Lado B: cuando Sarmiento condenó la Conquista del Desierto

Domingo Faustino Sarmiento creía que los pueblos originarios debían —y podían— ser incorporados a la sociedad mediante un proceso de civilización. Para comprender esta dimensión de su pensamiento, resultan fundamentales los estudios realizados por Adriana Susana Eberle durante la década de 1990.

Durante la Conquista del Desierto, Sarmiento llevó adelante una campaña crítica contra los tratos que se les estaban dando a los indígenas. Consideraba necesario disolver la estructura tribal y reubicar a sus miembros en zonas “civilizadas”, donde pudieran, según su visión, adoptar “buenas costumbres”. Su propuesta era clara: los hombres adultos serían destinados a trabajar en el campo, mientras que mujeres y niños serían trasladados a las ciudades e incorporados a hogares de familia. En particular, proponía separar a los niños mayores de diez años de sus madres, a quienes acusaba de transmitirles ignorancia. Desde la perspectiva de su época y su concepción dicotómica entre civilización y barbarie, esta medida encontraba justificación en la necesidad de “salvar” a las futuras generaciones indígenas mediante la educación.
Más que militarizar la frontera, Sarmiento consideraba fundamental poblarla. Proponía establecer allí a parte de las familias aborígenes en tierras delimitadas, con acceso a escuelas, autoridades civiles, culto (no exclusivamente católico) y asistencia estatal para subsistir. No estarían solos: convivirían con inmigrantes, a quienes Sarmiento también concebía como agentes de progreso.

Es evidente que Sarmiento no valoraba las culturas indígenas en términos de igualdad ni promovía su preservación. Sin embargo, y contrariamente a lo que suele afirmarse, fue un firme defensor del derecho de los indígenas a la vida. Sus Obras Completas, en el volumen XLI, reúnen más de veinte escritos dedicados al tema. Uno de ellos, publicado en El Nacional en 1879 bajo el título “Expedición a la Araucanía”, ofrece una dura crítica a la política del presidente Avellaneda en el marco de la campaña al desierto:

“Es peor política e inicua además, la que tiene por empresa el exterminio de los indios sin pretexto de la propia defensa. Son al fin seres humanos, y no hay derecho para negarles la existencia.

(...) esta persecución á outrance es además de impolítica y absurda, una flagrante violación de la Constitución, que dando al Congreso facultad para proveer de soldados y dinero a la seguridad de la frontera, lo hace en una sola oración conjuntamente con conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo. (…) es puramente un acto salvaje, en violación a lo dispuesto por la Constitución, y el Derecho de Gentes en lo que no autoriza el desalojo total de las razas primitivas. No ha de escasear ni de hacerse esperar mucho tiempo el escarmiento, sino el castigo de política tan injustificada y arbitraria, pues el Presidente no puede disponer del ejército para fines opuestos a la Constitución (...) (…) es quimera ir a perseguirlos en sus últimas guaridas, porque no hay derecho, y porque es una crueldad desautorizada por la historia y peligrosa.”

Como se desprende del texto, Sarmiento insistía en que los pueblos indígenas eran habitantes de la Nación y, como tales, estaban amparados por la Constitución. En particular, el artículo 67, inciso 15 de la Carta Magna, establece como atribución del Congreso: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo.”

Ni Avellaneda ni Roca, entonces, podían emplear al Ejército para fines contrarios a la Constitución. Aunque es necesario contextualizar —se trataba, efectivamente, de una guerra—, Sarmiento se opuso con firmeza a la Conquista del Desierto y denunció sus abusos, más allá de que muchos historiadores aún prefieran ignorar ese costado del sanjuanino.