Seguridad nacional
Ley Antimafias: un golpe a la criminalidad organizada
El Gobierno promulgó una nueva legislación para combatir el crimen organizado, endureciendo penas y facilitando investigaciones en zonas de alta criminalidad. Inspirada en modelos de EE.UU. e Italia, la ley genera apoyos y controversias en su aplicación y alcance.
El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.786, conocida como "Ley Antimafias", con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Argentina. La norma, aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso, endurece las penas para quienes integren o colaboren con organizaciones criminales, facilita la investigación en zonas de alta criminalidad y permite el decomiso anticipado de bienes. Su modelo se basa en legislaciones extranjeras como la Ley RICO de Estados Unidos y el Código Penal Antimafia de Italia.
El contexto detrás de la Ley Antimafias
La sanción de esta ley responde a la creciente preocupación por el avance del narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la extorsión en diversas regiones del país, particularmente en Santa Fe y otras provincias afectadas por el crimen organizado. El gobierno de Milei ha identificado estas problemáticas como una amenaza a la seguridad nacional y busca dotar al Estado de herramientas más efectivas para combatirlas.
El debate parlamentario mostró posturas encontradas. Mientras que la oposición dialoguista y parte del peronismo apoyaron la norma con 38 votos afirmativos, el kirchnerismo optó por retirarse del recinto para evitar una fractura interna. Desde el oficialismo, la senadora radical Carolina Losada defendió la legislación como un paso clave contra el narcotráfico, mientras que Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) cuestionó su posible impacto sobre el federalismo y la autonomía de las provincias.
Los principales puntos de la Ley Antimafias
- Definición de organización criminal: Se considera como tal a cualquier grupo de tres o más personas que operen de manera concertada y sistemática para cometer delitos graves en áreas geográficas determinadas.
- Endurecimiento de penas: La norma establece condenas de entre 8 y 20 años de prisión para quienes formen parte, cooperen o ayuden a la formación o mantenimiento de una organización criminal. Además, elimina diferenciaciones de pena según el rol dentro de la banda: todos sus integrantes serán juzgados por el delito más grave cometido por el grupo.
- Zonas de investigación especial: La ley permite declarar determinadas áreas como "zonas sujetas a investigación especial", lo que faculta a fiscales y fuerzas de seguridad a realizar operativos más amplios con autorización judicial. Entre las medidas habilitadas se encuentran allanamientos encadenados, detenciones por averiguación de delitos, colocación de retenes, incautación de mercadería e interceptación de comunicaciones.
- Decomiso anticipado de bienes: La justicia podrá incautar bienes sospechosos de provenir de actividades ilícitas antes de que se dicte una condena, con la posibilidad de restitución en caso de absolución del acusado. Esta medida busca debilitar el poder económico de las organizaciones criminales.
- Incorporación al Código Penal: La ley introduce modificaciones en el artículo 210 ter del Código Penal, endureciendo penas y ampliando el alcance de la figura de asociación ilícita.
Inspiración internacional y debate sobre su eficacia
El Ejecutivo tomó como referencia la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) de Estados Unidos, utilizada para desmantelar mafias, así como la normativa antimafia de Italia, que permitió el avance judicial contra la Cosa Nostra. Sin embargo, algunos especialistas advierten que la aplicación de estos modelos en Argentina debe considerar diferencias estructurales en el sistema judicial y de seguridad.
Críticos de la norma sostienen que podría vulnerar derechos y que el aumento de penas, por sí solo, no garantiza una mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Además, organismos de derechos humanos y la CTA han cuestionado el impacto de las medidas en el debido proceso y en la capacidad de las provincias para gestionar la seguridad en sus territorios.
Una nueva estrategia en seguridad
La Ley Antimafias es parte de un paquete más amplio de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobierno de Milei. En la misma sesión en la que se aprobó esta normativa, el Senado sancionó la Ley de Reiterancia, que endurece el tratamiento de delincuentes reincidentes y busca poner fin a la llamada "puerta giratoria" en el sistema judicial.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antimafias, el Gobierno apuesta a un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado. Sin embargo, su implementación y los efectos reales sobre la seguridad dependerán de cómo se apliquen sus disposiciones en el marco de la justicia federal y de la coordinación con las provincias.