La Corte dejó firme la condena a CFK: se define dónde será detenida

La decisión de la Corte Suprema dejó el camino allanado para que el Tribunal Oral Federal N.º 2 ejecute la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”.

En un histórico fallo, no solo por sus implicancias políticas y jurídicas, el Máximo Tribunal resolvió por unanimidad rechazar las quejas presentadas por las defensas. En uno de los párrafos más destacados de la resolución de 27 páginas, la Corte afirmó:

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida —valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación)— y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.

Tras la confirmación del fallo, el presidente del Tribunal, Jorge Gorini, convocó a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich para que se presenten en la sede del Tribunal Oral dentro del quinto día hábil desde su notificación, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones. El magistrado otorgó un “plazo prudencial”, considerando que algunos de los convocados residen en distintas provincias argentinas.

En esa misma resolución, el Tribunal le requirió mediante oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación que, en el término de 24 horas, disponga una dependencia de las fuerzas federales adecuada para alojar a los condenados. También ordenó que se atienda a las características particulares de cada uno de ellos.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la inmediata detención de los condenados y manifestaron su malestar:

“A pesar de que ha adquirido firmeza la condena, seguimos sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos —seis años— luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado. Recordemos que este Ministerio Público Fiscal, durante los alegatos de acusación y en las instancias posteriores, solicitó una pena de doce años de prisión para los máximos responsables, en el convencimiento de que funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”.

Además, los fiscales pidieron efectivizar el decomiso de casi 85 mil millones de pesos, para lo cual el TOF N.º 2 abrió un incidente específico.

En paralelo, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ya presentó el pedido de prisión domiciliaria, solicitando que no se le coloque tobillera electrónica y que se mantenga la actual custodia oficial, alegando entre otras razones el intento de homicidio sufrido en septiembre de 2022.

Lo cierto es que, después de 17 años, la Justicia argentina pone fin a una causa emblemática en la que se probó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el empresario santacruceño Lázaro Báez recibió de forma irregular adjudicaciones de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Como afirmaron los fiscales en su alegato final: “Es corrupción o justicia”.

Pese a los planteos de allegados a la expresidenta, que ya anunciaron su intención de acudir a tribunales internacionales, la Corte al desestimar los recursos dejó firme el fallo dictado el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a otros cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre tres y seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fueron absueltos en ese mismo fallo el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, Abel Fatala, Carlos Kirchner y Héctor Garro.

Lo que resta ahora es comenzar a ejecutar las condenas, recuperar los fondos robados y, desde el punto de vista político, reconfigurar un nuevo escenario ante unas elecciones de las que Cristina Fernández de Kirchner ya ha quedado definitivamente afuera desde el 10 de junio de 2025.