría podrá convertirse en un espacio común para todos los niños argentinos, nacidos y por nacer, rurales e indígenas, urbanos y migrantes.
El reto está servido; los niños y niñas de nuestra Argentina –todos ellos– lo merecen.