Nuevas normas para competir por contratos de obra pública

El Gobierno nacional puso en marcha una profunda reforma en los mecanismos de contratación de obra pública, con el objetivo de reducir barreras de entrada y fomentar una mayor competencia entre empresas. La medida quedó oficializada con la publicación de la Disposición 24/2025 en el Boletín Oficial, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la iniciativa apunta a desarmar un entramado legal que, durante décadas, funcionó como un sistema cerrado y excluyente. “Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al club”, expresó.

El nuevo esquema elimina restricciones que impedían la participación de empresas sin experiencia previa en obra pública o con trayectoria en el exterior. “A partir de ahora, estarán en igualdad de condiciones con las firmas históricas del sector. Incluso quienes no hayan ejecutado obras anteriormente podrán competir ofreciendo patrimonio o garantías equivalentes”, sostuvo Sturzenegger.

Uno de los puntos clave de la reforma es la eliminación del cálculo de “capacidad constructiva”, que hasta ahora constituía un criterio central para evaluar a los oferentes. Este parámetro, que obligaba a las empresas a presentar extensos antecedentes y documentación contable acumulada durante la última década, será reemplazado por un enfoque más flexible y simplificado.

El cambio se enmarca en una serie de modificaciones normativas, entre ellas la implementación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una nueva base de datos obligatoria para todos aquellos que deseen participar en procesos de contratación con la administración pública nacional. El registro abarcará a proveedores, contratistas y concesionarios.

Si bien la implementación total del SICO aún está en desarrollo, la ONC comenzó a aplicar nuevas pautas para calificar a los contratistas. En particular, se actualizó la metodología para evaluar la capacidad económico-financiera de ejecución, otorgando mayor relevancia a las experiencias previas —tanto en el ámbito público como privado— y permitiendo una participación más amplia de firmas extranjeras.

El nuevo régimen, que reemplaza a la Disposición N° 16/2019, promete agilizar el proceso de inscripción y evaluación, reducir la burocracia y abrir el mercado a nuevos jugadores.

También busca dejar atrás el modelo que premiaba la concentración de contratos en pocas manos, en favor de un esquema más transparente y competitivo.

Con la entrada en vigor del Decreto 206/2025 y su disposición complementaria, el Ejecutivo busca dinamizar la obra pública en el país sin renunciar a los controles, pero promoviendo una mayor pluralidad de actores y condiciones más equitativas para todos los oferentes.