Una asociación civil con presencia nacional
Padres Unidos contra el adoctrinamiento en las aulas

Presidente de Padres Unidos Argentina

Advierten sobre la sexualización escolar obligatoria y reclaman el derecho de las familias a decidir.
Padres Unidos es una asociación civil integrada por madres, padres, abuelos, docentes, abogados, profesionales de la salud, periodistas y diversas personalidades del ámbito académico. Nos une la defensa del derecho de los padres a proteger a sus hijos frente al avance de una narrativa de adoctrinamiento que, bajo la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, se impone en las escuelas, vulnerando la infancia y corrompiendo la inocencia de los chicos. Denunciamos la carga ideológica y la sexualización a la que son expuestos niños y adolescentes en el aula, bajo el pretexto del cumplimiento de esta Ley.
No estamos en contra de la educación sexual pero creemos que el ámbito natural para educar a nuestros hijos en este aspecto tan fundamental pero a la vez íntimo y privado de sus vidas es el entorno de la familia. A propósito del derecho a la privacidad y respeto a la intimidad de nuestros hijos citamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de libertad Individual; reconoce como valor intrínseco del ser humano, la vida privada, las convicciones personales y la autonomía moral frente a la injerencia del Estado.
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.”
Este artículo resguarda la privacidad de las decisiones individuales y familiares, especialmente aquellas vinculadas a la moral, la sexualidad y la educación. El Estado no puede imponer contenidos que interfieran en las decisiones íntimas y privadas de las familias. Defendemos la postura que delinea la formación moral y sexual de los hijos en la esfera de la vida privada, por lo que su regulación obligatoria, sin consentimiento o participación de los padres, constituye una injerencia inconstitucional del Estado.
Por lo tanto, la ESI vulnera el artículo 19 al intervenir en ámbitos que deberían permanecer fuera del control estatal, como las creencias y valores transmitidos en el hogar sobre la sexualidad o la identidad personal.
La escuela es un espacio público y cumple o debería cumplir otras funciones que hoy se encuentran debilitadas ya que, en el afán de capacitar a los docentes para que puedan dar estos contenidos, han descuidado materias troncales y han perdido el foco de la función fundamental de una escuela; es decir, generar espacios de pensamiento crítico y formar niños intelectualmente fuertes respetando su desarrollo y madurez.
A partir de relevar esta realidad en toda la Argentina creímos que lo mejor sería accionar para dar visibilidad a esta situación que enfrentan nuestros hijos a diario. No solo por el adoctrinamiento a través de la ESI, que es transversal a todas las materiales, sino también por el adoctrinamiento político.
De este modo nos hemos organizado en todas las provincias de Argentina y conformamos más de 40 grupos de Padres Unidos Argentina, que lideran acciones que tienen como objetivo abarcar la problemática desde distintos ejes.
Organizamos jornadas de concientización, con paneles de docentes, padres que dan testimonios, psicólogos, médicos, abogados, exponiendo el arco de daño del adoctrinamiento de la ESI desde jardín infantes hasta la secundaria.
También compartimos el material que da cuenta de la ideología de género que vende la disforia de género disfrazada de libertad y que romaniza un camino sin retorno, con consecuencias nefastas en los cuerpos de los niños y en su psiquis.
A su vez mostramos cómo, más allá de la ideología de género estos contenidos conllevan una sexualización de los niños, abordando temáticas referidas a su sexualidad, rompiendo las barreras inhibitorias naturales como pueden ser el pudor y la vergüenza y naturalizando un lenguaje inapropiado para el ámbito escolar, entre un adulto (el docente) y el menor de edad (el alumno).
Lo pongo en estos términos porque si la misma conversación se diera en la calle, el adulto va preso por corrupción infantil.
¿Cómo llegamos a esto? Nos preguntamos. ¿Cómo nadie lo ve?
Entonces nuestra misión en principio fue concientizar y contar lo que está sucediendo.
Para eso, además de los conversatorios, hicimos campañas como la “No autorizo” que consiste en repartir cartas en las puertas de los colegios a los padres, para que puedan presentarlas en las escuelas de sus hijos, expresando la -No autorización- a que sus hijos reciban clases de ESI y contenidos inapropiados.
Otro de los ejes que abordamos es el de la política. En todas las provincias generamos reuniones locales con gobernadores, legisladores, ministros de Salud y Educación, para plantear nuestra preocupación y los cambios que pretendemos en la ley. También la revisión de los contenidos para poder retirar los materiales de las escuelas, como los que hemos denunciado por corrupción de menores.
La colección ESI de la Provincia de Buenos Aires está citada en distintas denuncias que están en pleno proceso judicial en la actualidad.
Y esto me da pie a nombrar el siguiente eje: la Justicia. Nosotros acompañamos a las familias que se animan a denunciar. La Justicia tiene que interiorizarse en lo que está ocurriendo a espaldas de la sociedad y dar cuenta de la correlación que esta situación conlleva con los negocios detrás de la ideología de género, y con la confusión que se genera en niños y adolescentes al promover la hormonización y las cirugías de reasignación de sexo —si acaso eso fuera posible. En realidad, solo se trata de dañar cuerpos sanos y crear rehenes farmacológicos de por vida. En definitiva, hablar de esto es contar el final de la historia, tan triste como el escenario que estamos describiendo. Los padres que se han enfrentado al cambio de nombre de sus hijos dan cuenta de la cara más oscura de la ESI y de su perversa obsesión por la sexualización y la confusión de los niños. Nosotros lo llamamos Grooming Institucional.
En consecuencia seguimos esperando que algún fiscal actúe de oficio y que los padres o los mismos docentes que se oponen a dar estos contenidos abusivos denuncien ante la Justicia lo que sucede en las escuelas como lo que en realidad es: corrupción de menores y abuso infantil.
A todos ellos y a los directivos de las escuelas les pedimos que se animen a denunciar, que no tengan miedo de hablar, porque el miedo es silencio y el silencio nos hace cómplices de este flagelo al que están expuestos los niños en nuestro país, en el ámbito que se suponía era seguro para ellos: la escuela.