La CGT, perdida
La reforma laboral sin relato: "Las pymes la ven con esperanza"

Periodista y locutor. Editor Energía 2050.
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Una especialista en diálogo con pymes y un abogado laboral analizan el proyecto que será el tema del verano.
Frente a las cataratas de expresiones repetidas con casette y sin datos respecto a la reforma laboral, recurrimos a dos fuentes especializadas y cercanas a una de las partes que están muy expectantes sobre esta actualización de la ley: las pymes, fundamentales en la Argentina para generar trabajo en un contexto en el que crece la preocupación por el aumento del desempleo.
A pesar de las críticas que se repiten, las pequeñas y medianas empresas observan con expectativa y optimismo el proyecto de modernización laboral que comenzó a discutirse en el ámbito legislativo. Así lo afirmó a Newstad Elisabet Piacentini, tributarista y presidenta de la Comisión PyME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien destacó que la iniciativa incorpora herramientas largamente reclamadas por el sector para reducir costos, formalizar empleo y dar mayor seguridad jurídica: “Las PYME ven con esperanza y optimismo este proyecto de modernización laboral”, introdujo.
Según Piacentini, uno de los puntos más relevantes del proyecto es la baja de los costos laborales, una asignatura pendiente para las PyME. En ese sentido, remarcó los beneficios previstos para el empleo ya registrado, contemplados en el Título 20, que reducen los aportes patronales en los sectores de servicios y comercio, con un impacto mayor para las pequeñas y medianas empresas. “Estamos hablando de una reducción aproximada del 4% mensual sobre los sueldos”, explicó.
En tanto, el abogado especializado en derecho del trabajo y relaciones laborales, Juan Martín Morando aportó: “Este proyecto, al igual que la ley bases tiende a generar previsibilidad sobre cuestiones que eran discrecionales de los jueces. El fondo de asignación laboral, yo tengo mis reparos porque sirve para empresas conflictivas pero para las que no lo son es un costo muy alto, sobre todo para las pyme. Pero otorga una previsibilidad sobre los costos de salida de un empleado”.
Para Piacentini, otro aspecto valorado es la disminución del aporte patronal a las obras sociales, que pasaría del 6% actual al 5%. “Puede parecer un punto porcentual menor, pero en estructuras chicas y medianas tiene un impacto significativo”, subrayó la especialista.
El proyecto también incluye un esquema de blanqueo laboral, orientado a promover el empleo registrado. En este marco, se prevé la condonación de intereses y parte del capital adeudado para aquellos empleadores que regularicen trabajadores que no estaban correctamente registrados. Para Piacentini, se trata de una medida “interesante y positiva”, sobre todo porque apunta a ser un sistema simple y accesible.
A esto se suma un incentivo a la formalización del empleo que se extiende por los primeros 48 meses, con una reducción de cargas sociales para quienes contraten personas desempleadas, monotributistas o trabajadores que provengan del empleo público. “Estos tres regímenes incluidos en el proyecto apuntan directamente a bajar el costo laboral y facilitar la contratación”, señaló.
Por su parte, Morando recalcó otro punto que favorece a la contratación de grupos específicos: “Hay protección para la contratación de jóvenes y mayores de 45 años, para cuya contratación hay un régimen de incentivo de reducción de contribuciones patronales”.
Siempre con el foco puesto en las pymes, hay otra actualización que es mirada con buenos ojos por el sector: “Hay mas flexibilización en cuanto a la forma de contratación, plazo fijo, tiempo parcial, temporada. Esto también es bueno para las pyme porque pueden usar esas formas contractuales sin ningún temor”, resaltó el letrado especializado de cuestiones laborales.
En materia de litigiosidad, Piacentini destacó que el proyecto avanza sobre zonas grises que históricamente fueron fuente de conflictos judiciales. Uno de los ejemplos más claros es el de las propinas. La iniciativa aclara que no constituyen salario ni concepto remunerativo, por lo que no generan cargas sociales ni impactan en una futura indemnización. “El trabajador puede percibirlas libremente, pero no forman parte del sueldo”, precisó.
También se introducen cambios en el régimen de vacaciones, permitiendo que, previo acuerdo entre empleador y empleado, puedan fraccionarse en períodos no menores a siete días. “Esto ya ocurre en la práctica, porque muchas personas prefieren tomarse vacaciones en distintos momentos del año y no todas juntas. Ahora se le da un marco legal”, explicó Piacentini.
En cuanto a los juicios laborales, el proyecto establece una actualización unificada de los créditos, basada en inflación más un 3% anual, aplicable a todos los fueros y juzgados laborales. “Esto da previsibilidad y certeza sobre cómo se va a ajustar una demanda”, sostuvo Piacentini. Además, se fija un tope a los honorarios profesionales, que “no podrán superar el 25% del monto reclamado”, lo que busca reducir el costo final para la parte que pierde el juicio.
Morando opinó que la reforma laboral no reducirá significativamente la litigiosidad pero lo explicó por un factor que excede a esta iniciativa: “Los tribunales están tapados de trabajo porque Hay incentivos perversos que fomentan a litigar en vez de ir a solucionar de forma amigable”.
Respecto de uno de los puntos que generó mayor debate público, la tributarista aclaró que no hay una reducción de la indemnización por despido sin causa. “La indemnización sigue siendo de un mes de sueldo por cada año trabajado más el preaviso. Eso no cambia”, enfatizó. Explicó que la exclusión del SAC y las vacaciones del cálculo indemnizatorio no es una novedad, sino una aclaración que busca eliminar interpretaciones dispares que daban lugar a litigios.
Piacentini reconoció que existe resistencia sindical frente a algunos aspectos del proyecto, pero consideró que en parte se debe a problemas de comunicación. “No se está abaratando la indemnización ni quitando derechos, sino ordenando, aclarando y dando previsibilidad”, afirmó.
Sobre este punto, Morando consideró como “un acting” la reacción sindical: “Los gremios tienen la tendencia de salir a discutir antes de conocer. Hubo un gremio que había anunciado un paro sin conocer el proyecto oficial, y son concientes de que la ley de contrato de trabajo del año 74 debe ser modificada. Hacen un acting”.
Finalmente, Piacentini sostuvo que la iniciativa aporta soluciones claras: "Creemos que esto trae definiciones, certezas, aclaraciones, agilidad en la contratación, baja de costos en los juicios, sobre todo honorarios y actualizaciones y también el blanqueo que resulta ser muy interesante.”, concluyó.
