Santiago del Estero
Gerardo Zamora: un caudillo millonario entre pobres y con vínculos oscuros
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Documentos oficiales y resoluciones estratégicas muestran un sistema de protección judicial a medida.
Santiago del Estero es un lugar raro. Convive el turismo religioso, la compasión y las iglesias más antiguas de la región con lo peor de la política: clientelismo, corrupción en blanco y una estructura enquistada de dominación que pone en el podio al mendocino Gerardo Zamora junto a otros caudillos del norte. El año que viene se cumplirán 35 años desde que Zamora comenzó a ocupar cargos públicos y construir un ejercicio férreo de poder, con vinculaciones que le permitieron gobernar sin oposición y con un éxito arrollador en las elecciones cuya opacidad es denunciada sistemáticamente por la dirigencia local.
Las avionetas narco suelen elegir Santiago del Estero, más precisamente su sector norte, para traslado de cocaína, o al menos tienen desperfectos con mayor frecuencia que en otros lugares del extenso país. Gerardo Zamora está en la mira de Patricia Bullrich, en el Gobierno creen que las casualidades no existen, que los jueces y el sector político tiene una red de abogados, jueces, dirigentes y empresarios que hacen lo necesario para que la provincia siga gobernada con mano de hierro mientras el narco deambula y la corrupción permite que un estadio de fútbol millonario se desarrolle entre la pobreza extrema.
Lo mismo con el MOTO GP que el nieto del empresario Orlando Terranova, Orly. Un negocio para muy pocos que le costó, dicen fuentes del sector, ocho millones de dólares a la provincia y fue un win win entre el gobierno provincial, el grupo de Terranova y el ex candidato a Presidente, Sergio Massa. Una provincia de la que se sabe poco, pero donde hay un cerrojo informativo de medios comprados, denuncias cruzadas y un matrimonio compuesto por el gobernador y una señora que llamó gritando a una inmobiliaria tiempo atrás de Pinamar para exigir “la casa más lujosa que tenga la ciudad”. Newstad averiguó y cuestan alrededor de cincuenta mil dólares sólo un mes.
La trayectoria política y judicial del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, está vinculada a un personaje que desconocido para el común de la gente, pero que aparece, una y otra vez, en expedientes federales, contratos oficiales, designaciones institucionales y decisiones judiciales sensibles. Ese nombre es el de Franco Agustín Bindi, abogado, ex prófugo en una causa penal, operador jurídico y pareja de la diputada Marcela Pagano. Amigo de Evo Morales, socio de Alejandro Ciro Alvarez en negocios con Ecuador (una campaña al candidato de Rafael Correa y un negocio investigado de documentación para inmigrantes) y empresario de medios fallido, entre otros rubros.
La historia es conocida solo en fragmentos. Lo que faltaba era el dossier completo, con documentación original que respalda una afirmación central: desde 2014 y durante al menos ocho años, Bindi representó de manera formal, directa y documentada al Gobierno de Santiago del Estero en numerosas causas judiciales, mientras al mismo tiempo desplegaba intereses privados, construía relaciones con operadores federales y articulaba negocios vinculados con medios de comunicación, producción televisiva y señalamiento de cableras. La documentación -a la que accedimos de manera exclusiva en Newstad- permite trazar un cuadro que va mucho más allá de una mera contratación de asesoría técnica. En esa trama aparecen poderes especiales, designaciones del Senado, contratos de locación de servicios, pólizas de caución, recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, y registros que prueban la intervención de Bindi en causas de alto impacto político, como Sueños Compartidos, el escándalo que involucró a Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Origen del vínculo con Santiago del Estero
Para entender cómo una figura con un pasado judicial controvertido terminó asesorando a una de las estructuras políticas feudales más sólidas del país, hay que partir de una relación personal: la amistad de Bindi con Mariano Rimini Carol, quien fue detenido en la causa que los involucró y quien proviene de una familia arraigada en el poder judicial santiagueño. Su padre fue juez federal y su entorno mantiene vínculos históricos con los sectores que, aún hoy, dominan la provincia.
2014: Zamora ingresa al Senado y designa a Bindi
Tras la imposibilidad constitucional de una nueva reelección, Zamora fue electo senador nacional en diciembre de 2013. A las pocas semanas de asumir, firmó la designación de Bindi como parte del Cuerpo de Asesores de Comisión del Senado de la Nación.
La evidencia documental es clara. Con fecha 28 de enero de 2014, el Senado emitió el Decreto Presidencial DP-0083/14, donde se dispone: “Desígnese en la Planta Temporaria (Administrativo y Técnico) del Honorable Senado de la Nación, con destino al Cuerpo de Asesores del señor Senador de la Nación Dn. Gerardo Zamora, al señor Franco Agustín Bindi, CUIL 20-31763869-9, con categoría A-8, a partir del día 10 de diciembre de 2013”.
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La designación fue formal, con número de expediente administrativo, intervención de la Dirección de Personal y sin observaciones de idoneidad. Bindi pasó de ser un desconocido para el sistema político nacional a convertirse en asesor directo del senador más influyente fuera del conurbano bonaerense.
Ese cargo, sin embargo, duró poco tiempo. En el Senado generó controversia la presencia de un asesor vinculado a una causa penal significativa, y la presión mediática obligó a Zamora a aceptar la renuncia. Pero la salida del Senado no fue el fin del vínculo, sino, por el contrario, el inicio de una relación más rentable y de mayor alcance.
La transferencia plena al Estado santiagueño
Tras la renuncia en el Senado, Bindi fue incorporado directamente como abogado contratado por la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, encabezada por Raúl Julio César Abate, una figura central en el esquema judicial zamorista.
La contratación aparece en registros públicos del Boletín Oficial de la provincia, donde se detalla el objeto: “Prestación de servicios profesionales para asesoramiento en temas legales y representación de la provincia de Santiago del Estero en todos los asuntos donde la provincia tenga interés”.
La confirmación documental se encuentra en el contrato de locación de servicios firmado el 2 de enero de 2020, donde Abate, en representación de la provincia, firma con el estudio jurídico “Bindi y Asociados”. El contrato define con precisión el alcance de las tareas: asesoramiento general y representación en juicios originarios ante la Corte Suprema, fueros civil, comercial, laboral, seguridad social, contencioso administrativo y comercial federal.
La relación contractual, según registros, se mantuvo al menos entre 2014 y 2020, con renovaciones parciales en 2016 y 2019.
Un poder institucional excepcional
Más allá del contrato, existe otro documento que grafica el nivel de confianza de Zamora en Bindi. El 2 de marzo de 2020, el gobernador firmó ante escribano público un Poder Especial para Asuntos Judiciales, otorgado a favor de Raúl Julio César Abate y Franco Agustín Bindi, “para intervenir de manera conjunta, separada o indistinta en nombre y representación del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero”.
Ese poder, registrado como Escritura Pública Nº 102 de la Escribanía de Gobierno, habilita a Bindi a: presentar escritos, ofrecer pruebas, promover demandas, contestar excepciones, formular acusaciones, constituirse en querellante y pedir sanciones y costas.
El documento aparece firmado por Zamora y la escribana de Gobierno María Virginia Viaña.
Así, Bindi adquirió capacidad de representación judicial del Estado provincial en prácticamente cualquier tribunal del país.
La relación personal con el fiscal de Estado
La figura de Raúl Abate, fiscal de Estado, aparece en todos los contratos, poderes y expedientes. Es el funcionario que operativiza la defensa judicial de la provincia y quien mantuvo una relación estrecha con Bindi. De esa relación, hasta hoy, solo existían versiones informales. Esta investigación aporta documentación directa.
En 2020, durante la pandemia y siendo Abate fiscal de Estado en funciones, contrajo COVID en Brasil y su salud se deterioró. Newstad logró acceder a conversaciones que muestran que Abate solicitó ayuda urgente a Bindi para regresar al país. Bindi coordinó el traslado sanitario en avión hasta Buenos Aires. Ya de regreso, Abate viajó a verlo para devolverle 15.000 dólares y le regaló un reloj de alta gama en señal de gratitud.
Más allá de la anécdota, el episodio confirma que el vínculo entre ambos excedía la relación contractual. El fiscal de Estado, principal articulador jurídico de la provincia, dependía de Bindi para resolver asuntos personales.
Sueños Compartidos y otros expedientes
El contrato coincidió temporalmente con la resolución de causas judiciales graves que comprometían a Zamora y su entorno.
Entre 2014 y 2017, el gobernador fue investigado por:
- Desvíos en el programa Sueños Compartidos
- el proyecto ferroviario “Tren al Desarrollo”, señalado por sobreprecios
- irregularidades en la construcción del Complejo Juan Felipe Ibarra
- el asesinato del niño Marito Salto, donde el ex juez Miguel Moreno apuntó vínculos con el narcotráfico.
En mayo de 2017, Zamora anunció que la Justicia Federal había desestimado todas las denuncias, lo que le permitió volver a la gobernación. En la formalidad, su abogado era Ricardo Gil Lavedra, pero en las sombras, era Bindi quien representaba a los funcionarios provinciales, de acuerdo a registros judiciales.
En el expediente de Sueños Compartidos, aparece una presentación de prueba de Bindi en representación de Daniel Nassif, expresidente del IPVU, imputado junto a Zamora por recibir pagos de la estructura Schoklender.
En paralelo, los Bindi, y su socia por entonces Giselle Robles intervinieron en el expediente 35045/2015, relativo al choque de helicópteros en Villa Castelli ocurrido durante la filmación de un reality internacional. Ese accidente dejó diez muertos, incluido el piloto del helicóptero santiagueño. La provincia debió responder ante reclamos y demandas por el uso irregular de una aeronave oficial para servicios privados. En ese expediente, Bindi figura como apoderado de la provincia ante la Cámara Comercial y la Corte Suprema.
Estas actuaciones demuestran que Bindi no era un asesor lateral, sino el representante jurídico central en causas donde el costo político era potencialmente devastador.
Intereses privados: medios, licencias y conflictos con cableras
Mientras representaba a la provincia, Bindi desarrolló un negocio en medios. A través de la sociedad Mariv Media Partners SRL, se convirtió en titular de la licencia de Canal 4 Extra TV.
En 2023, Mariv inició acciones judiciales contra diversas cableras, entre ellas Flow (Telecom, Grupo Clarín), para exigir su incorporación obligatoria a la grilla. El expediente FLP 22826/2023 tramita en la Justicia Federal de Pehuajó, con reclamos por daños y perjuicios. En ese expediente figura una póliza de caución, presentada para respaldar medidas cautelares, legalizada por el Colegio de Escribanos de Buenos Aires.
En esa causa aparece otro nombre: Dra. Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández y actualmente apoderada de la Provincia de Santiago del Estero. Según documentación revisada, Carreira asumió el contrato provincial tras una cesión realizada por el propio Bindi a su estudio, quedando ambos vinculados a la provincia y al mismo tiempo a la causa contra Flow.
La superposición es evidente y plantea interrogantes: ¿hasta qué punto Bindi usó las estructuras jurídicas financiadas por el Estado santiagueño para impulsar su negocio privado? La respuesta judicial está en trámite, pero el conflicto de intereses quedó documentado.
La operación mediática y el rol de la revista GENTE
En 2022, la FM 107.5 firmó un convenio con la revista GENTE para reproducir contenidos en formato streaming y radio, bajo el rótulo “Gente Radio Visión”. Ese convenio fue negociado con ejecutivos del Grupo Atlántida. Según documentación reservada, Bindi fue quien articuló las conversaciones iniciales.
La relación cobra relevancia cuando se observa que, ese mismo año, la revista GENTE publicó una portada singular: Gerardo Zamora, figura del año. Para el sistema político argentino, donde las portadas de la revista tienen valor simbólico, fue una señal de posicionamiento nacional. La conexión entre el convenio de la FM, las relaciones empresarias y la publicación no fue advertida públicamente hasta hoy.
La estructura del poder zamorista y el papel de Bindi
Dentro del ecosistema político de Santiago del Estero, tres figuras aparecen como decisivas:
- Gerardo Zamora: poder político pleno.
- Raúl Abate: control judicial y representación estatal.
- Pablo Toviggino: enlace financiero y vínculo con la AFA.
Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, es el operador nacional de Zamora en asuntos deportivos y financieros. Su proximidad al gobernador se complementa con la capacidad jurídica de Bindi y la estructura estatal controlada por Abate. La articulación de esos tres actores explica la resistencia del zamorismo frente a investigaciones federales y su capacidad para operar en Buenos Aires con gran eficacia.
Un operador imprescindible para el blindaje del zamorismo
La trayectoria de Franco Bindi dista por completo de la de un simple asesor ocasional. Los documentos relevados muestran que fue designado con cargo y categoría formal en el Senado de la Nación por Gerardo Zamora en 2014, y que luego fue sostenidamente contratado por la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero para representar a la provincia en causas federales de altísima sensibilidad, incluso ante la Corte Suprema. No se trata, entonces, de un abogado más: se lo incorporó al corazón mismo de la defensa política y judicial del zamorismo.
A esa inserción institucional se suma un elemento todavía más grave: Bindi recibió un Poder Especial firmado por el propio gobernador que le dio la facultad de actuar en nombre del Estado santiagueño en prácticamente cualquier jurisdicción del país. Con esa herramienta en la mano, intervino en expedientes donde se jugaba el futuro político de Zamora, al mismo tiempo que cultivaba una relación personal estrecha con el fiscal de Estado Raúl Abate, probada en episodios concretos de favores, traslados sanitarios y movimientos de dinero. La frontera entre el vínculo profesional y la dependencia personal se desdibujó por completo.
Mientras tanto, lejos de limitarse a la defensa del Estado, Bindi impulsó sus propios negocios mediáticos, como el proyecto Extra TV a través de Mariv Media Partners, en abierta colisión con su rol de representante de la provincia. Utilizó la misma red de contactos, los mismos tribunales y, en los hechos, el mismo peso político construido a partir de su cercanía con Zamora para litigar contra cableras privadas. En paralelo, tejió relaciones con la revista GENTE y el Grupo Atlántida que derivaron en beneficios simbólicos evidentes para el gobernador, como la consagración de Zamora como “figura del año”.
En un país donde la judicialización de la política se ha vuelto constante, la arquitectura de protección que rodeó a Zamora no podría haberse levantado sin operadores de peso en Buenos Aires. Bindi ocupó ese lugar: fue el engranaje que conectó al poder provincial con los despachos de la Justicia federal, con los medios nacionales y con los grandes jugadores del sistema político. Una provincia periférica, con poca exposición mediática y sin el volumen económico de los grandes distritos, logró blindarse frente a causas y expedientes que en otros lugares costaron gobernaciones. Ese blindaje tuvo nombre y apellido.
La investigación sobre el conflicto de intereses entre la representación estatal y los negocios privados de Mariv Media Partners apenas empieza a mostrar la superficie del problema. Lo que viene será clave: nuevos documentos y testimonios pueden terminar de exponer hasta qué punto Franco Bindi, un ex prófugo reciclado en operador de lujo, fue el socio silencioso del gobernador y de las estructuras de poder de Santiago del Estero para construir un sistema de impunidad hecho a medida.