Síntomas del colapso: la última apuesta de emergencia

Los colores de la bandera peruana, la blanquirroja, representan la sangre derramada (rojo) para alcanzar la paz, la justicia y la pureza (blanco). Es la historia condensada de un país que nació entre el sufrimiento y la esperanza. Hoy, los peruanos se vuelven a teñir de rojo, y este no evoca las gestas de la independencia, sino la violencia cotidiana que amenaza la convivencia.

El Perú atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de las últimas décadas. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, hasta este domingo se registraban 1.842 homicidios, una cifra que podría duplicarse si se incluyen los casos no reportados y mal clasificados. Esto supone que hay más de 12 víctimas mortales por día, y una tasa real superior a los 13 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ante este escenario, el presidente interino José Jerí recurrió al recurso favorito de los mandatarios en crisis: declarar el estado de emergencia. Una decisión que suspende libertades, militariza las calles y busca transmitir una imagen de control. Una herramienta que podemos ver necesaria en el contexto actual, pero resulta ineficaz si no se materializa más allá del discurso. Esta nueva medida es, por un lado, un intento de Jerí por legitimarse, en medio de una presidencia frágil y cuestionada; y por el otro, una oportunidad para poner fin —al menos simbólicamente— a la crisis de seguridad.

Desde el primer día de su pasantía en la Casa de Pizarro, ha jugado muy astutamente al Bukele. Es lógico: el presidente salvadoreño, con su mezcla de mano dura y marketing digital, se convirtió en un modelo exportable en América Latina combinando popularidad y eficacia. En un continente donde la inseguridad se ha vuelto estructural, la bukelización de la política ofrece rédito rápido, sobre todo cuando la legitimidad tiembla.

Jerí lo sabe, o al menos su equipo de comunicación. Y sabe también que el miedo es un combustible poderoso. El discurso oficialista apela a la defensa del ciudadano común y al castigo de las mafias Pero también sabe que no puede fracasar en esta labor, porque más muertes lo empujan hacia el precipicio de la remoción y la brevedad de su mandato.

El nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no es una medida inédita. En marzo, el gobierno de Dina Boluarte ya lo había aplicado, sin resultados visibles, llevándola a ser vacada.

Para poner en contexto, el decreto autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje y control, junto con la Policía. Se restringen derechos como la libertad de tránsito y reunión, aunque no se ha decretado toque de queda (por el momento). El objetivo es frenar la ola de homicidios y extorsiones que golpea la capital peruana. Hasta el momento, nada ha cambiado: hubo cinco muertos en el primer día de la medida.

Las políticas públicas de seguridad abarcan dos dimensiones: la objetiva —los resultados medibles— y la subjetiva —la sensación de protección—. En el corto plazo, el gobierno de Jerí parece apuntar a la segunda, que es innegablemente importante: que la gente «sienta» que el Estado actúa. Es un alivio simbólico, más emocional que efectivo.

Jerí tiene que demostrar que su decisión no es sólo discurso, sino una política con resultados tangibles. Si este nuevo estado de emergencia logra marcar un punto de inflexión, podrá decir que detuvo, aunque sea por un instante, la debacle en materia de seguridad; si fracasa, podemos prever una nueva sucesión constitucional.

Porque una nación sólo debe teñirse de rojo si luego puede volver a colorearse de blanco.