Se busca culpable: que tenga empresa propia

Hay historias que parecen escritas por un guionista con resaca y vocación por el absurdo. El caso del restaurante Piegari entra cómodamente en esa categoría. Un mozo que cobraba alrededor de 100 mil pesos terminó ganando un juicio laboral por una cifra cercana a los 200 millones. Sí, leyó bien: 200 millones. Es decir, el equivalente a más de 166 años de sueldo. Ni Matusalén con delantal y bandeja habría alcanzado a justificar semejante indemnización.

La lógica indicaría que una compensación busca reparar un daño, no financiar una dinastía. Pero en la Argentina creativa, la matemática es una rama opcional del derecho laboral. Entre multas, punitorios, intereses, actualizaciones e imaginación militante, el número final se convierte en una obra de arte abstracto. Y como toda obra contemporánea, nadie la entiende del todo, pero muchos la aplauden por compromiso ideológico.

Mientras tanto, cruzando el charco, en ese pequeño experimento racional llamado Uruguay, el monto máximo de indemnización por despido equivale a seis sueldos. Seis. No seiscientos. No seis generaciones. Seis. El empresario uruguayo, con ese límite claro, puede calcular riesgos, proyectar inversiones, tomar decisiones. Sabe que, si algo sale mal, el costo es previsible. La previsibilidad, ese concepto exótico que en Argentina se estudia como si fuera mitología nórdica.

Aquí, en cambio, el mensaje es cristalino: contratar es una actividad de alto riesgo, casi un deporte extremo. No se necesita casco; se necesita abogado. Porque el verdadero problema no es el conflicto puntual, sino el clima. Ese aire espeso donde cualquier empleador es sospechoso por definición y cualquier empleado, una víctima en potencia canonizada antes del juicio.

Y en ese caldo cultural florecen las fantasías. Últimamente se han publicado advertencias apocalípticas sobre la reforma laboral: que nos obligarán a trabajar 12 horas por día, que el salario se pagará en fideos, que el descanso semanal será reemplazado por una palmada motivacional. La creatividad del miedo no tiene techo. Si mañana alguien propone simplificar un trámite, habrá quien anuncie el retorno del feudalismo con convenio colectivo y látigo simbólico.

Se instala así una narrativa cómoda: el empresario es un villano de caricatura que se despierta cada mañana preguntándose a quién explotar antes del café. No importa que la mayoría de las empresas en Argentina sean pymes que sobreviven a fuerza de crédito caro, impuestos asfixiantes y reglas cambiantes. No importa que muchos dueños trabajen más horas que sus empleados, y pongan en juego su patrimonio personal. El empresario, para cierto catecismo ideológico, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y a veces incluso después.

Lo curioso es que la economía no funciona con consignas, sino con incentivos. Un país necesita empresas. Necesita que exporten, que generen dólares, que inviertan, que innoven. Necesita que ganen dinero. Sí, ganen. Esa palabra que provoca urticaria en algunos sectores. Porque cuando una empresa gana, no es solo el dueño quien sonríe: hay salarios, proveedores, impuestos, logística, servicios, cadenas enteras que se mueven. La rentabilidad no es un pecado capital; es el combustible del sistema productivo.

Sin empresas competitivas no hay exportaciones sólidas. Sin exportaciones no hay divisas. Sin divisas, el país entra en esa rueda conocida de crisis cambiaria, inflación y empobrecimiento generalizado. Pero es más sencillo culpar al “empresario malo” que revisar un marco legal que convierte cada contratación en una ruleta rusa con toga.

La simplificación moral —todos los empresarios son malvados, todos los empleados son carmelitas descalzas— es intelectualmente cómoda y económicamente desastrosa. Hay empresarios honestos y empresarios sin escrúpulos. Hay empleados comprometidos y empleados oportunistas. Como en cualquier grupo humano. La condición moral no viene adherida al CUIT ni al recibo de sueldo.

El odio sistemático hacia quien invierte y arriesga no construye justicia social; construye desconfianza. Y la desconfianza es el impuesto invisible más caro de todos. La envidia, convertida en política pública, sello de los gobiernos Kirchneristas, no genera prosperidad; apenas reparte frustración. Celebrar un fallo desproporcionado como si fuera una victoria épica puede dar satisfacción instantánea, pero a largo plazo envía un mensaje inequívoco: aquí producir es peligroso.

Tal vez haya llegado el momento de abandonar la caricatura. Entender que un empresario que gana dinero no es un enemigo del pueblo, sino alguien que, en el mejor de los casos, está creando empleo, pagando impuestos y generando divisas. Que las reglas claras no son un privilegio corporativo, sino una condición básica para que haya inversión y, por ende, trabajo.

Por eso, aunque a algunos les duela admitirlo, deberíamos estar satisfechos de que se haya aprobado una reforma laboral orientada a introducir mayor previsibilidad. No porque implique desproteger a nadie, sino porque a largo plazo significa algo mucho más concreto y menos épico: más empresas dispuestas a contratar, más inversión, más actividad y, en definitiva, más trabajo para todos. El empleo no nace de la indignación ni del resentimiento; nace de la confianza y de la posibilidad real de producir sin temor.

Porque sin empresas no hay empleo. Sin empleo no hay salarios. Y sin salarios, ni siquiera habrá fideos para pagar en cuotas.