Milei vetó el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes recientemente sancionadas por el Congreso: el aumento a las jubilaciones y pensiones, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. Las normas, numeradas como 27.791, 27.792 y 27.793, habían sido aprobadas en la sesión del pasado 10 de julio, y el Ejecutivo consumó su rechazo al vencerse el plazo constitucional de diez días hábiles.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 534/2025, firmado por el Presidente y refrendado por sus ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.

Argumentos del Gobierno: gasto y procedimiento viciado

En los considerandos del decreto, el Gobierno fundamenta el veto en dos ejes principales:

• Un costo fiscal “exorbitante”: Según estimaciones oficiales, las leyes implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, lo que equivale al 1,68% del PBI. El Ejecutivo sostiene que estas erogaciones comprometerían las metas fiscales y pondrían en riesgo el equilibrio presupuestario, al que Milei considera un pilar innegociable de su programa económico.
• Graves irregularidades en el proceso legislativo: El Ejecutivo denunció que la sesión del Senado del 10 de julio se realizó sin la debida citación previa y que los proyectos fueron habilitados y votados con mayoría simple, cuando el reglamento exigía dos tercios de los votos por tratarse de proyectos incluidos sobre tablas. Calificó el tratamiento como “viciado” y con nulidades graves.

Qué contemplaban las leyes vetadas

1. Aumento a jubilaciones y pensiones
La Ley 27.791 establecía un incremento de emergencia del 7,2% en todos los haberes —excepto en regímenes especiales— y elevaba el bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. También disponía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.

2. Moratoria previsional
La Ley 27.792 reinstauraba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, habilitando el acceso a la jubilación para quienes no tengan 30 años de aportes. Además, flexibilizaba los requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

3. Emergencia en discapacidad
La Ley 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con trabajo registrado, y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores del sistema. El Gobierno calculó que estas medidas costarían más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contar su impacto en el programa Incluir Salud.

Una advertencia anunciada

La decisión de Milei no sorprendió. Ya lo había anticipado semanas atrás en la Bolsa de Comercio:

“Vamos a vetar. Y si se cae el veto, lo vamos a judicializar. Y si la Justicia lo tratara con celeridad, el daño sería mínimo. El 11 de diciembre lo revertiremos. La política del superávit fiscal es permanente”.

Con esas palabras, dejó claro que su política económica no cedería ante lo que consideró una “presión electoral” vinculada a las campañas rumbo a las elecciones legislativas de octubre.

Panorama legislativo: optimismo en el oficialismo

Tras el veto, la discusión vuelve ahora al Congreso. Para insistir con las leyes y convertirlas en vigentes, la oposición necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras. Sin embargo, en el Gobierno reina el optimismo: estiman que la oposición no cuenta con los votos suficientes para revertir la decisión.

El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados creen que lograrán superar los 80 votos negativos en Diputados, una cifra similar a las alcanzadas en otros vetos durante 2024, cuando se registraron 87 y 84 votos en contra en votaciones similares.

No obstante, el Ejecutivo deberá sortear una instancia clave: las negociaciones con los gobernadores. El oficialismo analiza ofrecer una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para contener reclamos provinciales, en especial por los fondos derivados del impuesto a los combustibles líquidos y otras partidas sensibles.

Una sesión clave en Diputados

El debate se reanudará en el Congreso este miércoles, en una sesión que promete ser extensa y cargada de tensión. Además del tratamiento de los vetos, se discutirán temas sensibles como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan, el presupuesto del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, y la revisión de decretos desreguladores que afectan al INTI, INTA, la Marina Mercante, Vialidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

También se pondrán sobre la mesa proyectos de los gobernadores que buscan eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el régimen de los ATN.