Corte Suprema
Quedó firme la condena a Julio De Vido por la Tragedia de Once
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El exministro de Planificación será detenido este jueves por orden judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al rechazar los recursos presentados por su defensa y por la fiscalía. El exfuncionario fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
A poco de conocerse la decisión, el Tribunal Oral Federal N°4 —que dictó la condena y debe ejecutarla— convocó a De Vido para este jueves 13 de noviembre a las 10:00 con el objetivo de hacer efectiva su detención. La resolución lleva la firma del juez Ricardo Basílico y aclara que se garantizará su conexión remota al juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, donde también está imputado como miembro de una asociación ilícita.
La resolución del máximo tribunal
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por “inadmisibles” los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa del exministro y el Ministerio Público Fiscal. Lo hicieron mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin mayor fundamento cuando no se advierten razones de gravedad institucional.
Con esta decisión, la condena quedó firme y De Vido deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Un largo camino judicial
La causa se originó tras el choque del tren chapa 16 en la estación de Once, que dejó un saldo de 51 muertos y cientos de heridos. En 2015, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los propietarios y directivos de TBA, y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Los jueces concluyeron que el accidente se produjo por falta de mantenimiento y negligencia operativa, a pesar de los fondos que el Estado había destinado para mejorar el servicio ferroviario. En esos fundamentos se ordenó avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas del entonces ministro de Planificación.
En 2018, el TOF N°4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no controló el uso de los subsidios asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). No obstante, fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes del siniestro.
Ajuste de pena y confirmación final
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema. En un fallo de agosto de 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal de De Vido, pero ordenó dictar un nuevo monto de pena, al considerar que no estaba debidamente fundamentado por qué debía recibir una sanción más alta que otros imputados condenados tanto por fraude como por las muertes.
Tras esa orden, otra sala de Casación fijó la pena definitiva en cuatro años de prisión. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron nuevamente: el Ministerio Público por considerar la pena leve y la defensa por sostener que debía reducirse o prescribirse la causa.
Finalmente, este martes, la Corte rechazó ambos planteos y cerró la discusión judicial, dejando firme la sentencia.
Próximos pasos
De Vido deberá presentarse este jueves 13 de noviembre, a las 8:30, en los tribunales federales para quedar detenido. El horario fue adelantado por coincidir con la audiencia del caso Cuadernos de las Coimas, en el que también es juzgado.
El exministro ya acumula otras condenas por corrupción, entre ellas cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y otra por fraude en la compra de gas natural licuado (GNL).
Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a una de las causas más emblemáticas de la última década, que marcó un punto de inflexión en el control de la gestión pública y en la búsqueda de justicia por una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia argentina.