Los crímenes de Nicolás Maduro

Como historiadora, siempre me ha parecido profundamente fascinante la historia de Venezuela. Fue uno de los espacios tempranos de la emancipación americana, un territorio donde a comienzos del siglo XIX se pensó la libertad antes que en muchos otros rincones del continente. Allí actuaron hombres como Francisco de Miranda, precursor incansable, y Simón Bolívar, figura central de la independencia sudamericana, portadores de un proyecto político que combinaba soberanía, ciudadanía y modernidad. Por eso resulta todavía más devastador observar el estado actual de ese país, no solo empobrecido materialmente, sino desgarrado en su entramado social, cultural y moral. La destrucción de una nación rica en recursos, historia y capital humano no fue producto de una catástrofe natural ni de una guerra externa, sino de un proceso político interno iniciado con Hugo Chávez y profundizado de manera brutal bajo el mando de Nicolás Maduro.

Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue sinónimo de oportunidades. La riqueza petrolera, bien o mal administrada, permitió niveles de vida que atrajeron inmigrantes, desarrollaron universidades, industrias culturales y una clase media extensa. Ese equilibrio comenzó a resquebrajarse cuando el poder político empezó a concentrarse de forma sistemática, debilitando los contrapesos institucionales y reemplazando el pluralismo por una lógica de amigo-enemigo. El chavismo se presentó como redención social, pero pronto mostró su rostro autoritario: colonización de la Justicia, subordinación del Parlamento, control de los medios y militarización creciente de la vida pública. Con Maduro, ese proceso derivó abiertamente en un régimen represivo, sostenido por el miedo y la violencia.

Las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Nicolás Maduro no pueden entenderse como excesos aislados ni como respuestas coyunturales a momentos de tensión política. La documentación acumulada por organismos internacionales demuestra la existencia de un patrón sostenido de violaciones a los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, persecuciones políticas, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas y violencia sexual conforman un entramado propio de las peores dictaduras. No se trató simplemente de reprimir protestas: el objetivo fue disciplinar a la sociedad, desarticular cualquier forma de disidencia y sembrar el terror como mecanismo de control.

Desde 2014 en adelante, miles de personas fueron privadas de su libertad sin orden judicial, muchas veces en el marco de operativos nocturnos, allanamientos irregulares o controles callejeros. Las víctimas incluyeron dirigentes opositores, estudiantes, militares disidentes, periodistas y ciudadanos comunes. Una vez detenidos, muchos fueron trasladados a centros de reclusión donde la incomunicación, la falta de acceso a abogados y las condiciones inhumanas fueron la norma. Allí comenzaron los tormentos: golpes reiterados, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, privación del sueño y posiciones forzadas durante horas o días.

La violencia sexual ocupa un lugar especialmente siniestro en este repertorio. Mujeres y hombres fueron sometidos a abusos, desnudez forzada, amenazas de violación y agresiones sexuales directas, utilizadas deliberadamente para humillar y quebrar psicológicamente a las víctimas. Estas prácticas no solo afectaron a adultos: también se documentaron casos que involucraron a adolescentes. El mensaje fue claro: el cuerpo del detenido quedaba a merced del Estado, convertido en territorio de castigo. Llamativamente esto no generó el repudio de los militantes kirchneritas, quienes se caracterizan por denunciar las mismas atrocidades ocurridas en la Argentina de los 70’s.

A la par de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales se consolidaron como una herramienta de control social. Operativos de fuerzas de seguridad culminaron en muertes presentadas como enfrentamientos armados, aun cuando múltiples pericias y testimonios demostraron que muchas de las víctimas estaban desarmadas o ya se encontraban bajo custodia. Estas ejecuciones se concentraron especialmente en barrios populares, configurando una violencia selectiva que castigó a los sectores más vulnerables. Hubo total ausencia de investigaciones serias y la impunidad casi absoluta se alimentó desde las más altas esferas del poder.

Ante esta situación, hace algunos años, la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Las conclusiones fueron contundentes: existían bases razonables para afirmar que en Venezuela se cometieron asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y persecuciones políticas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El argumento del régimen, según el cual el sistema judicial venezolano podía juzgar estos delitos, se desmoronó ante la evidencia de jueces subordinados, fiscales inactivos y causas cerradas sin investigación real.

En paralelo, los informes de la Organización de las Naciones Unidas y de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos aportaron un caudal de pruebas adicionales. Allí se detallaron las condiciones infrahumanas de detención, la responsabilidad directa de organismos de inteligencia y fuerzas armadas, y la connivencia de grupos civiles armados afines al régimen. Incluso figuras que en el pasado mantuvieron posiciones de diálogo con el chavismo terminaron denunciando con crudeza la persistencia de torturas, abusos y ejecuciones extrajudiciales, subrayando la responsabilidad estatal en estos crímenes.

Las misiones internacionales independientes identificaron métodos de tortura que evocan las peores prácticas de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta: asfixias con bolsas plásticas, sumersiones forzadas, golpes con objetos contundentes, aplicación de electricidad en zonas sensibles del cuerpo, encadenamientos prolongados y amenazas de muerte contra familiares.

Todo este entramado de violencia se sostuvo, además, sobre el control informativo y la censura. Medios cerrados, periodistas perseguidos, autocensura forzada y propaganda oficial permanente contribuyeron a ocultar o relativizar los crímenes. Sin embargo, las víctimas persistieron. Denunciaron, documentaron, recurrieron a instancias internacionales y mantuvieron viva la exigencia de justicia, aun sabiendo que ese gesto podía costarles la libertad o la vida.

Hoy, con la captura de Nicolás Maduro, resulta imprescindible recordar que el centro de esta historia no es un dictador, sino un pueblo. Un pueblo que sufrió hambre, exilio, represión y muerte; que vio partir a millones de sus hijos; que resistió en silencio o en las calles; que se negó a naturalizar el horror. La memoria de las víctimas y la verdad documentada son el primer paso para cualquier reconstrucción posible.

La historia es implacable con los regímenes que hacen del terror su lenguaje cotidiano. Ningún poder sostenido en la tortura perdura sin dejar huellas profundas, y ninguna nación puede reconstruirse sin enfrentar su verdad. Venezuela deberá atravesar un proceso doloroso pero imprescindible: nombrar los crímenes, reconocer a las víctimas y desmontar la impunidad que protegió a los responsables. No habrá futuro sólido sin justicia, ni reconciliación verdadera sin memoria.

Las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro quedarán registradas en los tribunales, en los informes internacionales y, sobre todo, en la memoria histórica. Pero Venezuela no está condenada a quedar atrapada en ese horror. Después de la noche más oscura, la historia siempre vuelve a abrir una posibilidad. Y esa posibilidad, hoy, pertenece al pueblo venezolano.