Proyecto de Código Penal: hacia el fin de la impunidad de guante blanco

El Derecho no es un sistema inmóvil. Se trata de una práctica social que evoluciona al ritmo de los cambios culturales, económicos y tecnológicos. Las normas, la jurisprudencia y la doctrina se transforman junto con la sociedad que buscan regular. En ese sentido, el proyecto de Código Penal impulsado por el Gobierno nacional propone una actualización integral, orientada a reflejar los desafíos del presente y, especialmente, a revalorizar los derechos de las víctimas.

El proyecto define con mayor precisión los comportamientos que una sociedad democrática y republicana considera intolerables, y propone sanciones más proporcionales a la gravedad real de los delitos. La intención es clara: que delinquir deje de ser “barato”.

Delitos económicos: un nuevo foco

Si bien el debate público suele concentrarse en los delitos más violentos —homicidios, abusos, robos agravados—, uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el nuevo tratamiento que da a los delitos económicos, comúnmente conocidos como de guante blanco.

Estos ilícitos —como las estafas y defraudaciones—, o la falsificación de balances de empresas y cooperativas, aunque no derramen sangre pueden arrasar con el patrimonio, la estabilidad y los proyectos de vida de numerosas personas. A menudo, las penas leves y la lentitud judicial, terminan consolidando una impunidad estructural que incentiva su repetición.

Tres cambios clave

El proyecto incorpora modificaciones sustanciales para elevar la respuesta penal ante este tipo de conductas:

1. Aumento general de penas: las estafas y defraudaciones pasarán a tener penas de 1 a 8 años de prisión (hoy, de 1 mes a 6 años). El objetivo es fortalecer la prevención general y advertir a los posibles autores de un mayor riesgo de prisión.

2. Agravantes específicos: las penas subirán a 3 a 12 años de prisión cuando el fraude supere los 500 salarios mínimos, haya más de 10 víctimas, intervengan tres o más personas organizadas, o se utilicen medios electrónicos o esquemas piramidales. Se busca así adaptar la ley a las nuevas modalidades delictivas y a la escala de daño que pueden producir.

3. Falsificación de balances: la pena se elevará de 2–8 años de prisión (hoy, de 6 meses a 2 años). Este cambio resulta crucial para evitar la prescripción prematura de las causas. Con la ley vigente, muchos imputados logran el sobreseimiento simplemente esperando el paso del tiempo y demorando el normal desarrollo del proceso. Una pena más alta amplía los plazos de persecución penal y reduce ese incentivo a obstaculizar el trámite.

Cuando los números mienten

Casos recientes demuestran la magnitud de este problema que el proyecto busca solucionar. En el caso Vicentín, en Santa Fe, se investigó el otorgamiento de créditos millonarios basados en balances falsos. En Fecovita, en Mendoza, sus directivos están imputados por presuntamente falsear balances durante tres ejercicios consecutivos, mientras la cooperativa incrementaba su endeudamiento bancario.

Estos episodios no solo afectan a bancos o inversores: también golpean a empleados, productores, socios, proveedores y, en última instancia, a toda la comunidad.

Una justicia más efectiva

Sin embargo, endurecer las penas no basta. Para que el proyecto de Código Penal cumpla su objetivo, las provincias deberán acompañar con reformas procesales que aseguren investigaciones ágiles, audiencias transparentes y jueces imparciales que decidan sin favoritismos sobre la base de los que las partes del proceso propongan de acuerdo a sus posiciones estratégicas. Solo así será posible reconstruir la confianza ciudadana en la Justicia.

Conclusión

El proyecto de Código Penal impulsado por el Ministro de Justicia Dr. Mariano Cúneo Libarona, propone algo más que un ajuste técnico: busca redefinir la relación entre delito, castigo y sociedad. Al fortalecer la respuesta frente a los delitos económicos, la norma pretende equilibrar la balanza y terminar con la historia que los crímenes de cuello blanco siempre quedan impunes.